No es casual que en muchos de los países que tienen los mejores índices educativos y estándares Socioeconómicos en el mundo vean en la dirección escolar, no solo un elemento más de la institución, sino un detonante que tiene el potencial para generar un cambio estructural en todo el sistema educativo.

La dirección escolar como tal, a pesar de que en nuestro sistema educativo (que no en todos) aparece vinculado a la carrera docente, no significa que las competencias que se aprenden y ejercitan en la carrera de formación profesional, sirvan de alguna manera para el ejercicio de una dirección escolar, especialmente si se desea que se oriente hacia el aprendizaje.

Diferentes estudios internacionales, muestran que el liderazgo escolar representa hasta un 25 por ciento de la varianza del aprendizaje de los estudiantes de los centros escolares, por la implicación que tienen sus decisiones en el impulso de diferentes factores que motivan o dificultan el clima del aula, el cual es el principal factor de aprendizaje para cualquier Estudiante.

En este sentido, cuando alguien obtiene una plaza de dirección escolar, pareciera que, en automático, debería de conocer todas las respuestas acordes al desempeño de su función, sin embargo, valdría la pena preguntarnos cómo alguien que llega a dicha función podría conocer de herramientas de negociación, acompañamiento pedagógico, trabajo en equipo, liderazgo, finanzas, leyes, planificación, organización escolar entre muchas otra si no cuenta con los antecedentes de formación que le permitan obtener dichas competencias para el ejercicio de su puesto al interior del centro escolar.

Así, el ejercicio de la función directiva es un elemento no sólo crucial, como imprescindible a la hora de buscar general transformaciones reales en el sistema educativo, promover ambientes centrados en la educación y favorecer un clima organizacional que permita el crecimiento de un nuevo entorno centrado en el aprendizaje organizacional y por supuesto de sus estudiantes.

Se hace necesario pues, establecer no solamente buenas intenciones en la normatividad que establezcan buenas intenciones con respecto al ejercicio de la labor directiva, se trata de una formación profesional que exige un proceso de seguimiento, tutoría, reflexión, participación en conjunto, así como elementos en donde el Estado, tome la responsabilidad para la formación de uno de los actores de donde se desprende la posibilidad de entender la mejora continua de la educación en nuestro país.

El no actuar en consecuencia representa una grave irresponsabilidad para con el futuro de la educación de millones de futuros ciudadanos que pasarán por la escuela en los próximos años y desde donde deberán aprender el camino para convertirse en personas de bien para nuestra comunidad.

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann

Doctor en Gerencia Pública y Política Social

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El centro escolar, como tal, reúne en su seno, una multiplicidad de cualidades, deseos, características, aspiraciones y definiciones, el cual, sin embargo, reúne también, una serie de características que le ligan a otra serie de categorías de la sociedad que le son definitorios y que repercuten en el seno de sus aulas de una manera muy importante, como lo son la economía, la política, la cultura, las interacciones sociales, la familia, la salud, etc.

En este sentido, luego de la conclusión de la fase de cierre de las escuelas por la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus, conforme pasa el tiempo, se van desplegando un mayor número de elementos que inciden en el centro educativo y que complejizan la relación estudiante – docente, situación que añade nuevas problemáticas que deben de ser tomadas en consideración por las autoridades educativas, por el centro escolar y por la sociedad en su conjunto.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en este 2022, antes de la pandemia, alrededor de un 15% de la población sentía algún tipo de ansiedad y luego de ésta, la cifra aumentó más del doble, para ubicarse en niveles del 35% de la población. Este incremento, ubica a nuestro país como el que más aumentó de entre los 15 que fueron medidos en el estudio realizado por esta organización internacional.

Por otra parte, dentro de los principales efectos, lamentablemente, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es el incremento a nivel nacional en la tasa de suicidios, en donde Chihuahua, por cierto, es el líder en el ramo con más del triple de la media nacional. De igual manera, mientras que en los países europeos 40% de la población está preocupada por enfermar gravemente de COVID o de que alguien de su familia inmediata se contagie de este, en México la cifra es de un 80%. Otro aspecto importante de la ansiedad por pandemia, de acuerdo con datos del Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición (IINCAN) es que influye en los hábitos alimenticios de estudiantes, o incluso el aumento de un 85.9% de la violencia escolar en colegios públicos y privados en México de acuerdo con datos ofrecidos este mes por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX.

Cada uno de estos elementos que se han mencionado, tienen un efecto muy importante al interior de los centros educativos que trastocan su interacción, las problemáticas y la necesidad de una nueva búsqueda de respuesta para la mejora de las condiciones para la convivencia en su seno, aspecto que debe de ser tomado en consideración, tanto por las autoridades de los tres niveles de gobierno, como por la sociedad en su conjunto, a fin de colaborar, al lado del centro educativo, para la búsqueda en conjunto de opciones de solución a los problemas que hoy en día se suman a los ya existentes en las diferentes regiones de nuestro país.

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann

Doctor en Gerencia Pública y Política Social

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A la luz de la culminación de la fase del cierre de las escuelas en prácticamente todos los países del mundo, en donde más de 1,584 millones de estudiantes y docentes tuvieron que encontrar la forma de desarrollar la educación de otra manera fuera de las aulas, y ante el retorno a una pretendida nueva normalidad en la educación, la organización SUMMA realizó un interesante ejercicio en América Latina y El Caribe para preguntar a más de 200 mil docentes y directivos sobre su percepción sobre la situación en la educación.

