“Las organizaciones de docentes deben ser reconocidas como una fuerza que puede contribuir considerablemente al progreso educativo”. OIT
Después de tres décadas de reformas que han modificado instituciones y procedimientos, México enfrenta nuevamente una pregunta fundamental: ¿participará verdaderamente el magisterio y será tomado en serio para la construcción de las reglas que determinan su trayectoria profesional?
La SEP informa que en el diagnóstico de agosto participaron 393,696 docentes de 93,235 centros de trabajo. Son respuestas relevantes, aunque no necesariamente representativas de todo el magisterio. En un país de escuelas urbanas, rurales, indígenas y multigrado, ninguna regla será justa si ignora las diferencias del trabajo cotidiano.
Tres décadas de reformas dejan lecciones. Carrera Magisterial prometió estímulos; el Servicio Profesional Docente de 2013 impulsó evaluaciones y concursos; la USICAMM, surgida en 2019, ofreció nuevos procesos. Cambiaron las instituciones, pero persistieron inconformidades sobre plazas, promociones y traslados. Desaparecer USICAMM no bastará si permanecen sus problemas.
El diagnóstico ofrece pistas: 79.6% prefirió un instrumento de valoración frente al antiguo reparto de plazas mediante comisiones mixtas. No es un cheque en blanco a cualquier examen, sino una señal favorable a reglas claras. El 43.2% de las menciones sobre quién debe diseñarlo correspondió a docentes del nivel evaluado; 73.9% pidió elegir a los participantes mediante convocatoria pública. El magisterio quiere construir sus propias reglas.
Al distribuir cien puntos entre criterios de asignación y promoción, los participantes otorgaron en promedio 24.1 a conocimientos y aptitudes; 22.7 a antigüedad; 20.4 a posgrados; 20 a formación continua y 12.8 al trabajo con estudiantes. La trayectoria profesional no puede reducirse a una sola cualidad. Tampoco deberían evaluarse igual las funciones docentes, directivas y de supervisión.
Los consensos más contundentes hablan de confianza: 96.7% exige divulgar de inmediato las vacantes; 91.3% respalda preservar el derecho a una plaza definitiva pese a un nombramiento temporal y 98.1% apoya denunciar la corrupción para sancionarla. Convertir esos porcentajes en información pública, vigilancia y mecanismos efectivos de inconformidad sería un cambio real.
Falta discutir presupuestos para promociones, movilidad laboral, formación pertinente, profesionalización directiva y condiciones dignas para enseñar. No habrá justicia profesional mientras se desconozca la desigualdad entre escuelas.
El proceso que inicia este viernes no debería concluir con actas archivadas. La SEP deberá explicar qué propuestas incorpora, cuáles descarta y por qué. Después de tantas reformas, el magisterio merece más que un nuevo nombre: reglas legítimas, derechos efectivos y mejores condiciones para el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Porque la educación es el camino…
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