Tengo la suerte de haber dirigido dos escuelas normales, una de ellas en dos ocasiones y conozco a profundidad los actuales planes de estudio. En ese transcurso de más de 12 años, viví la transformación de 2 planes de estudio de este importante nivel educativo, en donde las consultas se desarrollaron de manea amplia y contundente con el personal de las Escuelas Normales en el país.

El primero bajo la coordinación del Lic. Francisco Deceano Osorio de la entonces Dirección General de Normatividad, en donde por tres años se citó a personal de las escuelas normales con especialistas de primer nivel, con todos los gastos y el personal de la educación básica involucrada para la vinculación con este nivel de formación.

El segundo de la mano de la Maestra Marcela Santillán Nieto, en donde por más de dos años se vivió un proceso muy importante de consulta, con el personal igualmente en pleno de las escuelas normales que acudieron en diversas ocasiones a diversas entidades de la República para aportar y recibir retroalimentación por especialistas para luego expedir el plan correspondiente.

Sin ninguna consulta de por medio y con una estocada estratégica a las escuelas normales marcada por la definición, del 11 de septiembre de 2013 en el artículo vigésimo primero de los artículos transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente en los que se acepta de facto, que cualquier persona sin los conocimientos mínimos de pedagogía o de sustento biopsicosocial de los niños que se atenderán y solo pasando un examen memorístico sobre recursos legales del sistema educativo, puede acceder a impartir clases.

Después de haber generado un importante debilitamiento del sistema de educación normal en donde se ha perdido en algunas instituciones hasta el 70% de aspirantes de ingreso, bajo el muy repetido lema de: “para que estudiar 4 años para maestro si puedo estudiar otra carrera e igualmente puedo aprenderme la ley y dar clases en el futuro”.

A menos de un año de que se conozca el titular del gobierno federal para el siguiente sexenio y habiendo hecho tanto daño, esta semana el gobierno federal bajo importantes golpes de pecho ha descubierto que las escuelas normales han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del sistema educativo y que es necesario fortalecerlas bajo 6 ejes estratégicos para garantizar la vocación y la capacidad necesarias para formar verdaderos profesionales y con una inversión en 2 años de 2000 millones de pesos para más de 260 Escuelas Normales, cantidad menor a la que se le asigna a una sola universidad en un solo año.

Resta conocer además el nuevo plan de estudios celosamente resguardado que emerge de una consulta que nunca existió, así como el ver cuál será la estrategia para lograr lo que se supone será el nuevo perfil docente en quienes solo acrediten un examen, sin observación ni evaluación previa frente a un grupo y sin formación pedagógica de por medio, el cual entrará en vigor en 2018 y su primera generación egresará hasta el 2022, año en que empiecen a llegar a las aulas de la educación básica.

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La formación de docentes en el mundo no es un asunto menor, la calidad de los docentes constituye, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) así como para diversas organizaciones multinacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el principal impulsor de las variaciones en el aprendizaje escolar.

De acuerdo con el informe Mckinsey, que estudió 25 sistemas educativos en el mundo, incluyendo a los 10 de mejor desempeño destaca que los estudios que toman en cuenta todas las pruebas disponibles sobre eficiencia docente sugieren que los estudiantes asignados a docentes con alto desempeño lograrán avances tres veces más rápido que los alumnos con docentes con bajo desempeño, por lo que es un asunto trascendental en la vida de un país.

De acuerdo a diversos estudios, incluido el informe anterior, así como la UNESCO, la OCDE y el BM, aquellos países que tienen los más altos estándares educativos, invariablemente seleccionaron a las personas más aptas para ejercer la docencia y, aunque varían las formas de acuerdo a la cultura y el contexto, la mayoría eligen desde el nivel medio superior a aquellos que tienen el más alto desempeño, los preparan rigurosamente sobre bases firmes de conocimiento pedagógico y disciplinar del nivel en que se desempeñarán, acuden en grupos a procesos de observación que luego analizan, para luego desarrollar prácticas docentes donde son observados por especialistas, desarrollan una maestría, para después de todo ese proceso, aplicar, solo a quienes han demostrado ser los mejores, un examen que permite elegir a quienes habrán de incorporar al sistema educativo.