SUMMA es el primer Laboratorio de Investigación e Innovación Educativa para América Latina y el Caribe. Fue creado en 2016 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el apoyo de los ministerios de educación de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Desde 2018, también se han sumado los ministerios de Guatemala, Honduras y Panamá. Su misión es contribuir y aumentar la calidad, la equidad y la inclusión de los sistemas educativos de la región, mejorando el proceso de toma de decisiones de las políticas y prácticas educativas.

En general, los resultados versan sobre seis grandes áreas prioritarias: los problemas de acceso y continuidad de la enseñanza, la pérdida y los rezagos de los aprendizajes, la relevancia de la dimensión socioemocional en el bienestar de docentes y estudiantes, la importancia de las capacidades de innovación pedagógica para hacer frente a esta situación inédita, la necesidad de fortalecer los procesos de formación, apoyo y acompañamiento pedagógico a los docentes, así como la importancia de las dimensiones tecnológicas como uno de los medios principales para resguardar la continuidad educativa.

Todos los resultados son muy importantes, sin embargo, se establece que la investigación comparada plantea la necesidad de transformar la supervisión escolar para generar un mayor impacto en la mejora de los aprendizajes en las escuelas, consolidando su dimensión pedagógica. Complementariamente, se requiere fortalecer el liderazgo directivo, con el objetivo de mejorar su función técnico-pedagógica que facilite y fomente la formación continua en los equipos docentes. Con respecto al desarrollo profesional, es necesario avanzar hacia una mayor diversificación de ofertas de formación de calidad. Para esto, se recomienda la consolidación y el mejoramiento de modelos virtuales e híbridos implementados en este período, que permitieron masificar la llegada al cuerpo docente. Finalmente, tanto dentro de las escuelas como entre ellas, se recomienda la disposición de tiempos no lectivos y la articulación de dinámicas de trabajo colaborativas entre pares, respecto a la planificación curricular y el diseño de actividades de aprendizaje y evaluación formativa.

Hoy más que nunca se requiere que las autoridades de los diferentes niveles educativos no piensen que estamos de nuevo “igual que antes de la pandemia”, sino que hace falta entender a los centros escolares, dotarles de recursos y autonomía para la toma de decisiones desde el propio contexto en que se encuentran, con sus problemas y posibilidades para el desarrollo de un entorno de aprendizaje que valore, desarrolle, evalúe y aprenda como la comunidad que son.

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann

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Existe en derredor de Pensiones Civiles del Estado (PCE) una fuerte presión originada por diferentes factores que se explican mejor desde la evidente carencia en la calidad del servicio y que se configuran a la luz de una cada vez más evidente desatención por parte de las autoridades, amén de la deuda de los propios organismos del propio gobierno del estado de Chihuahua.

Existe en lo general una atención personal y profesional muy buena, de alta calidad, cercanía y de trato muy humano, ya sea en el personal de atención, de médicos generales y especialistas, el problema se da al momento de transformar el servicio brindado y se necesite de un estudio, medicamento o próxima cita. 

Hay un problema muy serio a la hora de que el médico receta un estudio, porque en varios de los servicios que se tendrían que estar haciendo en imagenología, por ejemplo, por alguna razón, ya no se hacen ahí y se mandan a hacer a un laboratorio externo, en donde hay que rehacer la programación para tomar el turno correspondiente. ¿Y los aparatos propios de PCE? 

Un problema más está en el área de farmacia, no solo porque se hacen larguísimas filas porque no todas las ventanillas funcionando, sino que es muy frecuente la figura del “vale” en donde tampoco es casual encontrarse con que en la farmacia particular en cuestión no tenga la medicina bueno, aseguran “si hay la medicina, pero no la que paga PCE” y son tres o cuatro vueltas para poder tenerla consigo.

Otro más está en la falta de médicos especialistas, pues para programar una cita, hay sobre saturación y cuando la cita del médico se pide para el mes siguiente, la poca disponibilidad de médicos hace que la cita se vaya a cinco, seis, siete o más meses después. Y la opción sigue siendo la misma: “estar hablando todos los días a las 6:00 de la tarde para ver si hay “cancelaciones”.

 Y así se pueden poner ejemplos de personas que encuentran que su número de pensiones fue usado por otra persona, del tiempo de atención en urgencias, del cada vez más deteriorado instrumental y equipo que hay en los consultorios, de la falta de mantenimiento en los aparatos e instalaciones, etc. y tal parece que a nadie en el gobierno del estado de Chihuahua tenga una explicación satisfactoria que dar al respecto.

Lo cierto es que, desde la visión de sus usuarios, este es un problema de calidad, de administración, y de falta de recursos. Y con ello surgen diversas interrogantes ¿Qué acaso se quiere estrangular el servicio para promover y justificar “la urgencia” de una reforma de dudosas intenciones a la Ley de PCE? ¿Para cuándo se cubrirá el adeudo que tienen los propios organismos de Gobierno del Estado con PCE, que ronda los cuatro mil millones de pesos y que de seguro con ello serían satisfechas las necesidades de falta de recursos humanos y materiales? ¿En dónde está aquellas promesas que en campaña hizo nuestra hoy Gobernadora de que se resolverían de fondo los problemas de PCE y que el aguinaldo del personal jubilado se pagaría en una sola exhibición como siempre se había hecho? ¿Seguiremos escuchando la justificación de echar la culpa a las administraciones del pasado? ¿Para cuándo se resolverá la situación en Pensiones? 

