El revés judicial a los aranceles de Trump y la disputa por el orden económico del siglo XXI

“El orden económico internacional liberal nunca fue automático ni irreversible; dependía de decisiones políticas y de equilibrios de poder.”— G. John Ikenberry, After Victory (2001).

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de frenar la aplicación unilateral de aranceles generales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no es un episodio aislado ni un simple litigio técnico. Es la expresión visible de una tensión estructural que recorre la política estadounidense desde hace casi una década: la disputa entre el poder ejecutivo y los límites institucionales en materia de comercio exterior, en un contexto donde la política comercial se ha convertido en herramienta de presión geopolítica. El fallo no sólo cuestiona la legalidad del mecanismo utilizado para imponer gravámenes amplios, sino que reabre el debate sobre quién define la política comercial en la mayor economía del mundo y bajo qué reglas.

Para entender la magnitud del momento es necesario retroceder a la primera oleada arancelaria de la administración Trump en 2017-2020, cuando la invocación de la “seguridad nacional” —a través de la Sección 232— y posteriormente la utilización expansiva de la IEEPA marcaron un giro respecto del consenso liberalizador que había predominado desde la posguerra. El argumento central fue que el déficit comercial y la dependencia manufacturera constituían amenazas estratégicas. La política arancelaria dejó de ser un instrumento técnico de ajuste y se convirtió en un componente identitario del proyecto político: protección como sinónimo de soberanía.

Sin embargo, la arquitectura constitucional estadounidense reserva al Congreso la facultad de regular el comercio exterior. A lo largo del siglo XX, el Legislativo delegó parcialmente esa atribución al Ejecutivo mediante leyes marco, bajo el entendido de que la flexibilidad era necesaria en un entorno global dinámico. La controversia actual surge cuando esa delegación es interpretada de manera amplia para justificar gravámenes generalizados, no dirigidos a países específicos ni vinculados a emergencias definidas, sino aplicados como política económica estructural. La Corte, al acotar esa interpretación, no sólo invalida un instrumento; redefine el alcance del poder presidencial en comercio internacional.

En términos sencillos, lo que está en juego es si el presidente puede imponer impuestos a las importaciones por decisión propia, amparándose en una emergencia económica, o si requiere respaldo legislativo explícito. La respuesta judicial inclina la balanza hacia el segundo supuesto. No obstante, la reacción de la Casa Blanca —anunciar un arancel del 10% por 150 días bajo otra disposición legal— revela que la disputa no termina con el fallo. Más bien se desplaza hacia otros fundamentos jurídicos, en una carrera contra el tiempo político.

El calendario es determinante. Con meses por delante antes de las elecciones legislativas y con un horizonte de gobierno que se acorta, la política arancelaria se convierte en herramienta de negociación interna y externa. Internamente, busca consolidar una base electoral que percibe la globalización como un factor de pérdida industrial. Externamente, funciona como mensaje de firmeza frente a socios y competidores. Pero la capacidad de sostener medidas amplias sin el aval del Congreso queda debilitada. La Corte introduce incertidumbre en la continuidad de una estrategia comercial basada en decisiones ejecutivas rápidas.

En el plano internacional, el fallo incide en el nuevo orden global en construcción. La tendencia dominante de los últimos años ha sido la fragmentación comercial: regionalización de cadenas de valor, relocalización productiva, subsidios estratégicos y uso de aranceles como instrumento de poder. Estados Unidos, China y la Unión Europea compiten por definir estándares tecnológicos y marcos regulatorios. En ese escenario, un límite judicial a la política arancelaria estadounidense puede interpretarse como un retorno parcial al institucionalismo liberal o, al menos, como una señal de que la política comercial no puede desligarse de los contrapesos internos.

Para México, el efecto es ambivalente. Por un lado, el freno a aranceles generales ofrece un respiro y refuerza la certidumbre jurídica del comercio trilateral bajo el T-MEC. Cerca del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos; la estabilidad normativa es un activo estratégico. Por otro lado, el anuncio de nuevos gravámenes temporales bajo otras secciones legales confirma que la volatilidad persiste. La política comercial estadounidense seguirá siendo un campo de experimentación jurídica y política.

La mención de posibles tratados bilaterales, en el contexto de una Canadá que explora activamente otros mercados y acuerdos paralelos, añade complejidad. Si la integración norteamericana deja de ser percibida como bloque cohesionado, el T-MEC podría enfrentar presiones de reinterpretación o renegociación. La lógica trilateral —que ha permitido a la región competir como plataforma integrada frente a Asia— podría fragmentarse en esquemas más flexibles, donde cada socio busque maximizar su margen de maniobra. Para México, esto implicaría recalibrar su estrategia: diversificar exportaciones sin debilitar el anclaje norteamericano.

En términos geopolíticos, la disputa arancelaria también dialoga con la rivalidad estructural entre Estados Unidos y China. Las restricciones comerciales no son sólo instrumentos económicos; son piezas de una arquitectura de poder que incluye tecnología, seguridad energética y control de cadenas críticas. Si la capacidad del Ejecutivo estadounidense para imponer aranceles amplios se ve acotada, la competencia estratégica podría desplazarse hacia subsidios industriales, controles de exportación y alianzas sectoriales. El comercio deja de ser exclusivamente comercio; se convierte en política industrial y seguridad nacional.

El fallo judicial, entonces, no elimina la lógica proteccionista; la reencuadra. Limita la vía rápida, pero no suprime la voluntad política. Para México, el desafío no es únicamente reaccionar a cada anuncio arancelario, sino anticipar escenarios: ¿qué ocurre si la revisión del T-MEC se contamina con debates internos estadounidenses? ¿Qué pasa si la presión electoral en Estados Unidos incentiva medidas comerciales simbólicas de corto plazo? ¿Está preparada la región para sostener una integración basada en reglas claras o se encamina hacia una negociación permanente?

