El 23 de diciembre de 1994, durante el llamado Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (DIPIM), la Asamblea General de la organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió, a través de su resolución A/RES/49/214 que se celebrara cada año el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas cada 9 de agosto, a propósito de la celebración de la primera reunión, en 1982, del grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías.
A propósito de ello, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) emitió información específica al respecto, en donde establece que en México, existen 6,695,228 personas de cinco años de edad o más que hablan alguna lengua indígena, pero también, que entre 1930 y 2015, esta población se redujo de un 16 a un 6.6 por ciento, por lo que es urgente visibilizar esta importante población, pues, como reconoce la propia ONU, las poblaciones autóctonas han buscado durante años el reconocimiento de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales. Pese a ello, a lo largo de la historia, sus derechos han sido siempre violados. En la actualidad, se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo.
Es precisamente en el marco del el día Internacional de las Poblaciones Indígenas, en el que es preciso, a propósito de la contingencia ambiental por la que pasamos, en donde se han suspendido las labores presenciales en los centros educativos, en el que se debe de visibilizar el olvido en el que se han tenido, desde siempre, los pueblos originarios, a expensas del olvido intencional del cual han sido objeto por décadas desde la mirada institucional de los diferentes niveles de gobierno.
Este olvido, la migración, los problemas en los hábitos alimentarios, el pisoteo cultural, las carencias económicas y la marginación social de que son objeto, han dado como consecuencia fuertes problemáticas concurrentes como lo son el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la diabetes, la hipertensión entre muchas otras problemáticas que hacen más grande su exclusión.
Para poner un ejemplo, en el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, revela que de los 130 mil rarámuris que viven en la entidad, un 40 por ciento sufre anemia y/o desnutrición y quienes sufren una mayor afectación, sin las mujeres menores e 30 años, así como las niñas y los niños de los seis a los doce años de edad.
Esta población, marginada y vulnerada, se incorpora a las cifras oficiales de aquellos excluidos del sector educativo que carecen de las oportunidades más elementales para poder ejercer su derecho a la educación. La emergencia sanitaria por el COVID19 ha trastocado cualquier aspecto en la vida de nuestra sociedad y en el sector educativo las cosas no parecen alentadoras pues, a la fecha, uno de cada diez estudiantes de educación básica en México ha dejado la escuela, por lo que esperemos que las acciones que se están emprendiendo, en realidad aporten un beneficio, específicamente para este sector que no es que dejen la escuela, sino que son excluidos dadas las circunstancias y falta de apoyo para que sigan adelante.
Miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua
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