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann

Doctor en Gerencia Pública y Política Social

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El pasado 28 de septiembre se celebró a nivel internacional, el día de quién ejerce la dirección escolar, espacio que a pesar de que en nuestro país tiene el mismo trayecto formativo que el del personal docente, en otros países se estudia de manera independiente y representa, por mucho, una profesión que no ha sido suficientemente valorada y respaldada.

La dirección escolar representa, acorde a múltiples investigaciones, el 25 por ciento de la varianza del aprendizaje escolar, esto es, el segundo factor en importancia para el logro de los aprendizajes en el aula y es un factor de peso que se considera de los más importantes que se repite en los estudios internacionales como lo es PISA, el informe McKinsey, así como muchos otros de diferentes organizaciones internacionales como lo es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) entre otros.

Países como Alemania, China, España, Panamá, entre otros, otorgan un lugar preponderante a la formación y desarrollo profesional del personal que dirige las instituciones educativas. En algunos países existe la carrera específica independente de la carrera docente, en otros hay escuelas nacionales para la formación específica para la dirección y en otros más se exige un posgrado para poder iniciar en el ejercicio de la función directiva en una comunidad escolar desde los niveles básicos hasta el medio superior.

Y es que en la línea de trayecto docente, se privilegia, como debe de ser, la formación docente, pedagógica y de atención a la niñez, dejando apenas pocas asignaturas que tienen que ver con la organización escolar y cuando hablamos de un trayecto formativo, una vez que se le asigna la plaza e dirección, en nuestro país no existe mayor proceso de capacitación, si acaso un diplomado y las ganas personales sin mayor compromiso del estado para el estudio con recursos económicos personales de un posgrado en alguna Institución de educación superior pública o privada por parte de quien habrá de ejercer la plaza, pero hasta ahí.

Se trata de una plaza no solamente diferente, sino que encara compromisos, tareas, funciones y competencias por mucho cambiantes a las del personal docente en donde, pues se necesita de aspectos torales para el ejercicio profesional, como el manejo del estrés, del trabajo en equipo, legislación educativa, negociación, trabajo en equipo, resolución de conflictos, planeación y organización educativa, evaluación institucional, manejo de inventarios, y de recursos materiales, finanzas, vinculación comunitaria, entre muchos otras.

Como se hace mención en el inicio, la dirección escolar representa el segundo factor en importancia para el aprendizaje escolar, por lo que se hace necesario fortalecer el proceso de formación y desarrollo profesional de quienes ejercen la función de la dirección escolar en nuestro país.

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann

Doctor en Gerencia Pública y Política Social

En ocasiones podemos escuchar a personas que preguntan, de manera inocente a mi juicio, la razón por la cual, si se envían a las niñas, niños y adolescentes a la escuela, existe cada vez un mayor desencanto de lo que podemos apreciar en nuestra sociedad como resultados de “la tarea educativa”, sin tomar en consideración, no solamente el tiempo que pasan en la escuela, sino la complejidad del universo de conocimientos que se deben de aprender, amén de lo que sucede en el tiempo en el que las y los estudiantes se encuentran fuera del espacio escolar.

Las niñas, niños y adolescentes pasan en la escuela, de acuerdo con el calendario escolar, 195 días de clase en el año, sin embargo, es claro que el tiempo que se destina a las actividades administrativas, festivales, reuniones y otras actividades que los propios planes y programas exigen fuera del aula reducen sensiblemente este tiempo.

Sin embargo, de acuerdo con la información de la propia Secretaría de Educación Pública (SEP), el tiempo en la escuela (sin contar las de jornada ampliada) existe una variación importante en el tiempo en que dura la jornada que va, de 600 horas en preescolar, 900 horas en primaria a 1400 horas en módulos de 50 minutos en secundaria que son 1166 horas aproximadamente, con lo que, se puede afirmar que el tiempo promedio que un estudiante pasa anualmente a lo largo de su educación básica es de 891 horas anuales en la escuela.

Este tiempo no está dedicado única y exclusivamente a lo que se podría denominar un proceso de formación y desarrollo de la personalidad estrictamente dicho, pues cada hora, se encuentra previamente distribuida en el plan de estudios en aspectos como el lenguaje y la comunicación, el pensamiento matemático, el conocimiento del mundo social y natural, el arte, la educación física, etc. dejando un aproximado de un 10 por ciento del tiempo escolar para lo que podría ser más cercano a lo que denominamos como proceso de formación, como lo es la educación socioemocional, potenciar el desarrollo personal, la tutoría, los contenidos regionales, etc.

Es claro que siempre se busca que los contenidos de todas las asignaturas se deben de buscar relacionar con la vida cotidiana, sin embargo, el gran peso que se le da al tiempo de las asignaturas, así como a los medios para garantizar que se aplique el conocimiento (como las pruebas estandarizadas o aquellas que se elaboran desde las mesas técnicas fuera de la realidad cercana de las niñas, niños y adolescentes) hacen que exista una presión muy fuerte por dar un mayor peso al conocimiento que a la formación, propiciando mecanismos de pérdida considerable de la oportunidad de dedicar un mayor énfasis a la personalidad.

