¿Regreso a clases presenciales?

De manera lenta pero insistente, la disminución de la cantidad semanal de personas infectadas o lamentablemente fallecidas, ha abierto una discusión impulsada por las autoridades educativas, orientada hacia la posibilidad de un eventual regreso a clases presenciales, lo que ha despertado un debate sobre los tiempos y en todo caso las formas en que habría de darse éste, sobre todo ante la amenaza latente de un rebrote de la emergencia sanitaria, como ocurre en otros países en estos momentos.

Y es que los efectos de la pandemia en los diferentes órdenes de la vida social, educativa y económica de nuestro país no han sido menores, tan solo hace falta ver la cantidad de robos a los edificios escolares, las complicaciones para las familias que ahora han apreciado de manera cercana cuáles son las labores que se realizan en la escuela, especialmente aquellos que tienen menores con necesidades educativas especiales, la carencia de equipos computacionales de docentes que utilizan sus datos móviles y equipos de telefonía celular para enfrentar sus clases, o el caso de quienes están en instituciones de educación superior, como es el caso de las estudiantes de la Escuela Normal Rural “Ricardo Flores Magón” de Saucillo en Chihuahua, en donde un 60% de ellas carece de acceso a internet para llevar a cabo sus clases.

Y es precisamente este último ejemplo, el que nos debe de preocupar, y no por que suceda en esa estupenda institución formadora de docentes, sino por el origen de sus docentes en formación, que coincide con las características socioeconómicas de un porcentaje muy importante de estudiantes en México, a quienes los efectos de la falta de acceso a las medidas que se han implementado por parte de las autoridades educativas, por lo que la brecha de aprendizaje se vuelve cada día más grande para esta población que sin duda debemos de tomar en consideración, sobre todo por el olvido histórico al que se han enfrentado siempre.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha planteado un posible regreso a clases presenciales que plantea voluntario en 14 entidades, sin embargo, vale la pena explorar algunos elementos que se sugieren a fin de generar una mayor certeza para todos los actores del proceso educativo.

Tal es el caso de las recomendaciones que ha emitido la UNESCO en el sentido de que, para que se pueda pensar en una reapertura de escuelas, se necesita de cuatro aspectos fundamentales: Funcionamiento seguro de las escuelas (prioridad a primeros grados, capacidad y recursos suficientes incluida para la higiene); foco en los aprendizajes (planificación proactiva, simplificación de programas de estudio, apoyo a docentes y cancelar exámenes menos importantes);  Bienestar y protección (comunicación con todos los actores, vacunas y alimentación) y llegar a los más vulnerables (financiamiento adicional a comunidades mas desprotegidas, apoyo especial a las niñas y medidas especiales para el personal que les atiende).

Tal vez debemos pensar en el regreso a las escuelas presencial en algún momento, sin embargo, es fundamental entender que se requiere de un acondicionamiento, preparación, inversión de recursos, apoyo y fortalecimiento de lo que se tiene hasta el momento antes de aventurarnos en otro tipo de posibilidades, pero siempre pensando en la población más vulnerable como guía de nuestras acciones.

El autor es parte de la Asociación de Editorialistas del Estado de Chihuahua

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Día del docente

El 5 de octubre de 1966, en la ciudad de Paris, Francia, la Conferencia intergubernamental especial sobre la situación del personal docente de la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) emitió 146 recomendaciones organizadas en 8 capítulos que integran en su conjunto, lo que se ha denominado la suscripción de la “Recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la UNESCO relativa a la Situación del Personal Docente” en el mundo.

En dicho marco y desde el 5 de octubre de 1994 hasta la fecha, este día se conmemora el “Día mundial de las y los docentes en el mundo”, pues esta recomendación señala de manera muy puntual, criterios de referencia en cuanto a derechos y obligaciones del personal docente y normas para su formación inicial y perfeccionamiento, la contratación, el empleo, y las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Este reconocimiento debe de ser siempre un llamado para retomar el foco necesario en esta fundamental figura educativa, y no olvidar la esencia por lo cual fue instituido, por tanto, resulta conveniente algunos de los puntos principales que dieron origen a su instauración y que nunca debemos perder de vista, porque a 54 años de su pronunciamiento, las recomendaciones siguen más vigentes que entonces.