En el futuro inmediato, la estabilidad dependerá menos de declaraciones y más de la arquitectura institucional. Si el Congreso asume un rol más activo en comercio exterior, podría generarse mayor previsibilidad. Si, por el contrario, la política comercial continúa siendo terreno de confrontación ejecutiva-judicial, la incertidumbre será la norma. Para México y Canadá, la lección es clara: fortalecer la competitividad interna, diversificar mercados y, al mismo tiempo, defender la integridad del acuerdo trilateral.

La geopolítica global atraviesa una fase de transición donde los instrumentos económicos se utilizan como armas estratégicas. El revés judicial a los aranceles de Trump es un episodio dentro de esa transformación mayor. Nos obliga a preguntarnos si asistimos a un ajuste temporal o al inicio de una redefinición más profunda del poder presidencial en materia comercial. ¿Puede Estados Unidos sostener liderazgo global con una política comercial sujeta a vaivenes internos? ¿Qué margen real tienen sus socios para planificar a mediano plazo? ¿Estamos ante el preludio de una regionalización más pragmática o frente a una etapa de fragmentación creciente?

Responder a estas interrogantes exige mirar más allá del titular. Lo ocurrido no es sólo un conflicto legal; es un síntoma de la disputa por el modelo económico del siglo XXI. Y en esa disputa, México no es espectador, sino actor cuyo futuro inmediato depende de la capacidad para leer con claridad las señales de un orden global que aún no termina de definirse. Porque comprender la realidad es el primer paso para decidir con responsabilidad…

La planeación escolar como práctica viva de reflexión colectiva

Cuando hablamos de planeación institucional en las escuelas, con frecuencia se le reduce a un documento técnico que debe cumplirse, entregarse y archivarse. Sin embargo, como bien lo plantea Carbonell (2001), el verdadero valor de la planeación no reside en el producto final, sino en el proceso que la hace posible: un ejercicio profundo de reflexión compartida, con base en la realidad, los sueños y las necesidades de quienes integran la comunidad educativa.

Para quienes ejercen la función directiva, esto es una invitación a cambiar el paradigma. Planear no es llenar formatos ni responder a lineamientos de forma mecánica. Es propiciar espacios de escucha, de análisis, de diálogo y de toma de decisiones compartidas que generen sentido colectivo. Es permitir que el equipo docente participe con voz propia, que el personal de apoyo se involucre desde su experiencia, y que la visión del centro escolar se construya desde una lógica de colaboración y compromiso auténtico.

Este proceso fortalece el trabajo del equipo directivo al articular propósitos comunes, mejora el clima escolar al disminuir tensiones y promover acuerdos claros, y genera mejores relaciones entre las y los actores escolares. Como consecuencia natural, se crean condiciones más propicias para el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, quienes se desarrollan mejor en un entorno donde se respira coherencia, respeto y dirección con sentido humano.

En tiempos donde la inmediatez y las tareas urgentes saturan la agenda, detenernos a reflexionar en colectivo sobre el rumbo que queremos construir es un acto profundamente transformador. Porque cuando la planeación nace de la comunidad escolar y vuelve a ella, se convierte en una brújula poderosa, no solo para cumplir metas, sino para caminar con propósito.

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Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann
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Fiscalizar para gobernar. La evaluación del gasto público como piedra angular del Estado de derecho

Cada año en México se anuncian obras con primeras piedras simbólicas, se cortan listones con discursos solemnes y se difunden cifras multimillonarias como prueba del compromiso gubernamental con el desarrollo. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego del poder público no está en la ceremonia inaugural sino en la revisión posterior de cómo, en qué y con qué resultados se ejercieron los recursos. El más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, dado a conocer en febrero de 2026, vuelve a recordarnos que la política pública no se mide por la espectacularidad del anuncio, sino por la solidez de la comprobación.

Los datos son contundentes. En el universo del gasto federalizado programable auditado, se identificaron 59,363.7 millones de pesos por aclarar, de los cuales 59.5% se concentró en gobiernos municipales. En términos prácticos, aproximadamente seis de cada diez pesos observados correspondieron al ámbito municipal. La cifra no es menor ni anecdótica: revela un patrón estructural de debilidad administrativa en el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. La ASF documentó que una proporción significativa de estos montos no acreditados obedece a falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto, lo que implica que no se pudo demostrar con claridad cómo y en qué se utilizaron los recursos públicos.

El caso de Cuajimalpa, con un posible desfalco o irregularidades por 1,088 millones de pesos, no debe leerse como un episodio aislado, sino como un síntoma de un sistema de control interno insuficiente. Lo mismo ocurre con los 7.3 millones de pesos pendientes de comprobar en el último año de vida del Instituto Nacional de Transparencia, o los 12.1 millones que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe justificar. Estas cifras, que podrían parecer menores frente al tamaño del presupuesto nacional, adquieren otra dimensión cuando se observan desde la óptica de la legalidad y la confianza institucional. No se trata únicamente del monto, sino del mensaje: cada peso sin aclarar erosiona la credibilidad del Estado.

Las herramientas de evaluación del ejercicio presupuestal son, en esencia, mecanismos técnicos de verificación. Incluyen auditorías de cumplimiento financiero, auditorías forenses, revisiones de desempeño y análisis de consistencia normativa. Su función es comprobar que el recurso fue comprometido, devengado, pagado y registrado conforme a la ley. No son instrumentos de persecución política, sino de garantía institucional. Permiten identificar desviaciones, inconsistencias contables, pagos indebidos, ausencia de documentación o incumplimiento de objetivos programáticos. En una democracia funcional, estas herramientas son tan relevantes como el propio presupuesto aprobado.