Espero que la reducción de la gran carga de contenidos curriculares (como se hace en otros países que cuentan con mejores resultados educativos que el nuestro) de la propuesta de la Nueva Escuela Mexicana contribuya a que se pueda contar con un mayor y mejor tiempo para la óptima formación de nuestra niñez y juventud.

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann

Doctor en Gerencia Pública y Política Social

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El sector educativo es amplio y complejo, representa una gran suma de intereses y voluntades, lamentablemente, desde hace ya tres décadas, se sigue utilizando al sector como espacio político, pero no atina a convertirse en una gran suma de fuerzas con un solo rumbo como lo han hecho las grandes potencias en la materia para realizar un cambio con certidumbre, de tal manera que vale la pena revisar algunos aspectos que componen el escenario que nos rodea en el tema educativo

En principio, vale la pena rescatar diferentes aspectos que se han desarrollado en esta área del sector público nacional y que han representado, a juicio personal, un avance en el sector. Un aspecto por demás relevante fue el cambio de discurso y acción con respecto al trato al magisterio con respecto a la administración del presidente Peña Nieto, que estuvo plagada de fuertes golpeteos, desconfianza, desarticulación y descontextualización de un área que nunca atinó a representar un rumbo sólido que no fuera el que marcaba en su momento la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la ideología del mercado exclusivamente. Por otra parte, por lejos, este ha sido el sexenio de crecimiento de las Escuelas Normales, siendo este el sector que más a crecido con respecto a cualquier otro subsector en el rubro.

Con respecto a los aspectos negativos, se puede ver el que, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación de este pasado viernes 19 de agosto, se publicó el acuerdo número 14/08/22 por el que se establece el Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. Este hecho por sí solo no es un problema, debería de ser una gran noticia, porque un nuevo plan de estudios, en el marco de la comunidad internacional, representa la actualización o modernización de los planes y programas, sin embargo, en el caso de México, este hecho se vincula con otra serie de acontecimientos que hacen ver que representa una pesada carga adicional para las maestras y maestros en México, ya que en el presente, en las escuelas de educación básica se habrán de conjuntar tres planes de estudio de manera simultánea (2011, 2017 y 2022) lo que complejiza en gran medida la tarea educativa. Un plan de estudios por cada gobierno de los últimos tres, siendo que un plan de estudios debería de pasar al menos dos generaciones para ver su utilidad y frutos.

Finalmente, de los aspectos por demás nocivos para la educación, tiene que ver con los ajustes a medias que se tuvieron que realizar en la legislación educativa, entendible desde el punto de vista que las curules con las que contaba la fracción política que respalda el gobierno federal, hubo que hacerse una especie de “Frankenstein” normativo, en donde aquella promesa de que no quedara “ni una coma” de la mal llamada reforma educativa, pasó a una serie de organismos cuyos efectos se sienten en las problemáticas de diario sufre el personal docente con respecto a admisión, cambios y promoción. Y no es tanto problema del personal, sino en mucho de la legislación que sigue privilegiando un esquema que ya demostró su inutilidad desde el sexenio pasado.

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann

Doctor en Gerencia Pública y Política Social

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De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, estamos a unos días de que inicie el ciclo escolar 2022 – 2023 que, de acuerdo con la información vertida al menos en la mayoría de las entidades federativas, se hará en formato presencial, con las implicaciones que ello tiene para la propia educación.

La educación ha sido muy golpeada por muy diferentes factores, no solo por la deuda que tiene el modelo de la cuarta transformación con las comunidades escolares, sino por el impacto de la pandemia en la deserción, el vandalismo a los centros escolares, la estimación del Banco Mundial de un rezago de dos años de escolaridad, amén de los problemas docentes en lo que se refiere a prestaciones, cambios, asignaciones y un salario que no termina de hacer justicia a una labor que mucho se dice en el discurso pero poco en la realidad que agobia al magisterio.

Hoy el problema que se vive en las aulas tiene que ver poco con el discurso de ninguno de los tres órdenes de gobierno pues, mientras en estos se habla de grandes obras de infraestructura, oportunidades de convenios internacionales y nuevos planes de estudio, a realidad es que a terreno de piso en el centro escolar hay cada vez más problemas porque se convive con tres planes de estudio a la par y que no termina de aterrizar un modelo de capacitación y formación docente que apunte a resolver las necesidades que se tienen para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Los libros de texto llegan a los grandes almacenes oficiales de los centros urbanos, sin embargo, no hay camioneta oficial que los lleve hasta las escuelas, la impresión de las constancias, boletas, certificados, servicio de internet, teléfono, materiales didácticos de apoyo al aprendizaje, hojas para evaluaciones, la reposición de vidrios, gas para calentones, reparación de fugas de agua, entre muchos otros aspectos, son cubiertos por el propio personal docente y los cada vez menos padres y madres de familia que cooperan para sufragar estos avatares a los que se enfrentan día a día los centros educativos, mismos que se han cubierto con rifas, kermeses y otras actividades que se hacen en conjunto en las comunidades escolares de las escuelas oficiales. 