Una de las más importante, es la recomendación 45, que establece que la estabilidad profesional y la seguridad del empleo son indispensables tanto para el interés de la enseñanza como para el personal docente y deberían estar garantizadas incluso cuando se produzcan cambios en la organización tanto del conjunto como de una parte del sistema escolar, aspecto que en el sexenio anterior fue un punto que siempre se dijo en contra del magisterio nacional.

Otra, es la recomendación 61, que establece que “en el ejercicio de sus funciones, los educadores deberían gozar de libertades académicas. Estando especialmente calificados para juzgar el tipo de ayudas y métodos de enseñanza que crean mejores y más adaptables a sus alumnos, son ellos quienes deberían desempeñar un papel esencial en la selección y la adaptación del material de enseñanza así cómo en la selección de los manuales y aplicación de los métodos pedagógicos dentro de los programas aprobados y con la colaboración de las autoridades escolares”, que debe de ser un eje de desarrollo para el impulso de la educación en nuestro país y no estar acotado a ser un mero instrumentador de planes y programas de estudio, especialmente en una época como la actual en el que se requiere de ello para que la educación llegue de la mejor manera posible.

Las y los docentes en nuestro México hacen la diferencia de manera sensible, especialmente con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que pertenecen a las familias que tienen carencias económicas, culturales, sociales y políticas más importantes, cuya brecha se ha hecho más evidente a partir de la emergencia sanitaria, por lo que es momento de reconocer su labor al frente de cada uno de los procesos áulicos en nuestro país.

El autor es parte de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua

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Los daños colaterales

En tiempos de la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, son ya seis meses cumplidos en que toda forma de relación, convivencia, actividad y procesos que se llevaban a cabo sufrieron una completa transformación, siendo la incertidumbre una categoría de análisis que es común para todas las personas, independientemente de la actividad en la que se desenvuelva, lo cual se puede ver reflejado en los rostros en los espacios comunes de esa nueva normalidad que se empieza a asomar en nuestras vidas.

Para el caso específico del sector educativo, aparte de la incertidumbre que se ha generado en torno a las acciones emprendidas para responder a la contingencia y tratar de evitar lo más que se pueda los daños colaterales, como es el caso de la deserción escolar, la ampliación de las brechas cada vez más evidentes y el rezago en el aprendizaje por mencionar algunas, se tienen una serie de consecuencias que se han dejado sentir de manera permanente en las comunidades educativas.

En el caso del personal directivo y docente de las instituciones de educación básica, existe un evidente cansancio por la ampliación de las jornadas laborales, pues anteriormente las diferentes acciones de contacto con sus estudiantes, padres de familia y autoridades educativas, se acotaban en mayor o menor medida al horario correspondiente a la actividad del centro escolar, sin embargo, ante el cierre físico de las escuela y a partir de la utilización de elementos adicionales para responder a la emergencia, como lo son el uso de redes sociales, los mensajes SMS o por WhatsApp, o las mismas plataformas que se usan para las clases, cada vez en mayor medida, se “ha ido aprovechando el día” de tal manera que se empieza a difuminar la ya de por sí delgada línea entre la vida personal y profesional, ocasionando que desde muy temprana hora en la madrugada hasta altas horas de la noche, se tenga que estar posponiendo la relación familiar por responder mensajes que refieren alguna necesidad específica de alguna familia o autoridad educativa, o por el llenado de los incontables “formatos” que hay que estar llenando a cada momento.

Por otra parte, en no menores proporciones, se tienen los efectos que se han generado en las niñas y niños, quienes por muy diferentes motivos enfrentan el duelo de no poder acudir a su centro escolar, en donde el desarrollo del contacto social, las amigas y amigos, el recreo, así como las tensiones propias de los ajustes por las “adaptaciones tecnológicas”, están provocando molestias específicas a las que se enfrentan por las nuevas situaciones que les alejan de la posibilidad de todo contacto y sobre todo, el aprendizaje social tan importante para su propio desarrollo.

