PISA no reprueba escuelas: exhibe políticas

Los nuevos resultados de PISA que se acaban de publicar, obligan a México a mirar algo más profundo que una tabla de posiciones. PISA no es una boleta escolar, ni una sentencia contra maestras, maestros o planteles concretos. Es una evaluación internacional aplicada a jóvenes de 15 años para saber qué tanto pueden usar lo que han aprendido en lectura, matemáticas y ciencias ante problemas de la vida real. Por eso su valor no está en alimentar polémicas, sino en mostrar si las políticas educativas de un país están produciendo aprendizaje, equidad y capacidades para vivir en un mundo complejo.

El informe PISA 2025 confirma una caída global preocupante. Participaron más de 760 mil estudiantes de 91 países y economías, representando a unos 33 millones de jóvenes de 15 años. La OCDE reporta que el desempeño promedio alcanzó sus niveles más bajos registrados en las tres áreas centrales: ciencias, lectura y matemáticas. En ciencias, foco de esta edición, el promedio OCDE fue de 482 puntos; en matemáticas, 463; y en lectura, 461. Los mejores desempeños volvieron a concentrarse en sistemas asiáticos como las jurisdicciones chinas de Beijing, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang, así como Singapur, junto con países como Japón, Corea, Estonia y Reino Unido entre los sistemas destacados OCDE, PISA 2025.

México aparece en esa misma tendencia descendente, pero con una gravedad propia. Obtuvo 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias. Es decir, quedó por debajo de los promedios de la OCDE en las tres áreas. Frente a 2022, matemáticas y lectura bajaron siete puntos, mientras ciencias tuvo una ligera recuperación de cuatro puntos, insuficiente para cambiar el diagnóstico estructural El País. El dato más delicado no es solo el puntaje, sino lo que significa: una proporción muy amplia de adolescentes mexicanos llega a los 15 años sin dominar competencias básicas para interpretar información, resolver problemas cotidianos, argumentar con evidencia o aplicar conocimiento científico elemental.

Sería cómodo decir que México cayó porque el mundo cayó. Pero sería falso quedarse ahí. La caída global existe, marcada por los efectos prolongados de la pandemia, la fragilidad lectora, las distracciones digitales, el deterioro de hábitos de estudio y la desigualdad. Sin embargo, México arrastra 25 años de advertencias, diagnósticos, reformas y contrarreformas que no han construido una política sostenida de aprendizaje. PISA, desde el año 2000, le ha dicho al país casi lo mismo de distintas maneras: hay bajos desempeños, fuerte peso de la desigualdad, debilidad en matemáticas, rezagos lectores, pocos estudiantes de alto rendimiento y una escuela que incluye más, pero no logra enseñar lo suficiente a quienes históricamente llegaron en desventaja.

Antes de 2018, México cometió errores profundos. El primero fue confundir evaluación con mejora. Se multiplicaron mediciones, pruebas, rankings y discursos sobre calidad, pero no siempre se tradujeron en acompañamiento pedagógico real dentro de las escuelas. ENLACE, por ejemplo, terminó en muchos casos convertida en presión administrativa, entrenamiento para el examen y competencia de resultados, más que en una herramienta seria para transformar prácticas de enseñanza. El segundo error fue construir reformas desde arriba, con exceso de lógica normativa y poca comprensión de la vida escolar. La reforma de 2013 acertó al colocar el mérito, el ingreso docente y la rectoría del Estado en el debate, pero falló al permitir que la evaluación fuera percibida como castigo antes que como desarrollo profesional. Se evaluó al magisterio más de lo que se le acompañó.

También antes de 2018 se subestimó la dirección escolar. Se habló de calidad, competencias, autonomía y profesionalización, pero México nunca consolidó una carrera directiva robusta, con formación seria, selección pertinente, acompañamiento, tiempo para liderar el aprendizaje y condiciones reales de gestión pedagógica. Los informes dieron pistas claras: fortalecer docentes, atender desigualdades, intervenir temprano en lectura y matemáticas, focalizar apoyos, mejorar el clima escolar, profesionalizar directivos, cuidar la transición secundaria-bachillerato. El país leyó muchas veces esos reportes como noticia de temporada, no como agenda de Estado.

Desde 2018 para acá, los errores cambiaron de lenguaje, pero no de fondo. Se rechazó la reforma anterior con razón en algunos excesos, pero se debilitó la institucionalidad técnica que permitía observar el sistema con mayor independencia. La desaparición del INEE y su sustitución por un organismo con menor peso público redujo la fuerza de la evaluación como contrapeso técnico. Después vino la pandemia, y México no construyó una estrategia nacional suficientemente clara, sostenida y verificable para recuperar aprendizajes. Hubo esfuerzos locales y docentes valiosos, pero faltó una política pública de gran escala: diagnóstico preciso, tutorías intensivas, materiales graduados, seguimiento por escuela, apoyo socioemocional y metas transparentes.

La Nueva Escuela Mexicana abrió una conversación necesaria sobre comunidad, justicia social y sentido humanista de la educación. Pero su implementación ha padecido un problema serio: mucho discurso curricular y poca ingeniería pedagógica. Cambiar libros, planes y enfoques no garantiza aprendizaje si no se acompaña con formación docente profunda, materiales claros, tiempo de apropiación, evaluación formativa, liderazgo directivo y seguimiento técnico. En educación, las intenciones no sustituyen las capacidades instaladas. Y México ha sido experto en anunciar transformaciones sin asegurar las condiciones para que lleguen completas al aula.

