“¿Qué son realmente capaces de hacer y de ser las personas? ¿Qué oportunidades reales tienen a su disposición?”— Martha C. Nussbaum

Hablar de juventud debería significar hablar de posibilidades: estudiar, adquirir capacidades, incorporarse al trabajo, obtener ingresos propios y construir progresivamente un proyecto de vida. Sin embargo, en América Latina estas posibilidades continúan distribuyéndose de manera profundamente desigual. Una proporción importante de jóvenes de entre 15 y 24 años se encuentra fuera del sistema educativo y del empleo, pero el fenómeno adquiere una dimensión todavía más preocupante cuando se observa desde la perspectiva de género. En prácticamente todos los países analizados por organismos regionales, la proporción de mujeres jóvenes en esta condición supera a la de los hombres.

México reproduce esta tendencia. Los datos disponibles muestran que alrededor de una quinta parte de las mujeres jóvenes se encuentra fuera de la educación y del empleo, mientras que entre los hombres la proporción es considerablemente menor. La diferencia no puede reducirse a una supuesta falta de interés por estudiar o trabajar. Detrás aparecen pobreza, responsabilidades familiares, desigual distribución de los cuidados, maternidad temprana, condiciones territoriales, dificultades de movilidad, insuficiente correspondencia entre educación y mercado laboral y una estructura social que continúa asignando a las mujeres una parte desproporcionada del trabajo doméstico no remunerado.

Conviene, por ello, cuestionar la conocida expresión de jóvenes que “ni estudian ni trabajan”. Una parte importante de las mujeres incluidas en esa categoría trabaja intensamente dentro del hogar: cuida hijos, hermanos, personas enfermas o adultos mayores; prepara alimentos, limpia y mantiene una parte sustancial de la organización familiar. El problema no es necesariamente la inactividad, sino que ese trabajo permanece fuera de la economía remunerada y reduce las posibilidades de disponer de tiempo para estudiar, capacitarse o incorporarse al empleo.

Frente a esta problemática sería incorrecto sostener que México no ha realizado esfuerzos. Durante los últimos años se han instrumentado programas de gran escala dirigidos precisamente a disminuir algunas de estas barreras. Uno de los más relevantes es Jóvenes Construyendo el Futuro, mediante el cual personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan reciben capacitación en centros laborales, apoyo económico y cobertura médica. Desde su creación, el programa ha atendido a más de 3.5 millones de jóvenes y alrededor de seis de cada diez participantes han sido mujeres. Para 2026 se estableció una meta de atención de medio millón de personas, con una inversión superior a los 25 mil millones de pesos.

Este esfuerzo resulta significativo porque permite adquirir experiencia laboral a jóvenes que tradicionalmente enfrentaban una de las paradojas más frecuentes del mercado: se les exige experiencia para acceder al primer empleo, pero difícilmente pueden adquirirla si nadie les ofrece esa primera oportunidad. La autoridad laboral ha reportado que una proporción importante de quienes concluyen el programa logra posteriormente incorporarse a alguna actividad productiva. Sin embargo, el reto de evaluación permanece: no basta conocer cuántos jóvenes participaron; es indispensable saber cuántos consiguieron después un empleo formal, cuánto tiempo permanecieron en él, qué ingresos obtuvieron y si experimentaron una verdadera movilidad laboral.

En educación también existen esfuerzos relevantes. La Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior alcanzó durante el ciclo 2025-2026 a más de cuatro millones de estudiantes. La magnitud es importante porque el costo de permanecer en la escuela continúa siendo una causa de abandono para muchos hogares. Las transferencias pueden disminuir la presión económica inmediata y permitir que adolescentes y jóvenes continúen estudiando. Sin embargo, una beca por sí sola no resuelve problemas de transporte, alimentación, conectividad, inseguridad, necesidad de trabajar o responsabilidades de cuidado.

Los datos educativos permiten dimensionar todavía el desafío. En educación media superior, el abandono escolar continúa afectando aproximadamente a uno de cada diez estudiantes, mientras que la eficiencia terminal permanece lejos de representar la totalidad de quienes ingresan. Esto significa que México ha avanzado en cobertura, pero todavía enfrenta dificultades para conseguir que todos los jóvenes permanezcan y concluyan el bachillerato. De ahí la importancia de estrategias recientes orientadas a localizar y reincorporar estudiantes que abandonaron las aulas. El cambio conceptual resulta valioso: ya no esperar pasivamente a que el joven regrese, sino identificarlo, conocer las razones de su ausencia y construir condiciones para su retorno.

