«En tiempos de crisis, la justicia se torna frágil frente a la presión de las masas y los juicios apresurados.» Hannah Arendt (1963)
En un país donde la opinión pública se enciende con facilidad y las redes sociales fungen como juez y verdugo, el caso de la maestra Tere en Querétaro, se ha convertido en un símbolo alarmante de lo que ocurre cuando la desinformación, los intereses personales y la falta de rigor jurídico se combinan peligrosamente. Lo que inicialmente parecía una denuncia legítima de padres de familia por supuestos malos tratos hacia estudiantes, ha desembocado en una situación de profunda injusticia.
La historia comenzó con una acusación lanzada por una madre de familia, quien, desde su posición como tesorera del comité de padres, utilizó plataformas digitales para denunciar a la maestra Tere por faltas laborales que, según lo confirmado por autoridades educativas, estaban plenamente justificadas por razones médicas tras un proceso quirúrgico. Sin embargo, éstas fueron aprovechadas como pretexto para movilizar una campaña de desprestigio que tomó fuerza con el uso de redes sociales y presiones mediáticas. La comunidad escolar no tardó en polarizarse y, bajo el peso del escándalo, surgieron señalamientos más graves sin evidencia suficiente: la presunta violencia de género en contra de estudiantes.
La situación alcanzó un punto crítico cuando se detuvo a la maestra, a pesar de que no existían elementos probatorios contundentes que acreditaran algún tipo de maltrato. Las propias autoridades educativas habían avalado que la docente actuó conforme a la ley, solicitando incluso su reubicación temporal para no afectar el desarrollo del grupo, respetando siempre sus derechos laborales y de salud. No obstante, la presión ejercida por un pequeño grupo de madres, encabezado por la quejosa, fue creciendo. En redes sociales se convocó incluso a una denuncia colectiva que pretendía forzar su destitución. La misma madre de familia que inició esta denuncia, y quien cuenta con vínculos cercanos con la fiscalía según versiones de la comunidad, nunca habló directamente de violencia en las entrevistas concedidas, lo que agrava aún más la sospecha sobre la legitimidad de sus acusaciones.
Este caso pone sobre la mesa un problema estructural que requiere atención inmediata: la indefensión del personal docente frente a denuncias sin fundamentos. En México, la Constitución establece que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, sin embargo, situaciones como esta evidencian lo contrario. Se ignora el principio del debido proceso y se sustituye por juicios paralelos que no requieren pruebas, solo indignación digital. ¿Cuántos maestros y maestras están atravesando, desde la invisibilidad, momentos de angustia, incertidumbre y profundo dolor por acusaciones infundadas que alteran sus vidas, dañan su reputación y afectan sus proyectos personales y profesionales?.
Así, ha surgido una iniciativa ciudadana conocida como “Ley Tere”, que busca establecer un marco jurídico para sancionar las denuncias falsas que se hagan con dolo y sin evidencia, y que pretende reparar el daño causado a docentes afectados, mediante acciones como la limpieza de su imagen profesional, apoyo emocional y legal, y el resguardo de su dignidad durante los procesos legales. Esta ley no busca frenar el derecho legítimo a denunciar, sino obligar a que las acusaciones se sustenten en pruebas reales, y que quienes abusan del sistema para saldar cuentas personales enfrenten consecuencias proporcionales.
Estamos llamados a reflexionar profundamente sobre lo ocurrido. ¿Qué clase de mensaje enviamos cuando permitimos que el escarnio sustituya al debido proceso? ¿Qué consecuencias sociales, familiares y psicológicas cargará una maestra cuya única falta fue enfermarse y exigir sus derechos laborales? ¿Cuántos más deberán vivir esta pesadilla para que entendamos que las aulas no pueden ser campo de batalla para venganzas personales? Porque la educación es el camino…
Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann.
Doctor en Gerencia Pública y Política Social
manuelnavarrow@gmail.com
Mi opinión... 
Lo más preocupante es que esos padres están educando a nuestros jóvenes del mañana, enseñándoles que el odio y el impulso de dañar está bien y está justificado.
