“El problema de nuestro tiempo no es fundamentar los derechos, sino hacerlos efectivos.” – Norberto Bobbio

Hablar de esta problemática no es, para mí, un ejercicio distante ni meramente técnico. A muchas y muchos de quienes hoy forman parte de este grupo les conozco desde hace años. Algunos fueron mis alumnos en distintas Instituciones de Educación Superior que tuve la responsabilidad de dirigir; a otros, la vida profesional me dio la oportunidad de tratarles de cerca, escucharles y constatar su trayectoria. Por eso considero indispensable afirmarlo desde el inicio: aquí no hay improvisación ni capricho. Hay capacidad profesional, hay vocación, hay buena fe y hay una búsqueda genuina de alternativas razonables ante una situación que se ha prolongado demasiado. Y precisamente porque conozco a personas concretas detrás de la cifra —rostros, familias, historias—, me parece necesario reflexionar sobre lo que está ocurriendo, para que la sociedad no lo interprete como un conflicto sin sustento.

En el espacio público, cuando un tema se vuelve repetitivo o cuando dura años, tiende a perder nitidez ante los ojos de quienes no lo viven. Se vuelve “una nota más”, “un asunto de oficinas”, “un pleito de papeles”. Pero la realidad aquí es distinta: estamos ante un problema que combina tres dimensiones simultáneas. La primera es administrativa, porque involucra actos de autoridad, criterios de aplicación, retenciones y procedimientos. La segunda es jurídica, porque se relaciona con acuerdos previos, compromisos institucionales y con el respeto a condiciones bajo las cuales se generaron derechos y obligaciones. Y la tercera —la más delicada— es humana, porque las consecuencias se sienten en la estabilidad laboral, en la seguridad social y en la tranquilidad cotidiana de más de mil familias.

Para comprender el fondo, conviene enunciarlo de forma sencilla: estas y estos docentes fueron incorporados durante años a un régimen determinado, conforme a un acuerdo existente, conocido y vigente. Ese marco no fue inventado por los trabajadores; fue el propio gobierno quien les dio de alta bajo esas condiciones, y con base en ellas organizaron su vida laboral, su proyección de retiro y su certeza de seguridad social. El conflicto aparece cuando, tiempo después, se pretende reinterpretar o desconocer ese punto de partida y se coloca sobre el grupo una nueva lectura de lo que “debió” aplicarse, como si las reglas fueran retroactivas en los hechos, aunque nadie lo diga con esa palabra. Desde la experiencia de vida, esto se traduce en una amenaza muy concreta: que los años trabajados y cotizados bajo un régimen se reacomoden bajo otro, con costos mayores, plazos más largos y beneficios menores.

La preocupación se agrava porque, dentro de los planteamientos que han circulado, se percibe una lógica que resulta difícil de explicar a la ciudadanía sin que parezca injusta: se propone que el propio trabajador “pague” para que se reconfiguren sus condiciones, pagando más cuotas, aceptando trabajar más tiempo y recibiendo menos pensión, e incluso asumiendo parte de un “retroactivo” como si se tratara de una deuda personal, cuando lo que está en juego es una definición institucional sobre cómo se aplicó un acuerdo en el tiempo. No es extraño, entonces, que el grupo insista en algo muy básico: que se respete lo firmado y que se reconozca lo que durante años se ejecutó como regla válida, porque eso fue lo que dio certeza a su vida profesional.

En este tipo de controversias suele ocurrir algo que pocas veces se dice con franqueza: el problema no está solo en el “qué”, sino en el “cómo”. No basta con afirmar que habrá una solución; lo que la gente requiere es una ruta verificable, técnicamente clara y jurídicamente sólida. Cuando las propuestas se presentan como “negociaciones” que implican renunciar a derechos ya construidos, la percepción que se genera es de imposición y desgaste. Y el desgaste es doble: institucional, porque erosiona la confianza en los mecanismos de resolución; y personal, porque coloca a las y a los docentes en una constante incertidumbre sobre su futuro y sobre el acceso efectivo a prestaciones que no son un lujo, sino una parte esencial del salario diferido: atención médica, seguridad social, estabilidad y expectativa de retiro.

Es importante añadir otro aspecto que la sociedad suele desconocer: el impacto de la incertidumbre no es abstracto; se expresa en decisiones concretas y difíciles. Una familia reorganiza su economía cuando hay seguridad; pero cuando la seguridad social se percibe inestable, se detienen planes, se pospone la atención médica, se recalculan gastos, se vive con ansiedad constante. Además, en el imaginario social, la seguridad social suele verse como “un trámite”. Para quien la necesita —por edad, por enfermedad, por el simple paso del tiempo— se vuelve un asunto de supervivencia digna. Por eso este caso no debe leerse solo como una disputa sobre cuotas o regímenes, sino como un problema de estabilidad vital para más de mil hogares.

También debe decirse con claridad que el tema no ha sido invisible para las autoridades. Ha existido manifestación pública y se ha reconocido la preocupación en espacios políticos y legislativos. Se alude, precisamente, a la interpretación de un convenio de años atrás y a la existencia de retenciones que se consideran indebidas, así como a la necesidad de impulsar una mesa de trabajo y dar seguimiento cercano al asunto. Esto confirma dos puntos esenciales: que el planteamiento tiene contenido real y que existe materia objetiva para ser atendida. Lo que ha faltado no es el conocimiento del tema, sino el cierre institucional con una decisión justa, consistente y verificable.

Frente a todo esto, conviene evitar dos errores sociales muy frecuentes. El primero es suponer que el reclamo se explica por “resistencia al cambio”. Nadie rechaza por deporte las mejoras; lo que se rechaza es que el cambio implique retroceder en derechos, cargar costos injustificados y perder condiciones que se adquirieron legítimamente conforme a acuerdos vigentes. El segundo error es pensar que se trata únicamente de un conflicto “entre partes” y que, por tanto, a la sociedad no le compete. Sí le compete, porque la educación pública y sus condiciones de estabilidad laboral no son un asunto privado: inciden en la continuidad de los procesos escolares, en la salud institucional del sistema y en el mensaje que se envía a las nuevas generaciones sobre lo que significa dedicar una vida al servicio educativo.

Si una sociedad desea exigir calidad educativa, también debe entender que la calidad no se sostiene sobre incertidumbre estructural. La educación requiere instituciones confiables y docentes con estabilidad mínima para ejercer su labor sin la sombra constante de un futuro incierto. Por ello, el centro de la solución no debería ser “quién gana el debate”, sino cómo se construye un acuerdo de resolución que respete lo previamente pactado, valore la evidencia presentada, elimine retenciones indebidas cuando corresponda, y garantice certeza jurídica y administrativa para que este caso no se reproduzca indefinidamente.

El posicionamiento que aquí se expresa es sobrio y directo: que se aprecie la labor docente, que se valore con rigor la documentación y las pruebas que se presenten, y que se asuma —con responsabilidad institucional— que las decisiones administrativas tienen rostro humano. Que se entienda, además, que el tiempo en estos casos no es neutro: cada mes sin resolución equivale a más incertidumbre acumulada y a más desgaste social. Y que, por encima de todo, muy pronto tengamos buenas noticias: una solución satisfactoria y en favor de quienes han sostenido su vida profesional bajo reglas que no pueden cambiarse de manera injusta, porque cuando se vulnera la certeza de quienes educan, no solo pierde un trabajador; pierde una familia, pierde una comunidad y pierde el sistema educativo que pretendemos fortalecer. Porque la educación es el camino…