En México, a diferencia de esos estudios y como se reconoce en los acontecimientos desarrollados a partir de la Reforma Educativa, en cuya última pincelada establecida el pasado 28 de junio, en que se da a conocer el modelo educativo para la educación obligatoria en donde, a pesar de que hay ciertos avances como lo es reconocer que un desafío importante es reducir las desigualdades estructurales que persisten en el sistema educativo, las cuales obedecen a causas internas y externas, en los hechos debemos preguntarnos si estamos seleccionando a los mejores, porque, en ciertos casos, no existe ningún proceso de formación profesional previo de preparación para la docencia y, con ello, deberán de esperar un número importante de generaciones de niñas, niños y adolescentes, en donde habrán de aprender -en el mejor de los casos y si existe una verdadera vocación- el significado del desarrollo biopsicosocial, las muy complejas competencias para enseñar, la detección de las condiciones que favorecen el aprendizaje, etc.

Como bien lo establece el informe Mckinsey, medir el desempeño no conduce automáticamente a obtener una perspectiva sobre cómo pueden las políticas y las practicas ayudar a los estudiantes a aprender mejor, a los docentes a enseñar mejor y a las escuelas a operar en forma más efectiva, lo que si estoy seguro es que el camino trazado desde la experiencia internacional sobre la materia no está siquiera cerca de lo que hoy en día se hace en nuestro país.

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Desde su constitución en Londres, el 16 de noviembre de 1945, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), y bajo la hermosa frase de Gabriela Mistral “puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”, se han organizado desde entonces convenciones y conferencias mediante las cuales los diferentes países que forman parte, establecen metas que se deben de cumplir.

En la última de estas, llevada a cabo en Buenos Aires, Argentina el pasado 25 de enero, los responsables de la educación en América Latina y el Caribe emitieron la Declaración de Buenos Aires, en el marco de la Reunión de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe “E2030: Educación y Habilidades para el siglo 21”, en el cual, reafirman la educación como derecho fundamental, base para la realización de otros derechos, catalizador del desarrollo sostenible e instrumento para el cumplimiento de los otros objetivos de desarrollo sostenible al 2030.

En la “Declaración de Buenos Aires al 2030”, se reconoce el rol central que desempeñan los docentes y demás profesionales del ámbito educativo para alcanzar una educación de cálida y se establece el compromiso fundamental de fortalecer los programas de formación docente inicial y continua, con atención especial en la planificación contextualizada de las ofertas, la revisión de los contenidos y planes de estudio y la preparación permanente de los formadores, a fin de garantizar propuestas formativas innovadoras que preparen, motiven y empoderen a los docentes y directivos para los desafíos y oportunidades que presenta la enseñanza en el siglo 21.

Pero el documento va más allá, más adelante, establece que se deben de sentar las condiciones adecuadas para que la docencia se transforme en una profesión de excelencia, asegurando la participación de los docentes y otros profesionales de la educación en su diseño, implementación, monitoreo y evaluación.

Qué lejos se encuentra México en su realidad de ese texto, tal parece que hacía fuera, nuestro país firma acuerdos que no piensa cumplir en su realidad. Se ha dejado de lado la importancia de las Instituciones de formación inicial de la carrera docente, cuyos planes no se han actualizado, promoviendo implícitamente la oferta desenfrenada de cursos “al vapor”, sin duda acordes a esta Reforma Educativa -realmente laboral- que fue precisamente aprobada en una mesa y sin una discusión de fondo y, contrario a lo que establece la UNESCO, lejos de la voz de un magisterio que reclama la ausencia de espacios en donde pueda manifestarse su inconformidad y el rechazo a una política de un gobierno que finge, o le conviene no escuchar las voces que reclaman precisamente la necesidad -como lo establece la organización internacional-, de participar activamente en la educación, en su diseño, implementación, monitoreo y evaluación.

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Una de las aristas en donde más se ha resentido el peso de los efectos de la Reforma Educativa, tiene que ver con las acciones que han resignificado la carrera docente en nuestro país, la cual, desde finales del siglo XIX, se había considerado como una carrera de Estado, para pasar a una de corte liberal, de lo cual puede darse cuenta con la reducción en más de un 65% de interés de los estudiantes por ingresar a una Escuela Normal, que no puede interpretarse de otra manera que un ataque a las Instituciones Formadoras de Docentes y por ende, de la profesión.