México ha avanzado en la construcción de un entramado normativo robusto en materia de fiscalización. La ASF cuenta con facultades constitucionales para revisar el uso de los recursos federales y emitir pliegos de observaciones, promover responsabilidades administrativas o dar vista a instancias penales cuando procede. Sin embargo, la cultura política nacional no ha evolucionado al mismo ritmo que el marco jurídico. Seguimos siendo una sociedad más atenta al anuncio que a la evaluación, más pendiente de la obra visible que del expediente contable. El informe de la Cuenta Pública, que debería ocupar un lugar central en la conversación pública, suele quedar relegado a notas especializadas.

Analizar el informe de la ASF implica comprender su dimensión estructural. Cuando se señala que 34,088 millones de pesos no acreditados se vinculan a falta de documentación justificativa, no se está hablando únicamente de papeles faltantes, sino de controles internos débiles, de procesos administrativos mal diseñados y de una cultura organizacional que no prioriza la trazabilidad del gasto. Cuando se detectan pagos en servicios personales sin autorización o discrepancias entre registros contables y estados financieros, el problema no es meramente técnico, es institucional. La ausencia de evidencia documental impide verificar la legalidad del acto administrativo y abre la puerta a la discrecionalidad.

Desde una perspectiva de política pública comparada, los sistemas de evaluación presupuestal cumplen tres funciones esenciales: previenen la corrupción, mejoran la eficiencia y fortalecen la legitimidad democrática. La prevención ocurre porque la posibilidad real de auditoría disuade conductas indebidas. La eficiencia se promueve al detectar duplicidades, sobrecostos o ineficiencias programáticas. La legitimidad se consolida cuando la ciudadanía percibe que existen mecanismos efectivos para exigir cuentas. En este sentido, la fiscalización no es un obstáculo para la acción gubernamental, sino una condición para su sostenibilidad.

La magnitud de los montos observados en 2024 debe analizarse también en relación con el volumen total del gasto federalizado y la dependencia financiera de municipios y entidades respecto de transferencias federales. En muchos municipios, más del 70% de sus ingresos provienen de recursos federales. Esto implica que la calidad del gasto local depende en gran medida de la capacidad administrativa para gestionar fondos etiquetados, cumplir reglas de operación y documentar adecuadamente su ejercicio. Sin profesionalización de tesorerías municipales, sin sistemas contables homologados y sin cultura de control interno, la opacidad se convierte en un riesgo permanente.

La discusión pública suele centrarse en la narrativa del escándalo: cuánto se perdió, quién es responsable, si habrá sanciones. Pero el análisis de fondo exige preguntarse por qué persisten las mismas debilidades año tras año. ¿Se trata de insuficiencia normativa, de falta de capacitación, de incentivos perversos o de tolerancia social a la opacidad? La respuesta probablemente combina todos estos factores. Lo que es indiscutible es que el informe de la ASF ofrece una radiografía precisa de las zonas grises del aparato estatal, y esa radiografía debe leerse con rigor técnico y responsabilidad cívica.

Promover una cultura de rendición de cuentas implica ir más allá de la sanción. Significa incorporar la evaluación como parte natural del ciclo presupuestal. Desde la planeación hasta el cierre contable, cada etapa debe estar acompañada de indicadores claros, metas verificables y mecanismos de seguimiento. Significa también que los medios de comunicación, las universidades y la sociedad civil asuman el informe de la Cuenta Pública como un insumo central para el debate nacional. No basta con indignarse ante cifras millonarias; es necesario comprender los procedimientos, las categorías contables y las implicaciones jurídicas.

El fortalecimiento del Estado de derecho pasa necesariamente por la consolidación de la fiscalización superior. Un país que inaugura obras con entusiasmo pero ignora los resultados de sus auditorías corre el riesgo de normalizar la opacidad. En cambio, un país que estudia sus informes, exige aclaraciones y valora la función técnica de sus órganos de control envía un mensaje inequívoco: el poder público está sometido a la ley. La verdadera ceremonia republicana no es el corte de listón, sino la presentación transparente de cuentas claras. Sólo así la administración pública deja de ser espectáculo y se convierte en institución.
Porque comprender la realidad es el primer paso para decidir con responsabilidad…

Therians y juventud contemporánea. Identidad, significado y desafíos

“La identidad ya no es algo que se descubre, sino algo que se construye y se reconstruye continuamente.” – Zygmunt Bauman

Últimamente se ha destacado en algunas redes sociales, cierta terminología relacionada con este tipo de personalidad identitaria que hace que nos preguntemos sobre a qué hacen referencia, lo que significa y de alguna manera cuáles son los elementos que impactan en nuestro derredor de acuerdo con la forma en cómo algunas personas, especialmente jóvenes se perciben y que ha generado una ola en algunos países de nuestra región.

El fenómeno denominado “therian” debe entenderse como una expresión cultural situada en el ecosistema digital contemporáneo, más que como un hecho aislado o una simple “moda”. Se inscribe en un contexto histórico en el que la identidad dejó de concebirse como algo fijo y heredado para convertirse en un proceso dinámico, narrado y compartido en tiempo real a través de plataformas sociales. En este sentido, más que centrarnos en la etiqueta, resulta pertinente analizar qué significa para quienes la adoptan y qué condiciones socioculturales hacen posible su expansión. Las redes sociales no solo amplifican prácticas, sino que proveen lenguaje, comunidad y reconocimiento simbólico; permiten que experiencias subjetivas que antes quedaban en el ámbito privado encuentren validación colectiva y visibilidad pública.

En términos de significado, la identificación therian suele articularse como una vivencia interna que combina elementos de autopercepción, imaginación simbólica y pertenencia comunitaria. Para algunos jóvenes, puede funcionar como narrativa organizadora de su experiencia, un modo de explicar sensaciones de diferencia o desconexión. En la adolescencia y juventud temprana —etapas caracterizadas por la búsqueda activa de identidad, pertenencia y diferenciación— estas narrativas pueden adquirir especial fuerza. La pregunta por “quién soy” se convierte en un eje central del desarrollo psicosocial, y las comunidades digitales ofrecen espacios donde ensayar respuestas, probar roles y explorar sentidos de sí mismo sin las restricciones inmediatas del entorno presencial.

