A partir de que inicia el presente mes de diciembre y de cara a las elecciones del próximo año, reviste especial importancia el hacer un balance de los pros y contras que se han dado en cada uno de los espacios en que se han desarrollado las decisiones en el ámbito público del actual gobierno federal.

Más allá de la avalancha mediática que viviremos en los próximos meses en donde, a decir del Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México Diego Valadez, viviremos tal vez la peor tormenta de spots políticos que tengamos memoria con más de cincuenta millones, en donde muchos de ellos vendrán de la publicidad oficial, conviene revisar los datos duros que nos ofrece la realidad.

Un aspecto primario tiene que ver con la distribución de plazas en educación básica en donde, aparte de la opacidad con que se han ocultado, distribuido y aplicado los recursos en las entidades federativas –bajo una normatividad legal que lo permite y estimula-, en donde, además, se presenta un problema en la asignación de puestos directivos, la falta del acompañamiento que por ley debe de darse a las y los maestros nóveles porque no se les ha pagado quienes debieran fungir como tutores y la falta de pago que raya en más de medio año y algunos casos más de un año de quienes han cubierto su labor en los grupos para que las niñas y los niños no se queden sin clases por parte del magisterio nacional.

En la Educación media superior las cosas no pintan del todo bien, pues el señalamiento hecho por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) hace unos días de que, a pesar de que el enfoque por competencias llegó al nivel hace ya algunos años, a partir de los resultados de la Evaluación de la Oferta Educativa en Educación Media Superior (EVOE), presentada en días pasados, los resultados indican que los docentes de este importante nivel, no han sido formados pedagógica ni didácticamente, por lo que se señaló que cualquier modificación curricular requiere una estrategia de gestión del cambio que sea pertinente a las características de los docentes.

Otro aspecto que sin duda habrá de causar efectos colaterales en el futuro, tiene que ver con el abandono de las Escuelas Normales Públicas del País, no solamente por la falta de una respuesta integral al posicionamiento que hizo el INEE hace ya más de dos años, sino el abandono y precarización del presupuesto hacia las mismas, a pesar de que el mismo Organismo Autónomo ha afirmado que de las Normales han egresado los mejores resultados en los exámenes de ingreso al servicio.

Finalmente, y para no dejar ninguno de los niveles fuera, la crisis que viven las universidades públicas de 7 entidades debe de preocuparnos, puesto que es sólo la punta del iceberg que se vive en el sistema educativo, en donde, en este nivel educativo que durante décadas fue el destino de grandes inversiones, en los últimos 3 años, el Gobierno Federal redujo en un 74% el presupuesto para atender los problemas estructurales, a pesar de que el sentir universitario era de incrementar el monto de manera permanente.

Difícil entender las razones de que eso suceda cuando, sumando los gastos para promocionarse, los dos últimos sexenios se haya gastado más de 78,500 millones de pesos para promocionar sus avances, dejando de lado aquello que en verdad hace la diferencia como lo es la educación en todos sus niveles.

Las deudas de la reforma educativa

Nos encontramos en un periodo en el que se presentan y autorizan presupuestos, en este sentido, resulta muy importante el poder observar aquellos puntos en donde se deba de generar la idea de mejora, para colocar en el diálogo de la sociedad, aquellas circunstancias que se consideran pertinentes en este tiempo.

La educación, por la implicación que tiene en el contexto nacional, con 35 millones de estudiantes, más de un cuarto de millón de escuelas y alrededor de 2 millones de Trabajadores de la Educación, representa siempre un foco de atención, por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) obtendrá un total de 280,969 millones de pesos en el marco del presupuesto para este 2018, el cual será del orden de los 5 billones 279,667 millones de pesos.

Al margen de los aspectos globales de este presupuesto, no debe de pasar desapercibido que, por cuarto año consecutivo, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se ha incrementado en un 45% el costo financiero del sector público.

Otra circunstancia que nos debe de ocupar, tiene que ver con los recursos que se aportan hacia el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACyT), de donde se desprende gran parte del actuar de las Instituciones de Educación Superior de nuestro país, el cual, a pesar de que se asignaron 300 millones de pesos adicionales, va a contar con un presupuesto similar al del año 2014, así como el nulo aumento presupuestal a la educación indígena o el recorte al sector cultural en México.

Un claro punto de lo afirmado anteriormente, tiene que ver con la poca importancia que el gobierno federal brinda a los sueldos en el magisterio, como afirmó Claudia Costin, profesora de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard y exdirectora de educación del Banco Mundial a inicios de esta semana en el marco del Foro Mundial para la Innovación de la Educación WISE 2017, celebrado en Doha, Qatar, quien afirma que se requiere que México invierta “Más dinero porque uno no va a volver atractiva la carrera de profesor si se paga tan mal a los profesores, entonces, ¿cómo atraer talento para la profesión más importante de una sociedad, que es la transmisión de los conocimientos y las competencias para el futuro, si se paga tan mal a los profesores?».

Afirmó además que lo que México invierte, que es el 5.2% del Producto Interno Bruto (PIB) es muy poco y es superado por muchos países, de ahí que ello sea, además de las lamentables decisiones en el ámbito educativo por parte de las Secretarías del ramo de los diferentes niveles de gobierno, un factor muy importante de los lamentables resultados de la educación mexicana en exámenes internacionales como PISA, TALIS entre otros.

