En México, la escuela pública funciona muchas veces más por la voluntad de sus actores que por la eficacia del financiamiento público. – Carlos Ornelas
Las recientes declaraciones vertidas por la titular del poder ejecutivo en Veracruz, en el sentido de que desconocía que en las escuelas primarias públicas se solicitan cuotas a las familias, obligan a detenernos y mirar con mayor profundidad lo que realmente ocurre en los centros escolares de educación básica. No se trata de un asunto menor ni anecdótico, sino de una expresión clara de la distancia que existe entre el discurso normativo de la educación gratuita y la compleja realidad operativa que viven día a día las escuelas públicas en México.
Hace algunos años, durante una visita académica a la Escuela Normal Número 1 de Lenguas Vivas, en Buenos Aires, Argentina, la entonces rectora, la maestra Marcela Pelanda, me explicaba con naturalidad que ante cualquier desperfecto —un vidrio roto, una tubería dañada, un problema eléctrico— bastaba una llamada al Ministerio de Educación para que, en un plazo razonable, se atendiera la situación sin que la escuela tuviera que detener sus actividades ni distraer esfuerzos pedagógicos. Esa experiencia contrasta de manera contundente con lo que sucede en nuestro país, donde los centros escolares, aun siendo públicos, se ven obligados a resolver por cuenta propia gran parte de los problemas cotidianos que afectan su funcionamiento.
En México, el financiamiento de la educación pública se concentra de manera predominante en el pago de la nómina del personal docente y administrativo, que representa la mayor parte del presupuesto educativo. Los edificios escolares suelen entregarse con una infraestructura básica —aulas, mobiliario elemental, pizarrones, servicios de agua y electricidad— aunque persisten miles de escuelas que aún carecen de algunos de los servicios esenciales. Sin embargo, el gasto cotidiano de operación, aquel que garantiza que la escuela funcione todos los días, rara vez está cubierto de manera suficiente por el presupuesto público.
Los recibos de agua y electricidad continúan llegando puntualmente a las escuelas, muchas veces acumulando adeudos de miles o incluso decenas de miles de pesos, aun cuando el servicio no se interrumpe, pero ahí están como amenaza velada de que “algún día…”. A ello se suman los gastos de limpieza, mantenimiento menor, material de oficina, telefonía, internet, copias, papel higiénico, insumos didácticos y, en no pocos casos, la contratación de personal de apoyo. Estos costos no desaparecen por decreto ni por consigna política; simplemente se trasladan a las comunidades escolares.
Con base en estudios de México Evalúa, OCDE y UNESCO / SITEAL, puede afirmarse con sustento técnico que las familias mexicanas aportan a la educación pública entre 0.8% y 1.2% del PIB, a través de gastos directos e indirectos asociados a la escolarización. Ante esta realidad, las escuelas recurren de manera sistemática a las aportaciones de padres y madres de familia, así como a actividades organizadas en conjunto con el personal directivo y docente, como rifas, kermeses y eventos comunitarios de atracción de recursos. Estas prácticas no surgen por capricho ni por abuso, sino como mecanismos de supervivencia institucional para sostener el funcionamiento mínimo del centro educativo. La consecuencia es que la distancia entre la idea de una educación pública plenamente gratuita y la experiencia real de las familias se vuelve cada vez más evidente.
A ello se suma una carga silenciosa que recae directamente en el personal docente. No son pocos los maestros y maestras que, frente a la falta de recursos, cubren de su propio bolsillo copias para estudiantes, materiales didácticos, acceso a internet y el uso de su equipo telefónico o tecnológico. Todo esto ocurre mientras algunos padres, amparados en la afirmación de que la educación es gratuita, se desentienden de cualquier tipo de aportación, lo que profundiza las tensiones al interior de las comunidades escolares.
Cuando una autoridad gubernamental afirma desconocer esta situación, no solo evidencia una desconexión preocupante con la realidad de las escuelas, sino que invisibiliza el enorme esfuerzo económico y de gestión que realizan directivos, docentes y familias para mantener en pie el sistema educativo. Más allá del monto económico —que, acumulado, representa cifras significativas a nivel nacional— el costo más alto es el tiempo de gestión que se le arrebata a la labor pedagógica. Tiempo que debería destinarse al acompañamiento del aprendizaje y que se consume en trámites, solicitudes, gestiones y negociaciones para resolver lo elemental.
Reflexionar sobre este tema implica reconocer que la educación pública en México se sostiene sobre una línea muy delgada, en la que el discurso oficial de gratuidad convive con una práctica cotidiana marcada por la autogestión, la improvisación y el sacrificio personal. Mientras el sistema educativo, en su nivel central, se desentiende del día a día de las escuelas, son las comunidades escolares las que, con esfuerzo y creatividad, evitan que los “vidrios rotos” se conviertan en barreras insalvables para el aprendizaje. Reconocer esta realidad no es un acto de crítica gratuita, sino una condición indispensable para construir políticas educativas más honestas, responsables y verdaderamente comprometidas con el derecho a la educación. Porque la educación es el camino…