Finalmente, los daños que presentarán lo que no están, los que están en la lejanía geográfica, en la pobreza tecnológica, en el olvido de quienes, planteando una solución posible, se alejan de lo deseable, en donde se incrementan las brechas sociales, económicas y culturales que excluyen aun más en quienes menos tienen, dejando de lado la posibilidad de obtener un pase para concretar su derecho constitucional a una educación en nuestro país.

El autor es miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua

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Repensar el sistema educativo

En días pasados, el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó el informe Education in the time of COVID-19 and beyond (La educación en tiempos de Covid-19 y más allá) estudio en el que la organización brinda un panorama por demás complejo de lo que ha significado y, más que todo, puede significar para millones de estudiantes esta contingencia sanitaria para nuestros países.

El informe centra sus recomendaciones en cuatro aspectos principales: Eliminar la propagación del virus y formular planes integrales para la reapertura de los centros escolares, el proteger la financiación de la educación y colaborar para atenuar las repercusiones negativas, el incrementar la resiliencia de los sistemas educativos con miras al desarrollo justo y sostenible y el replantear la educación y dinamizar el cambio positivo en materia de enseñanza y aprendizaje.

Dentro de los grandes problemas que se avizoran, se encuentra el abandono de estudiantes en los diferentes niveles educativos, fundamentalmente aquellos que se encuentran dentro de las clases más desprotegidas, situación que provoca, tanto la lejanía geográfica, como la falta de acceso a medios tecnológicos para poder seguir la propuesta oficial en cuanto a la señal de internet o televisión, en cuyo caso el mayor riesgo es que se amplíen las ya de por sí fuertes brechas que separan a quienes tienen y no posibilidad de llevar a cabo con éxito sus estudios.

Específicamente, para el caso nacional, existen retos específicos que se plantean para el personal docente a lo largo y ancho del territorio nacional, puesto que, a la par de la propuesta oficial en los diferentes niveles que utiliza el internet y la televisión como marco para el resto de las actividades académicas, en donde con sus propios recursos y sin apoyo evidente -al menos en el corto o mediano plazos- en cuanto a servicios de internet o equipos tecnológicos, se ha montado todo un sistema educativo que ha incrementado la presión que ya de por sí existía por el confinamiento, debiendo ahora sumar la falta de conectividad y la pobreza de sus estudiantes como un ingrediente adicional para resolver en tiempos estos tiempos de contingencia ambiental.

Nadie duda que la respuesta no ha sido la deseable sino la posible en el marco de la emergencia sanitaria y que, en el marco de lo que se esperaba, sin duda existe un avance significativo -aunque insuficiente-, porque el tema de la emergencia educacional no inicia con el aislamiento forzado, pero si hace más evidente las inequidades sociales en todos los niveles educativos.

Sin duda alguna como lo ha expresado la comisionada presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación Etelvina Sandoval Flores, es el momento de repensar el sistema educativa, sobre todo para quienes más riesgo presentan en este periodo. Un ejemplo claro de ello, son los estudios a nivel internacional que han explicado el impacto que cierres escolares prolongados -producidos por guerras u otras pandemias anteriores- tienen en la interrupción de las trayectorias educativas en otros países, sobre todo de niñas y mujeres jóvenes que, en nuestro país siguen representando un punto de inflexión cuando se trata de hablar de los grandes retos de nuestro Sistema Educativo Nacional.

El autor es miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua.

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Particular inicio de clases

Esta semana, 36 millones de estudiantes, de los cuales 25.4 corresponden a la educación básica inician un ciclo escolar inédito. Hoy como nunca la incertidumbre es una parte importante de la carga horaria que comparte no solamente el personal docente y estudiantes, sino que llega, en diferentes momentos y tensiones, a cada uno de esos hogares, pues las familias, de alguna manera, deben de apoyar, mediante un proceso de acompañamiento que, dadas las circunstancias, resultará fundamental para evitar en todo lo que se pueda, se detenga el proceso de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Ante la imposibilidad de un reinicio de clases de manera presencial, incluso de manera parcial o en horarios alternos, la autoridad Educativa h definido que será la televisión el medio por medio del cual, habrá de enfrentar la problemática, buscando incorporar al iniciado al término del ciclo escolar pasado con las clases en línea, las cuales, dadas las características de alcance de la red de internet en las zonas vulnerables, resultó a todas luces insuficiente.