Otro componente indispensable es la política de cuidados. México ha comenzado a reconocer que cuidar no puede seguir considerándose exclusivamente una responsabilidad privada de las familias. Para 2026 se incorporó un anexo presupuestario específico relacionado con cuidados, que permite identificar recursos federales por más de 460 mil millones de pesos vinculados con este ámbito. El reconocimiento presupuestario constituye un avance, pero todavía debe convertirse en una red suficiente de servicios de cuidado infantil, atención de personas mayores, discapacidad y dependencia.

Éste es uno de los puntos centrales para comprender la brecha entre mujeres y hombres. Una joven puede recibir una beca, pero abandonar los estudios porque no tiene con quién dejar a su hijo. Puede participar en un programa laboral y, sin embargo, rechazar una oportunidad porque debe cuidar a un familiar. Cuando ocurre esto, la dificultad no es simplemente educativa o laboral: es una consecuencia de cómo se distribuye socialmente el tiempo.

El gran desafío para México consiste ahora en pasar de programas importantes pero relativamente separados hacia una política pública articulada de trayectorias juveniles. La Federación puede establecer derechos, financiar becas, organizar programas laborales, desarrollar políticas de seguridad social y avanzar en la construcción de un sistema nacional de cuidados. Pero los gobiernos estatales deben convertir esas políticas generales en estrategias vinculadas con las características concretas de cada territorio.

Aquí adquiere importancia el federalismo. No enfrenta las mismas oportunidades una joven de Ciudad de México que otra de una comunidad rural de Chiapas, Chihuahua, Guerrero o Oaxaca. Cada entidad posee una estructura productiva, condiciones de movilidad, oferta educativa y necesidades de formación distintas. Los gobiernos estatales deberían construir diagnósticos que relacionen abandono escolar, desempleo juvenil, informalidad, embarazo adolescente, disponibilidad de servicios de cuidado, estructura económica y demanda laboral.

Los municipios, por su parte, pueden convertirse en el nivel de gobierno con mayor capacidad para identificar tempranamente las necesidades. Son quienes pueden saber qué colonia carece de transporte, dónde se concentra el abandono escolar, qué empresas requieren trabajadores, qué comunidad necesita servicios de cuidado o qué jóvenes podrían reincorporarse a la educación. Su capacidad financiera suele ser limitada, pero su proximidad territorial constituye una ventaja estratégica.

La coordinación de los tres niveles de gobierno permitiría superar uno de los principales problemas de la política pública mexicana: la fragmentación. Una persona joven no vive sus problemas divididos por dependencias gubernamentales. No distingue entre educación, empleo, cuidados, movilidad o desarrollo social. Vive una sola trayectoria. Por ello, la intervención pública debería organizarse también alrededor de esa trayectoria.

Esto obliga igualmente a mejorar la evaluación. El éxito de una beca no debería medirse únicamente por el número de beneficiarios, sino por la permanencia, conclusión y continuidad educativa. El éxito de un programa laboral no debería limitarse al número de jóvenes atendidos, sino incluir la permanencia en empleos formales, el crecimiento salarial y la movilidad profesional. Y la política de cuidados deberá evaluarse por su capacidad para liberar tiempo, aumentar la participación laboral femenina y reducir desigualdades.

México no parte de cero. Existen programas de gran escala, inversiones importantes y una creciente conciencia institucional sobre la necesidad de intervenir en educación, trabajo y cuidados. Sin embargo, las piezas todavía deben integrarse. El siguiente paso no consiste necesariamente en crear más programas, sino en conseguir que los existentes dialoguen entre sí y acompañen las trayectorias completas de las personas.

La verdadera medida de una política de juventud no será cuántos jóvenes estuvieron inscritos en un padrón, sino cuántos lograron transformar sostenidamente su vida. Y la verdadera medida de una política de igualdad no será únicamente cuánto presupuesto se destinó a las mujeres, sino cuántas pudieron recuperar tiempo, educación, ingresos, autonomía y capacidad real para decidir su futuro. Ahí se encuentra el puente que los tres niveles de gobierno deben construir si México pretende cerrar brechas y convertir el potencial de sus juventudes en una auténtica fuerza de desarrollo social. Porque la educación es el camino…