“Los sistemas universales de protección social no son caridad, son el ejercicio institucional de derechos que contribuyen a construir ciudadanía.” Juliana Martínez Franzoni
En los últimos años, México ha dado un paso decisivo en su política social al incrementar de manera sustantiva el monto de las pensiones para las personas adultas mayores. Este esfuerzo, que ha llevado a un aumento del 471% en el monto bimestral asignado entre 2018 y 2024, no debe analizarse como una simple decisión administrativa, sino como parte de una transformación estructural en el enfoque del Estado mexicano hacia la protección social. Este cambio se inscribe en una lógica que, aunque con sus particularidades nacionales, converge de manera clara con las líneas de acción que propone el Banco Mundial en su Informe sobre el estado de la protección social 2025: El desafío de 2 mil millones de personas.
El documento del Banco Mundial plantea cuatro grandes áreas de intervención para fortalecer los sistemas de protección social a nivel global: ampliar la cobertura, asegurar su adecuación, construir sistemas a prueba de crisis y optimizar el financiamiento. Bajo esta mirada, la expansión del programa de pensión para personas adultas mayores en México no sólo representa un incremento presupuestal, sino un avance en la construcción de un sistema de protección social más justo, inclusivo y resiliente. Al garantizar un ingreso básico a un grupo tradicionalmente vulnerable, se reconoce su dignidad y se les incorpora como sujetos activos de derechos.
En este sentido, el fortalecimiento de la pensión para el bienestar no es solo un acto de reparación histórica para millones de personas que enfrentaron largos años de desigualdad y exclusión. También se convierte en una herramienta eficaz para atacar las causas estructurales de la pobreza en la vejez, un periodo de la vida en el que las oportunidades laborales son limitadas y la dependencia económica se incrementa. Como lo indica el informe del Banco Mundial, muchas de las transferencias monetarias en países de ingresos bajos o medios resultan insuficientes para generar un verdadero impacto en la calidad de vida de los beneficiarios. Por ello, el aumento de la pensión en México puede entenderse como un intento de superar esta limitación, elevando el monto hasta un umbral que sí permite aliviar carencias y brindar cierta estabilidad económica.
Es relevante destacar que, en el caso mexicano, este programa fue constitucionalizado, lo que implica que no podrá ser eliminado por criterios políticos o presupuestales coyunturales. Esta decisión, sin duda, fortalece la institucionalización del derecho a la seguridad económica en la vejez y lo convierte en una obligación permanente del Estado. Este paso coincide con el llamado del Banco Mundial a establecer sistemas adecuados y sostenibles, que no dependan exclusivamente del ciclo político, sino que respondan a una lógica de política pública de largo plazo.
Sin embargo, y como también lo advierte el informe internacional, aún queda camino por recorrer. Uno de los principales desafíos está en asegurar que la expansión de la cobertura no se limite a una acción aislada, sino que se inserte en un ecosistema coherente y articulado de protección social. Por ejemplo, resulta fundamental consolidar los sistemas de implementación: contar con registros sociales integrados, plataformas digitales de gestión, mecanismos de evaluación y seguimiento, y coordinación interinstitucional eficaz. También es indispensable generar criterios de evaluación que no se enfoquen sólo en la cantidad de recursos transferidos, sino en el impacto real en la calidad de vida de las personas beneficiarias, su acceso a otros servicios y su participación activa en la vida social y comunitaria.
Además, esta política debe considerar la interseccionalidad de las vulnerabilidades. No es lo mismo envejecer siendo hombre que mujer, viviendo en una ciudad que en una comunidad rural, teniendo redes familiares de apoyo que enfrentando la soledad. El informe del Banco Mundial señala que, incluso dentro de los programas que favorecen a mujeres en porcentaje, persisten brechas en los montos recibidos y en la atención que se brinda. México debe atender estas desigualdades para asegurar que el envejecimiento no se traduzca en una experiencia fragmentada por el género, la clase social, la geografía o la pertenencia étnica.
La implementación de esta pensión también debería articularse con otras acciones de política pública. No basta con entregar un ingreso regular: es necesario vincular esta pensión con el acceso garantizado a servicios de salud, atención geriátrica, inclusión digital, espacios culturales y comunitarios, y programas de cuidado. Esta perspectiva multidimensional permite que la protección social cumpla con su propósito más amplio: no sólo proteger ante las adversidades, sino ampliar las libertades reales de las personas para vivir una vida digna y plena.
Finalmente, en cuanto al financiamiento, el Banco Mundial advierte que ningún sistema de protección social será sostenible sin recursos suficientes. En este sentido, México deberá seguir explorando vías para fortalecer su base fiscal, priorizando el gasto social en los presupuestos públicos y evaluando la eliminación de subsidios regresivos o gastos fiscales ineficientes. También se abre la oportunidad de avanzar hacia un sistema mixto que combine transferencias no contributivas con esquemas contributivos adaptados al sector informal, de modo que se extienda la protección sin desincentivar la incorporación al empleo formal y productivo.
Reflexionar sobre el caso mexicano en el contexto de las orientaciones del Banco Mundial nos permite visualizar la relevancia de una política pública que ha dejado de ser marginal para convertirse en pilar del sistema de bienestar. Esta transformación, si se mantiene con visión de futuro, puede sentar las bases para una nueva generación de políticas sociales centradas en la dignidad, la justicia y la equidad. En un país marcado históricamente por profundas desigualdades, decisiones como estas tienen la capacidad de redefinir el pacto social y reorientar el rumbo de la nación hacia un desarrollo verdaderamente incluyente.
Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann.
Doctor en Gerencia Pública y Política Social
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