Resulta muy importante que se regule y transparente la recepción, uso y destino de las cuotas escolares, no solo que la autoridad grite a los cuatro vientos que nos son obligatorias, sino que, si no puede apoyar como es debido, que es como ha sucedido en las últimas 8 décadas, brinde al menos un camino, una alterativa que de cauce para que los centros educativos puedan estar en condiciones de garantizar un derecho que como establece la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en ingles) es un derecho humano fundamental que permite sacar a los hombres y las mujeres de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible como es la educación.

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann

Doctor en Gerencia Pública y Política social

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El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) desarrolló un informe sobre la situación de la educación en México denominado “Información estratégica para el regreso a clases”. El documento presenta una radiografía sobre aquellos aspectos delicados e importantes que se deben de considerar como prioridad para que la educación pueda retomar su curso luego de la muy difícil situación que atravesó el mundo y con ello nuestro país luego de la situación que se enfrentó con respecto a la emergencia sanitaria.

Dicho informe, abarca cuatro capítulos, los Retos del Sistema Educativo Nacional en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), las Experiencias y buenas prácticas internacionales en la educación a distancia y el regreso a clases, la Oferta gubernamental federal de Desarrollo Social para la atención a los retos del Sistema Educativo Nacional (SEN) en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México, así como los Retos y atención del Sistema Educativo Nacional en el regreso a clases presenciales.

Aspectos trascendentales del mismo, tienen que ver con la infraestructura en los centros educativos, en donde se puede apreciar que poco más de 89 mil escuelas de educación básica en México carecen de drenaje, 39 mil 568 no tienen red de agua potable y 9 mil 989 no cuentan con energía eléctrica que representan una muy buena parte de las existentes en nuestro país y elevan la dificultad por medio de la cual se enfrentan día a día el personal y estudiantes, sobre todo de aquellos centros en situación especialmente vulnerable.

Lo anterior, porque el documento señala que la evidencia existente apunta a que son precisamente las escuelas comunitarias alejadas geográfica y políticamente de los grandes centros de decisión administrativa los que enfrentan los mayores retos para garantizar el pleno derecho a la educación en donde, a partir de la pandemia, se ampliaron las brechas de desigualdad existentes en los diferentes estratos sociales en nuestro país.

Algo más que se deja ver en dicho documento, tiene que ver con el trabajo docente, pues señala que con respecto a la aplicación de planes y programas, incluida la estrategia nacional de “Aprende en casa”, estas fueron posible gracias a la labor, competencias y adaptación del trabajo docente, sin embargo, también se reconoce que ello fue posible no solo a cambio de fuertes inversiones para adaptar sus recursos y capacidades tecnológicas en el hogar, sino que dicha labor generó en ellos  el incremento notable de su jornada laboral, en donde establece que es necesario el diseñar estrategias para que estos procesos no recaigan tanto sobre los docentes.

Mucho es el trabajo que soporta el sistema educativo sobre el trabajo y los recursos individuales del personal docente por lo que, como establece el CONEVAL, resulta pertinente la aplicación de políticas específicas que lleven a un mejor ambiente de trabajo, ni qué decir del salario en donde, por ejemplo, el incremento salarial de este año se dio desde el pasado 15 de mayo y en donde hay subsistemas como el estatal en Chihuahua que deberán esperar hasta mediados del mes de agosto para recibir lo correspondiente, porque autoridades hacendarias en la entidad “no entendían muy bien” como debería de aplicarse.

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann

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Contrario a lo que una cantidad importante de personas piensa, la docencia es una actividad que involucra, en el ejercicio de su desarrollo profesional, una muy importante cantidad de energía, tanto física como intelectual, de tal manera que, para poder desarrollar la actividad profesional den el ámbito profesional, requiere de estar en su máximo potencial, de lo contrario, se convierte en un lastre muy difícil de sobrellevar.

Expresiones como “solo se trata de cuidar niños”, “tienen muchas vacaciones”,  “cualquiera puede ser maestro”, denotan una perturbadora ignorancia para con el ejercicio de una profesión que es la base del resto de las profesiones, de la calidad de la educación y, con base en estudios y profundas investigaciones, en la construcción de la sólida y siempre perfectible sociedad a la que aspiramos.

Por ello, todo aquello que afecte de manera parcial o permanente la estabilidad física o mental del personal docente, repercute de manera muy importante en su desarrollo profesional y, por ende, en el aprendizaje de sus estudiantes, por lo que resulta muy preocupante aquello que sucede con los efectos posteriores al contagio del coronavirus que, de acuerdo con la Clínica Mayo, incluso los jóvenes o las personas sanas pueden sentirse mal durante varias semanas o meses luego de la infección. 

