En días pasado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer, que, con un costo de 480 millones de pesos asignará un contrato abierto para adquirir una plataforma que unificará el control de la nómina y plazas del magisterio en México, a fin de lograr, a decir de la SEP, mejorar la administración de plazas, selección de personal, promoción, permanencia, evaluación, nómina, tesorería y control de gastos.

El monto anterior, se suma a los 573 millones de pesos que se adjudicaron en abril de 2016 directamente a una empresa para manejar el centro de datos de la SEP y operar con ello los servicios de tres áreas de la Secretaría que manejan recursos federales para pago de nómina en el país.

Más allá de la necesidad que se tiene de ir generando la optimización de los servicios y procesos de acuerdo con los nuevos sistemas de información y comunicación como en toda organización gubernamental o privada, a pesar de haber gastado esa cantidad, en las diferentes entidades se siguen presentando fuertes problemas de opacidad de plazas, incapacidad para cubrir en tiempo y forma con las vacantes que se generan provocando la irritación de padres de familia por la carencia de clases al inicio de este ciclo escolar de una cantidad importante de niñas y niños, entre otros problemas más.

Además de ello, la medida sigue generando un problema de centralización de la información, recursos y decisiones, en donde, si a la fecha se tiene una fuerte problemática con todo y que las autoridades educativas se encuentran de manera cercana, no quiero imaginar la manera en que se desarrollarán las acciones a partir de que todo se resuelva única y exclusivamente desde la Ciudad de México.

Más allá de las promesas de lo que puede servir dicha concentración de la nómina, se plantea de manera tajante una homologación de la nómina magisterial, pero tal y como venimos observando las acciones no solo del gobierno federal, sino de las diferentes entidades de la República, no va a ser una homologación a la alza, sino a la baja, como ya ocurrió con otras instituciones de educación superior en años recientes. Parece que hay una decisión del gobierno federal, de dejar de lado las conquistas salariales que marcaron la diferencia de acuerdo con las condiciones con los gobiernos de las Entidades, porque el pretexto de las 40,000 plazas que tenían y solapaban los gobiernos del los Estados, representa poco más del 2% del total de plazas a nivel nacional.

No es que se desconfíe de por si de las intenciones del actual gobierno federal, pero la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer en febrero pasado de irregularidades por más de 165 mil miollones de pesos, o la falta de mecanismos de control y supervisión para verificar la correcta aplicación de los subsidios destinados a mejorar la infraestructura, equipamiento y operación de las escuelas de nivel medio superior por parte de la SEP.

Me parece que esto, al igual que la entrega de la mitad de las tabletas a las escuelas de educación básica que ni siquiera contaban con internet, sigue siendo una forma de generar una cortina de humo ante la falta de resultados concretos en materia educativa.

Homologación magisterial

 

En el México de nuestra realidad, y no en el estupendo e iluso mundo en el que viven nuestras autoridades educativas, dejando en los titulares periodísticos, notas que les hagan ver bien, existen diversos y múltiples ejemplos en donde se demuestra que poco de lo que realmente interesa, es la calidad de la educación o de la formación de docentes para el nivel básico.

Con un doble discurso que refiere desde una invitación velada para que no se cubran las aportaciones de los padres de familia a las escuelas, exponiendo luego que no hay recursos suficientes para cubrir las necesidades de las escuelas, debiendo el magisterio utilizar parte de su tiempo y en muchas de las ocasiones, con el apoyo de padres de familia, de recursos personales y familiares para cubrir la limpieza y desperfectos en muchos centros educativos.

Por otra parte, se dedican espacios importantes de manera mediática, para establecer las acciones que se llevan a cabo para generar una mejor formación profesional de las y los futuros docentes en México, sin embargo, en la realidad se aducen a trabas y trámites administrativos para generar acciones precisamente contrarias que suceden día a día y que por supuesto no se dan a conocer masivamente.

Tal es el caso del subsistema estatal del estado de Chihuahua, en donde, por ejemplo, para que un docente pueda llegar a ser docente en la Escuela Normal, no se le pide que tenga maestrías o doctorados, que haya hecho investigaciones, que tenga una experiencia nacional o internacional hacia colectivos que promuevan la innovación educativa.

No, para ello, se retoma el Código Administrativo para el Estado de Chihuahua, que data de julio de 1974, que establece que las vacantes en la Institución, sólo serán cubiertas por maestro titulado o pasante de Normal Superior, que tenga un mínimo de antigüedad de 5 años en el nivel de enseñanza media y que haya trabajado en el nivel pre-escolar o primario en escuelas estatales oficiales.

En aquel tiempo la Escuela Normal Superior era un escalón superior a la Normal del Estado, ahora no, hoy tienen exactamente una formación para docentes de educación básica. Para poner un ejemplo reciente, tenemos el caso de la Dra. Carmen Griselda Loya Ortega, quien, a pesar de haber trabajado una década en educación básica, contar con dos maestrías, un doctorado, haber dirigido la Red de Investigadores del Estado de Chihuahua (REDIECH), una experiencia de 7 años formando investigadores y haber cursado en la propia Escuela Normal del Estado y no en la Escuela Normal Superior la misma licenciatura que actualmente ahí se imparte, se le retiró de la Escuela Normal, a donde la propia autoridad le había enviado desde el mes de abril para regularizar su situación, porque “no tiene el perfil” para estar en un centro de Educación Normal y se le regresa a su escuela secundaria de la cual salió hace ya 7 años.