La televisión por sí sola sin duda es una mala compañía, sin embargo, vale la pena explorar, aunque sea de manera superficial, las implicaciones que ello tiene en el sector educativo, sobre todo en las tres dimensiones que comúnmente se toman en consideración, que son el contenido, el medio y el lenguaje que se utiliza con frecuencia en este para nada discutible medio popular de comunicación.

Por una parte, el sentido de la comunicación unidireccional, la publicidad, los intereses ocultos y el formato en que se presentan la mayoría de los programas que son “para toda la familia” representan algunos de los elementos que son nocivos y poco defendibles en una situación como la que se presenta en estos momentos de vinculación con el Sistema Educativo Nacional.

Por el otro, a pesar de lo anterior, existen situaciones que pueden tomarse en consideración como puntos a favor de su utilización en estos momentos, por ejemplo, que los contenidos no van a ser definidos por las televisoras, aparecerán profesionales de la educación a la par de presentadores populares del medio, como vía de “popularizar” los contenidos educativos, mismos que, podrán ser manejados y retroalimentados por el personal docente en los diferentes medios que se han preparado para ello en las entidades de la república.

La situación no está sencilla de ninguna manera, es más, se puede decir que, como lo menciona la UNESCO, “muchos países han tenido que encontrar rápidamente soluciones eficaces a esta situación, y la televisión y la radio han demostrado ser una buena alternativa”, que permita llegar lo más lejos posible hablando de cobertura, en sincronía con otros medios que permitan matizar y mejorar lo que se ofrece ahí.

Sin duda alguna el factor que en mayor medida hará la diferencia a lo largo de este complejo periodo en el que nos encontramos, es el esfuerzo, la imaginación, la creatividad y la singularidad de los y las Trabajadoras de la educación, quienes con el conocimiento de sus estudiantes y los mecanismos que ya se han intentado, más allá de lo que les inviten e indiquen sus autoridades educativas.

El Autor es parte de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua

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Exclusión educativa

El 23 de diciembre de 1994, durante el llamado Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (DIPIM), la Asamblea General de la organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió, a través de su resolución A/RES/49/214 que se celebrara cada año el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas cada 9 de agosto, a propósito de la celebración de la primera reunión, en 1982, del grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías.

A propósito de ello, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) emitió información específica al respecto, en donde establece que en México, existen 6,695,228 personas de cinco años de edad o más que hablan alguna lengua indígena, pero también, que entre 1930 y 2015, esta población se redujo de un 16 a un 6.6 por ciento, por lo que es urgente visibilizar esta importante población, pues, como reconoce la propia ONU, las poblaciones autóctonas han buscado durante años el reconocimiento de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales. Pese a ello, a lo largo de la historia, sus derechos han sido siempre violados. En la actualidad, se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo.

Es precisamente en el marco del el día Internacional de las Poblaciones Indígenas, en el que es preciso, a propósito de la contingencia ambiental por la que pasamos, en donde se han suspendido las labores presenciales en los centros educativos, en el que se debe de visibilizar el olvido en el que se han tenido, desde siempre, los pueblos originarios, a expensas del olvido intencional del cual han sido objeto por décadas desde la mirada institucional de los diferentes niveles de gobierno.

Este olvido, la migración, los problemas en los hábitos alimentarios, el pisoteo cultural,  las carencias económicas y la marginación social de que son objeto, han dado como consecuencia fuertes problemáticas concurrentes como lo son el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la diabetes, la hipertensión entre muchas otras problemáticas que hacen más grande su exclusión.