Recientes estudios publicados en el diario Brain apenas el pasado 5 de julio (https://www.sciencedaily.com/releases/2022/07/220705162206.htm) por parte de científicos de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos sugiere que la respuesta generada por la infección de coronavirus daña los vasos sanguíneos del cerebro y puede ser responsable de síntomas de COVID largo, lo que ocasionaría que algunas personas tengan efectos persistentes de la infección conocido como “niebla cerebral”, cuyos signos y síntomas comunes que perduran con el tiempo incluyen: fatiga, falta de aire o dificultad para respirar, tos, dolor articular, dolor en el pecho, problemas de memoria, de concentración o para dormir, dolor muscular o de cabeza, latidos rápidos o palpitaciones, pérdida del olfato o del gusto, depresión o ansiedad, fiebre, mareos al ponerte de pie o empeoramiento de los síntomas después de hacer ejercicio físico o mental, 

De acuerdo con datos oficiales del CONACyt México, prácticamente uno de cada dos adultos ha sido contagiado por el virus (52.59% hombres y 47.41% mujeres) con lo que se puede estimar que cerca de la mitad de las y los trabajadoras de la Educación han sido contagiados, que, de acuerdo con los datos del INEGI (1.7 millones), cerca de 850 mil docentes podrían estar en situación de presentar uno o varios de los problemas mencionados en el párrafo anterior, con implicaciones de leves a severas en su salud física o mental y por supuesto en el desarrollo de sus actividades para el aprendizaje con sus estudiantes.

No es un problema menor, se trata de una afectación que no ha sido estudiada a profundidad en sus efectos, sin embargo, es algo que requiere de comprensión, atención y definición de políticas públicas oportunas y eficaces para que dicha problemática no impacte a las ya de por sí múltiples afectaciones  por la llegada de la emergencia sanitaria a nuestra cada vez más sorprendente “nueva normalidad”.

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann

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Con la llegada de la emergencia sanitaria en el mundo, más de 1,500 millones de estudiantes en el mundo tuvieron que tomar clase por medios alternativos, ya sea internet, radio, televisión, cuadernillos de apoyo, entre otros formatos, y develó, además las grandes desigualdades acumuladas por el sistema.

Luego de que el Banco Mundial, la OCDE, la UNESCO, el Fondo Monetario Internacional advirtieron de los problemas que se han hecho evidentes luego de la emergencia sanitaria, en donde particularmente en días pasados el primero expresara en el informe “Dos años después: salvando a una generación” que los niveles de educación retrocedieron al menos una década en América Latina por el impacto de la pandemia y existe el riesgo de que se pierda una generación  de estudiantes si los gobiernos no toman medidas urgentes.

En el caso mexicano, aparte de la deserción provocada sobre todo en las y los estudiantes más vulnerables, dejo ver una realidad que normalmente solo es visible desde la realidad de quien trabaja en un aula: la sobrepoblación de estudiantes en las aulas, lo que impide, por mucho, una posible individualización para el aprendizaje.

Entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar con más alumnos en un aula por cada maestra o maestro que imparte clases en primaria, secundaria y bachillerato o preparatoria, lo cual implica que cada docente debe de emplear un mayor tiempo para el aprendizaje de sus estudiantes, con el consiguiente desgaste físico y mental del docente.

El problema no solo radica en el momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que se lleva a la casa en los momentos de evaluación del ciclo escolar, amén de los múltiples elementos que hay que subir a la plataforma digital, en donde por supuesto, un día de descarga administrativa por periodo de evaluación no sirve más que para una cuarta o quinta parte en el mejor de los casos.

Muchos de los problemas que se viven en el aula, radican en las decisiones que se toman detrás de un escritorio, en donde no son siquiera las autoridades educativas sino las de planeación y de Hacienda quienes establecen los criterios para el número de estudiantes, siendo esta más una decisión de corte administrativa y con poco rigor académico, lo que complica aún más el proceso escolar, provocando dicha sobrepoblación escolar.

Es necesario voltear a ver decisiones más acordes a la realidad escolar que se vive en un aula, en donde, por ejemplo, en el caso del estado de Nueva York, aprobó un proyecto de ley, en donde el número de estudiantes desde el jardín de infancia al tercer grado (8 años) estaría limitado a 20 niños; de cuarto a octavo grado a 23, y subirían a un máximo de 25 en la secundaria, que es el equivalente en nuestro país de los grados desde preescolar hasta preparatoria.

Esperemos que este llamado a retomar lo realmente importante signifique que se tomen decisiones educativas desde los espacios educativos y pensando en la mejor forma de lograr el aprendizaje de nuestra niñez y juventud.

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann

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A más de dos años de que se presentara en el mundo el inicio de la emergencia sanitaria y en donde, a pesar de que nos encontramos transitando en nuestro país por la quinta ola de las afectaciones por el coronavirus, lo cierto es que los esfuerzos por reducir el impacto gracias a la vacunación por parte de las autoridades, así como los cuidados por parte de la población, han dado un entorno relativamente seguro para el manejo de la pandemia y el regreso a clases en prácticamente todos los niveles educativos, sin embargo, ello no excluye los efectos que habremos de hacer frente y con ello, los retos que habremos de asumir como sociedad.

El marco lo han dado en conjunto organizaciones internacionales como el caso del Banco Mundial (BM), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), así como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), quienes han advertido que se encuentra en riesgo una generación entera, pues en América Latina se advierten rezagos de entre 12 y 20 meses en el aprendizaje, sin embargo, hablamos de quienes permanecen en los centros educativos solamente.

Cuando hablamos de quienes se fueron de la escuela la situación se agrava sensiblemente, pues dependiendo de la fuente que se tome, la cifra más conservadora es de medio millón de estudiantes que dejaron la escuela tras los estragos causados por la emergencia sanitaria, en donde un efecto colateral grave lo sufrieron los centros educativos privados que enfrentaron una reducción de al menos un 26 por ciento de su matrícula. 