Lamentablemente la discusión en nuestras y nuestros legisladores más que en estos aspectos, se centró en la viabilidad de su “bono de marcha” en el que, por ejemplo, cada senador recibirá 2.4 millones de pesos por Seguro de Separación Individualizado, cantidad que se aleja mucho de lo que un trabajador común termina su relación laboral por haber servido 6 años a su empresa.

La lógica del presupuesto

Asistimos como sociedad, a un tiempo en el que el futuro nos ha alcanzado en términos en los que los resultados de la falta de un proceso de previsión en la materia que se dio en los diferentes niveles de gobierno, se reflejan ahora, en resultados a todas luces muy difíciles de explicar por los titulares de las secretarías de educación.

Aunado a ello, la educación recibe en sus aulas, el sentimiento en el rostro y lo poco o mucho que existe en el estómago de las niñas, niños y adolescentes de lo que a su vez sucede en cada una de las familias a lo largo y ancho del territorio nacional, en fiel reflejo de lo que acontece en la situación social, económica y política del país, en donde, con más de la mitad de la población en situación económica complicada, resulta una tarea por demás compleja y delicada.

Lo anterior ha sido señalado por el propio presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Eduardo Backhoff Escudero, sobre que en México se han presentado resultados magros y avances inerciales en el tema educativo, sin embargo, ello tiene explicaciones en el presente que, si no son corregidos, afectarán nuestro futuro.

Hoy en día las situaciones que tienen que ver con el análisis del país se multiplican y existen también múltiples evidencias de que tenemos que redoblar el esfuerzo si acaso queremos que podamos abonar con efectividad al cambio educativo que viene en nuestro país.

Un punto como ejemplo, son las acciones que se llevaron a cabo luego del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, en donde, a diciembre de 2013 en conjunto con el INEGI, se llevaron a cabo 29.3 millones de cuestionarios en centros escolares, en donde se detectaron instituciones educativas que carecían de bebederos, para lo cual se determinó que se habilitarían 40,000 bebederos para mitigar la situación en todas las entidades de la república mexicana.

A casi 4 años de dicho censo, de acuerdo con el último informe disponible, apenas se han instalado 11,271 bebederos, es decir el 28% de avance y solamente en 19 de los 32 estados, sin embargo, para otra serie de situaciones el recurso existe y fluye de manera rápida y expedita, como es el caso de las lujosas oficinas que, bajo el pretexto de los sismos, el Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño, ha definido que van a ocupar distintas áreas de la SEP, con un costo mensual de 33 millones, 640 mil pesos, de las cuales se sabe que la SEP, tenía intenciones de contratar desde 2016 cuando pidió un avalúo del mismo.

Dado que el monto global del contrato es de casi 2 mil millones de pesos, es un costo equivalente al 10 por ciento del total de la reconstrucción de los planteles que están en reparación por los sismos de septiembre y muy por encima de acciones como las que se enumeran con anterioridad, o de los 798 pesos anuales por maestro que se prevé para este 2018 dentro del Programa para el Desarrollo Profesional (PRODEP), monto menor incluso al año 2014.

Debemos de colocar las prioridades en donde verdaderamente nos interesa, a fin de que se pueda establecer un futuro en el que la educación hable por quienes ahora participamos en el derecho a las decisiones públicas en nuestro país, refrendando lo que se dice en los discursos, que la educación debe de ser el activo más importante que tenemos en México.

La Educación como prioridad nacional

En derredor de las instituciones educativas, circulan muchas acciones mediante las cuales se pueden o no tomar a fin de buscar posicionar al plantel como una instancia en la que se pueda contar con una educación de calidad para las y los estudiantes que atiende.

Para el caso de la educación superior, específicamente, desde hace cerca de dos décadas, la Secretaría de Educación Pública ha señalado diversas rutas para la generación de condiciones que permitan demostrar que una Institución alcanza niveles adecuados de calidad y, en consecuencia, la posibilidad de nuevas y mejores condiciones para el futuro de la misma.

Dentro de los mecanismos que se encuentran al alcance de las instituciones, se encuentra la evaluación por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), la cual es una evaluación realizada por pares académicos que determinan el grado de calidad que se imparte en una Institución.

Otro es el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECyT), mediante el cual se puede acceder a diversos beneficios para la comunidad académica como sujeto de apoyo de diversos fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), así como el Programa para el Desarrollo del Personal Docente (PRODEP), programa del Gobierno Federal que igualmente brinda diversos apoyos por desarrollar tareas de investigación, docencia y difusión, así como en la conformación de Cuerpos Académicos al interior de la Escuela.

Otro recurso de apoyo es el desarrollo de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma Internacional ISO 9001 – 2008 (Organización Internacional de Estandarización por sus siglas en inglés), el cual certifica que la Institución cuenta con los procesos internos tanto académicos como administrativos de una forma ordenada y transparente para garantía desde seguridad, salud, entorno, calidad, etcétera.

Esta última certificación se ha actualizado a la Norma Internacional ISO 9001 – 2015, de la cual, en el aspecto educativo no llegan a 50 en el ámbito nacional y lleva en su interior, la actualización de la Norma para que se cumpla con requisitos aún más complejos y determinantes para el buen desarrollo de la Institución.