Para poner un ejemplo, en el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, revela que de los 130 mil rarámuris que viven en la entidad, un 40 por ciento sufre anemia y/o desnutrición y quienes sufren una mayor afectación, sin las mujeres menores e 30 años, así como las niñas y los niños de los seis a los doce años de edad.

Esta población, marginada y vulnerada, se incorpora a las cifras oficiales de aquellos excluidos del sector educativo que carecen de las oportunidades más elementales para poder ejercer su derecho a la educación. La emergencia sanitaria por el COVID19 ha trastocado cualquier aspecto en la vida de nuestra sociedad y en el sector educativo las cosas no parecen alentadoras pues, a la fecha, uno de cada diez estudiantes de educación básica en México ha dejado la escuela, por lo que esperemos que las acciones que se están emprendiendo, en realidad aporten un beneficio, específicamente para este sector que no es que dejen la escuela, sino que son excluidos dadas las circunstancias y falta de apoyo para que sigan adelante.

Miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua

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La confianza pública en la educación

De acuerdo con lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas, la mayor amenaza para la buena gobernanza viene de la corrupción, la violencia y la pobreza, todo lo cual debilita la transparencia, la seguridad, la participación y las libertades fundamentales.

En este sentido, una de las banderas que llevaron a obtener el triunfo del actual presidente de la República, fue la promesa de hacer un frente directo y puntual hacia los actos de corrupción que se llevan a cabo en nuestro país, como él ha dicho en innumerables ocasiones, barriendo como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo, y a pesar de que 19 meses que lleva la actual administración puede resultar un tiempo corto para evaluar dichas acciones, siempre es importante no dejar de mostrar lo que existe en cuanto a ello que nos permita apreciar la percepción de la comunidad en el tema.

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, (INEGI), presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) correspondiente al año 2019, cuyo propósito, es dar a conocer a la sociedad en general, la información obtenida sobre la evaluación que la población de 18 años y más otorga a los trámites, pagos, servicios públicos y otros contactos con autoridades, de acuerdo con su experiencia y así, aportar elementos que ayuden a la toma de decisiones de política pública en materia de calidad de los tres niveles de gobierno.

En este instrumento, entre otras, se busca generar estimaciones sobre la prevalencia de actos de corrupción, la percepción sobre el grado de confianza en las instituciones, así como generar estimaciones sobre el grado de interacción de la población con las autoridades gubernamentales a través de medios electrónicos, la cual se aplicó del 4 de noviembre al 20 de diciembre de 2019 en todas las entidades federativas en una muestra nacional de 46,000 viviendas

Como parte de los sectores en los que la población y su porcentaje perciben en mayor medida la corrupción, son, en ese orden: la policía, los partidos políticos, el Ministerio Público, la Cámara de Diputados y Senadores, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales.

En el otro extremo, los sectores que son percibidos con un menor grado de corrupción, son los Organismos Autónomos, el ejército y la Marina, las Escuelas Públicas de nivel básico, la Guardia Nacional y las Organizaciones No Gubernamentales.

No cabe duda de que a pesar de que la Educación Pública, a pesar de ser el de mayor alcance y contacto con la población, con sus más de 25 millones de estudiantes, más de 1’200,000 de docentes, que se distribuyen en 232,876 escuelas en todo el territorio nacional, el estar dentro de los servicios públicos con menor grado de corrupción, es un gran indicador del trabajo que día a día se realiza por parte del magisterio nacional. 

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Confianza y educación

En días pasados se dio a conocer, por parte del gobierno federal, de la emisión del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2020 – 2024, en el que se dan a conocer, tanto el diagnóstico, como las prioridades de la administración gubernamental en dicho sector.

La propuesta, parte de tres premisas básicas, ciertas a mi juicio, y que coinciden con la perspectiva en general del gobierno para implementar las políticas públicas en otras áreas de la administración pública como son: la corrupción, la corrección de un crecimiento económico que sólo ha beneficiado a pocas personas, el combate a las condiciones socioeconómicas de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y la reconstrucción del tejido social.

