La sustitución silenciosa de medicamentos en el sector público: entre la eficiencia y el derecho del paciente

“Los estudios de bioequivalencia se realizan en voluntarios sanos y pueden no predecir bioequivalencia en estado de equilibrio en pacientes, particularmente para formulaciones de liberación modificada. Datos de uso clínico y reclamaciones administrativas pueden ser usados para vigilar discontinuaciones y resultados de salud tras cambios de marca.” – D. Kharasch

En Pensiones Civiles del Estado como en otros sistemas públicos de salud, la sustitución de medicamentos por razones administrativas y presupuestales se ha vuelto una práctica cotidiana. A veces se trata de cambiar una marca por otra que contiene el mismo principio activo; en otros casos, se reemplaza un fármaco por otro considerado “equivalente” dentro de una misma guía terapéutica. El problema aparece cuando estas decisiones se toman lejos del consultorio, sin informar al paciente y con escasa participación del médico tratante. A eso podemos llamarle sustitución silenciosa, un cambio que ocurre en la receta real, pero casi nunca en la conciencia de quienes deberían estar en el centro del sistema, los pacientes.

Los medicamentos genéricos son, en términos generales, aliados indispensables de la salud pública. Gracias a ellos, millones de personas acceden a tratamientos antes inaccesibles, y los sistemas de salud pueden destinar recursos a otras necesidades igualmente urgentes. Para ser autorizados, los genéricos deben demostrar calidad y bioequivalencia respecto al producto de referencia. Los estudios que se utilizan para ello comparan, en voluntarios sanos, cómo se absorbe y elimina el fármaco, y establecen márgenes de equivalencia que, en la mayoría de los casos, se traducen en una eficacia y seguridad comparables. Desconfiar de todos los genéricos por igual sería tan injusto como imprudente.

Pero también sería ingenuo suponer que la bioequivalencia lo resuelve todo. Esos estudios se realizan en condiciones controladas y con sujetos sin las enfermedades, comorbilidades y tratamientos concomitantes que caracterizan a muchos pacientes reales. La práctica clínica muestra que, en determinados contextos, pequeñas variaciones en la concentración de un fármaco pueden tener consecuencias relevantes. No porque el genérico sea “malo”, sino porque ciertos medicamentos operan en márgenes muy estrechos entre la dosis eficaz y la tóxica, o porque su formulación (por ejemplo, de liberación prolongada) juega un papel crucial en la estabilidad del cuadro.

En ese terreno aparecen los llamados medicamentos de índice terapéutico estrecho: varios antiepilépticos, algunos psicofármacos, inmunosupresores, anticoagulantes orales y otros fármacos críticos. En un paciente que vive al filo entre la estabilidad y la recaída —una persona con epilepsia controlada, alguien con un trastorno mental grave, un trasplantado que depende de un inmunosupresor preciso—, un cambio no planeado de marca o de formulación puede marcar la diferencia entre seguir estable o sufrir una crisis, una descompensación o un efecto adverso importante. Allí, la sustitución automática dicta una medicina basada más en la logística que en el juicio clínico.

El punto es preciso: no todos los medicamentos ni todos los pacientes son iguales. Hay fármacos de uso común —antibióticos habituales, muchos antihipertensivos, analgésicos sencillos— para los que la sustitución genérica rara vez genera problemas clínicamente relevantes. Pero hay otros para los que el principio de prudencia exige un manejo distinto: evitar cambios innecesarios, informar de forma clara, vigilar de cerca los primeros días o semanas.

La dimensión ética de este fenómeno es difícil de ignorar. Cambiar un medicamento a una persona que se encuentra estable, sin explicarle qué se modificó, por qué se hizo y qué consecuencias puede tener, golpea directamente el principio de autonomía. El paciente deja de ser sujeto de decisiones para convertirse en objeto de ajustes administrativos. La frase “es lo mismo” puede ser tranquilizadora cuando resume de forma honesta la evidencia disponible, pero se vuelve engañosa cuando encubre incertidumbres o cuando se usa para evitar una conversación incómoda sobre las limitaciones del sistema. El ahorro no puede construirse sobre la omisión deliberada de información.

En el plano jurídico, la situación también plantea preguntas incómodas. Las normas de salud suelen exigir que los tratamientos y sus modificaciones se registren en el expediente clínico, y que las personas reciban información suficiente para consentir o rechazar intervenciones. Si el medicamento que llega a la mano del paciente no corresponde exactamente a lo que se consignó en la receta o en el expediente —o si el cambio obedece a una licitación y no a una decisión clínica documentada—, la trazabilidad del acto médico se debilita. ¿Quién responde ante una descompensación si no queda claro quién decidió el cambio, sobre qué información y con qué criterios?

Existe además una dimensión menos visible pero igual de relevante: la confianza. Cuando el paciente descubre que su tratamiento cambió sin avisarle, el mensaje que recibe es sencillo: “no era importante que lo supieras”. Incluso si el nuevo fármaco funciona bien, queda la sospecha de que se tomó una decisión a sus espaldas. En un contexto de creciente desconfianza institucional, cualquier indicio de opacidad puede alimentar efectos nocebo, abandono del tratamiento o ruptura de la relación terapéutica. La percepción de “medicina de segunda” no surge sólo del precio, sino de la forma en que se comunica —o se oculta— el cambio.