Hoy en día todas las autoridades juegan el papel de buscar el convencimiento ciudadano de que en realidad se busca una calidad educativa, sin embargo, en la realidad, muchas se escudan en situaciones en donde queda de manifiesto que es lo que menos importa.

Noticias a modo

En un escrito reciente, a propósito de la intención y acciones por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante el cual se pretende la transformación de las Escuelas Normales en nuestro país, el Consejero Presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Eduardo Backhoff Escudero, establece, a modo de comparación con las Instituciones de Educación Superior que forman a profesionales de la medicina, una serie de puntos específicos en donde, a su ver, las Escuelas Normales deberían de tomar en consideración para su mejora.

Coincido en algunos de sus comentarios, sobre todo en la falta de claridad por parte de la autoridad Educativa sobre la forma en que se implementarán dichos cambios para asegurar una verdadera transformación acorde a las necesidades tanto de las Instituciones Normalistas, como de las y los futuros docentes de las mismas y de su estudiantado, la necesaria rigurosidad para seleccionar a sus estudiantes, la gran cantidad de horas de práctica que se debe de realizar para poder lograr su formación profesional y por supuesto un examen de competencias que en el caso de las Instituciones Normalistas hace tiempo se vienen verificando.

Me parece que hay aspectos que podemos sumar a lo mencionado, como es el caso de un registro que se debería llevar de los estudiantes para permitir un seguimiento más puntual de desarrollo de sus competencias, la organización de la estructura jerárquica que está conformada exclusivamente por médicos no así en el caso del magisterio que estáimpregnada de otras profesiones y, la posibilidad de un atractivo salario y prestaciones que es en donde existe una diferencia muy importante para con las y los maestros nóveles.

Otro aspecto diferente, tiene que ver con los montos de asignación hacia los presupuestos que, en el caso de las Escuelas Normales, en donde, por poner un ejemplo, se ha asignado un “presupuesto para su fortalecimiento del orden de los dos mil millones de pesos para dos años para las 251 Normales del país, siendo que ese es un monto menor al presupuesto de cualquier Universidad de mediano tamaño y sólo para un año.

Por otra parte, me parece que un aspecto fundamental de comparación entre ambas carreras, tiene que venir desde el punto de vista de que, para el caso de la medicina, en ningún hospital y bajo ninguna circunstancia, se le expediría un título o se le permitiría generar una receta médica o iniciar una operación quirúrgica a alguien que no hubiera pasado por una institución especializada en la formación médica de una Institución de Educación Superior debidamente acreditada para ello, ni tampoco veo a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, haciendo una convocatoria para que, a través de un examen, “cualquier egresado de una Licenciatura” pueda, con tan sólo presentar un examen, obtener una plaza como médico en el IMSS, en el ISSSTE, en el Seguro Popular o en cualquier instancia de este tipo. No veo al Secretario de Salud “quitando el monopolio” de la formación médica a las Escuelas de Medicina.

Cuando sobradamente el Gobierno Federal ha reiterado que “cualquiera puede ser maestro”, cuando se ha reducido la matrícula de las Escuelas Normales en casi un 70%, cuando se ha lastimado y abaratado la profesión del magisterio, cuando se ha desincentivado a la profesión con prestaciones menores que las que se tienen en la actualidad, poco se puede hablar del fortalecimento del normalismo en un escenario completamente hostil, adverso y de pleno desinterés gubernamental, a escasos meses de que culmine el sexenio.

Historias parecidas

En días pasados, en una noticia reciclada, la cual ya se había dado a conocer a los medios de comunicación con antelación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informaba a la Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO), el hallazgo de 44 mil 76 plazas llamadas “irregulares”, las cuales levantaron un sinnúmero de sospechas sobre el por qué dichas plazas estaban en la opacidad por los gobiernos de las entidades de la República por décadas, lo cual alcanza, a decir de las autoridades educativas, una erogación de cinco mil millones de pesos anuales.

Esta cantidad, que tan solo el pensar en una década representa toda la cantidad de recurso invertido por este gobierno federal en materia de infraestructura educativa, es lo que los diversos gobiernos se ahorraron en pago de personal que atendiera las labores académicas y administrativas del sistema educativo de las entidades federativas, pues al contrario de lo que sucedía en otras secretarías de igual o menor jerarquía, en la de educación nunca había recursos para ejecutar proyectos, ni camionetas ni estacionamiento, mucho menos compensaciones por ejecutar un cargo que en otros niveles se paga y muy bien por dichos servicios.

Más allá de que deba de explicarse la opacidad de los niveles de gobierno, me refiero a 14,900 plazas que correspondían a personal docente con plaza de maestro, los cuales se encontraban realizando labores dentro del propio gobierno, asumiendo funciones administrativas o académicas para el desarrollo de la labor educativa y que, poco a poco, han sido sustituidas por Contadores, Abogados, Ingenieros y otros profesionales que, aunque poco o nada tengan que ver con las actividades académicas de la educación, ahora tienen en sus manos su coordinación.