En Chihuahua, existe una Institución educativa que en menos de 4 años ha logrado conseguir cada uno de esos logros, la evaluación de los CIEES en sus dos programas educativos, el RENIECyT, el registro de su personal ante PRODEP, la Certificación bajo la Norma Internacional ISO 9001 – 2008 y, apenas el pasado 18 de octubre, consiguió la migración de su Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma Internacional ISO 9001 – 2015, que es la Escuela de Trabajo Social del Estado de Chihuahua “Profra. y T.S. Guadalupe Sánchez de Araiza”, Institución de Educación Superior que está cumpliendo este año sus primeros 60 años, cuyo personal, comprometido, capaz y entusiasta ha logrado todos los objetivos que se ha trazado desde la visión del Honorable Consejo Técnico Consultivo.

Ahora más que nunca en México resulta pertinente reconocer aquellos esfuerzos institucionales que refrendan el compromiso de generar un entorno que, a pesar del complicado entorno en el que nos encontramos, desarrollan esfuerzos más allá de lo que se le exige oficialmente.

Modelo institucional

Mucho hemos escuchado sobre lo que ocurrió durante los lamentables hechos con respecto a los movimientos telúricos del 7 y 19 del mes pasado, en donde se tuvieron, hasta la última actualización, 369 personas fallecidas, entre los que se cuentan los 32 menores y 5 adultos del Colegio Enrique Rébsamen de la Ciudad de México del cual se ha hablado mucho por los medios de comunicación y autoridades educativas de nuestro país.

De lo que poco se ha hablado, es de las 74,499 escuelas de las Entidades Federativas de Guerrero, Hidalgo, Ciudad de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala que han tenido que ser revisadas y hasta el momento se les ha emitido dictámenes de seguridad estructural que les han permitido volver a clases.

Más allá de los 13 mil 650 millones de pesos que, a decir de la Secretaría de Educación Pública (SEP) costará la reparación de las 15,000 escuelas que resultaron con daños parciales y severos, así como los 577 planteles que habrán de reconstruirse en su totalidad, lo que resulta verdaderamente importante es que, si hacemos un cálculo menor y simplista de 6 docentes por escuela (que deben de ser muchos más), tenemos un total de 90,000 docentes que estuvieron y vivieron junto con sus estudiantes el terror de los temblores de gran magnitud.

En ese momento, cientos de miles de niñas, niños y adolescentes de los diferentes niveles educativos vivieron el terror de encontrarse en el interior de sus aulas cuando sucedieron los acontecimientos y resulta fundamental entender lo que ya ha se ha mostrado en diferentes videos por medio de las redes sociales, en donde, más allá de la preocupación personal o familiar, para el magisterio en su conjunto, la prioridad del momento fue el desarrollo de los trabajos de contención, cuidado y organización para la adecuada evacuación de las y los estudiantes a un espacio seguro, para luego ser entregados a sus familias.

El daño no es menor pues, a la fecha, el Fondo de las Naciones para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés), el SNTE, las propias autoridades educativas entre otras organizaciones, han desarrollado esfuerzos específicos para mitigar y establecer estrategias de apoyo, porque, resultado de los hechos ocurridos durante los eventos sismológicos, en los casos más graves, las niñas, niños y adolescentes sufren de insomnio, cambios de comportamiento y otros efectos que pueden llegar a convertirse en traumas que pueden generar daños colaterales.

La posibilidad de que dichos estudiantes se encuentren de regreso a clase luego del momento vivido en el interior de sus escuelas, atraviesa por las extraordinarias labores de trabajo emocional y atención especial que se les ha dado por parte de quienes son sus maestras y maestros quienes, de manera profesional y superando sus propios temores hacen sentir la seguridad para que las clases fluyan de la manera más normal posible.

Hoy la educación vive momentos complicados en donde el magisterio ha vivido de cerca las acusaciones de resultados que le corresponden al contexto social y económico que vive el país, sin embargo, como es el caso del ejemplo que se menciona, se sigue demostrando que existe en cada escuela profesionales de la educación que van mucho más allá de lo que el deber les llama.

Héroes anónimos

Poco puede quedar de duda sobre el aspecto prioritario que tiene en nuestro país la generación de una ruta que nos permita encauzar la mayor cantidad de recursos económicos y humanos que no sea para la reconstrucción nacional después de los sucesos de los temblores que se dieron en nuestro país los días 7 y 19 de septiembre.

A pesar de la gran suma de esfuerzos desde la sociedad civil en donde el gobierno en cualquiera de sus niveles ha quedado superado, se requiere de continuar con el esfuerzo solidario para que no quede solamente en el momento en que se han dado los acontecimientos, sino que, podamos brindar el mayor acompañamiento solidario ahora que se necesita para la gente que se encuentra en situación de calle con grandes problemáticas que juntos debemos enfrentar.

Una de las grandes exigencias ciudadanas que tienen que ver con dichos acontecimientos, tiene que ver con la necesidad de que, desde el gobierno, los partidos políticos y las instituciones que de ellos se desprenden, se encaucen los recursos hacia lo que ahora ha surgido como prioritario en el ámbito nacional.

Independientemente de las propuestas a modo de competencia que han surgido desde las voces de los partidos políticos, unos con voluntad y otros desde le fantasía de los tiempos electorales, la ciudadanía exige que se reoriente el presupuesto para que aquellos recursos que son destinados a programas no prioritarios, se dirijan a la reconstrucción nacional.