La coincidencia entre el periodo anterior y el actual es evidente: ambos han usado la educación como territorio de disputa política. Unos con la bandera de la calidad y la evaluación; otros con la bandera de la transformación y la justicia social. Pero ambos han fallado cuando el centro debía ser el aprendizaje concreto de niñas, niños y adolescentes. PISA no recomienda copiar modelos extranjeros ni arrodillarse ante la OCDE. Recomienda mirar evidencia, comparar sistemas, identificar brechas, aprender de políticas que funcionan y sostener decisiones más allá del sexenio.

Lo que México debe hacer no es dramático, pero sí exige seriedad: recuperar una evaluación nacional confiable y pública; convertir los resultados en apoyo pedagógico, no en estigma; fortalecer lectura, matemáticas y ciencias desde primaria; profesionalizar la función directiva; formar docentes con base en problemas reales de enseñanza; sostener tutorías para estudiantes rezagados; invertir en infraestructura y materiales; regular inteligentemente el uso de tecnología; y construir una política de recuperación de aprendizajes con metas verificables.

PISA no reprueba a las escuelas mexicanas. Señala que las políticas educativas no han estado a la altura de lo que el país promete. La pregunta seria no es quién tiene la culpa, sino cuánto tiempo más aceptaremos que cada generación de estudiantes pague el costo de nuestra discontinuidad. Si el interés verdadero es el aprendizaje, México debe dejar de usar PISA como arma discursiva y empezar a tratarlo como lo que es: un espejo incómodo, imperfecto, pero útil, de las decisiones que sí hemos tomado y, sobre todo, de las que seguimos aplazando. Porque la educación es el camino…

PISA 2022. ¿Qué nos deja?

El maestro no puede cambiar el contexto social de sus alumnos, pero puede cambiar la relación que ellos establecen con el conocimiento y con ellos mismos.» Emilia Ferreiro

En el año 2022, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó un informe basado en los resultados de la evaluación PISA, en el cual se analizó no solo el desempeño académico de estudiantes de 15 años en distintos países, sino también sus aspiraciones futuras respecto a la educación universitaria. Este informe añadió una dimensión crucial al debate educativo: la influencia determinante del contexto social y económico sobre las expectativas académicas, superando incluso el peso del rendimiento escolar.

Lejos de asumir que el talento y el esfuerzo bastan para garantizar un futuro educativo sólido, los datos revelan una desigualdad profunda que atraviesa a los sistemas escolares de muchos países: el origen socioeconómico condiciona, a menudo de forma silenciosa, la forma en que los jóvenes visualizan su porvenir académico.

Los hallazgos más reveladores señalan que los estudiantes con buen rendimiento académico pero provenientes de entornos desfavorecidos tienen, en promedio, 22 puntos porcentuales menos de probabilidades de anticipar que completarán estudios universitarios en comparación con sus pares favorecidos. Esta diferencia se agrava en ciertos países donde la brecha supera los 30 puntos porcentuales, lo que da cuenta de una fractura social que no se manifiesta únicamente en los niveles de ingreso o acceso a recursos materiales, sino también en las aspiraciones, en la confianza personal y en la construcción de proyectos de vida. Por otro lado, resulta aún más inquietante que estudiantes con bajo rendimiento académico pero que pertenecen a familias con alto nivel económico, educativo y cultural, tengan más expectativas de llegar a la universidad que aquellos con alto rendimiento de sectores marginados. Esta paradoja desafía la noción meritocrática en la que muchos modelos educativos se sustentan, y plantea interrogantes de fondo sobre el verdadero sentido de la equidad educativa.

Sin embargo, en este panorama marcado por profundas desigualdades, surge un actor clave que, en muchas ocasiones, no recibe el valor ni el reconocimiento que merece: la escuela. Es precisamente en los centros educativos donde se libran batallas diarias por equilibrar lo que el entorno familiar o social no garantiza. Docentes, directores, orientadores y personal de apoyo enfrentan no solo los desafíos pedagógicos propios del currículo, sino también las cargas emocionales, culturales y sociales que sus estudiantes traen consigo. Su trabajo va más allá de la transmisión de conocimientos: se trata de generar condiciones para que cada estudiante, sin importar su punto de partida, pueda reconocerse como alguien capaz de construir un proyecto de vida digno, autónomo y ambicioso.

El informe también muestra que los estudiantes que participan en actividades de planificación de carrera o exploración vocacional desarrollan aspiraciones académicas más altas. Esto sugiere que intervenir a tiempo puede ser decisivo. Y cuando estas acciones se multiplican y se sistematizan dentro de una cultura institucional centrada en el acompañamiento, la inclusión y el reconocimiento de las potencialidades de cada estudiante, el efecto puede ser transformador, tanto para el individuo como para su entorno familiar y comunitario.

Este tipo de evidencias no deben conducir a la resignación, sino a la acción. Si el contexto pesa tanto o más que el talento, entonces corresponde a todos —familias, gobiernos, comunidades y sociedad civil— reforzar y proteger ese entorno que puede marcar la diferencia: la escuela. No hay otra institución que lo logre con tanta cercanía, impacto y profundidad. Porque la educación es el camino…

Docente y Abogado.

Doctor en Gerencia Pública y Política Social

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