La medida anunciada por la autoridad educativa lleva a tener, en la coordinación de acciones en materia educativa, desde donde se dictan las políticas que se llevan a cabo en las aulas, a profesionales cuyo origen académico poco o nada tiene que ver con el ejercicio de las acciones que se llevan a cabo en las secretarías de educación estatales y que no son contempladas para evaluarse por parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Tal acción para ejemplificarla, sería como que no hubiera Médicos a cargo de un hospital, como si no hubiera Ingenieros en la secretaría de Comunicaciones y Transportes o no hubiera abogados a cargo en el Supremo Tribunal de Justicia, con lo cual se abre una brecha que sin duda poco a poco veremos las consecuencias en las acciones que se llevarán a cabo en el sistema educativo nacional, como ya lo hemos visto desde la propia SEP, en la que el titular poco sabe del ramo, lo cual se demuestra en las lamentables decisiones avaladas por quienes tampoco conocen de la materia.

No es la primera vez que la autoridad educativa federal ofrece cifras en las que solo da verdades a medias, en las que no se dan más explicaciones, sin embargo, éstas son también mentiras en la medida de que ofrecen una visión parcial y a modo de la realidad, en el intento de inclinar la opinión social contra el magisterio.

Verdades a medias

Tengo la suerte de haber dirigido dos escuelas normales, una de ellas en dos ocasiones y conozco a profundidad los actuales planes de estudio. En ese transcurso de más de 12 años, viví la transformación de 2 planes de estudio de este importante nivel educativo, en donde las consultas se desarrollaron de manea amplia y contundente con el personal de las Escuelas Normales en el país.

El primero bajo la coordinación del Lic. Francisco Deceano Osorio de la entonces Dirección General de Normatividad, en donde por tres años se citó a personal de las escuelas normales con especialistas de primer nivel, con todos los gastos y el personal de la educación básica involucrada para la vinculación con este nivel de formación.

El segundo de la mano de la Maestra Marcela Santillán Nieto, en donde por más de dos años se vivió un proceso muy importante de consulta, con el personal igualmente en pleno de las escuelas normales que acudieron en diversas ocasiones a diversas entidades de la República para aportar y recibir retroalimentación por especialistas para luego expedir el plan correspondiente.

Sin ninguna consulta de por medio y con una estocada estratégica a las escuelas normales marcada por la definición, del 11 de septiembre de 2013 en el artículo vigésimo primero de los artículos transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente en los que se acepta de facto, que cualquier persona sin los conocimientos mínimos de pedagogía o de sustento biopsicosocial de los niños que se atenderán y solo pasando un examen memorístico sobre recursos legales del sistema educativo, puede acceder a impartir clases.

Después de haber generado un importante debilitamiento del sistema de educación normal en donde se ha perdido en algunas instituciones hasta el 70% de aspirantes de ingreso, bajo el muy repetido lema de: “para que estudiar 4 años para maestro si puedo estudiar otra carrera e igualmente puedo aprenderme la ley y dar clases en el futuro”.

A menos de un año de que se conozca el titular del gobierno federal para el siguiente sexenio y habiendo hecho tanto daño, esta semana el gobierno federal bajo importantes golpes de pecho ha descubierto que las escuelas normales han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del sistema educativo y que es necesario fortalecerlas bajo 6 ejes estratégicos para garantizar la vocación y la capacidad necesarias para formar verdaderos profesionales y con una inversión en 2 años de 2000 millones de pesos para más de 260 Escuelas Normales, cantidad menor a la que se le asigna a una sola universidad en un solo año.

Resta conocer además el nuevo plan de estudios celosamente resguardado que emerge de una consulta que nunca existió, así como el ver cuál será la estrategia para lograr lo que se supone será el nuevo perfil docente en quienes solo acrediten un examen, sin observación ni evaluación previa frente a un grupo y sin formación pedagógica de por medio, el cual entrará en vigor en 2018 y su primera generación egresará hasta el 2022, año en que empiecen a llegar a las aulas de la educación básica.

https://manuelnavarrow.com

La formación de docentes en el mundo no es un asunto menor, la calidad de los docentes constituye, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) así como para diversas organizaciones multinacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el principal impulsor de las variaciones en el aprendizaje escolar.

De acuerdo con el informe Mckinsey, que estudió 25 sistemas educativos en el mundo, incluyendo a los 10 de mejor desempeño destaca que los estudios que toman en cuenta todas las pruebas disponibles sobre eficiencia docente sugieren que los estudiantes asignados a docentes con alto desempeño lograrán avances tres veces más rápido que los alumnos con docentes con bajo desempeño, por lo que es un asunto trascendental en la vida de un país.

De acuerdo a diversos estudios, incluido el informe anterior, así como la UNESCO, la OCDE y el BM, aquellos países que tienen los más altos estándares educativos, invariablemente seleccionaron a las personas más aptas para ejercer la docencia y, aunque varían las formas de acuerdo a la cultura y el contexto, la mayoría eligen desde el nivel medio superior a aquellos que tienen el más alto desempeño, los preparan rigurosamente sobre bases firmes de conocimiento pedagógico y disciplinar del nivel en que se desempeñarán, acuden en grupos a procesos de observación que luego analizan, para luego desarrollar prácticas docentes donde son observados por especialistas, desarrollan una maestría, para después de todo ese proceso, aplicar, solo a quienes han demostrado ser los mejores, un examen que permite elegir a quienes habrán de incorporar al sistema educativo.