En este sentido, se establece que la finalidad del PSE 2020-2024 es contribuir a un nuevo modelo de desarrollo basado en el bienestar de las personas, a partir de garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación como catalizador para el logro de un desarrollo nacional sostenible, el cual intenta dar respuesta a los seis problemas públicos que identifica que se pueden resumir como: falta de oportunidades educativas, equitativas e inclusivas; falta de una educación de calidad para las y los estudiantes; falta de reconocimiento, formación y apoyo para el personal docente y directivo; la carencia de entornos favorables de las instituciones; el sedentarismo y falta de cultura física desde la primera infancia y la verticalidad y desarticulación de las decisiones públicas en materia educativa.

Como suele ser en los ejercicios de planeación estratégica de este tipo, a cada una de las problemáticas identificadas como fundamentales, se les asigna un Objetivo Prioritario (OP) y de ellos, se desprenden Estrategias Prioritarias (EP) y Acciones Puntuales (AP), dentro de los cuales, me gustaría destacar, por su importancia, lo establecido en el OP 3, que cuenta con 4 EP que se subdividen a su vez en 37 AP, ya que se refieren la formación inicial, la continua, los procesos de selección pertinentes para la admisión, promoción y reconocimiento, así como la evaluación diagnóstica que favorezcan el desarrollo profesional, así como el apoyo para la la gestión del personal docente, directivo y de supervisión en los centros educativos.

En el PSE, se habla entre otros, de temas que han sido poco más que retórica en los últimos años, del fortalecimiento de las escuelas normales, su autonomía de gestión, actualización de sus mallas curriculares, el diseño de un diagnóstico integral de las necesidades del magisterio, un sistema de promoción horizontal real y eficiente, que esperemos se conviertan -ahora si- en realidad.

Sin embargo, en el punto 3.4.7, se habla específicamente de apoyar el fortalecimiento de redes colaborativas de personal docente, directivo y de supervisión que faciliten el intercambio de experiencias en materia de gestión e innovación para la mejora continua de las escuelas, aspecto sin duda interesante, tomando en consideración de que todas las acciones efectuadas en el pasado, se han tomado a partir de la desconfianza, tomando decisiones verticales sobre sus necesidades y sin tomar consideración los saberes docentes y directivos que se construyen precisamente en el servicio y que son fundamentales para el fortalecimiento de la labor que día a día se realiza en los centros educativos.

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COVID 19 y Género

La experiencia generada a partir de las acciones relacionadas con la emergencia sanitaria, ha propiciado diferentes efectos de acuerdo con la actividad que cada persona desarrolle en su vida personal, familiar o profesional, así, la emergencia ha sido un parteaguas muy importante que nos permite visibilizar lo que realmente sucede detrás de lo que hemos denominado como nuestra “normalidad”.

La educación, como un ámbito netamente social, recibe, en todos los sentidos, los efectos de lo que sucede en la comunidad, de tal manera que la emergencia sanitaria no ha sido la excepción, así, como señala el documento de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) “Desigualdades educativas y la brecha digital en tiempos de Covid-19”,  entre los factores que condicionan el acceso a una enseñanza de calidad en línea son: la clase social, la raza, la etnia, el género, la ubicación geográfica y el tipo de institución a la que pertenecen los estudiantes.

De entre estos factores, uno de ellos, en donde se ha visibilizado dicha realidad, tiene que ver con las problemáticas y desequilibrios en materia de género, en donde claramente se ha trasladado el peso de muchas de las acciones dentro del confinamiento a la mujer, quien por “costumbre” y machismo, se constituye en el pilar de las principales acciones que se dan en el hogar.

De acuerdo con Javier Enrique Díez (2004: P.5), toda la historia humana desde sus inicios está marcada profundamente por el patriarcado. Todas las culturas, todas las civilizaciones, todas las organizaciones lo han sufrido de una forma o de otra, sin embargo, al normalizarse se mezcla con otro tipo de actividades y disminuye su aspecto evidente, por lo que, es a raíz de circunstancias especiales como es el caso de la emergencia sanitaria, en el que se hace por demás visible.