A nivel internacional, existen varios estudios que dan cuenta de los planes de formación docente, de las políticas públicas para el fortalecimiento de la educación, o de las estrategias que han implementado los países para mejorar la educación y sobre el desarrollo profesional docente; de ellos, hay uno titulado “Las carreras docentes en América Latina. La acción meritocrática para el desarrollo profesional”, que emite la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) en el cual se revisaron dieciocho carreras docentes y algunas políticas específicas sobre valoración de la profesión en América Latina y el Caribe.

En el documento se reconoce que resulta fundamental concebir las carreras docentes como instrumentos de desarrollo profesional y no solo como documentos que norman una relación contractual entre el Estado y el magisterio, situación contraria a lo acontecido en México en donde lo principal fue modificar la relación laboral partiendo de la culpa –implícita- del magisterio por la situación educativa en el País.

Se reconoce que el enfoque meritocrátrico –que es el que hoy tiene la educación en México-  y la orientación individualista propia de este tipo de enfoques, además de ir a contracorriente con la cultura docente, puede caer en contradicción con las exigencias que el mismo sistema impone a los profesores para que realicen trabajos en equipo, debilitando poco a poco el futuro de cualquier acción o trabajo colectivo, de ahí los ataques a Instituciones como la Normal de Cañada Honda en Aguascalientes.

Por otra parte, del mismo documento y como afirman Bellei y Valenzuela (2010), el ingreso de otros profesionales al ejercicio docente es un camino de desprofesionalización de la docencia y resulta contraproducente para las políticas de fortalecimiento de valoración social de la carrera, pues se parte del supuesto de que los docentes serían de tan baja calidad que cualquier licenciado los superaría.

No se trata de ver con ojos lastimeros la profunda crisis en que la profesión está cayendo de manera intencional por el actual Gobierno Federal, se trata de exigir en cada espacio y en cada oportunidad, el respeto por la profesión docente que le ha dado a México las más valiosas, representativas y profundas raíces de su historia nacional y de su pueblo.

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A pesar de que fue la primera en implementarse y “la más importante del sexenio”, la reforma educativa que inició como una mera reforma laboral, que mermó derechos adquiridos (Como es el caso de la Clave “L”, el escalafón horizontal, la forma de Basificación entre otras sólo en el caso de Chihuahua) y que, tras el paso de las dos terceras partes del sexenio se le anexó el apartado educativo, la realidad es que –afortunadamente- la percepción social que se tiene de ella, ha venido a menos conforme pasa el tiempo y la sociedad no observa los resultados prometidos por el actual gobierno federal.

La reforma educativa fue parte de los compromisos generados desde el fenecido Pacto por México en diciembre de 2012 y elevada a rango constitucional en febrero de 2013 y desde entonces ha ganado más adeptos, pero en su contra, fundamentalmente porque, en los hechos, se ha visto su nula visión educativa, así como el perjuicio, desprestigio, y ataques continuos al gremio magisterial.

En este sentido, el pasado mes de marzo la empresa Parametría, que está dedicada a la investigación estratégica de la opinión y análisis de resultados a nivel nacional, dio a conocer los resultados de la encuesta que se aplica desde el 2013 con referencia a la percepción ciudadana de la reforma educativa, la cual nos muestra resultados muy interesantes.

Tres de cada diez encuestados (28%) asegura que a partir de la reforma se ha avanzado en la evaluación de los maestros, sin embargo, el 69% considera que no ha pasado nada o se ha retrocedido en el tema; con respecto a la preparación de los maestros el 26% considera que se ha avanzado, mientras que el 71% opina que no ha pasado nada o se ha retrocedido en la temática.

En cuanto a la calidad de la educación el 25% observa un avance, mientras que el 73% menciona que no ha pasado nada o se ha retrocedido, situación similar con el tema del número de Escuelas de Tiempo Completo (que fue una de las promesas del presidente Peña en campaña) en el que sólo el 23% de los mexicanos opina que se ha avanzado, mientras que el 67% piensa que no ha pasado nada o se ha retrocedido.