Desde la perspectiva personal, el fenómeno puede tener efectos ambivalentes. Por un lado, puede ofrecer sensación de comunidad, reconocimiento y coherencia interna, lo cual contribuye a la autoestima y al sentido de pertenencia. Por otro, cuando la identidad se construye principalmente en entornos altamente performativos y comparativos, como las redes sociales, puede aumentar la dependencia del reconocimiento externo y la vulnerabilidad frente a la burla o el estigma. La exposición pública de prácticas o símbolos asociados a esta identidad puede generar hostilidad, aislamiento o conflictos interpersonales, especialmente en contextos donde la diferencia es poco tolerada. El punto crítico no es la etiqueta en sí misma, sino el impacto que tenga en el bienestar, la funcionalidad cotidiana y la capacidad de sostener relaciones saludables.

En el plano social, el fenómeno refleja tensiones más amplias de la cultura contemporánea. Por una parte, evidencia una creciente apertura a la diversidad identitaria y la posibilidad de que los jóvenes articulen narrativas no convencionales sobre sí mismos. Por otra, activa dinámicas de polarización y “pánico moral” cuando ciertos sectores interpretan estas expresiones como amenaza o síntoma de descomposición social. La circulación acelerada de información, rumores y exageraciones contribuye a distorsionar la comprensión del fenómeno, generando debates cargados de emocionalidad que muchas veces carecen de base empírica. Así, el caso therian se convierte en un espejo de cómo la sociedad procesa lo emergente: entre la fascinación, la preocupación y la desinformación.

En el ámbito educativo, el fenómeno interpela directamente a las instituciones escolares. No tanto por la identidad declarada, sino por los efectos que pueda tener en la convivencia, la atención en clase y el clima escolar. La escuela se enfrenta al desafío de distinguir entre identidad personal y conducta observable, regulando aquello que afecte la seguridad, el orden o el proceso de aprendizaje, sin convertir la diferencia en objeto de sanción automática. Además, abre una oportunidad pedagógica relevante: trabajar la alfabetización digital, la construcción de identidad en entornos virtuales, el pensamiento crítico frente a tendencias virales y el fortalecimiento de habilidades socioemocionales como la empatía y el respeto.

Finalmente, el análisis de este fenómeno invita a una reflexión más amplia sobre la juventud contemporánea. Las nuevas generaciones crecen en un entorno de hiperconectividad, exposición constante y multiplicidad de discursos identitarios. En ese escenario, explorar formas simbólicas de autodefinición puede ser parte del proceso natural de desarrollo. La tarea de la familia, la escuela y la sociedad no es reaccionar desde el alarmismo, sino comprender los significados subyacentes, acompañar los procesos personales con criterio profesional cuando sea necesario y fortalecer contextos educativos que promuevan identidad sólida, pensamiento crítico y bienestar integral. Más que juzgar etiquetas, el reto está en atender las necesidades humanas que estas expresiones buscan articular. Porque comprender la realidad es el primer paso para decidir con responsabilidad…

El lenguaje como herramienta clave de la función directiva escolar

Quienes asumen la función directiva en los centros escolares pronto descubren que no solo coordinan acciones o toman decisiones, sino que construyen sentido a través de la palabra. El modo en que se expresa una idea, se plantea una duda o se comparte una postura tiene un impacto directo en el equipo de trabajo, en el clima escolar y en la manera en que se vive el día a día dentro de la escuela. El lenguaje no es un adorno: es una herramienta que puede fortalecer o debilitar la confianza, abrir espacios de diálogo o cerrarlos de manera casi imperceptible.

En la función directiva, ciertas expresiones transmiten inseguridad, distanciamiento o falta de compromiso, aun cuando la intención sea positiva. Sustituirlas por formas de comunicación más claras, responsables y respetuosas permite generar un ambiente donde el intercambio de ideas fluye con mayor naturalidad. Hablar desde la experiencia, asumir con claridad una postura, proponer caminos posibles y mostrar disposición para escuchar favorece el fortalecimiento del trabajo directivo y del trabajo colaborativo entre compañeros de trabajo.

Cuando la persona que dirige cuida sus palabras, envía un mensaje potente al equipo: aquí se valora la participación, se reconoce el esfuerzo y se promueve la mejora continua desde el diálogo. Este tipo de comunicación reduce tensiones innecesarias, mejora las relaciones laborales y contribuye a un clima escolar más sano, donde las diferencias se abordan con respeto y apertura. A su vez, ese clima se refleja en las aulas, generando mejores condiciones para el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes.

La claridad al hablar, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, así como la capacidad de expresar acuerdos, dudas o desacuerdos de manera constructiva, son rasgos que distinguen a quienes ejercen la función directiva con conciencia de su impacto. Cuidar el lenguaje no implica rigidez, sino responsabilidad; no significa dureza, sino respeto por las personas y por la tarea educativa compartida.

La palabra, usada con intención y cuidado, se convierte así en un puente para fortalecer al equipo de trabajo, consolidar acuerdos y avanzar en la mejora del clima de aprendizaje. Por ello, reflexionar sobre cómo hablamos en los espacios colectivos no es un detalle menor, sino una práctica cotidiana que sostiene y transforma la vida escolar.

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann

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Planear en comunidad: más allá del documento

Una planeación escolar verdaderamente significativa no se mide por la extensión del documento final ni por la cantidad de formatos llenados. Su verdadero valor, como lo plantea Carbonell (2001), reside en el proceso de reflexión colectiva que la sustenta. Una escuela que se reúne, dialoga, se pregunta, analiza su realidad y traza rutas comunes, es una escuela que avanza con sentido.

