“La igualdad de acceso ya no basta; hoy el problema central de la escuela es la calidad de la experiencia educativa.” François Dubet
Durante décadas, el Sistema Educativo Nacional mexicano se estructuró bajo una lógica de expansión. El crecimiento acelerado de la población infantil y juvenil, particularmente a partir de mediados del siglo XX, obligó al Estado a priorizar la cobertura, la construcción de escuelas, la contratación masiva de personal docente y la ampliación de servicios educativos en todos los niveles. Esa política respondió a una realidad demográfica concreta y cumplió una función histórica indiscutible: garantizar el acceso a la educación como derecho social básico. Sin embargo, la realidad demográfica que hoy enfrenta el país es profundamente distinta, y persistir en la misma lógica de planeación constituye no solo un error técnico, sino una omisión política frente al derecho a una educación de calidad para niñas, niños y adolescentes.
El descenso de la natalidad en México no es un fenómeno reciente ni inesperado. Desde finales de los años sesenta, la transición demográfica comenzó a modificar de manera sostenida el tamaño y la composición de las cohortes en edad escolar. La reducción progresiva de la tasa global de fecundidad, el aumento de la escolaridad femenina, la urbanización, los cambios en los proyectos de vida familiar y las condiciones económicas han configurado un escenario en el que cada generación es numéricamente menor que la anterior. Durante años, el impacto de este proceso quedó amortiguado por la inercia poblacional y por el crecimiento acumulado de cohortes previas, pero hoy se expresa de manera clara en la disminución de la matrícula, especialmente en educación básica.
Este contexto explica por qué la baja en la inscripción escolar no puede leerse, de manera simplista, como deserción, abandono o fracaso institucional. Confundir un fenómeno estructural de carácter demográfico con un problema de eficiencia escolar revela una comprensión limitada del proceso educativo y una peligrosa subordinación del análisis pedagógico a criterios meramente administrativos. Las cifras nacionales y las comparaciones internacionales muestran que México sigue teniendo grupos numerosos, con promedios de alumnos por docente que superan con creces los estándares de los países de la OCDE. Aun con menos nacimientos, el sistema continúa operando con aulas saturadas, especialmente en primaria, secundaria y educación media superior, lo que evidencia que el problema no es la “falta de alumnos”, sino la persistencia de un modelo de organización escolar diseñado para la expansión, no para la calidad.
En este marco, resultan particularmente reveladoras las declaraciones de autoridades educativas estatales que celebran o normalizan prácticas como la búsqueda de alumnado “casa por casa” o que definen la formación docente como una opción “no rentable” debido a la disminución de plazas. Estas posturas, más que diagnósticos pedagógicos, expresan una visión tecnocrática que concibe a la educación como un sistema de costos, ajustes de plantilla y balances administrativos. Bajo esta lógica, el alumno deja de ser sujeto de derecho y el docente se convierte en una variable de ajuste presupuestal, subordinada a criterios de eficiencia económica antes que a necesidades educativas reales.
El problema de fondo no es la existencia de áreas de planeación y administración, indispensables en cualquier sistema educativo complejo, sino el lugar hegemónico que han ocupado en la toma de decisiones, desplazando la comprensión pedagógica, social y territorial de la educación. La tecnocracia educativa tiende a leer el descenso de la matrícula como un riesgo financiero o laboral, cuando en realidad representa una oportunidad histórica para transformar el sistema: reducir el tamaño de los grupos, fortalecer la atención personalizada, consolidar equipos docentes estables, invertir en formación continua y mejorar de manera sustantiva las condiciones de enseñanza y aprendizaje.
Los países que hoy exhiben sistemas educativos de alta calidad no lo lograron únicamente por mayores recursos, sino por haber sabido transitar, en su momento, de políticas de expansión a políticas de consolidación y mejora. Menos estudiantes por grupo, mayor acompañamiento docente, infraestructura adecuada y una planeación educativa basada en el conocimiento profundo de la dinámica poblacional son rasgos comunes de esos sistemas. México, paradójicamente, cuenta ahora con condiciones demográficas que podrían facilitar ese tránsito, pero insiste en abordarlas desde una lógica defensiva, centrada en la contención del gasto y el reordenamiento administrativo.
Persistir en este enfoque implica un doble riesgo. Por un lado, se desperdicia la posibilidad de mejorar la calidad educativa en un momento clave del desarrollo nacional. Por otro, se vulnera el derecho a la educación al reducirlo a un problema de cupo, matrícula o rentabilidad laboral, invisibilizando las desigualdades territoriales, las necesidades específicas de comunidades rurales, indígenas y marginadas, y la obligación del Estado de garantizar condiciones dignas de aprendizaje para todos.
El descenso de la natalidad no debería ser el pretexto para debilitar al sistema educativo, sino el detonante para repensarlo. Exige una planeación distinta, menos obsesionada con la expansión cuantitativa y más comprometida con la calidad, la equidad y el sentido social de la educación. Implica escuchar menos a la tecnocracia instalada en los escritorios de planeación y más a quienes habitan cotidianamente las escuelas: docentes, directivos, estudiantes y comunidades. Solo así será posible comprender el fenómeno educativo en su complejidad histórica y social, y honrar, de manera efectiva, el derecho irrestricto a la educación de las niñas, niños y adolescentes de México.














