Durante décadas, Pensiones Civiles del Estado fue uno de los organismos más reconocidos de Chihuahua por su eficiencia, su modelo solidario de atención médica y su capacidad para brindar servicios de calidad tanto a los trabajadores del estado como a sus familias. Su estructura, ejemplo a nivel nacional, combinaba una atención integral con una visión humanista que le permitió sostener durante años un equilibrio entre la prestación médica, las jubilaciones y los beneficios sociales. Sin embargo, lo que alguna vez fue símbolo de estabilidad y orgullo institucional, hoy se encuentra en una encrucijada que amenaza su viabilidad futura.
El problema de fondo no es nuevo. Los adeudos acumulados por distintas dependencias gubernamentales, que durante años omitieron cumplir con sus aportaciones, han generado una deuda estructural que hoy asfixia al sistema. Esa falta de liquidez repercute directamente en la operación diaria: procedimientos suspendidos, falta de medicamentos, cirugías aplazadas, limitación de insumos y carencia de pagos a hospitales subrogados. Desde hace meses, la organización sindical mantiene un plantón permanente como señal de alerta y protesta ante la falta de respuestas concretas que garanticen el pago de lo adeudado, pero sobre todo, la preservación de los derechos de los trabajadores activos y jubilados.
A pesar de este contexto adverso, dentro del propio organismo se han intentado impulsar acciones para mantener a flote el sistema. La apertura de un nuevo espacio de atención permanente 24/7 para pacientes no urgentes, la renovación del área de observación en urgencias, el espacio de las farmacias con medicamentos subrogados a un costado de la farmacia de la institución, la compra de mobiliario y la reorganización del estacionamiento —permitiendo ahora que pacientes en general, pero en particular con movilidad limitada accedan más fácilmente al área de consulta— son esfuerzos palpables que evidencian la voluntad institucional de mejorar. Sin embargo, estos avances contrastan con un panorama más amplio en el que la demanda rebasa la capacidad operativa, revelando una tensión constante entre la buena intención administrativa y la realidad económica.
El sistema enfrenta hoy una serie de restricciones que afectan directamente a los derechohabientes. Las clínicas privadas han limitado la recepción de pacientes derivados; las terapias requieren autorización de una sola especialista que debe determinar si continúan o no las sesiones retrasando meses la atención; y los servicios de radiología e imagenología presentan una saturación que obliga a las personas a inscribirse en listas de espera o depender de cancelaciones de último minuto porque en este año ya no hay. En muchos casos, la llamada “fila virtual” para conseguir cita con médico general o especialista ha dejado a los pacientes esperando más de diez meses o incluso un año para recibir atención. La tecnología, en lugar de resolver el problema, ha terminado por evidenciarlo con crudeza.
Esta situación no solo compromete la salud y el bienestar de miles de trabajadores del Gobierno del Estado y sus familias, sino que también pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. La falta de recursos no solo limita la operación médica, sino que proyecta un futuro incierto respecto al pago de los compromisos financieros, que además uno no deja de preguntarse lo que sucederá en el largo plazo con respecto a las jubilaciones y pensiones. La legislación marca claramente que el gobierno estatal debe asumir el diferencial cuando los ingresos propios del organismo no sean suficientes, pero el cumplimiento de esa obligación no deja de ser un pendiente que inunda las charlas de café con insistencia.
Pensiones Civiles del Estado necesita más que una solución administrativa; requiere una política integral de rescate, basada en la transparencia, la corresponsabilidad y la voluntad política real de sanear las finanzas públicas. No se trata únicamente de saldar deudas, sino de recuperar la confianza de las y los trabajadores, así como de de reconstruir el prestigio de una institución que durante años fue sinónimo de seguridad, calidad y orgullo para Chihuahua. De no hacerlo, se corre el riesgo de que el colapso financiero se traduzca en una crisis humanitaria silenciosa que impactará no solo a los derechohabientes, sino a todo el sistema de salud pública estatal.
Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann
Docente y Abogado. Doctor en Gerencia Pública y Política Social
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