Para quienes ejercen la función directiva, esto implica un cambio de enfoque radical: no basta con cumplir con los requerimientos administrativos. Se trata de impulsar un proceso que involucre a todos los actores educativos, que les dé voz y les permita reconocerse como parte activa de una comunidad que aprende. Esa reflexión conjunta es la que nutre los proyectos escolares, la que permite establecer prioridades auténticas y no impostadas, y la que conecta los propósitos institucionales con las necesidades reales de niñas, niños y adolescentes.

En este contexto, el liderazgo escolar no es sinónimo de dar instrucciones, sino de abrir caminos para que otros participen, propongan y se comprometan. Quienes dirigen una escuela deben facilitar estos espacios de encuentro y pensamiento compartido. Solo así se puede construir una cultura profesional sólida, basada en la corresponsabilidad, en el diálogo y en la confianza mutua. Y solo así se transforma verdaderamente el clima escolar, generando mejores relaciones laborales, una visión compartida y mejores condiciones para el aprendizaje.

La planeación entonces deja de ser un trámite para convertirse en una herramienta poderosa de transformación colectiva. Su valor no está en la forma, sino en el fondo: en cómo se construye y con quiénes se construye.

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La amabilidad como práctica que transforma la función directiva escolar

En la vida cotidiana de los centros escolares, la función directiva se expresa mucho más en los gestos diarios que en los discursos formales. Las palabras, las actitudes y las decisiones aparentemente pequeñas construyen —o deterioran— el sentido de pertenencia, la confianza y la disposición para trabajar de manera conjunta. Reconocer el esfuerzo de los compañeros de trabajo, aun cuando los resultados no sean perfectos, enviar un agradecimiento oportuno, interesarse genuinamente por cómo se encuentra la otra persona o anticiparse para ofrecer apoyo son acciones sencillas que fortalecen el trabajo directivo desde una perspectiva profundamente humana.

Cuando quien dirige se detiene a escuchar sin interrumpir, valida las ideas en espacios colectivos, recuerda momentos importantes de la vida personal de su equipo de trabajo o crea condiciones para que las voces más reservadas también sean escuchadas, se genera un clima escolar donde prevalece el respeto y la colaboración. Estas prácticas no requieren grandes recursos ni estructuras complejas; demandan sensibilidad, coherencia y una convicción clara de que las relaciones importan. En este sentido, la amabilidad deja de ser un rasgo accesorio para convertirse en una herramienta clave de mejora continua en la conducción escolar.

La función directiva, entendida así, se vincula directamente con la mejora del clima escolar y con relaciones laborales más sanas, donde el reconocimiento y el acompañamiento sustituyen la indiferencia o el desgaste. Este tipo de interacción repercute de manera directa en el clima de aprendizaje, pues un equipo que se siente valorado y escuchado transmite esa misma lógica a las aulas y a la relación con las niñas, niños y adolescentes. Dirigir desde la cercanía, el cuidado y la atención consciente no debilita la autoridad; por el contrario, la fortalece desde la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

Incorporar la amabilidad como práctica cotidiana en la función directiva implica comprender que cada palabra y cada gesto tienen un peso formativo. En la escuela, nada es neutro: las formas de relacionarse enseñan, modelan y dejan huella. Por ello, quienes asumen responsabilidades directivas tienen en sus manos una oportunidad constante de construir comunidades educativas más justas, colaborativas y emocionalmente seguras, donde el trabajo compartido se orienta al bienestar colectivo y al aprendizaje con sentido.

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann

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Tecnología, escuela y regulación. Una decisión social impostergable

“Lo que la Red parece estar haciendo es mermar mi capacidad de concentración y contemplación.” – Nicholas Carr

La regulación del uso de dispositivos móviles en las aulas no es solo un debate pedagógico, sino un fenómeno social que refleja cómo la cultura digital está transformando la experiencia educativa de niñas, niños y adolescentes. La reciente aprobación de la Ley 21.801 en Chile que restringe su uso durante actividades curriculares evidencia una respuesta institucional ante un cambio profundo, la presencia permanente de la tecnología en la vida cotidiana y su impacto en la atención, la convivencia y el aprendizaje.

Las aulas han dejado de ser espacios protegidos del ruido informativo. El teléfono móvil, diseñado para captar y retener la atención, compite con el discurso pedagógico, especialmente en edades donde el autocontrol aún se encuentra en desarrollo. Diversos estudios internacionales han mostrado altos niveles de distracción asociados al uso de dispositivos digitales en clase. No se trata solo de mirar la pantalla, sino de la fragmentación constante de la atención y la dificultad para sostener procesos cognitivos profundos.

Sin embargo, la tecnología también es herramienta, acceso al conocimiento e instrumento de inclusión cuando se usa con intención pedagógica clara. El dilema no es prohibir o permitir de forma absoluta, sino establecer marcos normativos coherentes que reconozcan su complejidad. La experiencia internacional muestra dos tendencias: prohibiciones amplias o regulaciones internas diferenciadas por edad y finalidad. En ambos casos, se asume que la neutralidad normativa ya no es sostenible.

Entre los aspectos positivos de estas medidas destaca la recuperación del tiempo de atención, el fortalecimiento de la interacción social directa y la reducción de conflictos asociados al uso inadecuado de redes sociales. Además, el Estado envía una señal clara: la escuela no puede subordinarse a la lógica del consumo digital. No obstante, existen riesgos. Una regulación rígida sin acompañamiento formativo puede generar tensiones, aumentar la carga docente o contradecir la formación en ciudadanía digital. En contextos de desigualdad, el celular es a veces el único dispositivo disponible.

