La educación es el punto en el que decidimos si amamos al mundo lo suficiente como para asumir la responsabilidad por él. Hannah Arendt, filósofa y pensadora política. La crisis en la educación, ensayo incluido en Entre el pasado y el futuro.
Algo está sucediendo entre las nuevas generaciones y sería un grave error interpretarlo únicamente como una expresión de inconformidad juvenil. Desde Asia hasta América Latina, pasando por África y Europa, miles de jóvenes han salido a las calles para cuestionar decisiones gubernamentales, denunciar desigualdades y reclamar oportunidades que consideran cada vez más distantes. Sus manifestaciones tienen causas diferentes, pero comparten una preocupación fundamental: la distancia entre el futuro que les prometimos mediante la educación, el trabajo y la democracia, y las condiciones reales que encuentran al intentar construir sus propias vidas.
Durante 2025 y 2026, las movilizaciones juveniles adquirieron particular visibilidad internacional. En Nepal, las protestas contra restricciones digitales y la corrupción desembocaron en una crisis política; en Madagascar, las interrupciones de agua y electricidad alimentaron manifestaciones que contribuyeron a la caída del gobierno; en Marruecos, jóvenes organizados exigieron mejores servicios educativos y sanitarios. En Perú, Indonesia y otros países también surgieron movimientos contra decisiones económicas y privilegios políticos. No constituyen una organización mundial unificada, pero revelan malestares que atraviesan distintas sociedades.
Europa ofrece otras expresiones de esta inconformidad. En España, las movilizaciones por el encarecimiento de la vivienda han evidenciado las dificultades de generaciones que trabajan, estudian y, sin embargo, encuentran obstáculos crecientes para independizarse. En Francia, las protestas contra los ajustes presupuestarios de septiembre de 2025 reunieron a trabajadores, estudiantes y organizaciones sociales preocupados por los servicios públicos. Mientras tanto, en India, las protestas estudiantiles de 2026 por filtraciones en exámenes de acceso a medicina colocaron nuevamente sobre la mesa la transparencia educativa y la igualdad de oportunidades.
Sería equivocado afirmar que todas estas manifestaciones responden a una misma ideología o representan a la totalidad de la generación Z. Tampoco sus resultados pueden evaluarse exclusivamente por la renuncia de funcionarios o la modificación de determinadas políticas. Algunas han conseguido respuestas inmediatas; otras enfrentaron represión, violencia o dificultades para transformar sus demandas en reformas duraderas. Lo verdaderamente significativo es que, detrás de cada conflicto, aparecen preguntas sobre la confianza institucional, la distribución de oportunidades y la capacidad de las democracias para escuchar a quienes vivirán durante más tiempo las consecuencias de las decisiones actuales.
Existe una contradicción que merece atención. Durante décadas hemos insistido a niñas, niños y adolescentes en que estudiar constituye el camino más seguro hacia una vida mejor. Les pedimos esfuerzo, disciplina, preparación y perseverancia. Sin embargo, al incorporarse a la vida adulta, muchos descubren mercados laborales precarios, viviendas inaccesibles, desigualdades persistentes y una movilidad social considerablemente más limitada de lo que esperaban. La educación continúa siendo fundamental, pero sus beneficios individuales no pueden compensar, por sí solos, las deficiencias estructurales de una sociedad.
A esta incertidumbre económica se suma otra dimensión: la percepción de estar recibiendo un planeta ambientalmente deteriorado y políticamente fragmentado. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos documentó en 2026 que la salud mental juvenil enfrenta presiones relacionadas con la inseguridad económica, los conflictos internacionales, la ansiedad climática, las exigencias académicas y los entornos digitales. No se trata de atribuir automáticamente las manifestaciones a problemas emocionales, sino de reconocer que las preocupaciones colectivas también forman parte de la experiencia cotidiana de crecer.
Las redes sociales han transformado profundamente este escenario. Permiten denunciar injusticias, compartir evidencias, organizar movimientos y conectar experiencias de países distantes. Pero también favorecen la circulación de información falsa, la polarización y las interpretaciones simplificadas. La juventud dispone de herramientas extraordinarias para expresarse, aunque no necesariamente de los espacios institucionales necesarios para convertir esa expresión en decisiones públicas. La rapidez con que puede organizarse una manifestación contrasta con la lentitud con que suelen modificarse las estructuras que provocaron el descontento.
Aquí aparece una responsabilidad educativa que resulta imposible ignorar. Durante generaciones, nuestras escuelas han enseñado la importancia de la democracia, la justicia, los derechos humanos y la participación ciudadana. Sin embargo, debemos preguntarnos hasta qué punto esos principios se practican realmente dentro de las instituciones escolares. ¿Qué aprende un estudiante sobre democracia cuando sus opiniones nunca son consideradas? ¿Cómo comprende la justicia cuando observa desigualdades normalizadas? ¿De qué manera desarrolla pensamiento crítico si expresar desacuerdo se interpreta automáticamente como indisciplina?