Los profesionales de la salud tampoco salen indemnes. En servicios donde la rotación de insumos es alta y el margen de decisión es bajo, los médicos y las enfermeras se ven obligados a justificar cambios que ellos mismos no pudieron elegir ni evaluar. Esto genera desgaste moral: la sensación de que la responsabilidad clínica sigue siendo suya, pero las decisiones reales se toman lejos del paciente y del consultorio. La indicación implícita es clara: la prescripción es negociable en función del inventario, y el paciente es el último en enterarse.

Hay fármacos cuya sustitución puede ser automática, siempre que cumplan criterios rigurosos de calidad y bioequivalencia y que el paciente sea informado de manera sencilla. Hay otros en los que el cambio debería pasar por el filtro del médico tratante y quedar documentado en el expediente, con un plan explícito de seguimiento. Y hay un núcleo duro —los medicamentos de índice terapéutico estrecho y las formulaciones críticas en pacientes vulnerables— en el que, más que sustituir, conviene preservar la estabilidad salvo razones de fuerza mayor más que sólo adminsitrativa.

También hay que fortalecer los mecanismos de información. No se necesita un tratado para explicar a un paciente que su medicamento cambiará de marca, que se espera que funcione igual, pero que, si nota cualquier cambio significativo, debe comunicarlo de inmediato. Bastan unos minutos de conversación clara y una breve nota escrita. Cuando la información fluye, muchas resistencias se desactivan y la propia persona se convierte en un aliado en la vigilancia de su tratamiento. Cuando se le oculta, en cambio, cualquier malestar posterior corre el riesgo de interpretarse como traición.

Luego está la farmacovigilancia y la evaluación de políticas. Si un hospital, un estado o un país decide cambiar de proveedor para un medicamento crítico, debería acompañar esa decisión con un monitoreo más estrecho de eventos adversos y resultados clínicos, al menos durante un tiempo. No para confirmar prejuicios, sino para aprender de la realidad. Las historias de recaídas o descompensaciones no pueden quedar sólo en el anecdotario de pasillo; deben traducirse en datos verificables que permitan ajustar guías, restringir sustituciones automáticas cuando haga falta y reforzar la confianza cuando los cambios resulten inocuos.

Lo que está en juego es si se seguirá haciendo a espaldas de los usuarios o de cara a ellos; si será un acto puramente administrativo o un proceso clínico razonado; si reforzará la idea de un sistema que ahorra a costa de los más vulnerables, o la de un sistema que cuida sus recursos sin descuidar su responsabilidad moral. La elección no es técnica, es política y ética. Y el primer paso para tomarla con responsabilidad es dejar de tratar la sustitución como un movimiento silencioso en la sombra del almacén, y asumirla como lo que realmente es: una decisión terapéutica que merece discusión, transparencia y rendición de cuentas. Porque comprender la realidad es el primer paso para decidir con responsabilidad……

Fiscalizar para gobernar. La evaluación del gasto público como piedra angular del Estado de derecho

Cada año en México se anuncian obras con primeras piedras simbólicas, se cortan listones con discursos solemnes y se difunden cifras multimillonarias como prueba del compromiso gubernamental con el desarrollo. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego del poder público no está en la ceremonia inaugural sino en la revisión posterior de cómo, en qué y con qué resultados se ejercieron los recursos. El más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, dado a conocer en febrero de 2026, vuelve a recordarnos que la política pública no se mide por la espectacularidad del anuncio, sino por la solidez de la comprobación.

Los datos son contundentes. En el universo del gasto federalizado programable auditado, se identificaron 59,363.7 millones de pesos por aclarar, de los cuales 59.5% se concentró en gobiernos municipales. En términos prácticos, aproximadamente seis de cada diez pesos observados correspondieron al ámbito municipal. La cifra no es menor ni anecdótica: revela un patrón estructural de debilidad administrativa en el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. La ASF documentó que una proporción significativa de estos montos no acreditados obedece a falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto, lo que implica que no se pudo demostrar con claridad cómo y en qué se utilizaron los recursos públicos.

El caso de Cuajimalpa, con un posible desfalco o irregularidades por 1,088 millones de pesos, no debe leerse como un episodio aislado, sino como un síntoma de un sistema de control interno insuficiente. Lo mismo ocurre con los 7.3 millones de pesos pendientes de comprobar en el último año de vida del Instituto Nacional de Transparencia, o los 12.1 millones que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe justificar. Estas cifras, que podrían parecer menores frente al tamaño del presupuesto nacional, adquieren otra dimensión cuando se observan desde la óptica de la legalidad y la confianza institucional. No se trata únicamente del monto, sino del mensaje: cada peso sin aclarar erosiona la credibilidad del Estado.

Las herramientas de evaluación del ejercicio presupuestal son, en esencia, mecanismos técnicos de verificación. Incluyen auditorías de cumplimiento financiero, auditorías forenses, revisiones de desempeño y análisis de consistencia normativa. Su función es comprobar que el recurso fue comprometido, devengado, pagado y registrado conforme a la ley. No son instrumentos de persecución política, sino de garantía institucional. Permiten identificar desviaciones, inconsistencias contables, pagos indebidos, ausencia de documentación o incumplimiento de objetivos programáticos. En una democracia funcional, estas herramientas son tan relevantes como el propio presupuesto aprobado.