En nuestro país, posponer este debate implica mantener disparidades entre escuelas y dejar a directivos y docentes sin respaldo normativo. La urgencia no radica en copiar modelos externos, sino en diseñar una política contextualizada que articule regulación, formación y acompañamiento familiar. Cada ciclo escolar sin lineamientos claros consolida hábitos de hiperconectividad difíciles de revertir.

La cuestión no es si la tecnología permanecerá en la escuela, sino bajo qué reglas convivirá con el proyecto educativo. Regular no es negar el progreso, sino proteger el desarrollo integral y el aprendizaje profundo antes de que el costo social sea mayor. Porque la educación es el camino…

La inteligencia emocional como cimiento de la función directiva escolar

En el ámbito escolar, dirigir no se limita a organizar tareas o coordinar acciones; implica, sobre todo, comprender a las personas y a uno mismo en contextos complejos, cambiantes y profundamente humanos. La inteligencia emocional se convierte así en un cimiento indispensable para quienes asumen la función directiva, ya que orienta la manera de escuchar, de hablar, de tomar decisiones y de acompañar a los compañeros de trabajo en su labor cotidiana. Reconocer errores con oportunidad, expresarse con claridad y sostener conversaciones honestas fortalece el trabajo directivo y genera confianza en el equipo de trabajo.

Ejercer la dirección desde esta perspectiva supone desarrollar una escucha atenta, capaz de abrir espacios para que las voces diversas sean consideradas, especialmente aquellas que suelen permanecer en silencio. También implica establecer límites claros con respeto, cuidar el tono con el que se comunican las decisiones y mantenerse presente en los momentos clave de la vida escolar. Estas prácticas favorecen la mejora del trabajo colaborativo y contribuyen a un clima escolar más sano, donde las relaciones laborales se basan en el respeto, la empatía y la corresponsabilidad.

La inteligencia emocional también permite afrontar la crítica como una oportunidad de aprendizaje, evitando reacciones impulsivas y promoviendo procesos de retroalimentación que ayudan a crecer de manera individual y colectiva. Cuando una persona directiva observa con atención las dinámicas del grupo, evita suposiciones apresuradas y mantiene una actitud de curiosidad y reflexión constante, se fortalece la cohesión del equipo y se construyen condiciones más favorables para la mejora del clima de aprendizaje.

En este sentido, la función directiva cobra un profundo sentido pedagógico: el modo en que se comunica, se escucha y se acompaña impacta directamente en el bienestar del personal y, de manera indirecta pero decisiva, en el ambiente en el que aprenden niñas, niños y adolescentes. Dirigir con inteligencia emocional es, en esencia, una forma de educar con el ejemplo y de cuidar a las personas que hacen posible la vida escolar.

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann

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Campañas sin campaña. La política permanente en el paisaje urbano

“La democracia no puede existir sin opinión pública; y la opinión pública no existe si no está formada.”- Giovanni Sartori

Hay algo profundamente elocuente en la escena cotidiana: no es año electoral, no hay convocatoria formal a campañas, la ley prohíbe actos anticipados; y, sin embargo, basta conducir unos minutos por cualquier avenida para encontrarse con bardas recién pintadas, espectaculares con sonrisas ensayadas, revistas “informativas” que circulan estratégicamente, brigadas juveniles “recorriendo colonias” y mensajes que, sin pedir el voto, construyen presencia, familiaridad y expectativa. La paradoja no es jurídica —porque la frontera legal está llena de matices— sino cultural: vivimos rodeados de campañas que no se llaman campaña, de candidaturas que no son candidatura y de posicionamientos que se presentan como servicio, informe o simple cercanía ciudadana.

El fenómeno no se explica por descuido institucional ni por ingenuidad ciudadana; se explica por la sofisticación de la comunicación política contemporánea. Hoy no es necesario decir “vota por mí” para activar una estrategia electoral. Basta con instalar el nombre, repetir el rostro, asociarlo a valores positivos, recorrer territorio con cámaras encendidas y difundir el material en múltiples plataformas. El mensaje no solicita sufragio; construye identidad. No convoca a la urna; se incrusta en el paisaje urbano. Así, la ciudad se convierte en un tablero de presencia permanente donde la promoción personal navega en la zona gris entre lo permitido y lo cuestionable.

Cuando observamos presidentes municipales, regidores, diputadas, senadores o funcionarios de los tres órdenes de gobierno en espectaculares que celebran “resultados”, “compromiso”, “cercanía” o “transformación”, el debate ya no es si informan —que pueden y deben informar— sino cómo esa información se diseña, se pauta y se distribuye. La comunicación institucional es legítima; la promoción personalizada con fines electorales no lo es. Sin embargo, en la práctica, la distinción se vuelve difusa: un informe puede adoptar estética de campaña; una revista puede operar como vehículo de posicionamiento; una jornada social puede convertirse en acto de proyección política. La ley regula la solicitud explícita del voto y la inequidad probada; la estrategia política aprende a evitar ambas cosas sin renunciar al objetivo central: instalarse en la mente colectiva antes de que el reloj electoral empiece a correr.

El resultado es una saturación visual que normaliza la presencia anticipada. Las bardas pintadas con nombres y consignas ambiguas, los “periódicos” gratuitos que destacan trayectorias, los grupos que “exploran a la ciudadanía para ver qué se ofrece” y documentan cada interacción en redes sociales, forman parte de una misma arquitectura comunicacional. No se trata de improvisación; es una estrategia de baja intensidad y alta constancia. Se construye familiaridad a través de la repetición. Se siembra percepción de liderazgo a través de la omnipresencia. Se proyecta inevitabilidad a través del volumen.