Además de ello, es preciso que la clase política aprenda que se necesita no mentir a la ciudadanía cuando se dice que un recurso está destinado para alguna obra social y, finalmente, resulta utilizado en algo completamente inútil y en beneficio solamente de los gobernantes y no de la ciudadanía.

Caso claro es la información que se obtiene del análisis de la cuenta de la Hacienda Pública Federal en donde se desprende que más de 15.5 billones (millones de millones) de pesos aprobados entre los años 2013 y 2016, 2.8 billones fueron gastados en rubros diferentes a los asignados, es decir, desviados de su destino original.

Para poner algunos ejemplos concretos, en la Secretaría de Salud (SS), para el Instituto de cancerología, se aprobaron 1,607 millones, se le quitaron 200 millones, caso contrario, se aprobó para comunicación social un presupuesto de 72.4 millones, ejerciendo finalmente 1,543 millones.

Otro ejemplo claro, es en la Secretaría de Educación Pública (SEP), en donde, para comunicación social se autorizaron 76.7 millones y, finalmente ejercieron 1,082 millones de pesos, mientras que, quienes vivimos en el ámbito educativo, observamos recortes en áreas tan básicas como Escuelas de Tiempo Completo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) o en las becas de manutención para estudiantes de educación superior.

Es claro el punto en cuestión, mientras el gobierno pueda y quiera seguir destinando los recursos que, aunque sean o no aprobados por el Congreso de la Unión a su libre albedrío, jamás podremos tener la realidad de país que deseamos y tendremos que estar observando a cada momento en la radio y televisión anuncios y comerciales pagados con recursos que no fueron autorizados para ello.

No más mentiras

En días pasado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer, que, con un costo de 480 millones de pesos asignará un contrato abierto para adquirir una plataforma que unificará el control de la nómina y plazas del magisterio en México, a fin de lograr, a decir de la SEP, mejorar la administración de plazas, selección de personal, promoción, permanencia, evaluación, nómina, tesorería y control de gastos.

El monto anterior, se suma a los 573 millones de pesos que se adjudicaron en abril de 2016 directamente a una empresa para manejar el centro de datos de la SEP y operar con ello los servicios de tres áreas de la Secretaría que manejan recursos federales para pago de nómina en el país.

Más allá de la necesidad que se tiene de ir generando la optimización de los servicios y procesos de acuerdo con los nuevos sistemas de información y comunicación como en toda organización gubernamental o privada, a pesar de haber gastado esa cantidad, en las diferentes entidades se siguen presentando fuertes problemas de opacidad de plazas, incapacidad para cubrir en tiempo y forma con las vacantes que se generan provocando la irritación de padres de familia por la carencia de clases al inicio de este ciclo escolar de una cantidad importante de niñas y niños, entre otros problemas más.

Además de ello, la medida sigue generando un problema de centralización de la información, recursos y decisiones, en donde, si a la fecha se tiene una fuerte problemática con todo y que las autoridades educativas se encuentran de manera cercana, no quiero imaginar la manera en que se desarrollarán las acciones a partir de que todo se resuelva única y exclusivamente desde la Ciudad de México.

Más allá de las promesas de lo que puede servir dicha concentración de la nómina, se plantea de manera tajante una homologación de la nómina magisterial, pero tal y como venimos observando las acciones no solo del gobierno federal, sino de las diferentes entidades de la República, no va a ser una homologación a la alza, sino a la baja, como ya ocurrió con otras instituciones de educación superior en años recientes. Parece que hay una decisión del gobierno federal, de dejar de lado las conquistas salariales que marcaron la diferencia de acuerdo con las condiciones con los gobiernos de las Entidades, porque el pretexto de las 40,000 plazas que tenían y solapaban los gobiernos del los Estados, representa poco más del 2% del total de plazas a nivel nacional.

No es que se desconfíe de por si de las intenciones del actual gobierno federal, pero la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer en febrero pasado de irregularidades por más de 165 mil miollones de pesos, o la falta de mecanismos de control y supervisión para verificar la correcta aplicación de los subsidios destinados a mejorar la infraestructura, equipamiento y operación de las escuelas de nivel medio superior por parte de la SEP.

Me parece que esto, al igual que la entrega de la mitad de las tabletas a las escuelas de educación básica que ni siquiera contaban con internet, sigue siendo una forma de generar una cortina de humo ante la falta de resultados concretos en materia educativa.

Homologación magisterial

En el México de nuestra realidad, y no en el estupendo e iluso mundo en el que viven nuestras autoridades educativas, dejando en los titulares periodísticos, notas que les hagan ver bien, existen diversos y múltiples ejemplos en donde se demuestra que poco de lo que realmente interesa, es la calidad de la educación o de la formación de docentes para el nivel básico.

Con un doble discurso que refiere desde una invitación velada para que no se cubran las aportaciones de los padres de familia a las escuelas, exponiendo luego que no hay recursos suficientes para cubrir las necesidades de las escuelas, debiendo el magisterio utilizar parte de su tiempo y en muchas de las ocasiones, con el apoyo de padres de familia, de recursos personales y familiares para cubrir la limpieza y desperfectos en muchos centros educativos.

Por otra parte, se dedican espacios importantes de manera mediática, para establecer las acciones que se llevan a cabo para generar una mejor formación profesional de las y los futuros docentes en México, sin embargo, en la realidad se aducen a trabas y trámites administrativos para generar acciones precisamente contrarias que suceden día a día y que por supuesto no se dan a conocer masivamente.