La UNESCO, mediante su Informe sobre la Juventud 2026, identificó que solamente uno de cada tres países cuenta con organismos formales para incorporar a jóvenes o estudiantes en las discusiones sobre educación. Además, más del 40% de las organizaciones juveniles consultadas manifestó insatisfacción con su participación mediante los mecanismos gubernamentales establecidos. Los resultados muestran una distancia preocupante entre reconocer discursivamente la participación juvenil y garantizar que sus opiniones tengan consecuencias efectivas sobre las decisiones educativas.
Esta realidad obliga a reconsiderar el papel de la escuela. Formar ciudadanos no consiste únicamente en transmitir conocimientos sobre instituciones, leyes o acontecimientos históricos. Significa desarrollar capacidades para comprender problemas colectivos, contrastar información, argumentar posiciones, escuchar perspectivas diferentes y participar responsablemente en la búsqueda de soluciones. Una educación verdaderamente democrática no necesita promover determinadas posiciones partidistas; necesita enseñar a pensar con independencia, reconocer derechos y asumir responsabilidades compartidas.
Para las maestras y los maestros, las movilizaciones internacionales representan oportunidades pedagógicas. Pueden convertirse en situaciones de aprendizaje que articulen historia, geografía, economía, formación cívica, matemáticas y lenguaje. Analizar por qué aumenta el costo de la vivienda, cómo se distribuye un presupuesto público o qué consecuencias tiene el desempleo juvenil permite comprender que los contenidos escolares explican realidades concretas. Investigar distintas fuentes, distinguir hechos de opiniones y debatir respetuosamente también fortalece competencias fundamentales frente a la desinformación.
Pero existe una tarea todavía más cercana: escuchar lo que ocurre dentro de nuestras propias aulas. Detrás del silencio, la apatía, la inconformidad o el bajo rendimiento pueden existir preocupaciones familiares, incertidumbre económica, experiencias de discriminación o temores respecto del futuro. Escuchar no significa justificar cualquier comportamiento ni renunciar a los límites necesarios para la convivencia. Significa comprender antes de juzgar y reconocer que el aprendizaje requiere condiciones emocionales, sociales y materiales que muchas veces trascienden las posibilidades individuales del estudiante.
Las direcciones escolares también tienen una responsabilidad decisiva. Una escuela que aspira a formar ciudadanos participativos necesita construir espacios auténticos de diálogo, fortalecer sus mecanismos de representación estudiantil y permitir que niñas, niños y adolescentes intervengan, conforme a su edad, en decisiones relacionadas con la convivencia y la vida escolar. Cuando una propuesta estudiantil se escucha, se analiza y recibe una respuesta fundamentada, incluso si no puede realizarse, se enseña algo esencial: la participación democrática implica deliberación, responsabilidad y reconocimiento mutuo.
Naturalmente, la escuela no puede resolver por sí misma el desempleo, la corrupción, la crisis ambiental o las desigualdades económicas. Pretenderlo sería trasladarle responsabilidades que corresponden a los gobiernos y a la sociedad. Pero sí puede evitar reproducir el autoritarismo, la indiferencia y la exclusión que tantas veces generan desconfianza institucional. También puede ofrecer herramientas para que las nuevas generaciones comprendan la complejidad de esos problemas y participen constructivamente en su transformación.
Quizá el mensaje más importante de estas movilizaciones no esté solamente en aquello contra lo que protestan los jóvenes, sino en aquello que esperan encontrar: instituciones confiables, oportunidades reales, servicios públicos dignos, condiciones para construir proyectos de vida y posibilidades efectivas de participar en las decisiones que determinarán su futuro. Sus demandas no siempre son homogéneas ni sus propuestas están exentas de contradicciones, pero merecen ser examinadas con seriedad y no descalificadas por razones generacionales.
La pregunta fundamental, entonces, no es por qué la juventud está tomando las calles, sino qué estamos haciendo los adultos para comprender el mundo que está encontrando. Porque mientras les enseñamos que deben prepararse para el futuro, ellos nos recuerdan que ese futuro depende también de las decisiones que tomamos en el presente. Y acaso nuestra mayor responsabilidad educativa consista precisamente en reconocer que no basta con preparar a las nuevas generaciones para adaptarse al mundo que les heredamos; también debemos darles los conocimientos, la confianza y las oportunidades necesarias para participar en la construcción del mundo que legítimamente aspiran a vivir.
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