En México, a diferencia de esos estudios y como se reconoce en los acontecimientos desarrollados a partir de la Reforma Educativa, en cuya última pincelada establecida el pasado 28 de junio, en que se da a conocer el modelo educativo para la educación obligatoria en donde, a pesar de que hay ciertos avances como lo es reconocer que un desafío importante es reducir las desigualdades estructurales que persisten en el sistema educativo, las cuales obedecen a causas internas y externas, en los hechos debemos preguntarnos si estamos seleccionando a los mejores, porque, en ciertos casos, no existe ningún proceso de formación profesional previo de preparación para la docencia y, con ello, deberán de esperar un número importante de generaciones de niñas, niños y adolescentes, en donde habrán de aprender -en el mejor de los casos y si existe una verdadera vocación- el significado del desarrollo biopsicosocial, las muy complejas competencias para enseñar, la detección de las condiciones que favorecen el aprendizaje, etc.

Como bien lo establece el informe Mckinsey, medir el desempeño no conduce automáticamente a obtener una perspectiva sobre cómo pueden las políticas y las practicas ayudar a los estudiantes a aprender mejor, a los docentes a enseñar mejor y a las escuelas a operar en forma más efectiva, lo que si estoy seguro es que el camino trazado desde la experiencia internacional sobre la materia no está siquiera cerca de lo que hoy en día se hace en nuestro país.

https://manuelnavarrow.com/

Desde su constitución en Londres, el 16 de noviembre de 1945, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), y bajo la hermosa frase de Gabriela Mistral “puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”, se han organizado desde entonces convenciones y conferencias mediante las cuales los diferentes países que forman parte, establecen metas que se deben de cumplir.

En la última de estas, llevada a cabo en Buenos Aires, Argentina el pasado 25 de enero, los responsables de la educación en América Latina y el Caribe emitieron la Declaración de Buenos Aires, en el marco de la Reunión de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe “E2030: Educación y Habilidades para el siglo 21”, en el cual, reafirman la educación como derecho fundamental, base para la realización de otros derechos, catalizador del desarrollo sostenible e instrumento para el cumplimiento de los otros objetivos de desarrollo sostenible al 2030.

En la “Declaración de Buenos Aires al 2030”, se reconoce el rol central que desempeñan los docentes y demás profesionales del ámbito educativo para alcanzar una educación de cálida y se establece el compromiso fundamental de fortalecer los programas de formación docente inicial y continua, con atención especial en la planificación contextualizada de las ofertas, la revisión de los contenidos y planes de estudio y la preparación permanente de los formadores, a fin de garantizar propuestas formativas innovadoras que preparen, motiven y empoderen a los docentes y directivos para los desafíos y oportunidades que presenta la enseñanza en el siglo 21.

Pero el documento va más allá, más adelante, establece que se deben de sentar las condiciones adecuadas para que la docencia se transforme en una profesión de excelencia, asegurando la participación de los docentes y otros profesionales de la educación en su diseño, implementación, monitoreo y evaluación.

Qué lejos se encuentra México en su realidad de ese texto, tal parece que hacía fuera, nuestro país firma acuerdos que no piensa cumplir en su realidad. Se ha dejado de lado la importancia de las Instituciones de formación inicial de la carrera docente, cuyos planes no se han actualizado, promoviendo implícitamente la oferta desenfrenada de cursos “al vapor”, sin duda acordes a esta Reforma Educativa -realmente laboral- que fue precisamente aprobada en una mesa y sin una discusión de fondo y, contrario a lo que establece la UNESCO, lejos de la voz de un magisterio que reclama la ausencia de espacios en donde pueda manifestarse su inconformidad y el rechazo a una política de un gobierno que finge, o le conviene no escuchar las voces que reclaman precisamente la necesidad -como lo establece la organización internacional-, de participar activamente en la educación, en su diseño, implementación, monitoreo y evaluación.

https://manuelnavarrow.com

Una de las aristas en donde más se ha resentido el peso de los efectos de la Reforma Educativa, tiene que ver con las acciones que han resignificado la carrera docente en nuestro país, la cual, desde finales del siglo XIX, se había considerado como una carrera de Estado, para pasar a una de corte liberal, de lo cual puede darse cuenta con la reducción en más de un 65% de interés de los estudiantes por ingresar a una Escuela Normal, que no puede interpretarse de otra manera que un ataque a las Instituciones Formadoras de Docentes y por ende, de la profesión.

A nivel internacional, existen varios estudios que dan cuenta de los planes de formación docente, de las políticas públicas para el fortalecimiento de la educación, o de las estrategias que han implementado los países para mejorar la educación y sobre el desarrollo profesional docente; de ellos, hay uno titulado “Las carreras docentes en América Latina. La acción meritocrática para el desarrollo profesional”, que emite la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) en el cual se revisaron dieciocho carreras docentes y algunas políticas específicas sobre valoración de la profesión en América Latina y el Caribe.

En el documento se reconoce que resulta fundamental concebir las carreras docentes como instrumentos de desarrollo profesional y no solo como documentos que norman una relación contractual entre el Estado y el magisterio, situación contraria a lo acontecido en México en donde lo principal fue modificar la relación laboral partiendo de la culpa –implícita- del magisterio por la situación educativa en el País.

Se reconoce que el enfoque meritocrátrico –que es el que hoy tiene la educación en México-  y la orientación individualista propia de este tipo de enfoques, además de ir a contracorriente con la cultura docente, puede caer en contradicción con las exigencias que el mismo sistema impone a los profesores para que realicen trabajos en equipo, debilitando poco a poco el futuro de cualquier acción o trabajo colectivo, de ahí los ataques a Instituciones como la Normal de Cañada Honda en Aguascalientes.