Tal es el caso del subsistema estatal del estado de Chihuahua, en donde, por ejemplo, para que un docente pueda llegar a ser docente en la Escuela Normal, no se le pide que tenga maestrías o doctorados, que haya hecho investigaciones, que tenga una experiencia nacional o internacional hacia colectivos que promuevan la innovación educativa.

No, para ello, se retoma el Código Administrativo para el Estado de Chihuahua, que data de julio de 1974, que establece que las vacantes en la Institución, sólo serán cubiertas por maestro titulado o pasante de Normal Superior, que tenga un mínimo de antigüedad de 5 años en el nivel de enseñanza media y que haya trabajado en el nivel pre-escolar o primario en escuelas estatales oficiales.

En aquel tiempo la Escuela Normal Superior era un escalón superior a la Normal del Estado, ahora no, hoy tienen exactamente una formación para docentes de educación básica. Para poner un ejemplo reciente, tenemos el caso de la Dra. Carmen Griselda Loya Ortega, quien, a pesar de haber trabajado una década en educación básica, contar con dos maestrías, un doctorado, haber dirigido la Red de Investigadores del Estado de Chihuahua (REDIECH), una experiencia de 7 años formando investigadores y haber cursado en la propia Escuela Normal del Estado y no en la Escuela Normal Superior la misma licenciatura que actualmente ahí se imparte, se le retiró de la Escuela Normal, a donde la propia autoridad le había enviado desde el mes de abril para regularizar su situación, porque “no tiene el perfil” para estar en un centro de Educación Normal y se le regresa a su escuela secundaria de la cual salió hace ya 7 años.

Hoy en día todas las autoridades juegan el papel de buscar el convencimiento ciudadano de que en realidad se busca una calidad educativa, sin embargo, en la realidad, muchas se escudan en situaciones en donde queda de manifiesto que es lo que menos importa.

Noticias a modo

En un escrito reciente, a propósito de la intención y acciones por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante el cual se pretende la transformación de las Escuelas Normales en nuestro país, el Consejero Presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Eduardo Backhoff Escudero, establece, a modo de comparación con las Instituciones de Educación Superior que forman a profesionales de la medicina, una serie de puntos específicos en donde, a su ver, las Escuelas Normales deberían de tomar en consideración para su mejora.

Coincido en algunos de sus comentarios, sobre todo en la falta de claridad por parte de la autoridad Educativa sobre la forma en que se implementarán dichos cambios para asegurar una verdadera transformación acorde a las necesidades tanto de las Instituciones Normalistas, como de las y los futuros docentes de las mismas y de su estudiantado, la necesaria rigurosidad para seleccionar a sus estudiantes, la gran cantidad de horas de práctica que se debe de realizar para poder lograr su formación profesional y por supuesto un examen de competencias que en el caso de las Instituciones Normalistas hace tiempo se vienen verificando.

Me parece que hay aspectos que podemos sumar a lo mencionado, como es el caso de un registro que se debería llevar de los estudiantes para permitir un seguimiento más puntual de desarrollo de sus competencias, la organización de la estructura jerárquica que está conformada exclusivamente por médicos no así en el caso del magisterio que estáimpregnada de otras profesiones y, la posibilidad de un atractivo salario y prestaciones que es en donde existe una diferencia muy importante para con las y los maestros nóveles.

Otro aspecto diferente, tiene que ver con los montos de asignación hacia los presupuestos que, en el caso de las Escuelas Normales, en donde, por poner un ejemplo, se ha asignado un “presupuesto para su fortalecimiento del orden de los dos mil millones de pesos para dos años para las 251 Normales del país, siendo que ese es un monto menor al presupuesto de cualquier Universidad de mediano tamaño y sólo para un año.

Por otra parte, me parece que un aspecto fundamental de comparación entre ambas carreras, tiene que venir desde el punto de vista de que, para el caso de la medicina, en ningún hospital y bajo ninguna circunstancia, se le expediría un título o se le permitiría generar una receta médica o iniciar una operación quirúrgica a alguien que no hubiera pasado por una institución especializada en la formación médica de una Institución de Educación Superior debidamente acreditada para ello, ni tampoco veo a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, haciendo una convocatoria para que, a través de un examen, “cualquier egresado de una Licenciatura” pueda, con tan sólo presentar un examen, obtener una plaza como médico en el IMSS, en el ISSSTE, en el Seguro Popular o en cualquier instancia de este tipo. No veo al Secretario de Salud “quitando el monopolio” de la formación médica a las Escuelas de Medicina.

Cuando sobradamente el Gobierno Federal ha reiterado que “cualquiera puede ser maestro”, cuando se ha reducido la matrícula de las Escuelas Normales en casi un 70%, cuando se ha lastimado y abaratado la profesión del magisterio, cuando se ha desincentivado a la profesión con prestaciones menores que las que se tienen en la actualidad, poco se puede hablar del fortalecimento del normalismo en un escenario completamente hostil, adverso y de pleno desinterés gubernamental, a escasos meses de que culmine el sexenio.