Lo anterior nos debe de preocupar, pues, además, de acuerdo con datos proporcionados por el Institutito Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el marco del día mundial contra el trabajo infantil, existen 2.2 millones de niñas, niños y adolescentes, de 5 a 17 años, que trabajan, de los cuales, 2 millones (71.2% de hombres y 28.8% de mujeres) lo hacen en ocupaciones no permitidas o peligrosas.

Por otra parte, de acuerdo con el informe Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México 2021 de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), la pandemia de COVID-19 no solo impactó la matrícula, sino también afectó el número de escuelas en activo, siendo los niveles más perjudicados el preescolar y la educación media superior.

Los retos que se avecinan como sociedad, a consecuencia de los efectos de la pandemia en nuestro país son dramáticos tomando en consideración el esfuerzo que hay que realizar para sacar adelante el compromiso que significa una tarea de esta envergadura, pues los efectos en el ámbito del tejido social pueden ser de un impacto muy fuerte en todos los estratos sociales, lamentablemente en mayor medida en aquellos con mayor grado de vulnerabilidad.

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann

Doctor en Gerencia Pública y Política Social

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En la década de los años ochenta, el mundo se vio envuelto en la necesidad de tomar una decisión entre dos grandes y muy diferentes visiones de la educación para el mundo del futuro, la primera, que tiene que ver con la visión que planteaba la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la otra, la planteada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La UNESCO, agrupa a 193 países miembros y 11 miembros asociados sin distinción alguna, mientras que la OCDE cuenta con 34 países miembros, en donde la característica fundamental, es que son los países con mayor desarrollo en el mundo. En el caso de nuestro país, fue el 18 de mayo de 1994, en que se tomó la decisión de integrarse a las políticas establecidas por la segunda cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, bajo la presidencia del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, el Decreto de promulgación de la Declaración del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre la aceptación de sus obligaciones como miembro activo de la OCDE.

En este sentido y a lo largo de las últimas tres décadas, en México se ha decantado por una visión económica más que social de la educación, lo que, a su vez, se ha traducido en una sociedad cuyos efectos vivimos en el día a día.

En dicho trayecto, se ha construido un escenario de vigilancia y desconfianza hacia la figura docente que se puede apreciar de manera muy clara en al menos dos aspectos: El factor enciclopédico, detallado y puntual de planes y programas, desde donde se espera que el docente haga única y exclusivamente lo que está planteado el sistema, además del factor de la evaluación, en donde se generaron múltiples esquemas de vigilancia, como lo fueron los “exámenes oficiales” desde las diferentes mesas u oficinas técnicas que, bajo el factor del cuidado “escrupuloso” de lo que la autoridad les indicaba deberían de tener las niñas y los niños a determinada edad o grado, lo que de paso dio origen a lo que en algunas entidades de la República se convirtió en un negocio disfrazado de servicio.

Lo cierto es que hay múltiples países en el mundo que tienen lo que se le ha llamado currículum mínimo, que solo contienen los objetivos de aprendizaje esenciales y el resto de los conocimientos bajo los cuales se va a desarrollar el aprendizaje, son una decisión exclusiva del docente, quien para ello estudió dicha carrera.

En cuanto a la evaluación educativa, de igual manera, la realidad es que solo el docente tiene conocimiento directo de lo que un estudiante ha llegado a conocer, así como su contexto, a fin de que pueda tener los elementos para definir qué es lo que le hace falta, más allá de los exámenes estandarizados o únicos para cientos o miles de estudiantes que suponen un aprendizaje unificado y descontextualizado.

Hoy queda más que demostrado que aquella visión educativa de un organismo económico como lo es la OCDE no ha dado resultados fiables para la construcción de una sociedad para la buena convivencia, es momento de una evaluación más cualitativa, con mayor confianza en el docente que brinde mejores resultados para el futuro de esta sociedad.

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann

Doctor en Gerencia Pública y Política Social

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Corrían los primeros años de la década de los noventa del siglo pasado, yo apenas superaba el primer lustro en el servicio y el entonces Departamento de Educación que aún no era Secretaría citó a los directores de las escuelas para presentar el nuevo plan de estudio y los nuevos programas para lo que, mi director, que era un docente mayor, consideró que yo sería un buen elemento para acudir en representación del centro escolar, porque, además, en esa ocasión no serían los Servicios Técnicos a dar la capacitación a los docentes, sino quien acudiera y hacerlo “en cascada” por parte de quien acudiera.

Fue un tiempo de muchas sorpresas, aparte de los planes y programas de estudio, estaba en el ambiente la reciente firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en donde se daba un cambio muy importante pues serían las entidades federativas las que se harían cargo de la operación y pago de la nómina magisterial (Que generaría enormes desequilibrios financieros a estos por la malas negociaciones, la presión política y la corrupción), la reducción de horas de taller (cuyos maestros de electricidad, carpintería, soldadura, mecánica, etc. fueron enviados por las autoridades educativas estatales a cubrir dichas horas llamadas por decreto “excedentes” para impartir las clases de ciencias, matemáticas, español, ética, etc. de acuerdo a como se iban jubilando los titulares de las mismas y ya no se reponían a los centros educativos),la reducción de orientadores educativos y trabajadoras sociales (que entonces había una por grado y quedó en uno por centro educativo) el incremento de las horas de español y matemáticas y la atomización de las horas de ciencias naturales y sociales (que se fragmentaban en historia, geografía, física, química, etc.), entre otros cambios importantes.

