“Quienes poseen el mismo talento y capacidad deben tener las mismas perspectivas de éxito, independientemente de su clase social de origen”- John Rawls

La controversia en torno al examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México no puede reducirse a una discusión sobre trampas, inteligencia artificial o fallas tecnológicas. Lo que está en juego es mucho más profundo: la confianza en las instituciones, la igualdad de oportunidades, el derecho a la educación y la capacidad de nuestro país para responder a las aspiraciones de cientos de miles de jóvenes. La crisis actual ha colocado a la UNAM frente a una prueba decisiva, pero también ha colocado a la sociedad mexicana frente a su propio espejo.

La aplicación en línea del examen pretendía modernizar el proceso, reducir costos y facilitar la participación de aspirantes provenientes de distintas regiones. Sin embargo, las sospechas sobre apoyos externos, uso de inteligencia artificial, suplantaciones, fallas de vigilancia y resultados estadísticamente atípicos abrieron una fractura en la credibilidad del concurso. Si una persona obtuvo una ventaja indebida, desplazó potencialmente a otra que se preparó durante meses o años. Pero si una institución cancela resultados únicamente por una alerta tecnológica o por una anomalía estadística, también puede cometer una injusticia contra quien actuó honestamente. Entre el fraude y la acusación sin pruebas existe un espacio delicado que sólo puede resolverse con investigación, transparencia y debido proceso.

La tecnología no es neutral ni infalible. Un navegador seguro puede controlar una computadora, pero no necesariamente todo lo que sucede alrededor. Una cámara puede registrar movimientos, pero no comprender siempre sus causas. Un algoritmo puede señalar comportamientos extraños, aunque no puede determinar por sí mismo la culpabilidad de una persona. El verdadero problema aparece cuando se deposita una confianza excesiva en herramientas tecnológicas sin contar con mecanismos suficientes de auditoría, revisión humana y defensa para quienes resulten señalados. La innovación puede mejorar los procesos, pero cuando decide sobre la vida de miles de jóvenes debe estar acompañada de reglas claras y responsabilidades precisas.

También debemos observar la desigualdad previa al examen. No todos los aspirantes llegan en las mismas condiciones. Algunos cuentan con computadora propia, conexión estable, espacio privado, cursos de preparación y apoyo familiar. Otros estudian y trabajan, comparten dispositivos, viven en lugares con conectividad deficiente o provienen de escuelas con carencias acumuladas. Presentar el mismo examen no significa competir en igualdad. La prueba mide conocimientos, pero también refleja las oportunidades educativas, económicas y culturales que cada persona recibió antes de llegar a ella.

A ello se suma la enorme diferencia entre el número de aspirantes y los lugares disponibles. El examen no genera la escasez; simplemente la administra. Cuando decenas de miles de jóvenes compiten por unos cuantos miles de espacios, uno o dos aciertos pueden modificar por completo una trayectoria de vida. En ese contexto, la admisión deja de ser únicamente una evaluación académica y se convierte en una competencia por oportunidades que el país no ha sido capaz de ampliar suficientemente. La pregunta no debería ser sólo quién merece ingresar, sino por qué México continúa ofreciendo tan pocos lugares frente a una demanda social creciente.

La discusión también obliga a revisar las distintas vías de ingreso. Mientras algunos estudiantes acceden mediante pase reglamentado, otros deben participar en un concurso altamente competitivo. Existen razones históricas e institucionales para mantener estos mecanismos, pero también es legítimo preguntarse si producen condiciones equitativas. No se trata de enfrentar a estudiantes internos contra externos, sino de analizar con evidencia quiénes ingresan, de qué contextos provienen, cómo permanecen y qué resultados obtienen.

Lo ocurrido debe importarnos porque la UNAM no es una institución cualquiera. Su legitimidad influye en la confianza hacia la educación pública y hacia el Estado mismo. Si el acceso a una universidad nacional parece manipulable, opaco o vulnerable, se debilita la convicción de que el esfuerzo y las reglas comunes pueden ofrecer oportunidades reales. Cuando la juventud deja de creer en la imparcialidad de las instituciones, crece el desencanto, la desconfianza y la percepción de que todo puede comprarse, negociarse o burlarse.

También debe importarnos porque esta crisis anticipa problemas que pronto alcanzarán otros espacios. Los exámenes remotos, la biometría, la vigilancia automatizada y la inteligencia artificial se utilizarán cada vez más en universidades, certificaciones, concursos laborales y trámites gubernamentales. ¿Quién audita esos sistemas? ¿Quién responde cuando fallan? ¿Qué derechos tiene una persona acusada por un algoritmo? ¿Cómo se protegen los datos personales? ¿Hasta dónde debe permitirse que empresas privadas participen en decisiones públicas de alto impacto?

Como sociedad debemos preguntarnos qué papel desempeñamos en la construcción del problema. ¿Por qué hemos normalizado que obtener una educación universitaria pública sea una carrera de obstáculos? ¿Por qué aceptamos que las oportunidades dependan tanto del lugar de nacimiento, del ingreso familiar o de la escuela de procedencia? ¿Qué responsabilidad tienen las familias cuando buscan atajos o pagan servicios que prometen resultados fraudulentos? ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones cuando digitalizan procesos sin informar suficientemente sus riesgos? ¿Qué responsabilidad tienen los gobiernos cuando exigen mayor cobertura sin garantizar presupuesto, infraestructura y personal académico?

La salida inmediata requiere investigar con rigor, proteger a quienes actuaron honestamente, escuchar a las personas afectadas y sancionar a quienes organizaron o vendieron mecanismos de fraude. Pero la solución de fondo exige algo más: ampliar la educación superior pública, fortalecer universidades estatales, crear sedes regionales de aplicación, mejorar la conectividad, diseñar evaluaciones más justas y establecer reglas estrictas para el uso de inteligencia artificial.

La crisis del examen de la UNAM no será resuelta únicamente repitiendo o validando una prueba. Se resolverá cuando se reconstruya la confianza y cuando el país reconozca que el verdadero desafío no consiste en seleccionar con mayor precisión a quienes deben quedar fuera, sino en crear más oportunidades para que nadie quede excluido únicamente porque el sistema no tuvo espacio suficiente. Porque la educación es el camino…