Por otra parte, del mismo documento y como afirman Bellei y Valenzuela (2010), el ingreso de otros profesionales al ejercicio docente es un camino de desprofesionalización de la docencia y resulta contraproducente para las políticas de fortalecimiento de valoración social de la carrera, pues se parte del supuesto de que los docentes serían de tan baja calidad que cualquier licenciado los superaría.

No se trata de ver con ojos lastimeros la profunda crisis en que la profesión está cayendo de manera intencional por el actual Gobierno Federal, se trata de exigir en cada espacio y en cada oportunidad, el respeto por la profesión docente que le ha dado a México las más valiosas, representativas y profundas raíces de su historia nacional y de su pueblo.

https://manuelnavarrow.com

A pesar de que fue la primera en implementarse y “la más importante del sexenio”, la reforma educativa que inició como una mera reforma laboral, que mermó derechos adquiridos (Como es el caso de la Clave “L”, el escalafón horizontal, la forma de Basificación entre otras sólo en el caso de Chihuahua) y que, tras el paso de las dos terceras partes del sexenio se le anexó el apartado educativo, la realidad es que –afortunadamente- la percepción social que se tiene de ella, ha venido a menos conforme pasa el tiempo y la sociedad no observa los resultados prometidos por el actual gobierno federal.

La reforma educativa fue parte de los compromisos generados desde el fenecido Pacto por México en diciembre de 2012 y elevada a rango constitucional en febrero de 2013 y desde entonces ha ganado más adeptos, pero en su contra, fundamentalmente porque, en los hechos, se ha visto su nula visión educativa, así como el perjuicio, desprestigio, y ataques continuos al gremio magisterial.

En este sentido, el pasado mes de marzo la empresa Parametría, que está dedicada a la investigación estratégica de la opinión y análisis de resultados a nivel nacional, dio a conocer los resultados de la encuesta que se aplica desde el 2013 con referencia a la percepción ciudadana de la reforma educativa, la cual nos muestra resultados muy interesantes.

Tres de cada diez encuestados (28%) asegura que a partir de la reforma se ha avanzado en la evaluación de los maestros, sin embargo, el 69% considera que no ha pasado nada o se ha retrocedido en el tema; con respecto a la preparación de los maestros el 26% considera que se ha avanzado, mientras que el 71% opina que no ha pasado nada o se ha retrocedido en la temática.

En cuanto a la calidad de la educación el 25% observa un avance, mientras que el 73% menciona que no ha pasado nada o se ha retrocedido, situación similar con el tema del número de Escuelas de Tiempo Completo (que fue una de las promesas del presidente Peña en campaña) en el que sólo el 23% de los mexicanos opina que se ha avanzado, mientras que el 67% piensa que no ha pasado nada o se ha retrocedido.

Por eso el gobierno federal se encuentra preocupado y podemos observar en este tiempo un intenso “bombardeo” de mensajes publicitarios por muy diferentes medios de comunicación en donde se presumen los supuestos logros de la reforma, no del pasado, sino los que vienen, a falta de evidencias académicas concretas que mostrar desde el año 2013 en que se comenzó a implementar, y además cuando el actual sexenio ya haya terminado.

Con lo invertido en publicidad por parte de la Secretaría de Educación Pública tan sólo en 2016 (2 millones 259 mil pesos diarios) se pudo haber construido una escuela primaria cada tercer día, es decir, 120 escuelas nuevas con todos los servicios y sin tener que endeudar al país como ya se hizo en el presente sexenio con 50,000 millones de pesos para infraestructura y mejorar apenas el 10% de las escuelas en México.

https://manuelnavarrow.com

No concibo en nuestro país a alguien a quien no le agradaría contar con una educación de calidad, una educación de primer mundo en donde nuestras niñas y niños puedan descubrir quiénes son, en el que el sistema educativo les acompañe –y no les obstaculice– en su formación como personas, como seres humanos.

Para que ello suceda, es necesario sin duda el concurso del magisterio, de los padres de familia, de las autoridades educativas y por supuesto de políticas públicas que permitan establecer los equilibrios necesarios y suficientes que permitan sentar las bases para que pueda ser posible la educación que anhelamos.

En el marco de las celebraciones con motivo del 15 de mayo, resulta muy importante expresar al magisterio, que su labor es fundamental en el desarrollo de nuestro país, más allá de las palabras de quienes encabezan la estructura educativa y no logran atinar una política certera en la materia.

Se quiere mejorar la profesión –se dice- pero no se llevan a cabo acciones que lo confirmen. Se puede observar que, en los países más desarrollados en el mundo, a los aspirantes a ingresar al magisterio se les elige de entre el mejor 10% desde el bachillerato, sin embargo, en México, se espera a que concluya cualquier carrera para de ahí, con un simple examen ver quien tendrá empleo de maestro, no de un Profesional de la Educación.

Con algunas cosas, como es el caso de las tutorías de acompañamiento a los maestros nóveles, no se ha llegado a cumplir siquiera con el 50% de ellos. La evaluación, que bien utilizada puede ser un motor de grandes transformaciones, sus resultados no han sido utilizados para la conformación de ninguna política al respecto y, con un 90% del magisterio que falta por evaluar, se antoja lejano que de algo sirva en el corto y mediano plazos.

Mientras más evaluaciones se hacen al magisterio, en otros ámbitos, como lo es el Senado de la República en sólo un año, se contrataron a 565 nuevos asesores para el servicio directo de sus 128 legisladores, los cuales se hicieron sin filtros para evaluar su perfil y con plena discrecionalidad para su ingreso a la Cámara alta, con un incremento de 32%.