México ha avanzado en la construcción de un entramado normativo robusto en materia de fiscalización. La ASF cuenta con facultades constitucionales para revisar el uso de los recursos federales y emitir pliegos de observaciones, promover responsabilidades administrativas o dar vista a instancias penales cuando procede. Sin embargo, la cultura política nacional no ha evolucionado al mismo ritmo que el marco jurídico. Seguimos siendo una sociedad más atenta al anuncio que a la evaluación, más pendiente de la obra visible que del expediente contable. El informe de la Cuenta Pública, que debería ocupar un lugar central en la conversación pública, suele quedar relegado a notas especializadas.

Analizar el informe de la ASF implica comprender su dimensión estructural. Cuando se señala que 34,088 millones de pesos no acreditados se vinculan a falta de documentación justificativa, no se está hablando únicamente de papeles faltantes, sino de controles internos débiles, de procesos administrativos mal diseñados y de una cultura organizacional que no prioriza la trazabilidad del gasto. Cuando se detectan pagos en servicios personales sin autorización o discrepancias entre registros contables y estados financieros, el problema no es meramente técnico, es institucional. La ausencia de evidencia documental impide verificar la legalidad del acto administrativo y abre la puerta a la discrecionalidad.

Desde una perspectiva de política pública comparada, los sistemas de evaluación presupuestal cumplen tres funciones esenciales: previenen la corrupción, mejoran la eficiencia y fortalecen la legitimidad democrática. La prevención ocurre porque la posibilidad real de auditoría disuade conductas indebidas. La eficiencia se promueve al detectar duplicidades, sobrecostos o ineficiencias programáticas. La legitimidad se consolida cuando la ciudadanía percibe que existen mecanismos efectivos para exigir cuentas. En este sentido, la fiscalización no es un obstáculo para la acción gubernamental, sino una condición para su sostenibilidad.

La magnitud de los montos observados en 2024 debe analizarse también en relación con el volumen total del gasto federalizado y la dependencia financiera de municipios y entidades respecto de transferencias federales. En muchos municipios, más del 70% de sus ingresos provienen de recursos federales. Esto implica que la calidad del gasto local depende en gran medida de la capacidad administrativa para gestionar fondos etiquetados, cumplir reglas de operación y documentar adecuadamente su ejercicio. Sin profesionalización de tesorerías municipales, sin sistemas contables homologados y sin cultura de control interno, la opacidad se convierte en un riesgo permanente.

La discusión pública suele centrarse en la narrativa del escándalo: cuánto se perdió, quién es responsable, si habrá sanciones. Pero el análisis de fondo exige preguntarse por qué persisten las mismas debilidades año tras año. ¿Se trata de insuficiencia normativa, de falta de capacitación, de incentivos perversos o de tolerancia social a la opacidad? La respuesta probablemente combina todos estos factores. Lo que es indiscutible es que el informe de la ASF ofrece una radiografía precisa de las zonas grises del aparato estatal, y esa radiografía debe leerse con rigor técnico y responsabilidad cívica.

Promover una cultura de rendición de cuentas implica ir más allá de la sanción. Significa incorporar la evaluación como parte natural del ciclo presupuestal. Desde la planeación hasta el cierre contable, cada etapa debe estar acompañada de indicadores claros, metas verificables y mecanismos de seguimiento. Significa también que los medios de comunicación, las universidades y la sociedad civil asuman el informe de la Cuenta Pública como un insumo central para el debate nacional. No basta con indignarse ante cifras millonarias; es necesario comprender los procedimientos, las categorías contables y las implicaciones jurídicas.

El fortalecimiento del Estado de derecho pasa necesariamente por la consolidación de la fiscalización superior. Un país que inaugura obras con entusiasmo pero ignora los resultados de sus auditorías corre el riesgo de normalizar la opacidad. En cambio, un país que estudia sus informes, exige aclaraciones y valora la función técnica de sus órganos de control envía un mensaje inequívoco: el poder público está sometido a la ley. La verdadera ceremonia republicana no es el corte de listón, sino la presentación transparente de cuentas claras. Sólo así la administración pública deja de ser espectáculo y se convierte en institución.
Porque comprender la realidad es el primer paso para decidir con responsabilidad…

Therians y juventud contemporánea. Identidad, significado y desafíos

“La identidad ya no es algo que se descubre, sino algo que se construye y se reconstruye continuamente.” – Zygmunt Bauman

Últimamente se ha destacado en algunas redes sociales, cierta terminología relacionada con este tipo de personalidad identitaria que hace que nos preguntemos sobre a qué hacen referencia, lo que significa y de alguna manera cuáles son los elementos que impactan en nuestro derredor de acuerdo con la forma en cómo algunas personas, especialmente jóvenes se perciben y que ha generado una ola en algunos países de nuestra región.

