La eventual desaparición de la USICAMM no puede entenderse solamente como el cierre de una oficina administrativa. En realidad, expresa el agotamiento de una forma de relacionar al Estado mexicano con el magisterio nacional en materia de ingreso, promoción, movilidad, reconocimiento y ascenso profesional. Durante años, miles de maestras y maestros han enfrentado procesos que, aunque en el discurso prometían transparencia y orden, en la práctica fueron percibidos como lejanos, burocráticos, poco claros y, muchas veces, insuficientemente sensibles a la realidad de las escuelas. Por eso, el debate no debe reducirse a si desaparece o no una sigla, sino a qué tipo de sistema profesional docente necesita México para garantizar justicia laboral, transparencia pública y mejora educativa.

En los últimos veinticinco años, el país ha transitado por distintos modelos sin lograr una solución plenamente legítima. Carrera Magisterial buscó reconocer el desempeño mediante estímulos económicos, pero terminó siendo cuestionada por su impacto desigual y por no traducirse necesariamente en mejores aprendizajes. Después vinieron los concursos de oposición impulsados desde la Alianza por la Calidad de la Educación, con la intención de reducir la discrecionalidad en la asignación de plazas. Más tarde, la reforma de 2013 colocó la evaluación docente en el centro del Servicio Profesional Docente, pero lo hizo bajo una lógica que una parte importante del magisterio sintió como punitiva y amenazante para su estabilidad laboral. En 2019, la USICAMM apareció como una alternativa que prometía revalorizar a maestras y maestros, pero su operación acumuló inconformidades por plataformas deficientes, criterios confusos, listados poco explicados, retrasos, falta de respuestas oportunas y una sensación permanente de trato impersonal.

Ese recorrido deja una lección fundamental: ningún sistema de carrera docente puede sostenerse si carece de legitimidad entre quienes lo viven directamente. La transparencia no se decreta; se demuestra. La justicia laboral no se anuncia; se experimenta en trámites claros, calendarios cumplidos, criterios verificables y respuestas fundadas. El mérito profesional no puede reducirse a un examen, pero tampoco puede sustituirse por arreglos discrecionales. El reto está precisamente ahí: construir un mecanismo que supere la burocracia sin regresar al reparto opaco de plazas, que reconozca la experiencia sin cancelar la formación, que valore la antigüedad sin desconocer la preparación, y que incorpore la voz docente sin convertir la carrera profesional en una negociación cerrada entre cúpulas.

Lo que sustituya a la USICAMM tendría que ser algo más que una nueva unidad dentro de la SEP. Debería concebirse como un Sistema Nacional de Desarrollo y Carrera Profesional Docente, con una arquitectura legal clara, una plataforma pública robusta, participación magisterial real, responsabilidad federal y operación coordinada con las entidades federativas. Su propósito no debería limitarse a asignar plazas, sino ordenar de manera integral el ingreso al servicio, la promoción vertical, la promoción horizontal, la movilidad, los reconocimientos, la formación continua, el acompañamiento profesional y la carrera directiva. En otras palabras, el nuevo sistema debe dejar de ver la trayectoria docente como una serie de trámites aislados y comenzar a entenderla como una carrera profesional con derechos, responsabilidades y oportunidades de desarrollo.

Uno de sus principios centrales tendría que ser la claridad. Cada maestra y maestro debe saber, antes de participar en cualquier proceso, cuáles son las vacantes reales, cuáles son los criterios de valoración, cómo se ponderan la antigüedad, la formación, la experiencia, el contexto de trabajo y los resultados profesionales, cuándo se publican los listados, cómo se asignan los espacios y qué recursos existen para inconformarse. No puede haber reglas que cambian a mitad del camino ni convocatorias que abran expectativas imposibles de cumplir. La certeza jurídica es una forma de respeto al magisterio.