Lo inquietante no es sólo que ocurra, sino que se vuelva paisaje. La ciudadanía termina por mirar y seguir de largo. No necesariamente porque apruebe, sino porque se acostumbra. La repetición erosiona la capacidad de asombro. La ambigüedad reduce la posibilidad de denuncia clara. El cansancio cívico invita a la indiferencia. Y así, la ciudad se tapiza de rostros “encampañados sin querer hacer campaña”, mientras la conversación pública se desplaza del contenido al posicionamiento.

Hay, además, una dimensión simbólica: cuando la política se instala permanentemente en el espacio urbano como promoción personal, el mensaje implícito es que gobernar y promocionarse son actividades indistinguibles. El servicio público se confunde con marketing político. La gestión se comunica con códigos de publicidad. La deliberación democrática se reemplaza por la competencia por visibilidad. En ese entorno, quien logra mayor exposición consolida ventaja cognitiva, incluso antes de que exista competencia formal.

No se trata de negar el derecho a comunicar ni de cancelar la presencia pública de quienes ejercen cargos. Se trata de reflexionar sobre el equilibrio entre libertad de expresión, deber de informar y equidad electoral. Cuando la anticipación se vuelve permanente, la prohibición pierde fuerza simbólica. Cuando la promoción constante precede al periodo legal, el arranque formal de campaña deja de ser un punto de partida y se convierte en un trámite.

Tal vez la pregunta más profunda no sea por qué lo hacen —la lógica del poder busca siempre anticiparse— sino por qué lo toleramos como rutina. La democracia no sólo se sostiene en normas escritas; también en cultura cívica. Si normalizamos la campaña perpetua, convertimos la excepción en regla. Si reducimos la política a presencia y repetición, debilitamos el espacio para el debate sustantivo. Y si dejamos pasar de largo la saturación, terminamos aceptando que la competencia empieza mucho antes de que la ley diga que puede empezar.

En ese sentido, la imagen de ciudades cubiertas de nombres y sonrisas fuera de calendario no es un simple detalle urbano; es un síntoma. Un síntoma de cómo la comunicación política ha aprendido a moverse con precisión quirúrgica en los intersticios normativos, y de cómo la ciudadanía, entre la fatiga y la resignación, ha incorporado esa práctica como parte del paisaje. La reflexión pendiente no es sólo jurídica, sino ética y cultural: qué tipo de convivencia democrática queremos, y qué lugar ocupa en ella la promoción permanente disfrazada de información. Porque comprender la realidad es el primer paso para decidir con responsabilidad…

El tiempo como herramienta para dirigir con propósito

El liderazgo escolar no se mide por la cantidad de actividades realizadas en una jornada, sino por la capacidad de quienes dirigen para generar espacios que promuevan el aprendizaje colectivo, la reflexión pedagógica y la colaboración genuina. Hargreaves y Fullan (2012) nos recuerdan que el uso consciente del tiempo no es un lujo, sino una responsabilidad ineludible del trabajo directivo.

Administrar el tiempo con claridad de propósito es una decisión que transforma. Cuando una directora o director prioriza lo importante frente a lo urgente, abre la posibilidad de construir comunidades profesionales que aprenden juntas, que dialogan, que piensan, que mejoran. No se trata de llenar la agenda, sino de darle sentido: espacios para escuchar, para acompañar, para diseñar estrategias en equipo que respondan a las realidades de cada escuela.

En muchas ocasiones, las rutinas institucionales se convierten en obstáculos que nos arrastran a una lógica de inmediatez que desgasta y desconecta. Romper con esa lógica requiere liderazgo. Y requiere también una comprensión profunda del tiempo como un recurso que no se recupera, pero que bien empleado puede cambiar el rumbo de una comunidad educativa. Dedicar tiempo a pensar con otros, a sostener procesos, a compartir prácticas, a dar lugar a la voz de todos los actores escolares, es una inversión que rinde frutos en forma de mejor clima escolar, relaciones laborales más sanas y aprendizajes significativos para nuestras niñas, niños y adolescentes.

Por eso, el tiempo del directivo no solo es escaso: es valioso. Y su uso estratégico puede marcar la diferencia entre una escuela que sobrevive y una que florece. Reflexionar sobre esto es parte del compromiso ético con la educación.

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Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann
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El peso de las palabras en la función directiva escolar

En la vida escolar, la manera en que una persona directiva se expresa tiene un impacto profundo en la forma en que es percibida y, sobre todo, en cómo se construyen las relaciones dentro de la comunidad educativa. Las palabras no solo comunican ideas; transmiten seguridad, compromiso, apertura y responsabilidad. En el ejercicio cotidiano de la dirección escolar, el lenguaje puede fortalecer o debilitar la confianza del equipo de trabajo, influir en el clima escolar y marcar la pauta del ambiente en el que aprenden niñas, niños y adolescentes.

Cuando una persona que dirige evita expresiones dubitativas, evasivas o que deslindan responsabilidad, y opta por un lenguaje claro, respetuoso y propositivo, envía un mensaje potente: hay disposición para hacerse cargo, para acompañar procesos y para buscar caminos posibles ante las dificultades. Este tipo de comunicación favorece la mejora continua, ya que invita al diálogo, a la corresponsabilidad y al fortalecimiento del trabajo directivo desde una lógica de colaboración y no de imposición.

En el ámbito escolar, hablar con claridad y coherencia también implica cuidar la forma en que se abordan los desacuerdos, los errores y los retos cotidianos. Expresarse desde la serenidad, la escucha y la búsqueda de soluciones compartidas contribuye a la mejora del trabajo colaborativo y a relaciones laborales más sanas. Ello repercute directamente en la mejora del clima de aprendizaje, pues un equipo que se siente escuchado y respaldado genera mejores condiciones para acompañar a los estudiantes.

Asumir la función directiva con conciencia del peso del lenguaje significa entender que cada palabra educa, modela y orienta. Decir lo que se piensa con respeto, explicar las razones detrás de las decisiones y mostrar apertura a la retroalimentación fortalece la credibilidad y consolida un liderazgo coherente con los valores educativos. De esta manera, la dirección escolar se convierte en un referente que inspira confianza, compromiso y sentido de pertenencia en toda la comunidad.