El fenómeno denominado “therian” debe entenderse como una expresión cultural situada en el ecosistema digital contemporáneo, más que como un hecho aislado o una simple “moda”. Se inscribe en un contexto histórico en el que la identidad dejó de concebirse como algo fijo y heredado para convertirse en un proceso dinámico, narrado y compartido en tiempo real a través de plataformas sociales. En este sentido, más que centrarnos en la etiqueta, resulta pertinente analizar qué significa para quienes la adoptan y qué condiciones socioculturales hacen posible su expansión. Las redes sociales no solo amplifican prácticas, sino que proveen lenguaje, comunidad y reconocimiento simbólico; permiten que experiencias subjetivas que antes quedaban en el ámbito privado encuentren validación colectiva y visibilidad pública.

En términos de significado, la identificación therian suele articularse como una vivencia interna que combina elementos de autopercepción, imaginación simbólica y pertenencia comunitaria. Para algunos jóvenes, puede funcionar como narrativa organizadora de su experiencia, un modo de explicar sensaciones de diferencia o desconexión. En la adolescencia y juventud temprana —etapas caracterizadas por la búsqueda activa de identidad, pertenencia y diferenciación— estas narrativas pueden adquirir especial fuerza. La pregunta por “quién soy” se convierte en un eje central del desarrollo psicosocial, y las comunidades digitales ofrecen espacios donde ensayar respuestas, probar roles y explorar sentidos de sí mismo sin las restricciones inmediatas del entorno presencial.

Desde la perspectiva personal, el fenómeno puede tener efectos ambivalentes. Por un lado, puede ofrecer sensación de comunidad, reconocimiento y coherencia interna, lo cual contribuye a la autoestima y al sentido de pertenencia. Por otro, cuando la identidad se construye principalmente en entornos altamente performativos y comparativos, como las redes sociales, puede aumentar la dependencia del reconocimiento externo y la vulnerabilidad frente a la burla o el estigma. La exposición pública de prácticas o símbolos asociados a esta identidad puede generar hostilidad, aislamiento o conflictos interpersonales, especialmente en contextos donde la diferencia es poco tolerada. El punto crítico no es la etiqueta en sí misma, sino el impacto que tenga en el bienestar, la funcionalidad cotidiana y la capacidad de sostener relaciones saludables.

En el plano social, el fenómeno refleja tensiones más amplias de la cultura contemporánea. Por una parte, evidencia una creciente apertura a la diversidad identitaria y la posibilidad de que los jóvenes articulen narrativas no convencionales sobre sí mismos. Por otra, activa dinámicas de polarización y “pánico moral” cuando ciertos sectores interpretan estas expresiones como amenaza o síntoma de descomposición social. La circulación acelerada de información, rumores y exageraciones contribuye a distorsionar la comprensión del fenómeno, generando debates cargados de emocionalidad que muchas veces carecen de base empírica. Así, el caso therian se convierte en un espejo de cómo la sociedad procesa lo emergente: entre la fascinación, la preocupación y la desinformación.

En el ámbito educativo, el fenómeno interpela directamente a las instituciones escolares. No tanto por la identidad declarada, sino por los efectos que pueda tener en la convivencia, la atención en clase y el clima escolar. La escuela se enfrenta al desafío de distinguir entre identidad personal y conducta observable, regulando aquello que afecte la seguridad, el orden o el proceso de aprendizaje, sin convertir la diferencia en objeto de sanción automática. Además, abre una oportunidad pedagógica relevante: trabajar la alfabetización digital, la construcción de identidad en entornos virtuales, el pensamiento crítico frente a tendencias virales y el fortalecimiento de habilidades socioemocionales como la empatía y el respeto.

Finalmente, el análisis de este fenómeno invita a una reflexión más amplia sobre la juventud contemporánea. Las nuevas generaciones crecen en un entorno de hiperconectividad, exposición constante y multiplicidad de discursos identitarios. En ese escenario, explorar formas simbólicas de autodefinición puede ser parte del proceso natural de desarrollo. La tarea de la familia, la escuela y la sociedad no es reaccionar desde el alarmismo, sino comprender los significados subyacentes, acompañar los procesos personales con criterio profesional cuando sea necesario y fortalecer contextos educativos que promuevan identidad sólida, pensamiento crítico y bienestar integral. Más que juzgar etiquetas, el reto está en atender las necesidades humanas que estas expresiones buscan articular. Porque comprender la realidad es el primer paso para decidir con responsabilidad…

Campañas sin campaña. La política permanente en el paisaje urbano

“La democracia no puede existir sin opinión pública; y la opinión pública no existe si no está formada.”- Giovanni Sartori

Hay algo profundamente elocuente en la escena cotidiana: no es año electoral, no hay convocatoria formal a campañas, la ley prohíbe actos anticipados; y, sin embargo, basta conducir unos minutos por cualquier avenida para encontrarse con bardas recién pintadas, espectaculares con sonrisas ensayadas, revistas “informativas” que circulan estratégicamente, brigadas juveniles “recorriendo colonias” y mensajes que, sin pedir el voto, construyen presencia, familiaridad y expectativa. La paradoja no es jurídica —porque la frontera legal está llena de matices— sino cultural: vivimos rodeados de campañas que no se llaman campaña, de candidaturas que no son candidatura y de posicionamientos que se presentan como servicio, informe o simple cercanía ciudadana.