Por otra parte, hacen falta mejores leyes para que nuestra población cuente con más cultura a su alcance, sin embargo, a casi una década de su publicación, la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro no ha podido incentivar la formación de bibliotecas públicas y de aula, la cual carece de un marco normativo actualizado, porque precisamente el Senado no ha culminado la legislación y con ello, las bibliotecas públicas no tienen un presupuesto y no existe un sistema de adquisición.

Hacen falta más recursos para educación, para ello, el Gobierno Federal se endeudó con 50,000 millones para equipar –en 3 años– apenas al 10% de las escuelas, sin embargo, tan solo en este año pasado, en un tiempo –expresado de austeridad– tan sólo en viáticos y gastos de publicidad, el gobierno se excedió por casi 10,000 millones del presupuesto.

https://manuelnavarrow.com

Al día siguiente de su toma de posesión, el 2 de diciembre de 2012, en el Castillo de Chapultepec, bajo un ritual político al más puro estilo tradicional de la política mexicana, el Presidente de la República, flanqueado por los líderes de los tres –hasta entonces- principales partidos políticos del país (PRI, PAN y PRD), firmaban el denominado Pacto por México, en el cual se establecieron, mediante 3 ejes rectores, cinco acuerdos políticos que dieron origen a las denominadas reformas estructurales y, a la primera, la llamada reforma educativa.

Independientemente que ya no existe un consejo rector, y que su página de “instrumento de comunicación con la población” http://www.pactopormexico.org no ha sido actualizada desde el 8 de mayo del 2013 –ni 3 meses después de promulgada la reforma- vale la pena releer el documento, porque ahí se asientan las promesas de lo que ahora tenemos en materia educativa. En el documento se asentaron 95 compromisos, los del ámbito educativo son 8 y van del compromiso 7 al 15.

En el compromiso 8, aparte de que se le pone el nombre erróneamente al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), establece que se creará un sistema de evaluación integral, equitativo y comprehensivo, adecuado a las necesidades y contextos regionales del país, y lo que actualmente tenemos es un examen único a nivel nacional y que no considera ningún elemento de aprendizaje ni de observación del maestro en grupo. En el calendario de aplicación, se menciona que la consolidación debió de haber culminado a mediados de 2017, pero apenas se ha evaluado al 10% de los docentes del país.

En el Compromiso 11, se firmó que se instrumentaría un programa de dotación de computadoras portátiles con conectividad para todos los alumnos de 5to y 6to (el candidato Peña Nieto prometió el 30 de abril de 2012 entregar computadoras con internet a 16 millones de niños); El 16 de marzo de 2015 el gobierno aseguró que serían 6 millones de tabletas, y finalmente de 2013 a 2016, se entregaron solamente 2´222,998 equipos (el 12.6% de lo prometido en campaña).

En el compromiso 12, se dice que el progreso económico de los maestros sería consecuente con su evaluación y desempeño, sin embargo, a la fecha no se ha cumplido el compromiso del 35% de aumento a los maestros destacados, no se les ha dado acompañamiento a todos los maestros nóveles y a los tutores que si lo hicieron a la fecha no se les ha pagado.

Mediante el compromiso 13 se dejó establecido que se fortalecería la educación inicial de los maestros, apoyando a las normales para que impartan una educación de excelencia, sin embargo, a poco más de un año y medio de que concluya el actual sexenio, las normales están atadas de manos puesto que el único plan que pueden utilizar es el de hace más de un lustro, no hay recursos económicos adicionales, ni tampoco ningún plan de renovación estructural, además de que ahora ni siquiera el ser egresado de una Normal es requisito para presentar el examen de ingreso al servicio docente.

Cuando los políticos están en campaña prometen mucho, cuando llegan al poder cambian y acomodan sus palabras para cumplir a medias y deshacer lo que con tanto esfuerzo se ha construido por generaciones en nuestro país.

https://manuelnavarrow.com

En el México de nuestros días, a partir de las reformas estructurales, específicamente de la (mal) llamada reforma educativa de 2013, ha nacido una nueva forma mediante la cual se ha asumido que se puede mejorar la educación.

Dicha manera en el que el gobierno federal ha generado la propuesta a la sociedad mexicana no se basa en una pedagogía de avanzada, puesto que sus postulados fueron establecidos hace décadas como: “la Revolución educativa” (1985) “el aprender a aprender” (1974), “la escuela al centro” (1993), “la educación inclusiva” (1974), y la “articulación de los niveles educativos” (2006).

El nuevo modelo no cuenta con nuevos planes de estudio, los cuales se van a dar a conocer en mayo del próximo año, apenas unas semanas antes de que se defina en manos de quien quedará el nuevo gobierno federal y, aunque el Secretario de Educación diga que llegarán los maestros con más vocación, no tiene una propuesta concreta para atraer mejores maestros a las escuelas formadoras de docentes como lo hacen los mejores países, sino simplemente se aplica un examen de conocimientos a cualquier persona con un título sin importar si sabe o no enseñar.

Tampoco se basa en mejorar la formación de maestros porque no cuenta con una reforma ni una inversión mayor a las Escuelas Normales y, para medir el desempeño de los maestros nadie observa cómo es su desempeño en el aula, como lo sugirió la propia presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), porque ni siquiera se contempla en la ley esta medida porque resulta muy costosa.