Por eso el gobierno federal se encuentra preocupado y podemos observar en este tiempo un intenso “bombardeo” de mensajes publicitarios por muy diferentes medios de comunicación en donde se presumen los supuestos logros de la reforma, no del pasado, sino los que vienen, a falta de evidencias académicas concretas que mostrar desde el año 2013 en que se comenzó a implementar, y además cuando el actual sexenio ya haya terminado.

Con lo invertido en publicidad por parte de la Secretaría de Educación Pública tan sólo en 2016 (2 millones 259 mil pesos diarios) se pudo haber construido una escuela primaria cada tercer día, es decir, 120 escuelas nuevas con todos los servicios y sin tener que endeudar al país como ya se hizo en el presente sexenio con 50,000 millones de pesos para infraestructura y mejorar apenas el 10% de las escuelas en México.

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No concibo en nuestro país a alguien a quien no le agradaría contar con una educación de calidad, una educación de primer mundo en donde nuestras niñas y niños puedan descubrir quiénes son, en el que el sistema educativo les acompañe –y no les obstaculice– en su formación como personas, como seres humanos.

Para que ello suceda, es necesario sin duda el concurso del magisterio, de los padres de familia, de las autoridades educativas y por supuesto de políticas públicas que permitan establecer los equilibrios necesarios y suficientes que permitan sentar las bases para que pueda ser posible la educación que anhelamos.

En el marco de las celebraciones con motivo del 15 de mayo, resulta muy importante expresar al magisterio, que su labor es fundamental en el desarrollo de nuestro país, más allá de las palabras de quienes encabezan la estructura educativa y no logran atinar una política certera en la materia.

Se quiere mejorar la profesión –se dice- pero no se llevan a cabo acciones que lo confirmen. Se puede observar que, en los países más desarrollados en el mundo, a los aspirantes a ingresar al magisterio se les elige de entre el mejor 10% desde el bachillerato, sin embargo, en México, se espera a que concluya cualquier carrera para de ahí, con un simple examen ver quien tendrá empleo de maestro, no de un Profesional de la Educación.

Con algunas cosas, como es el caso de las tutorías de acompañamiento a los maestros nóveles, no se ha llegado a cumplir siquiera con el 50% de ellos. La evaluación, que bien utilizada puede ser un motor de grandes transformaciones, sus resultados no han sido utilizados para la conformación de ninguna política al respecto y, con un 90% del magisterio que falta por evaluar, se antoja lejano que de algo sirva en el corto y mediano plazos.

Mientras más evaluaciones se hacen al magisterio, en otros ámbitos, como lo es el Senado de la República en sólo un año, se contrataron a 565 nuevos asesores para el servicio directo de sus 128 legisladores, los cuales se hicieron sin filtros para evaluar su perfil y con plena discrecionalidad para su ingreso a la Cámara alta, con un incremento de 32%.

Por otra parte, hacen falta mejores leyes para que nuestra población cuente con más cultura a su alcance, sin embargo, a casi una década de su publicación, la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro no ha podido incentivar la formación de bibliotecas públicas y de aula, la cual carece de un marco normativo actualizado, porque precisamente el Senado no ha culminado la legislación y con ello, las bibliotecas públicas no tienen un presupuesto y no existe un sistema de adquisición.

Hacen falta más recursos para educación, para ello, el Gobierno Federal se endeudó con 50,000 millones para equipar –en 3 años– apenas al 10% de las escuelas, sin embargo, tan solo en este año pasado, en un tiempo –expresado de austeridad– tan sólo en viáticos y gastos de publicidad, el gobierno se excedió por casi 10,000 millones del presupuesto.

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Al día siguiente de su toma de posesión, el 2 de diciembre de 2012, en el Castillo de Chapultepec, bajo un ritual político al más puro estilo tradicional de la política mexicana, el Presidente de la República, flanqueado por los líderes de los tres –hasta entonces- principales partidos políticos del país (PRI, PAN y PRD), firmaban el denominado Pacto por México, en el cual se establecieron, mediante 3 ejes rectores, cinco acuerdos políticos que dieron origen a las denominadas reformas estructurales y, a la primera, la llamada reforma educativa.