El fenómeno no se explica por descuido institucional ni por ingenuidad ciudadana; se explica por la sofisticación de la comunicación política contemporánea. Hoy no es necesario decir “vota por mí” para activar una estrategia electoral. Basta con instalar el nombre, repetir el rostro, asociarlo a valores positivos, recorrer territorio con cámaras encendidas y difundir el material en múltiples plataformas. El mensaje no solicita sufragio; construye identidad. No convoca a la urna; se incrusta en el paisaje urbano. Así, la ciudad se convierte en un tablero de presencia permanente donde la promoción personal navega en la zona gris entre lo permitido y lo cuestionable.

Cuando observamos presidentes municipales, regidores, diputadas, senadores o funcionarios de los tres órdenes de gobierno en espectaculares que celebran “resultados”, “compromiso”, “cercanía” o “transformación”, el debate ya no es si informan —que pueden y deben informar— sino cómo esa información se diseña, se pauta y se distribuye. La comunicación institucional es legítima; la promoción personalizada con fines electorales no lo es. Sin embargo, en la práctica, la distinción se vuelve difusa: un informe puede adoptar estética de campaña; una revista puede operar como vehículo de posicionamiento; una jornada social puede convertirse en acto de proyección política. La ley regula la solicitud explícita del voto y la inequidad probada; la estrategia política aprende a evitar ambas cosas sin renunciar al objetivo central: instalarse en la mente colectiva antes de que el reloj electoral empiece a correr.

El resultado es una saturación visual que normaliza la presencia anticipada. Las bardas pintadas con nombres y consignas ambiguas, los “periódicos” gratuitos que destacan trayectorias, los grupos que “exploran a la ciudadanía para ver qué se ofrece” y documentan cada interacción en redes sociales, forman parte de una misma arquitectura comunicacional. No se trata de improvisación; es una estrategia de baja intensidad y alta constancia. Se construye familiaridad a través de la repetición. Se siembra percepción de liderazgo a través de la omnipresencia. Se proyecta inevitabilidad a través del volumen.

Lo inquietante no es sólo que ocurra, sino que se vuelva paisaje. La ciudadanía termina por mirar y seguir de largo. No necesariamente porque apruebe, sino porque se acostumbra. La repetición erosiona la capacidad de asombro. La ambigüedad reduce la posibilidad de denuncia clara. El cansancio cívico invita a la indiferencia. Y así, la ciudad se tapiza de rostros “encampañados sin querer hacer campaña”, mientras la conversación pública se desplaza del contenido al posicionamiento.

Hay, además, una dimensión simbólica: cuando la política se instala permanentemente en el espacio urbano como promoción personal, el mensaje implícito es que gobernar y promocionarse son actividades indistinguibles. El servicio público se confunde con marketing político. La gestión se comunica con códigos de publicidad. La deliberación democrática se reemplaza por la competencia por visibilidad. En ese entorno, quien logra mayor exposición consolida ventaja cognitiva, incluso antes de que exista competencia formal.

No se trata de negar el derecho a comunicar ni de cancelar la presencia pública de quienes ejercen cargos. Se trata de reflexionar sobre el equilibrio entre libertad de expresión, deber de informar y equidad electoral. Cuando la anticipación se vuelve permanente, la prohibición pierde fuerza simbólica. Cuando la promoción constante precede al periodo legal, el arranque formal de campaña deja de ser un punto de partida y se convierte en un trámite.

Tal vez la pregunta más profunda no sea por qué lo hacen —la lógica del poder busca siempre anticiparse— sino por qué lo toleramos como rutina. La democracia no sólo se sostiene en normas escritas; también en cultura cívica. Si normalizamos la campaña perpetua, convertimos la excepción en regla. Si reducimos la política a presencia y repetición, debilitamos el espacio para el debate sustantivo. Y si dejamos pasar de largo la saturación, terminamos aceptando que la competencia empieza mucho antes de que la ley diga que puede empezar.

En ese sentido, la imagen de ciudades cubiertas de nombres y sonrisas fuera de calendario no es un simple detalle urbano; es un síntoma. Un síntoma de cómo la comunicación política ha aprendido a moverse con precisión quirúrgica en los intersticios normativos, y de cómo la ciudadanía, entre la fatiga y la resignación, ha incorporado esa práctica como parte del paisaje. La reflexión pendiente no es sólo jurídica, sino ética y cultural: qué tipo de convivencia democrática queremos, y qué lugar ocupa en ella la promoción permanente disfrazada de información. Porque comprender la realidad es el primer paso para decidir con responsabilidad…

Pensiones Civiles del Estado: Entre la memoria del prestigio y la urgencia del rescate

Durante décadas, Pensiones Civiles del Estado fue uno de los organismos más reconocidos de Chihuahua por su eficiencia, su modelo solidario de atención médica y su capacidad para brindar servicios de calidad tanto a los trabajadores del estado como a sus familias. Su estructura, ejemplo a nivel nacional, combinaba una atención integral con una visión humanista que le permitió sostener durante años un equilibrio entre la prestación médica, las jubilaciones y los beneficios sociales. Sin embargo, lo que alguna vez fue símbolo de estabilidad y orgullo institucional, hoy se encuentra en una encrucijada que amenaza su viabilidad futura.

