“Las señales de advertencia adoptan muchas formas y pueden aparecer en conversaciones, redes sociales e incluso en trabajos escolares.”– Peter Langman, psicólogo e investigador especializado en ataques escolares
Hay acontecimientos que no pueden archivarse como una nota roja más. Cuando la violencia irrumpe en una escuela y una directora, un maestro, un trabajador o un estudiante dejan de estar seguros en el lugar destinado al aprendizaje y al cuidado, el problema trasciende al agresor y a la víctima. Se convierte en una pregunta institucional. Lo ocurrido el 1 de octubre de 2026 en una secundaria de Torreón obliga a formularla: ¿qué estamos haciendo para identificar el riesgo antes de que llegue a la puerta del plantel?
Las primeras investigaciones señalan que dos jóvenes de 18 años, exalumnos, ingresaron a la Secundaria General número 13 del ejido La Unión armados con machetes y artefactos explosivos improvisados. La subdirectora perdió la vida y varias personas resultaron heridas. Los presuntos responsables fueron detenidos. La Fiscalía de Coahuila investiga el móvil y ha señalado que entre los elementos analizados existen referencias a agresores de ataques escolares ocurridos en otros países. Esa línea continúa bajo investigación y sería irresponsable convertir una hipótesis inicial en explicación definitiva.
Pero Torreón ya conocía el horror dentro de un plantel. El 10 de enero de 2020, un alumno de 11 años del Colegio Cervantes disparó contra su maestra y otros integrantes de la comunidad escolar, mató a la docente, hirió a seis personas y después se quitó la vida. Vestía de manera asociada a uno de los autores de Columbine. Seis años después, otra escuela de la misma ciudad vuelve a convertirse en escenario de violencia extrema. Los contextos son diferentes y la coincidencia geográfica no autoriza causalidades, pero sí impide tratar la seguridad escolar como un asunto excepcional.
Tampoco se trata sólo de Torreón. En Monterrey, en 2017, un adolescente abrió fuego en un salón contra una profesora y varios compañeros. En septiembre de 2025, un estudiante del CCH Sur de la UNAM asesinó con arma blanca a otro alumno e hirió a un trabajador que intentó intervenir. En marzo de 2026, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, un adolescente fue detenido después del asesinato a tiros de dos integrantes del personal de una escuela privada. En mayo, en Huimanguillo, Tabasco, un profesor fue atacado con arma blanca por un alumno. Son episodios distintos, pero juntos muestran que docentes, directivos y trabajadores también son población expuesta.
Durante años hemos concebido la seguridad escolar principalmente alrededor de niñas, niños y adolescentes. Es correcto: el interés superior de la niñez debe mantenerse como principio rector. Pero proteger al alumnado y proteger al personal no son objetivos contrapuestos. Una escuela no puede ser segura para sus estudiantes si quienes la dirigen, enseñan y acompañan carecen de mecanismos efectivos de protección. La muerte o lesión de un educador altera la vida pedagógica, provoca miedo, interrumpe aprendizajes y deja secuelas en toda la comunidad.
México dispone de protocolos estatales para distintas formas de violencia escolar y la Secretaría de Educación Pública concentra instrumentos de prevención, detección, intervención, notificación, canalización y seguimiento. Son necesarios, pero un protocolo escrito no detiene una agresión. La distancia crítica está entre tener el documento y construir capacidades reales. ¿Quién recibe una alerta? ¿Quién decide si es creíble? ¿Quién investiga amenazas dirigidas a un docente? ¿Qué ocurre si aparecen en redes sociales? ¿Cuándo intervienen seguridad pública, procuración de justicia, salud mental y autoridades educativas?
La experiencia internacional aporta una lección relevante. El National Threat Assessment Center del Servicio Secreto de Estados Unidos insiste en que no existe un “perfil” confiable del atacante escolar. Buscar al joven solitario, al estudiante con bajas calificaciones o a quien presenta determinada apariencia puede generar estigmatización y falsos positivos. La prevención debe concentrarse en conductas, comunicaciones y circunstancias: amenazas, referencias reiteradas a causar daño, acceso o interés operativo en armas, planes, búsqueda de acceso, publicaciones que anticipen violencia o información conocida por compañeros y familiares. La clave no es etiquetar personas; es valorar situaciones.
Esto exige equipos multidisciplinarios de evaluación y gestión de amenazas en los sistemas escolares. No comisiones que se reúnan después de la tragedia, sino estructuras permanentes capaces de recibir información, contrastarla, estimar niveles de riesgo y activar respuestas. Directivos, orientación educativa, psicología, trabajo social, supervisión, seguridad pública, procuración de justicia y salud necesitan una ruta previamente acordada. El umbral para escuchar una preocupación debe ser bajo; la respuesta, proporcional, profesional y respetuosa de derechos. La evidencia comparada subraya precisamente la conveniencia de intervenir cuando aparecen comportamientos preocupantes, antes de que la situación escale.
También necesitamos canales confidenciales de reporte para estudiantes, familias y trabajadores. La investigación internacional ha documentado que, antes de numerosos ataques, otras personas conocían conductas o intenciones preocupantes. La pregunta decisiva es si existía un lugar seguro para reportarlas y si alguien tenía la responsabilidad de actuar. Una amenaza en mensajería, una publicación que glorifica agresores, la fotografía de un arma o una advertencia explícita no deben convertirse automáticamente en culpabilidad, pero tampoco diluirse como bromas sin evaluación competente.
La infraestructura importa: control de accesos, identificación de visitantes, registro de personas externas, comunicación inmediata, rutas de resguardo, mecanismos de alerta, capacitación para emergencias y coordinación con autoridades. Pero tampoco basta con convertir la escuela en fortaleza. La Suprema Corte declaró inconstitucional el diseño del antiguo programa Mochila Segura por carecer de fundamento legal suficiente, aunque señaló que pueden construirse medidas de seguridad escolar con base jurídica, proporcionalidad y respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes. La seguridad no exige renunciar a los derechos; exige diseñar mejor.
Existe además una dimensión menos visible: la pertenencia. La evidencia disponible muestra que la conexión de los estudiantes con adultos significativos, compañeros y escuela funciona como factor protector frente a distintas experiencias de violencia. Esto obliga a fortalecer tutorías, orientación, atención psicológica, convivencia, seguimiento de ausencias y acompañamiento de estudiantes en crisis. También obliga a no perder de vista conflictos pendientes cuando una persona egresa, abandona o es expulsada de un plantel.
La seguridad docente y directiva debe entrar de lleno en la política educativa. Hace falta un registro nacional de agresiones y amenazas contra personal escolar; criterios homogéneos para clasificar riesgos; protocolos específicos para amenazas externas y digitales; asesoría jurídica inmediata; acompañamiento psicológico; coordinación interinstitucional y medidas de protección cuando exista riesgo documentado. También capacitación para reconocer señales sin convertir al profesorado en policía, porque su función sigue siendo educar y no investigar delitos.
Cada tragedia suele producir minutos de silencio, comunicados, vigilancia temporal y reuniones. Después, la vida escolar intenta volver a la normalidad. El problema es que una normalidad que olvida demasiado rápido puede incubar el siguiente episodio. La pregunta ya no es si existe un protocolo en alguna carpeta, sino si tenemos un sistema capaz de escuchar antes del grito, intervenir antes del ataque y proteger antes del funeral. Una escuela segura no es aquella que sabe reaccionar cuando comienza la violencia. Es aquella que desarrolla inteligencia institucional suficiente para reconocer el riesgo cuando todavía existe tiempo para evitarla. Porque la educación es el camino…
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