Historias parecidas

En días pasados, en una noticia reciclada, la cual ya se había dado a conocer a los medios de comunicación con antelación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informaba a la Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO), el hallazgo de 44 mil 76 plazas llamadas “irregulares”, las cuales levantaron un sinnúmero de sospechas sobre el por qué dichas plazas estaban en la opacidad por los gobiernos de las entidades de la República por décadas, lo cual alcanza, a decir de las autoridades educativas, una erogación de cinco mil millones de pesos anuales.

Esta cantidad, que tan solo el pensar en una década representa toda la cantidad de recurso invertido por este gobierno federal en materia de infraestructura educativa, es lo que los diversos gobiernos se ahorraron en pago de personal que atendiera las labores académicas y administrativas del sistema educativo de las entidades federativas, pues al contrario de lo que sucedía en otras secretarías de igual o menor jerarquía, en la de educación nunca había recursos para ejecutar proyectos, ni camionetas ni estacionamiento, mucho menos compensaciones por ejecutar un cargo que en otros niveles se paga y muy bien por dichos servicios.

Más allá de que deba de explicarse la opacidad de los niveles de gobierno, me refiero a 14,900 plazas que correspondían a personal docente con plaza de maestro, los cuales se encontraban realizando labores dentro del propio gobierno, asumiendo funciones administrativas o académicas para el desarrollo de la labor educativa y que, poco a poco, han sido sustituidas por Contadores, Abogados, Ingenieros y otros profesionales que, aunque poco o nada tengan que ver con las actividades académicas de la educación, ahora tienen en sus manos su coordinación.

La medida anunciada por la autoridad educativa lleva a tener, en la coordinación de acciones en materia educativa, desde donde se dictan las políticas que se llevan a cabo en las aulas, a profesionales cuyo origen académico poco o nada tiene que ver con el ejercicio de las acciones que se llevan a cabo en las secretarías de educación estatales y que no son contempladas para evaluarse por parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Tal acción para ejemplificarla, sería como que no hubiera Médicos a cargo de un hospital, como si no hubiera Ingenieros en la secretaría de Comunicaciones y Transportes o no hubiera abogados a cargo en el Supremo Tribunal de Justicia, con lo cual se abre una brecha que sin duda poco a poco veremos las consecuencias en las acciones que se llevarán a cabo en el sistema educativo nacional, como ya lo hemos visto desde la propia SEP, en la que el titular poco sabe del ramo, lo cual se demuestra en las lamentables decisiones avaladas por quienes tampoco conocen de la materia.

No es la primera vez que la autoridad educativa federal ofrece cifras en las que solo da verdades a medias, en las que no se dan más explicaciones, sin embargo, éstas son también mentiras en la medida de que ofrecen una visión parcial y a modo de la realidad, en el intento de inclinar la opinión social contra el magisterio.

Verdades a medias

Tengo la suerte de haber dirigido dos escuelas normales, una de ellas en dos ocasiones y conozco a profundidad los actuales planes de estudio. En ese transcurso de más de 12 años, viví la transformación de 2 planes de estudio de este importante nivel educativo, en donde las consultas se desarrollaron de manea amplia y contundente con el personal de las Escuelas Normales en el país.

El primero bajo la coordinación del Lic. Francisco Deceano Osorio de la entonces Dirección General de Normatividad, en donde por tres años se citó a personal de las escuelas normales con especialistas de primer nivel, con todos los gastos y el personal de la educación básica involucrada para la vinculación con este nivel de formación.

El segundo de la mano de la Maestra Marcela Santillán Nieto, en donde por más de dos años se vivió un proceso muy importante de consulta, con el personal igualmente en pleno de las escuelas normales que acudieron en diversas ocasiones a diversas entidades de la República para aportar y recibir retroalimentación por especialistas para luego expedir el plan correspondiente.

Sin ninguna consulta de por medio y con una estocada estratégica a las escuelas normales marcada por la definición, del 11 de septiembre de 2013 en el artículo vigésimo primero de los artículos transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente en los que se acepta de facto, que cualquier persona sin los conocimientos mínimos de pedagogía o de sustento biopsicosocial de los niños que se atenderán y solo pasando un examen memorístico sobre recursos legales del sistema educativo, puede acceder a impartir clases.

Después de haber generado un importante debilitamiento del sistema de educación normal en donde se ha perdido en algunas instituciones hasta el 70% de aspirantes de ingreso, bajo el muy repetido lema de: “para que estudiar 4 años para maestro si puedo estudiar otra carrera e igualmente puedo aprenderme la ley y dar clases en el futuro”.

A menos de un año de que se conozca el titular del gobierno federal para el siguiente sexenio y habiendo hecho tanto daño, esta semana el gobierno federal bajo importantes golpes de pecho ha descubierto que las escuelas normales han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del sistema educativo y que es necesario fortalecerlas bajo 6 ejes estratégicos para garantizar la vocación y la capacidad necesarias para formar verdaderos profesionales y con una inversión en 2 años de 2000 millones de pesos para más de 260 Escuelas Normales, cantidad menor a la que se le asigna a una sola universidad en un solo año.

Resta conocer además el nuevo plan de estudios celosamente resguardado que emerge de una consulta que nunca existió, así como el ver cuál será la estrategia para lograr lo que se supone será el nuevo perfil docente en quienes solo acrediten un examen, sin observación ni evaluación previa frente a un grupo y sin formación pedagógica de por medio, el cual entrará en vigor en 2018 y su primera generación egresará hasta el 2022, año en que empiecen a llegar a las aulas de la educación básica.

https://manuelnavarrow.com

La formación de docentes en el mundo no es un asunto menor, la calidad de los docentes constituye, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) así como para diversas organizaciones multinacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el principal impulsor de las variaciones en el aprendizaje escolar.