El problema de fondo no es nuevo. Los adeudos acumulados por distintas dependencias gubernamentales, que durante años omitieron cumplir con sus aportaciones, han generado una deuda estructural que hoy asfixia al sistema. Esa falta de liquidez repercute directamente en la operación diaria: procedimientos suspendidos, falta de medicamentos, cirugías aplazadas, limitación de insumos y carencia de pagos a hospitales subrogados. Desde hace meses, la organización sindical mantiene un plantón permanente como señal de alerta y protesta ante la falta de respuestas concretas que garanticen el pago de lo adeudado, pero sobre todo, la preservación de los derechos de los trabajadores activos y jubilados.

A pesar de este contexto adverso, dentro del propio organismo se han intentado impulsar acciones para mantener a flote el sistema. La apertura de un nuevo espacio de atención permanente 24/7 para pacientes no urgentes, la renovación del área de observación en urgencias, el espacio de las farmacias con medicamentos subrogados a un costado de la farmacia de la institución, la compra de mobiliario y la reorganización del estacionamiento —permitiendo ahora que pacientes en general, pero en particular con movilidad limitada accedan más fácilmente al área de consulta— son esfuerzos palpables que evidencian la voluntad institucional de mejorar. Sin embargo, estos avances contrastan con un panorama más amplio en el que la demanda rebasa la capacidad operativa, revelando una tensión constante entre la buena intención administrativa y la realidad económica.

El sistema enfrenta hoy una serie de restricciones que afectan directamente a los derechohabientes. Las clínicas privadas han limitado la recepción de pacientes derivados; las terapias requieren autorización de una sola especialista que debe determinar si continúan o no las sesiones retrasando meses la atención; y los servicios de radiología e imagenología presentan una saturación que obliga a las personas a inscribirse en listas de espera o depender de cancelaciones de último minuto porque en este año ya no hay. En muchos casos, la llamada “fila virtual” para conseguir cita con médico general o especialista ha dejado a los pacientes esperando más de diez meses o incluso un año para recibir atención. La tecnología, en lugar de resolver el problema, ha terminado por evidenciarlo con crudeza.

Esta situación no solo compromete la salud y el bienestar de miles de trabajadores del Gobierno del Estado y sus familias, sino que también pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. La falta de recursos no solo limita la operación médica, sino que proyecta un futuro incierto respecto al pago de los compromisos financieros, que además uno no deja de preguntarse lo que sucederá en el largo plazo con respecto a las jubilaciones y pensiones. La legislación marca claramente que el gobierno estatal debe asumir el diferencial cuando los ingresos propios del organismo no sean suficientes, pero el cumplimiento de esa obligación no deja de ser un pendiente que inunda las charlas de café con insistencia.

Pensiones Civiles del Estado necesita más que una solución administrativa; requiere una política integral de rescate, basada en la transparencia, la corresponsabilidad y la voluntad política real de sanear las finanzas públicas. No se trata únicamente de saldar deudas, sino de recuperar la confianza de las y los trabajadores, así como de de reconstruir el prestigio de una institución que durante años fue sinónimo de seguridad, calidad y orgullo para Chihuahua. De no hacerlo, se corre el riesgo de que el colapso financiero se traduzca en una crisis humanitaria silenciosa que impactará no solo a los derechohabientes, sino a todo el sistema de salud pública estatal.

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann

Docente y Abogado. Doctor en Gerencia Pública y Política Social

https://manuelnavarrow.com

manuelnavarrow@gmail.com

¿Más peso a Pensiones?

“Ampliar la cobertura de los sistemas de pensiones sin resolver sus problemas estructurales no sólo es insostenible, sino también socialmente injusto para las generaciones futuras.” Robert Holzmann

En el contexto actual de Chihuahua, la discusión sobre incorporar a los elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal al régimen de Pensiones Civiles del Estado (PCE) representa un punto de inflexión crítico en la administración de los derechos sociales. Esta propuesta, pretende reconocer la complejidad y el desgaste de las funciones policiales, permitiendo jubilaciones anticipadas bajo esquemas especiales. Sin embargo, conviene observar que esta intención colisiona de manera directa con una realidad institucional que, a todas luces, se encuentra comprometida por su propia sostenibilidad.

A pesar de lo loable de extender derechos a un sector históricamente vulnerable y expuesto, como lo es el policial, el momento es cuestionable. PCE enfrentan una crisis profunda derivada del crecimiento de su derechohabiencia sin una proporcional base contributiva. Con más de 95 mil afiliados, adeudos que superan los mil 400 millones de pesos por parte de instituciones públicas, y una deuda estructural en el servicio médico de casi mil millones más tan solo en 2020, el sistema se ha visto desbordado. La calidad de la atención ha mermado, las citas son insuficientes, las cirugías se postergan y los medicamentos faltan. El personal jubilado, particularmente del magisterio estatal, ha protestado en múltiples ocasiones ante la indiferencia institucional, señalando una situación insostenible.

A esto se suma una reciente decisión legislativa que permite a jueces y magistrados acogerse a una pensión complementaria vitalicia de entre el 50 y el 72% de su salario, aun sin cumplir los años de servicio requeridos. Esta determinación ha sido fuertemente cuestionada, no solo por el trato preferencial que representa, sino por el impacto presupuestal que inevitablemente supondrá para un sistema ya deficitario.