Otro principio indispensable es la transparencia verificable. No basta con publicar resultados generales; el nuevo sistema debe permitir rastrear cada plaza, cada promoción, cada cambio de adscripción y cada reconocimiento. Debe existir un padrón nacional de plazas actualizado, con información pública sobre vacantes disponibles, horas, nombramientos temporales, necesidades por nivel educativo, modalidad y región. La información debe presentarse de manera accesible, no escondida en documentos técnicos incomprensibles. Además, tendría que haber auditorías periódicas, mecanismos externos de revisión y reportes anuales sobre tiempos de respuesta, quejas, asignaciones, recursos presupuestales y brechas entre estados.

La suficiencia presupuestal es otro punto ineludible. Un sistema de carrera docente sin dinero suficiente termina administrando frustración. Si se abre una promoción horizontal, debe existir presupuesto para sostenerla. Si se ofrecen reconocimientos, deben estar financieramente respaldados. Si se pretende fortalecer la movilidad, se necesita claridad sobre plazas disponibles y condiciones administrativas para hacerla posible. Si se quiere profesionalizar la función directiva, deben financiarse procesos de formación, inducción y acompañamiento. La carrera docente no puede depender de bolsas limitadas que generan competencia permanente por beneficios escasos. El reconocimiento profesional debe formar parte de una política pública sostenida, no de una convocatoria ocasional.

El nuevo modelo también tendría que corregir una omisión histórica: la dirección escolar. México ha tratado durante mucho tiempo la promoción a funciones directivas como un ascenso administrativo, cuando en realidad se trata de una función profesional especializada. Dirigir una escuela implica liderazgo pedagógico, gestión institucional, acompañamiento docente, construcción de comunidad, atención a conflictos, interpretación normativa, uso de información y toma de decisiones en contextos complejos. Por ello, el sistema que sustituya a la USICAMM debería crear una verdadera carrera directiva, con formación previa, procesos de selección pertinentes, tutoría inicial, acompañamiento durante los primeros años, evaluación formativa y redes profesionales de apoyo. Sin directores fortalecidos, cualquier política educativa llega debilitada a la escuela.

La participación docente debe ser real, pero cuidadosamente diseñada. Las maestras y los maestros deben participar en la construcción, evaluación y mejora del sistema, no solo responder cuestionarios simbólicos. Pueden existir consejos consultivos con representación de docentes frente a grupo, directivos, supervisores, normales, universidades pedagógicas, autoridades estatales, especialistas y organizaciones sindicales. Sin embargo, esa participación debe darse bajo reglas públicas, con actas, criterios y responsabilidades claras. La representación no debe convertirse en captura. La voz del magisterio es indispensable, pero el sistema debe protegerse de cualquier forma de clientelismo, favoritismo o negociación opaca.

También es necesario que el nuevo sistema reconozca la diversidad del país. No es lo mismo ejercer la docencia en una escuela urbana de organización completa que en una comunidad rural, indígena, multigrado, migrante o de alta marginación. Los criterios de carrera profesional deben incorporar el contexto, no para bajar estándares, sino para hacer justicia a condiciones de trabajo profundamente desiguales. Servir en zonas de difícil acceso, sostener escuelas con carencias, asumir tareas directivas sin nombramiento formal o trabajar en contextos de alta vulnerabilidad debe ser reconocido de manera clara y presupuestalmente respaldada.

La desaparición de la USICAMM puede convertirse en una oportunidad histórica si el país evita dos errores. El primero sería conservar la misma burocracia con otro nombre. El segundo sería regresar a prácticas discrecionales que el sistema educativo ya conoce y que tanto daño hicieron a la confianza pública. Lo que debe venir después necesita equilibrio: reglas firmes, trato humano, información abierta, presupuesto suficiente, participación docente, respeto a derechos laborales y orientación pedagógica. El magisterio nacional no necesita un sistema que lo persiga ni uno que simule reconocerlo. Necesita una institución que le dé certeza, que valore su trayectoria, que ordene con justicia las oportunidades profesionales y que coloque a la escuela pública en el centro de la decisión. Solo así la sustitución de la USICAMM podrá ser algo más que una respuesta coyuntural: podrá convertirse en una apuesta seria por la dignidad docente y por el derecho de niñas, niños y adolescentes a tener mejores condiciones educativas. Porque la educación es el camino…