De acuerdo con el informe Mckinsey, que estudió 25 sistemas educativos en el mundo, incluyendo a los 10 de mejor desempeño destaca que los estudios que toman en cuenta todas las pruebas disponibles sobre eficiencia docente sugieren que los estudiantes asignados a docentes con alto desempeño lograrán avances tres veces más rápido que los alumnos con docentes con bajo desempeño, por lo que es un asunto trascendental en la vida de un país.

De acuerdo a diversos estudios, incluido el informe anterior, así como la UNESCO, la OCDE y el BM, aquellos países que tienen los más altos estándares educativos, invariablemente seleccionaron a las personas más aptas para ejercer la docencia y, aunque varían las formas de acuerdo a la cultura y el contexto, la mayoría eligen desde el nivel medio superior a aquellos que tienen el más alto desempeño, los preparan rigurosamente sobre bases firmes de conocimiento pedagógico y disciplinar del nivel en que se desempeñarán, acuden en grupos a procesos de observación que luego analizan, para luego desarrollar prácticas docentes donde son observados por especialistas, desarrollan una maestría, para después de todo ese proceso, aplicar, solo a quienes han demostrado ser los mejores, un examen que permite elegir a quienes habrán de incorporar al sistema educativo.

En México, a diferencia de esos estudios y como se reconoce en los acontecimientos desarrollados a partir de la Reforma Educativa, en cuya última pincelada establecida el pasado 28 de junio, en que se da a conocer el modelo educativo para la educación obligatoria en donde, a pesar de que hay ciertos avances como lo es reconocer que un desafío importante es reducir las desigualdades estructurales que persisten en el sistema educativo, las cuales obedecen a causas internas y externas, en los hechos debemos preguntarnos si estamos seleccionando a los mejores, porque, en ciertos casos, no existe ningún proceso de formación profesional previo de preparación para la docencia y, con ello, deberán de esperar un número importante de generaciones de niñas, niños y adolescentes, en donde habrán de aprender -en el mejor de los casos y si existe una verdadera vocación- el significado del desarrollo biopsicosocial, las muy complejas competencias para enseñar, la detección de las condiciones que favorecen el aprendizaje, etc.

Como bien lo establece el informe Mckinsey, medir el desempeño no conduce automáticamente a obtener una perspectiva sobre cómo pueden las políticas y las practicas ayudar a los estudiantes a aprender mejor, a los docentes a enseñar mejor y a las escuelas a operar en forma más efectiva, lo que si estoy seguro es que el camino trazado desde la experiencia internacional sobre la materia no está siquiera cerca de lo que hoy en día se hace en nuestro país.

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Desde su constitución en Londres, el 16 de noviembre de 1945, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), y bajo la hermosa frase de Gabriela Mistral “puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”, se han organizado desde entonces convenciones y conferencias mediante las cuales los diferentes países que forman parte, establecen metas que se deben de cumplir.

En la última de estas, llevada a cabo en Buenos Aires, Argentina el pasado 25 de enero, los responsables de la educación en América Latina y el Caribe emitieron la Declaración de Buenos Aires, en el marco de la Reunión de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe “E2030: Educación y Habilidades para el siglo 21”, en el cual, reafirman la educación como derecho fundamental, base para la realización de otros derechos, catalizador del desarrollo sostenible e instrumento para el cumplimiento de los otros objetivos de desarrollo sostenible al 2030.

En la “Declaración de Buenos Aires al 2030”, se reconoce el rol central que desempeñan los docentes y demás profesionales del ámbito educativo para alcanzar una educación de cálida y se establece el compromiso fundamental de fortalecer los programas de formación docente inicial y continua, con atención especial en la planificación contextualizada de las ofertas, la revisión de los contenidos y planes de estudio y la preparación permanente de los formadores, a fin de garantizar propuestas formativas innovadoras que preparen, motiven y empoderen a los docentes y directivos para los desafíos y oportunidades que presenta la enseñanza en el siglo 21.

Pero el documento va más allá, más adelante, establece que se deben de sentar las condiciones adecuadas para que la docencia se transforme en una profesión de excelencia, asegurando la participación de los docentes y otros profesionales de la educación en su diseño, implementación, monitoreo y evaluación.

Qué lejos se encuentra México en su realidad de ese texto, tal parece que hacía fuera, nuestro país firma acuerdos que no piensa cumplir en su realidad. Se ha dejado de lado la importancia de las Instituciones de formación inicial de la carrera docente, cuyos planes no se han actualizado, promoviendo implícitamente la oferta desenfrenada de cursos “al vapor”, sin duda acordes a esta Reforma Educativa -realmente laboral- que fue precisamente aprobada en una mesa y sin una discusión de fondo y, contrario a lo que establece la UNESCO, lejos de la voz de un magisterio que reclama la ausencia de espacios en donde pueda manifestarse su inconformidad y el rechazo a una política de un gobierno que finge, o le conviene no escuchar las voces que reclaman precisamente la necesidad -como lo establece la organización internacional-, de participar activamente en la educación, en su diseño, implementación, monitoreo y evaluación.