En esta propuesta el único que debe de evaluarse es el maestro, porque no se evalúan los planes de estudio, tampoco las autoridades que deciden ni las políticas educativas, no interesa si la comunidad en que enseña se encuentra -como más de la mitad de los mexicanos- en situación de pobreza y menos que, -en el marco del grave repunte de la violencia en nuestro país- de acuerdo con el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), que establece que las escuelas ubicadas en contextos violentos muestran rendimientos inferiores.

Los maestros que se incorporan al servicio, y que la Ley del Servicio Profesional Docente dice que deben de ser acompañados por un Tutor, se encuentran solos y, como sucede con los que ingresaron desde 2014 y que ya fueron evaluados al menos en tres ocasiones, este año no se les permitirá hacer ninguna evaluación ni de desempeño ni de promoción de acuerdo con las convocatorias correspondientes, además de que se les impide el cambio de adscripción si no hacen la evaluación en cuestión.

El punto central y más importante de la reforma, es la evaluación, llegando a tal grado que han florecido por doquier los cursos, talleres, congresos, ejemplos de exámenes y todo tipo de personas que, sin ninguna supervisión ni regulación de la autoridad educativa ni federal, ni estatal, han establecido un verdadero y lucrativo mercado educativo el cual ofrece “soluciones mágicas” para aprobar el examen por “un pequeño costo” que va de los mil a los 3 mil pesos o más por cada “acompañamiento”.

Me apena mucho la situación que se vive en México en el ámbito educativo, el pleno reinado de la “tecnoevaluocracia”, el gobierno de la evaluación en manos de tecnócratas, que no son otros que, como lo define Manuel García Pelayo, una estructura de poder en la que los técnicos condicionan o determinan la toma de decisiones.

https://manuelnavarrow.com

En el México real y no en el que aparece bajo el manto del “milagro de Guadalupe” de los anuncios de la Secretaría de Educación Pública, en donde más allá de reconocer, que de acuerdo con los resultados del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, 1 de cada 3 escuelas en México no tiene su organización completa y los maestros atienden a más de un grupo a la vez, 1 de cada 2 escuelas carece de drenaje, 1 de cada 3 no tiene agua potable, el 11.2% no tiene energía eléctrica y el 12.8% carece de baños, la estrategia va hacia poner maestros de inglés en todas las escuelas y, tomando en consideración que el mismo censo definió que había 207 mil 682 planteles, los 33 mil planteles que se han planteado atender con el programa Escuelas al 100, palidece ante tal realidad.

Si a ello le sumamos que la Secretaría de Educación Pública está en busca de enseñantes del programa y no Maestros en las convocatorias que está haciendo, abriendo la posibilidad de que cualquier profesionista egresado o no de una Institución de una Escuela Normal pueda acceder a impartir clases, el panorama no pinta nada halagüeño. Así, desde el año pasado, se planteó como una novedad hacia el Sistema Educativo, la “Escuela al Centro” como un mecanismo de fortalecimiento de las escuelas en México.

El punto grave de ello y para lo cual se debe de poner especial atención, lo constituye la segunda de las cinco estrategias dadas a conocer por el Secretario Nuño que refiere a la necesidad de colocar como lo dice en las páginas 38 y 39 de la Ruta para la implementación del Modelo Educativo: “es necesario dotar a las escuelas de mayores facultades de decisión, más recursos y mejores condiciones para la prestación del servicio educativo” en el apartado a) Gestión Escolar, en donde, además,  se establece que, para el ciclo 2017 – 2018, la difusión al 100% de las escuelas en donde se debe “Desarrollar, actualizar y difundir el marco normativo que rige el desarrollo y ejercicio de la autonomía de gestión escolar a las autoridades educativas y escolares”.

El punto viene a cuentas, en virtud de que la estructura administrativa en que se basa dicho programa alentado desde los noventas del siglo pasado desde los organismos multinacionales en materia económica y se le conoce bajo el nombre de Administración Escolar Descentralizada (AED) y tiene, de acuerdo a diversos estudios al respecto seis aspectos básicos: “En general, los programas de AED devuelven autoridad sobre una o más actividades, que pueden ser cualquiera de las siguientes: 1) asignaciones presupuestarias; 2) contratación y despido de maestros y demás personal de la escuela; 3) desarrollo de planes de estudio; 4) adquisición de textos y otros materiales educativos; 5) mejoramiento de la infraestructura; 6) control y evaluación sobre el desempeño de los maestros y los resultados del aprendizaje estudiantil”.

Efectivamente, si desde la contratación ya se empezó a eliminar a los maestros de formación, en el punto dos del párrafo anterior se refiere precisamente a la posibilidad de que desde la propia escuela se promueva una purga de maestros alentando a las propias instituciones educativas a ello.

Será muy importante estar atentos a la normatividad que se expida para tal efecto desde la propia autoridad educativa y con ello no se vulneren aún más los derechos del magisterio nacional a partir de la tristemente célebre y mal llamada Reforma Educativa.

https://manuelnavarrow.com

“Cuando se presente el nuevo modelo educativo, el lunes 13 de marzo en Palacio Nacional, habrán pasado mil 533 días desde el inicio de la presente administración. Este sexenio cuenta con 2 mil 191 en total, de tal suerte que se dará a conocer una vez trascurrido 70% del tiempo disponible” … Manuel Gil Antón

Finalmente, ya muy tarde en tiempos del sexenio y más preparando el campo para el 2018, este lunes pasado, la Secretaría de Educación Pública presentó a la sociedad mexicana tres documentos en los que se plantea el nuevo modelo educativo, situación que llega después de siete anuncios similares: en 2013 (20 de marzo), 2014 (12 de febrero), 2015 (13 de abril) con el Secretario Chuayffet, y en 2015 (27 de agosto), 2016 (7 de enero, 18 de marzo y 12 de abril) con el actual Secretario Nuño, de tal manera que por fin se devela la incertidumbre para poder analizarlo.

