“La educación es el punto en el que decidimos si amamos lo bastante al mundo para asumir responsabilidad por él.” – Hannah Arendt.

La consulta impulsada por la Secretaría de Educación Pública sobre el uso y regulación de dispositivos digitales en educación básica llega en un momento necesario. No aparece en el vacío ni responde únicamente a una preocupación pasajera por los teléfonos móviles; surge después de años en los que la escuela mexicana ha vivido una relación ambivalente con la tecnología. Durante la pandemia, los dispositivos fueron puente, aula improvisada y posibilidad de continuidad educativa. Después, en el regreso pleno a la presencialidad, muchos de esos mismos dispositivos comenzaron a mostrar otra cara: distracción permanente, debilitamiento de la convivencia, conflictos originados en redes sociales y una presión creciente sobre maestras y maestros que deben enseñar en medio de la economía de la atención.

El antecedente inmediato es claro: la SEP anunció una consulta nacional a maestras y maestros de educación básica durante la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, antes del ciclo escolar 2026-2027, para conocer la experiencia docente antes de definir una política nacional sobre celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas. La propia autoridad federal señaló que el tema ya tenía regulaciones parciales en diversas entidades del país, lo que hacía necesario abrir una conversación más amplia, informada y con participación del magisterio.

Los hallazgos difundidos por la SEP son reveladores. Participaron 565,396 figuras educativas; 81% manifestó estar de acuerdo con una regulación nacional de dispositivos digitales; 94.7% coincidió en la necesidad de establecer criterios sobre edad de uso de dispositivos, y 95.7% sobre edad de ingreso a redes sociales. Además, 87.4% consideró pertinente que cada escuela defina criterios de uso con base en su contexto y necesidades. No se trata, entonces, de una demanda simple de prohibición, sino de una solicitud de orden, claridad y corresponsabilidad.

La información también muestra la presencia cotidiana de estos dispositivos en la vida escolar: 40% reporta que las y los estudiantes llevan celular a la escuela y 24% reloj inteligente. Los espacios de mayor uso aparecen asociados al recreo, la entrada y la salida, es decir, a momentos que no siempre se miran como pedagógicos, pero que forman parte decisiva de la convivencia escolar. Ahí se construyen vínculos, se resuelven tensiones, se aprende a estar con otros. Si el dispositivo ocupa por completo esos espacios, la escuela pierde una parte silenciosa pero fundamental de su tarea formativa.

Los datos sobre los efectos percibidos merecen especial atención: 48% de los maestros señaló que el uso de dispositivos dificulta mantener la atención; 38% identificó interrupciones en las actividades escolares; 34% observó abandono de momentos de convivencia, y 38.7% reportó conflictos iniciados en redes sociales que continuaron dentro de la escuela. Este último dato es particularmente importante porque muestra que el problema no se queda en la pantalla. Lo digital entra al aula con nombre, rostro, emociones, exclusiones, burlas, capturas, rumores y tensiones que terminan afectando el clima escolar.

La evidencia internacional ayuda a comprender mejor el problema. La UNESCO ha planteado que la tecnología en clase debe utilizarse solo cuando apoye claramente los resultados de aprendizaje, incluido el uso de teléfonos inteligentes. La OCDE, con base en PISA 2022, advierte que el uso moderado de dispositivos con fines de aprendizaje puede asociarse con mejores resultados, pero el uso recreativo durante la jornada escolar se relaciona con mayor distracción, menor desempeño y menor sentido de pertenencia. La conclusión no es que toda tecnología dañe, sino que la tecnología sin intención pedagógica compite contra la escuela.

Por eso, la regulación no debe entenderse como nostalgia por una escuela sin pantallas, sino como una oportunidad para recuperar la centralidad del aprendizaje. Regular significa definir cuándo, cómo, para qué y bajo qué condiciones se usa un dispositivo. Significa distinguir entre una búsqueda guiada por el docente y una navegación impulsiva; entre una actividad de investigación y una cadena de notificaciones; entre una herramienta de inclusión y un factor de desigualdad; entre el derecho a aprender y la captura comercial de la atención infantil.

De los hallazgos se desprenden varias líneas de acción. La primera es construir protocolos escolares claros, sencillos y formativos. No basta con decir “se permite” o “se prohíbe”. Las escuelas necesitan criterios sobre resguardo, uso autorizado, excepciones por salud o discapacidad, comunicación con familias, actuación ante ciberacoso, manejo de evidencias digitales, conflictos originados en redes y medidas proporcionales cuando se incumplan los acuerdos. Que 51% proponga protocolos para atender situaciones de riesgo confirma que el magisterio no pide ocurrencias, sino herramientas institucionales.

La segunda línea es fortalecer la alfabetización digital crítica. Niñas, niños y adolescentes no solo deben aprender a usar dispositivos, sino a comprender cómo operan las plataformas, cómo se captura su atención, cómo se protege la privacidad, cómo se verifica información, cómo se convive en entornos digitales y cómo se evita que una interacción en línea escale hacia violencia escolar. La regulación, si se queda en control, será frágil; si se convierte en formación, tendrá sentido educativo.

La tercera línea corresponde al trabajo docente. Los dispositivos pueden aprovecharse cuando están integrados a una secuencia didáctica clara: búsqueda de información confiable, lectura comparada de fuentes, producción audiovisual breve, evaluación formativa, registro de experimentos, resolución colaborativa de problemas, accesibilidad para estudiantes con necesidades específicas y comunicación académica organizada. Pero para ello las maestras y maestros requieren formación, criterios, tiempo y respaldo directivo. Pedirles que enfrenten solos el impacto de las plataformas sería injusto y poco realista.

La cuarta línea es reconocer la diversidad de contextos. No es lo mismo una escuela urbana con conectividad amplia que una escuela rural donde el celular puede ser el único acceso digital disponible. No es igual primaria que secundaria. Tampoco es igual el uso de un dispositivo personal que el de tecnología institucional con supervisión pedagógica. Por eso resulta valioso que una mayoría considere que cada escuela debe ajustar criterios conforme a su realidad. La política nacional debe dar piso común, pero no cancelar la inteligencia contextual de las comunidades escolares.

El desafío de fondo es cultural. La escuela mexicana no puede competir con las plataformas usando solo prohibiciones, porque las plataformas están diseñadas para retener la atención. Pero tampoco puede rendirse ante ellas. Necesita formar hábitos de presencia, escucha, conversación, estudio profundo y convivencia. En un tiempo donde todo parece urgente, la escuela debe defender el derecho de las niñas, niños y adolescentes a concentrarse, a equivocarse sin exhibición pública, a convivir sin mediación constante de una pantalla y a aprender con tecnologías que sirvan al conocimiento, no que lo sustituyan.

La consulta de la SEP abre una puerta importante. Si sus resultados se traducen en lineamientos claros, protocolos pertinentes, formación docente y corresponsabilidad familiar, México puede avanzar hacia una regulación inteligente: una que no demonice la tecnología, pero que tampoco ignore sus efectos. La pregunta no es si los celulares deben entrar o salir de la escuela. La pregunta verdaderamente educativa es qué tipo de escuela queremos construir frente a ellos: una escuela distraída por la pantalla o una escuela capaz de enseñar a mirar el mundo con criterio, humanidad y propósito. Porque la educación es el camino…