A mediados del mes de abril, la doctora Elizabeth Hannon, Directora Asistente en The British Journal for the Philosophy of Science, comentó públicamente en Twitter sobre una dramática disminución en la presencia de artículos enviados por académicas mujeres, el cual fue uno de los primeros llamados de atención sobre el particular, sin embargo, conforme pasa el tiempo, más se hace evidente, como es el caso de las Trabajadoras de la Educación, quienes han visto sobrecargadas sus actividades al intentar desarrollar sus actividades laborales desde el hogar.

Más allá de eso, llama poderosamente la atención en los datos duros que tiene a la vista del público en general la propia UNAM en el sitio “Datos duros sobre la violencia de género”, en donde se incrementó la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averiguaciones previas contra mujeres en más e un 13%, las llamadas de emergencia por violencia contra las mujeres en más de un 22% y en donde de acuerdo con la Red Nacional de Refugios A.C., se ha incrementado más de un 37% la violencia física contra ellas.

Vivimos en una sociedad compleja y en donde impera fuertemente el machismo y las actitudes de violencia y discriminación hacia la mujer, por lo que los tres niveles de gobiernos deben de establecer acciones afirmativas para su protección, es establezcan protocolos especiales para su defensa y sobre todo, cada una y cada uno de nosotros, aportar lo que esté de nuestra parte para visiibilizar el problema.

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El aporte del magisterio

De acuerdo con lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la tecnología ha demostrado ser una herramienta útil y necesaria para ayudar a garantizar que los gobiernos locales y regionales respondan en la primera línea de la emergencia, situación que se convirtió en el primer elemento de respaldo a las acciones gubernamentales generando una estrategia, que luego se convirtió en un proceso que en su conjunto se le denominó educación a distancia porque incluyó otros factores como cuadernillos impresos, radio, televisión, entre otros medios alternos para poder llegar al estudiantado.

Por otra parte, mucha tinta se ha trazado en los diferentes medios y redes sociales sobre las perspectivas negativas que tienen que ver con el alcance de dichas medidas sobre todo en los hogares de menores ingresos, que decir eso en nuestro país, equivale a casi la mitad de la población, con los efectos que ello tiene en el impacto del derecho a la educación de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

El derecho a la educación, el derecho a la información, al igual que el derecho al acceso a internet, son pieza fundamental si es que estamos ciertos que nuestro pais debe de transitar por caminos en los que dichos derechos se lleven a quienes más lo necesitan, sin embargo, el atraso y la falta de inversión en muchos años, hace que dicho planteamiento no se encuentre previsible en el corto o mediano plazos.

En este sentido, es necesario que se tome en consideración el esfuerzo desarrollado por el magisterio para generar, en un tiempo por demás breve, la adaptación que tuvo que hacer para migrar no solo al aprendizaje de tecnologías, en donde, una vez más, la capacitación docente, corre por su propia cuenta, sin embargo en esta ocasión, además, fue a costas de su propia persona, de su presupuesto y de sus pertenencias, puesto que para los diferentes niveles de gobierno, la forma más sencilla de resolverlo, fue pedirle que, a partir de que se dictaron las medidas de distanciamiento social, debería de contar con herramientas tecnológicas, con elementos para su aplicación, además de tener que aplicar otra serie de medidas al interior del hogar para resolver las problemáticas que surgieron a la par de tener que contar con aparatos para que el resto de las y los integrantes de la familia respondieran a la emergencia en el trabajo, escuela, etc.

En este sentido, vale la pena hacer un reconocimiento al esfuerzo desarrollado por el magisterio, que haciendo uso de sus equipos tecnológicos, buscando su capacitación, pagando su electricidad, su servicio de internet, su equipo y plan de servicio telefónico, adaptar el plan de estudios, exceder sus horas de trabajo, el estrés, etc. con lo que ha respondido y con la frente muy en alto a la emergencia, y que decir con lo que ha hecho para hacer llegar a quienes no cuentan con dicho servicio y se ha buscado hacer llegar para sostener el derecho a la educación que está establecido en nuestra legislación nacional.

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