En el documento se habla de terminología de “avanzada” como “educación inclusiva” de la cual se habla ya en Inglaterra, en el Informe Warnock en 1974 y publicado en 1978, el de “aprender a aprender” utilizado en México ya en enero de 1974 por Guillermo Michel, o la terminología “Escuela al centro”, impulsada fuertemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial (BM), que se conoce en el mundo como Administración Escolar Descentralizada (AED), que es la transferencia de mayores decisiones hacia las escuelas, de los cuales existen más de 800 modelos tan sólo en los Estados Unidos y que en diversas partes del mundo se utiliza desde 1991.

Al interior del documento surgen varias inconsistencias como es el caso de que se advierte en la página 129 que “Los maestros que cuentan con conocimientos disciplinares y pedagógicos adecuados, las habilidades para aprender por sí mismos, y las actitudes y valores para comprender las múltiples necesidades y contextos de sus estudiantes, hacen una enorme diferencia en el éxito del aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes y en la 142 se advierte que “por primera vez el sector de formación se abre a profesionistas con vocación docente, pero con una formación universitaria”, pero a lo largo del documento no se explica cómo se llevará a esos docentes de “vocación”, al conocimiento científico que debe de tener para la enseñanza de nuestras niñas y niños.

De igual manera se habla de que en las Escuelas Normales se deben de formar a los estudiantes para tener un dominio de contenidos, habilidades socioemocionales, bases pedagógicas y didácticas, diseñar ambientes de aprendizaje, aprender a aprender, el aprendizaje del inglés, nuevas tecnologías, inclusión, entre otras cosas, pero sin decir qué tipo de apoyos y montos habrá (como si se hace en infraestructura).

Como regularmente se conoce en el ámbito magisterial, el problema no son los modelos o programas que en el papel normalmente utilizan frases “bonitas” como “amor a México”, “vocación”, “generaciones futuras”, “verdaderos maestros” lo que en realidad se necesita es que los mejores perfiles ocupen los puestos de decisión de la política educativa y no, como ya se está haciendo costumbre… los amigos del Presidente.

https://manuelnavarrow.com

“El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la SEP gastaron cerca de mil millones de pesos para evaluar a alumnos y maestros, pero los resultados no se utilizan para mejorar la calidad de la educación” … Auditoría Superior de la Federación.

Uno de los argumentos que de manera permanente se han esgrimido sobre la necesidad de la evaluación como punto de soporte de la Reforma Educativa, tiene que ver con la necesidad de conocer cuáles son las áreas de mejora para poder emprender en consecuencia acciones que permitan generar acciones del Estado Mexicano para su solución.

Más allá de este bonito juego de palabras, en diversas instancias se ha comentado sobre las inconsistencias que se presentan –y demuestran– que la demagogia es la principal razón y la pretensión electoral de 2018 el principal motivo que mueve las acciones de quienes determinan el rumbo educativo en nuestro país, porque se está gastando 5 veces más en la evaluación que en la formación inicial de nuestras Escuelas Normales, con cursos en línea y sin sentido que no utilizan los resultados de la evaluación.

Todavía durante la comparecencia en el marco del análisis del IV Informe de Gobierno Federal, el Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer afirmó que “la evaluación docente permite saber qué hacen los maestros y dónde están las áreas de mejora, para crear programas de formación continua”, sin embargo, sus palabras contrastan con los resultados dados a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados el pasado 8 de febrero de 2017.

Así, en la página 16 del informe de la Cuenta Pública de 2015 se establece que se ejercieron 956,064.8 miles de pesos para las evaluaciones de la calidad de la educación básica, el 36.8% (352,151.3 miles de pesos) correspondió a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y el 63.2% (603,913.5 miles de pesos), al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, sin embargo, a pesar de dichos recursos empleados, los resultados de las evaluaciones no se usaron para la toma de decisiones de las autoridades educativas que incidan en la mejora del aprendizaje de los alumnos de educación básica.

Cuando se toman decisiones en cualquiera de los ámbitos del servicio público que no se encuentran sustentadas en información pertinente y suficiente que la soporte, se puede caer en la discrecionalidad en la toma de decisiones que de acuerdo a la definición de la propia ASF en la página 57 del Informe General de la Cuenta Pública 2015, “Este riesgo engloba, principalmente, aquellas circunstancias que pudieran facilitar que las determinaciones de los servidores públicos no se realicen en un entorno de transparencia y control suficientes”, con la posibilidad de “anteponer su interés individual”, de la “Comisión de errores derivada de dificultades en la interpretación de la normativa existente”, o “Toma de decisiones sin planeación u objetivos claros”, en cuyo caso cualquiera de los supuestos representa un grave problema para la educación del país.

La evaluación en sí misma no es mala, representa una gran oportunidad para encontrar las vetas de mejora del Sistema educativo, pero no cuando el se usa como pretexto para la denostación de un gremio que a lo largo de la historia del Sistema Educativo Nacional siempre ha estado a favor de las grandes causas de nuestro país…

https://manuelnavarrow.com