Resulta paradójico que en un momento en que los propios titulares de Pensiones Civiles reconocen que apenas se cubre una quinta parte del costo real del servicio médico con las aportaciones vigentes, se pretenda seguir ampliando el universo de beneficiarios sin una reforma integral y sostenible del modelo. La incorporación de más sectores sin una revisión estructural de ingresos, cuotas, responsabilidades institucionales y viabilidad actuarial no solo es arriesgada, sino que podría terminar por colapsar por completo el sistema.

La solución no puede ser política antes que técnica. Hace poco más de una década se afirmaba que con las reformas teníamos una Institución para más de cien años y la realidad nos ha alcanzado. Se requiere una revisión profunda del marco legal, financiero y organizacional de PCE, y una decidida exigencia de pago a los deudores institucionales para no seguir desplazando la carga hacia los trabajadores cumplidos. Al mismo tiempo, es necesario generar un sistema de salud eficiente, basado en la transparencia, la equidad, y el principio de no discriminación en el acceso a los servicios.

El reconocimiento a las y los policías estatales debe materializarse en condiciones laborales dignas y un sistema previsional justo. Pero ello no puede darse a costa de seguir deteriorando los servicios que ya están en crisis para decenas de miles de trabajadores del estado. La justicia para unos no puede implicar la injusticia para otros.

La política pública no puede seguir construyéndose en reacción a presiones o intereses particulares. Urge responsabilidad, información técnica transparente y voluntad de reestructurar. De lo contrario, este tipo de propuestas, aunque bien intencionadas, no solo son inviables: son socialmente regresivas.

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann

Docente y Abogado. Doctor en Gerencia Pública y Política Social

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manuelnavarrow@gmail.com

Y Pensiones… ¿Cuándo?

«La seguridad social no es un lujo, sino un derecho humano básico que debe garantizarse con calidad, eficiencia y equidad.» Amartya Sen

El magisterio en el estado de Chihuahua ha sido una pieza fundamental en la fundación, construcción y consolidación de Pensiones Civiles del Estado (PCE), institución que nació del esfuerzo colectivo y de la visión de proporcionar seguridad social digna a los trabajadores de la educación. Desde sus inicios, PCE representó un avance significativo en la protección de los derechos de los maestros y sus familias, garantizando acceso a servicios médicos, medicamentos y prestaciones sociales que por años fueron ejemplo de solidez y compromiso. Lamentablemente, con los años, la cantidad de organismos afiliados, el que muchos de ellos no tengan cubiertas sus aportaciones, la falta de adecuación legal, el desmerecimiento y desatención de la autoridad estatal para el fortalecimiento de la Institución, hacen que la realidad actual dista mucho de aquel ideal del inicio de PCE.

A pesar de las promesas recurrentes en campañas políticas y las declaraciones en medios de comunicación sobre mejoras en la calidad del servicio, la institución enfrenta una crisis evidente. Este deterioro se manifiesta en cada rincón de su operación, pero es especialmente crítico en el área de urgencias. En este espacio, destinado a brindar atención inmediata y de calidad en situaciones de emergencia, el panorama es desolador.

Ya no digamos el piso que tiene tantos tipos diferentes de cerámica como parches se le han hecho al edificio a lo largo de las últimas décadas al igual que la pintura de sus paredes, lo limitado del cuadro básico de medicamentos, las sábanas, ropa de médicos, falta de espacio, la falta de personal médico, insumos básicos y equipamiento adecuado deja a los derechohabientes en condiciones lamentables, esperando por horas o incluso días, en momentos en los que el tiempo resulta crucial para preservar la vida y la salud.

Sin embargo, el problema no solo radica en las carencias de urgencias, sino también en la cadena de atención que debería garantizar traslados oportunos a hospitales con los que la institución tiene convenios. Lamentablemente, estos espacios son insuficientes o presentan demoras interminables, perpetuando la incertidumbre y el sufrimiento de los pacientes y sus familias. Mientras tanto, el tiempo de espera para una cita con un especialista puede superar el año, una situación inadmisible cuando se trata de enfermedades graves o accidentes que requieren intervención inmediata. Los lamentables servicios de terapia, que solo se brindan una vez, puesto que se tiene a una doctora especialista en decir que ya no habrá más sesiones.

La falta de medicamentos, las largas listas de espera para estudios y la saturación de los servicios generan un triste panorama. Es evidente que PCE carece del fortalecimiento necesario por parte de las autoridades competentes. No se trata de una simple cuestión de percepción; el magisterio y sus familias enfrentan cotidianamente las consecuencias de un sistema que parece estar colapsando. Esto, en una institución que debería ser ejemplo de eficiencia y compromiso social, deja en evidencia el distanciamiento entre las necesidades reales y las prioridades que se asignan.

El magisterio del estado ha demostrado históricamente su inteligencia, formalidad y capacidad propositiva. La solución no debe enfocarse en divisiones partidistas, sino en la unidad y en la elaboración de propuestas que busquen el fortalecimiento de PCE. Es imperativo que se tomen acciones claras y contundentes, no solo para recuperar la dignidad de los servicios médicos, sino también para garantizar un futuro en el que la seguridad social deje de ser un privilegio y vuelva a ser un derecho fundamental. Porque la educación, es el camino…

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann.