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann

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El trabajo en equipo transforma personas, comunidades y escuelas

Una escuela no se transforma desde la imposición ni desde el aislamiento. Se transforma desde la colaboración profunda, genuina y cotidiana. El trabajo en equipo no solo permite que se alcancen mejores resultados: tiene la capacidad de humanizar las relaciones laborales, de fortalecer a quienes participan en él, y de sostener a las instituciones educativas en contextos de alta complejidad. Tal como lo afirma Michael Fullan (2001), las escuelas que cultivan y sostienen el trabajo en equipo mejoran, crecen y se revitalizan.

Para quienes desempeñan la función directiva, entender esto es clave. No basta con delegar tareas ni con dividir funciones: se trata de crear espacios donde cada integrante del colectivo docente se sienta escuchado, valorado y partícipe de un propósito común. Impulsar el trabajo en equipo implica también cuidar las emociones, promover el diálogo, resolver conflictos de forma constructiva y generar condiciones que hagan posible la cooperación cotidiana.

El trabajo en equipo no se decreta, se construye. Y su impacto va mucho más allá de los indicadores institucionales: transforma a las personas. Porque cuando colaboramos con sentido, cuando aprendemos unos de otros y cuando enfrentamos juntos los desafíos de la escuela, crecemos profesionalmente y también como seres humanos. Esto, a su vez, tiene una repercusión directa en la vida escolar: mejora el ambiente laboral, fortalece el compromiso, da estabilidad a los proyectos y permite crear entornos más seguros y estimulantes para el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes.

Quienes dirigen deben ser facilitadores de esta cultura de colaboración. No como una técnica, sino como una convicción ética y pedagógica que pone en el centro el bienestar colectivo y el derecho de todas y todos a aprender y enseñar en condiciones dignas. Porque una escuela que colabora, es una escuela que cuida. Y una escuela que cuida, es una escuela que transforma.

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La amabilidad como práctica cotidiana en la dirección escolar

En la vida escolar, los pequeños gestos tienen un impacto profundo cuando quien dirige los convierte en parte de su práctica diaria. La función directiva no se ejerce únicamente a través de decisiones formales, sino en la manera en que se acompaña, se reconoce y se cuida a las personas que conforman la comunidad educativa. La amabilidad, entendida como una actitud consciente y constante, se transforma en una fuerza que fortalece el trabajo directivo y da sentido humano a la escuela.

Reconocer de forma clara el esfuerzo de los compañeros de trabajo, ofrecer apoyo antes de que sea solicitado o cuidar lo que se dice de alguien cuando no está presente son acciones que construyen confianza. Cuando la persona que dirige comparte recursos, tiempo y atención, demuestra que la mejora en el trabajo colaborativo no se decreta, sino que se cultiva con el ejemplo. Estas prácticas generan un ambiente donde cada integrante se siente visto, escuchado y valorado.

Dar espacio a las voces más silenciosas, acompañar en momentos difíciles o interesarse genuinamente por cómo se encuentra el otro favorece la mejora del clima escolar. En estos entornos, el diálogo sustituye a la imposición y la colaboración se vuelve una experiencia cotidiana. La dirección escolar que actúa con amabilidad entiende que el fortalecimiento del trabajo directivo pasa por relaciones sanas, basadas en el respeto y la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

Este tipo de liderazgo tiene un efecto directo en la mejora del clima de aprendizaje. Las niñas, niños y adolescentes observan cómo los adultos resuelven tensiones, se apoyan y se tratan con dignidad, y aprenden que la convivencia es parte esencial de la vida escolar. Una escuela donde la amabilidad es práctica habitual se convierte en un espacio más seguro, más humano y más propicio para aprender.

Dirigir con amabilidad no es un acto aislado, es una forma de estar presente en la escuela. Es elegir, día a día, acciones sencillas que transforman al equipo de trabajo y fortalecen la comunidad educativa desde dentro.

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann

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La agenda no es una lista de pendientes, es una herramienta de liderazgo

En el ejercicio directivo, el tiempo no solo es escaso: es valioso, simbólico y determinante. La manera en que se organiza, se invierte y se comparte dice mucho del tipo de liderazgo que se ejerce. Como bien señala Fullan (2001), la agenda de quien dirige no debe convertirse en una trampa de actividades urgentes, sino en una brújula que permita orientar con claridad los esfuerzos hacia aquello que tiene verdadero impacto en la vida escolar.

Muchas veces, la rutina, la presión administrativa o las emergencias cotidianas desdibujan el propósito central de dirigir: acompañar, escuchar, fortalecer procesos, construir comunidad. Cuando todo parece urgente, nada es importante. Por ello, es crucial aprender a jerarquizar, a decir que no con claridad, a priorizar lo pedagógico, lo humano y lo colectivo.

Para quienes ejercen la función directiva, esto no se trata solo de un asunto de organización personal. Se trata de un compromiso ético con el tiempo de otros: el del equipo docente, el de las familias, el de las niñas, niños y adolescentes. Un liderazgo que hace del tiempo una herramienta estratégica es también un liderazgo que inspira, que acompaña con sentido y que construye confianza.

Dirigir con intención implica dedicar tiempo a lo esencial: observar el aula, generar espacios de conversación, impulsar la colaboración, pensar juntos cómo mejorar lo que hacemos. Es en esos momentos donde se siembra la semilla del cambio, se fortalecen los vínculos laborales y se transforma de fondo el clima de la escuela. Porque cuando el tiempo se utiliza para dialogar, aprender y crecer juntos, mejora también el entorno para el aprendizaje de quienes más nos importan: nuestras y nuestros estudiantes.

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