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Una de las aristas en donde más se ha resentido el peso de los efectos de la Reforma Educativa, tiene que ver con las acciones que han resignificado la carrera docente en nuestro país, la cual, desde finales del siglo XIX, se había considerado como una carrera de Estado, para pasar a una de corte liberal, de lo cual puede darse cuenta con la reducción en más de un 65% de interés de los estudiantes por ingresar a una Escuela Normal, que no puede interpretarse de otra manera que un ataque a las Instituciones Formadoras de Docentes y por ende, de la profesión.

A nivel internacional, existen varios estudios que dan cuenta de los planes de formación docente, de las políticas públicas para el fortalecimiento de la educación, o de las estrategias que han implementado los países para mejorar la educación y sobre el desarrollo profesional docente; de ellos, hay uno titulado “Las carreras docentes en América Latina. La acción meritocrática para el desarrollo profesional”, que emite la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) en el cual se revisaron dieciocho carreras docentes y algunas políticas específicas sobre valoración de la profesión en América Latina y el Caribe.

En el documento se reconoce que resulta fundamental concebir las carreras docentes como instrumentos de desarrollo profesional y no solo como documentos que norman una relación contractual entre el Estado y el magisterio, situación contraria a lo acontecido en México en donde lo principal fue modificar la relación laboral partiendo de la culpa –implícita- del magisterio por la situación educativa en el País.

Se reconoce que el enfoque meritocrátrico –que es el que hoy tiene la educación en México-  y la orientación individualista propia de este tipo de enfoques, además de ir a contracorriente con la cultura docente, puede caer en contradicción con las exigencias que el mismo sistema impone a los profesores para que realicen trabajos en equipo, debilitando poco a poco el futuro de cualquier acción o trabajo colectivo, de ahí los ataques a Instituciones como la Normal de Cañada Honda en Aguascalientes.

Por otra parte, del mismo documento y como afirman Bellei y Valenzuela (2010), el ingreso de otros profesionales al ejercicio docente es un camino de desprofesionalización de la docencia y resulta contraproducente para las políticas de fortalecimiento de valoración social de la carrera, pues se parte del supuesto de que los docentes serían de tan baja calidad que cualquier licenciado los superaría.

No se trata de ver con ojos lastimeros la profunda crisis en que la profesión está cayendo de manera intencional por el actual Gobierno Federal, se trata de exigir en cada espacio y en cada oportunidad, el respeto por la profesión docente que le ha dado a México las más valiosas, representativas y profundas raíces de su historia nacional y de su pueblo.

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A pesar de que fue la primera en implementarse y “la más importante del sexenio”, la reforma educativa que inició como una mera reforma laboral, que mermó derechos adquiridos (Como es el caso de la Clave “L”, el escalafón horizontal, la forma de Basificación entre otras sólo en el caso de Chihuahua) y que, tras el paso de las dos terceras partes del sexenio se le anexó el apartado educativo, la realidad es que –afortunadamente- la percepción social que se tiene de ella, ha venido a menos conforme pasa el tiempo y la sociedad no observa los resultados prometidos por el actual gobierno federal.

La reforma educativa fue parte de los compromisos generados desde el fenecido Pacto por México en diciembre de 2012 y elevada a rango constitucional en febrero de 2013 y desde entonces ha ganado más adeptos, pero en su contra, fundamentalmente porque, en los hechos, se ha visto su nula visión educativa, así como el perjuicio, desprestigio, y ataques continuos al gremio magisterial.

En este sentido, el pasado mes de marzo la empresa Parametría, que está dedicada a la investigación estratégica de la opinión y análisis de resultados a nivel nacional, dio a conocer los resultados de la encuesta que se aplica desde el 2013 con referencia a la percepción ciudadana de la reforma educativa, la cual nos muestra resultados muy interesantes.

Tres de cada diez encuestados (28%) asegura que a partir de la reforma se ha avanzado en la evaluación de los maestros, sin embargo, el 69% considera que no ha pasado nada o se ha retrocedido en el tema; con respecto a la preparación de los maestros el 26% considera que se ha avanzado, mientras que el 71% opina que no ha pasado nada o se ha retrocedido en la temática.

En cuanto a la calidad de la educación el 25% observa un avance, mientras que el 73% menciona que no ha pasado nada o se ha retrocedido, situación similar con el tema del número de Escuelas de Tiempo Completo (que fue una de las promesas del presidente Peña en campaña) en el que sólo el 23% de los mexicanos opina que se ha avanzado, mientras que el 67% piensa que no ha pasado nada o se ha retrocedido.

Por eso el gobierno federal se encuentra preocupado y podemos observar en este tiempo un intenso “bombardeo” de mensajes publicitarios por muy diferentes medios de comunicación en donde se presumen los supuestos logros de la reforma, no del pasado, sino los que vienen, a falta de evidencias académicas concretas que mostrar desde el año 2013 en que se comenzó a implementar, y además cuando el actual sexenio ya haya terminado.

Con lo invertido en publicidad por parte de la Secretaría de Educación Pública tan sólo en 2016 (2 millones 259 mil pesos diarios) se pudo haber construido una escuela primaria cada tercer día, es decir, 120 escuelas nuevas con todos los servicios y sin tener que endeudar al país como ya se hizo en el presente sexenio con 50,000 millones de pesos para infraestructura y mejorar apenas el 10% de las escuelas en México.

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