Doctor en Gerencia Pública y Política Social

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manuelnavarrow@gmail.com

Un gran cambio de paradigma

“Las mujeres son las mayores agentes de cambio. Si queremos un mundo más pacífico y próspero, necesitamos más mujeres en todos los niveles de gobierno, porque ellas aportan soluciones diferentes y necesarias.” Hillary Clinton

La elección de una mujer como presidenta en México representa un cambio histórico que trasciende el ámbito político y se adentra en la dimensión social y cultural de nuestro país. Tras casi siete décadas desde que las mujeres obtuvieron el derecho al voto, este logro simboliza la culminación de una lucha incansable por la igualdad de derechos y oportunidades. No obstante, más allá del reconocimiento de este hecho, es crucial destacar cómo este acontecimiento redefinirá el horizonte de posibilidades para las niñas y adolescentes que hoy observan con nuevos ojos su potencial de liderazgo.

Este momento se convierte en una ventana abierta hacia un futuro donde las limitaciones de género comienzan a desdibujarse. Las nuevas generaciones de mujeres podrán verse reflejadas en el más alto cargo de representación nacional, lo que refuerza la creencia de que sus sueños, ambiciones y capacidades no tienen barreras inquebrantables. A nivel simbólico, la llegada de una mujer a la presidencia refuerza la idea de que no se trata solo de lograr equidad en términos políticos, sino también de transformar el imaginario colectivo sobre lo que significa ser mujer en México.

Este cambio, si bien es impulsado por una elección política, ofrece una plataforma invaluable para revalorizar la importancia de la perspectiva de género en la toma de decisiones que afectan al país. Al incorporar una visión más incluyente y equitativa en las políticas públicas, se abre la posibilidad de construir un país donde las decisiones no se basen únicamente en agendas partidistas, sino también en un enfoque integral que considere la realidad de las mujeres y su participación activa en la sociedad. Es una oportunidad para replantear las prioridades nacionales, incluyendo temas cruciales como la justicia social, la igualdad de oportunidades y la erradicación de la violencia de género.

Este hito no solo quedará marcado como un triunfo electoral, sino como una señal de un México que avanza hacia la inclusión, donde las voces femeninas, en todos los ámbitos, tendrán un peso creciente en las decisiones que determinarán el futuro de la nación. La influencia de este momento en la construcción de un nuevo paradigma no solo afectará la política, sino también la educación, la cultura y la percepción misma de lo que es posible para cada niña que sueña con ocupar su lugar en la historia. Porque la sociedad la construimos en conjunto…

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann.

Doctor en Gerencia Pública y Política Social

https://manuelnavarrow.com

manuelnavarrow@gmail.com

Hacia un sistema nacional de cuidados

«El cuidado de los seres humanos no puede ser una mercancía. Es una obligación social y debe ser tratado como tal.» – Michael Sandel

El reciente planteamiento sobre la creación de un Sistema de Cuidados representa un avance significativo en el reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado y habitualmente invisible que sostiene la base de nuestra sociedad. Este tipo de trabajo, que incluye cuidar a los más pequeños, a las personas con discapacidad, y a los adultos mayores, entre otros, es fundamental para el bienestar social y económico de cualquier nación. Sin embargo, a menudo se lleva a cabo sin una compensación adecuada o reconocimiento formal.

Contar con un sistema de cuidados bien estructurado y financiado es crucial porque reconoce y valora oficialmente la labor de cuidado como una contribución esencial al conjunto de la sociedad. Esto no solo mejora la calidad de vida de las personas que reciben cuidados, sino que también apoya a los cuidadores, quienes frecuentemente sacrifican su tiempo, recursos y oportunidades laborales y educativas para proporcionar esta atención.

La falta de presupuesto es un obstáculo importante en la implementación de políticas públicas eficaces. Sin la asignación de recursos financieros, las buenas intenciones expresadas en la ley corren el riesgo de quedarse en el papel y no convertirse en acciones concretas que mejoren la vida de las personas. El financiamiento adecuado permitiría que se establezcan programas de capacitación para cuidadores, se otorguen certificaciones que validen y dignifiquen su labor, y se garantice la seguridad social que merecen.

Además, es necesario que las políticas públicas en este ámbito promuevan la equidad de género. Históricamente, las tareas de cuidado han recaído principalmente en mujeres, lo que ha contribuido a la desigualdad económica y social de género. Un sistema de cuidados con financiamiento adecuado y políticas bien estructuradas puede corregir este desequilibrio y apoyar la participación equitativa de todos los géneros en el mercado laboral y en la esfera del cuidado.

Por lo tanto, la implementación de un sistema de cuidados es un paso fundamental hacia una sociedad más justa y equitativa. Un sistema bien financiado y con políticas públicas robustas puede asegurar que quienes llevan a cabo el cuidado reciban el apoyo que necesitan y merecen, y que quienes requieren cuidado reciban servicios de alta calidad. Es una inversión en la dignidad humana y el desarrollo socioeconómico que beneficia a todos.

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann. Doctor en Gerencia Pública y Política Social.

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manuelnavarrow@gmail.com