No hay una educacion pensando en mejorar nuestra sociedad y solo se piensa en la individualidad aunque se aplaste a los demas.
Hay mucho que hacer como docentes, pero nos sentimos sin apoyo de parte de los que deberían estar más interesados en mejorar la vida de sus hijos en cuanto a su entendimiento sobre un «todos» y no sólo un «yo y lo que quiero»
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Estimada Maestra, sus palabras reflejan con claridad y dolor una realidad que muchas y muchos docentes vivimos en silencio: la creciente normalización del egoísmo, del impulso irreflexivo y de la descalificación como forma de relación, muchas veces promovida —sin querer o sin saber— desde los propios hogares. Coincido con usted en que educar hoy es nadar contracorriente, no solo frente a una sociedad que premia lo inmediato y lo individual, sino también ante una ausencia alarmante de apoyo y corresponsabilidad de quienes deberían ser nuestros principales aliados: madres, padres y cuidadores. Sin embargo, también creo que es en este escenario donde nuestra labor cobra aún más sentido, pues sembrar el valor del “nosotros”, del respeto mutuo y de la empatía, aunque parezca invisible al principio, tiene el poder de transformar realidades a largo plazo. No estamos solos: somos muchos los que, como usted, seguimos creyendo que la educación es el verdadero acto de resistencia y esperanza.
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Muy elocuente su sentir, esperemos que esto no quede solo en propuestas sino que tenga un impacto favorable y que se proteja a los docentes no desde un sindicato que lo represente sino que sea una ley respaldada en la Constitución.
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Muchas gracias por su comentario y por reconocer el sentido de este escrito. Quiero compartirle que no tengo ninguna posición política ni sindical que pudiera influir en decisiones de alto nivel; lo que expreso nace únicamente desde el sentir y la responsabilidad de alguien que ha sido docente durante muchos años y que, como abogado, ve a diario casos similares al que motivó esta reflexión. Mi intención fue visibilizar una realidad que se repite en muchas escuelas y generar conciencia social sobre la urgencia de una protección jurídica más clara para el magisterio. Por eso decidí publicarlo en una columna del periódico El Heraldo de Chihuahua, buscando sumar voces y voluntades ciudadanas que respalden esta propuesta. El cambio no vendrá solo desde las estructuras, sino desde una sociedad que comprenda y valore la labor de sus docentes.
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Por desgracia la situación de polarización política que se vive en el país, ha tocado la organización general del sistema educativo, por una parte cada día vemos y oímos ofensas y descalificaciones entre los políticos de uno y otro bando, se ha convertido ya en algo cotidiano, muchos padres ven que se falta al respeto antes al presidente de México, hoy a la presidenta y nadie hace nada, dicen si esto se le hace al presidente, porque no te lo voy hacer a ti maestro o maestra. Por otra parte los padres de familia se han convertido en una especie de botin político, dónde se les deja hacer lo que quieran, insultar y denostar a los maestros, todo con tal de no molestarlos y voten por el partido en el poder o por otro, esto ya lleva años así, no es solo de este gobierno, incluso hoy el gobierno da becas y apoyos económicos, pero no supervisa que padres y alumnos cumplan con sus responsabilidades en el ámbito educativo
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Estimado Maestro Tarango, agradezco profundamente su reflexión, tan clara y necesaria en este momento en que la educación vive una crisis no solo estructural, sino también de sentido. Coincido con usted en que la polarización política que atraviesa al país ha permeado de manera preocupante en el tejido de las relaciones escolares, debilitando el respeto y la autoridad docente, al tiempo que convierte a madres y padres de familia en agentes políticos más que en corresponsables de la formación de sus hijos. Esta lógica de clientelismo y permisividad ha generado un ambiente donde la impunidad se normaliza y donde, como usted bien apunta, se deja de lado la exigencia del cumplimiento de responsabilidades básicas, tanto en casa como en la escuela. Ante ello, es urgente recuperar el valor del magisterio como figura ética y social, blindar su integridad profesional con marcos legales justos y promover una cultura de respeto que trascienda colores partidistas y coyunturas electorales. Su voz, cargada de experiencia y compromiso, es indispensable para abrir ese camino.
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