En aquel momento, a propósito del polémico incremento salarial de este año, se establecía además por vez primera en la historia, el salario mínimo profesional docente, el cual, podemos leer en el Diario Oficial de la Federación del 18 de mayo de 1992 que expresaba que “Con este nuevo esfuerzo -que hace que en la actual Administración se haya acumulado un incremento muy sustancial- el salario de la plaza inicial, que es el más bajo del escalafón docente y que en diciembre de 1988 equivalía a 1.5 salarios mínimos, superará el equivalente a tres salarios mínimos, y la mayoría de los maestros estará percibiendo un equivalente superior a 3.5 veces el salario mínimo general del país”, con lo que un maestro de plaza inicial, al tabulador actual, estaría recibiendo un salario de 18,151.35 pesos y ni siquiera en la zona del 100% en donde se elevaría a 27,335.70 mensuales, casi el doble o el triple respectivamente de lo que recibe actualmente un docente de nuevo ingreso.

La historia de lo que sucedió de entonces a la fecha no es desconocida, aquellos planes y programas representaron el primer pago de buena intención de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que ingresaría formalmente de manera curiosa, exactamente 2 años posterior a esa fecha, el 18 de mayo de 1994 ¿Simbólico o simple casualidad?

La reducción del personal de apoyo educativo, la atomización de las horas docentes, la integración de personal sin perfil adecuado, el énfasis en una educación que solo sepa leer, escribir, sumar y restar, apto para la empresa maquiladora que es la ideología del mercado, es solo la punta del iceberg de la debacle educativa en la que nos encontramos en la actualidad y que aquellos años de los noventa fueron el inicio de una serie de cambios lamentables de los que el sexenio pasado fue el culmen con aquella frase devastadora de “cualquiera puede ser maestro” del triste y lamentablemente célebre Aurelio Nuño.

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En días pasados, corrió como reguero de pólvora en los medios que cubren la fuente educativa, la noticia de que el Gobierno Federal, habría de asumir la nómina magisterial de las entidades federativas, dado lo mencionado por Oscar Flores, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en conferencia de prensa el pasado martes 26 de abril, cuando dio a conocer los cuatro ejes de trabajo del nuevo modelo educativo propuesto por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El gasto educativo es el egreso más importante que el gobierno federal realiza, pues, de acuerdo con lo establecido por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP) en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 se propuso un presupuesto educativo de 836 mil 400 millones de pesos, que, para ponerlo en contexto, para el mismo año de 2021, de acuerdo a cifras del Sistema de Administración Tributaria (SAT) México recibió por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) un total de 1213 mil millones de pesos, por lo que se puede decir que siete de cada diez pesos que se recaudan por concepto de IVA, se destina al gasto público en educación.

Desde la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación (AMNEB) en que se descentralizaron muchas de las decisiones administrativas a los estados, las constantes exigencias de recursos por parte de entidades federativas provocadas por las malas negociaciones locales, la corrupción, el desvío de los recursos documentados puntualmente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y negociados políticamente para que luego “no pase nada”, así como la histórica inequidad de aportaciones federales en dicho gasto, ya que hay entidades que aportan más de la mitad del presupuesto educativo, como hay estados que no aportan un solo peso.

A pesar de que no es la primera vez que se pone en la mesa este tema, lo cierto es que los cambios que se han vivido en la presente administración federal hacen pensar que pueda ser una situación que se convierta en realidad en muy poco tiempo, lo que pone a pensar a más de cuatro entidades federativas que utilizaban ese gasto “por mientras” en otras cosas, dejando a Trabajadoras y Trabajadores de la educación sin sueldo por meses.

Por una parte, la administración federal expresa que se establecerá su implementación mediante esquemas graduales, con la finalidad de dar certeza jurídica, laboral y salarial a las y los trabajadores de la educación, lo cierto es que la sola mención de dicha medida ha provocado no pocas inquietudes, sobre todo en aquellas entidades en donde existe diferente tinte político al ejecutivo federal, dicen que si para una decisión como el quitar un docente o un trabajador manual le pasan la factura a la federación, ni imaginar lo que va a pasar ahora que eventualmente se centralice la nómina y los pretextos de uno y otro nivel educativo se van a dar con más frecuencia 

Por otra, es cierto que hoy las tecnologías de la información y la comunicación se encuentran en sus mejores niveles de certeza la historia, de igual manera que las bases de datos y sistemas de información, sin embargo, el temor más grande radica en la incertidumbre con respecto a los tiempos de los tramites ante el desconocimiento del papel que desempeñarán las administraciones estatales, la manera de enfrentar los trámites, los tiempos de pago de las y los docentes nóveles, quien asumirá los costos de los servicios médicos y sociales, si la nómina de quienes ya gozan de una jubilación corre algún peligro, etc.

Esperemos que pronto se tenga información oportuna y válida de dichos “esquemas graduales” para así estar ciertos de lo que va a suceder y no incrementar los ya de por sí elevados niveles de estrés que se viven en la actualidad en el magisterio nacional.

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann

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