Independientemente que ya no existe un consejo rector, y que su página de “instrumento de comunicación con la población” http://www.pactopormexico.org no ha sido actualizada desde el 8 de mayo del 2013 –ni 3 meses después de promulgada la reforma- vale la pena releer el documento, porque ahí se asientan las promesas de lo que ahora tenemos en materia educativa. En el documento se asentaron 95 compromisos, los del ámbito educativo son 8 y van del compromiso 7 al 15.

En el compromiso 8, aparte de que se le pone el nombre erróneamente al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), establece que se creará un sistema de evaluación integral, equitativo y comprehensivo, adecuado a las necesidades y contextos regionales del país, y lo que actualmente tenemos es un examen único a nivel nacional y que no considera ningún elemento de aprendizaje ni de observación del maestro en grupo. En el calendario de aplicación, se menciona que la consolidación debió de haber culminado a mediados de 2017, pero apenas se ha evaluado al 10% de los docentes del país.

En el Compromiso 11, se firmó que se instrumentaría un programa de dotación de computadoras portátiles con conectividad para todos los alumnos de 5to y 6to (el candidato Peña Nieto prometió el 30 de abril de 2012 entregar computadoras con internet a 16 millones de niños); El 16 de marzo de 2015 el gobierno aseguró que serían 6 millones de tabletas, y finalmente de 2013 a 2016, se entregaron solamente 2´222,998 equipos (el 12.6% de lo prometido en campaña).

En el compromiso 12, se dice que el progreso económico de los maestros sería consecuente con su evaluación y desempeño, sin embargo, a la fecha no se ha cumplido el compromiso del 35% de aumento a los maestros destacados, no se les ha dado acompañamiento a todos los maestros nóveles y a los tutores que si lo hicieron a la fecha no se les ha pagado.

Mediante el compromiso 13 se dejó establecido que se fortalecería la educación inicial de los maestros, apoyando a las normales para que impartan una educación de excelencia, sin embargo, a poco más de un año y medio de que concluya el actual sexenio, las normales están atadas de manos puesto que el único plan que pueden utilizar es el de hace más de un lustro, no hay recursos económicos adicionales, ni tampoco ningún plan de renovación estructural, además de que ahora ni siquiera el ser egresado de una Normal es requisito para presentar el examen de ingreso al servicio docente.

Cuando los políticos están en campaña prometen mucho, cuando llegan al poder cambian y acomodan sus palabras para cumplir a medias y deshacer lo que con tanto esfuerzo se ha construido por generaciones en nuestro país.

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En el México de nuestros días, a partir de las reformas estructurales, específicamente de la (mal) llamada reforma educativa de 2013, ha nacido una nueva forma mediante la cual se ha asumido que se puede mejorar la educación.

Dicha manera en el que el gobierno federal ha generado la propuesta a la sociedad mexicana no se basa en una pedagogía de avanzada, puesto que sus postulados fueron establecidos hace décadas como: “la Revolución educativa” (1985) “el aprender a aprender” (1974), “la escuela al centro” (1993), “la educación inclusiva” (1974), y la “articulación de los niveles educativos” (2006).

El nuevo modelo no cuenta con nuevos planes de estudio, los cuales se van a dar a conocer en mayo del próximo año, apenas unas semanas antes de que se defina en manos de quien quedará el nuevo gobierno federal y, aunque el Secretario de Educación diga que llegarán los maestros con más vocación, no tiene una propuesta concreta para atraer mejores maestros a las escuelas formadoras de docentes como lo hacen los mejores países, sino simplemente se aplica un examen de conocimientos a cualquier persona con un título sin importar si sabe o no enseñar.

Tampoco se basa en mejorar la formación de maestros porque no cuenta con una reforma ni una inversión mayor a las Escuelas Normales y, para medir el desempeño de los maestros nadie observa cómo es su desempeño en el aula, como lo sugirió la propia presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), porque ni siquiera se contempla en la ley esta medida porque resulta muy costosa.

En esta propuesta el único que debe de evaluarse es el maestro, porque no se evalúan los planes de estudio, tampoco las autoridades que deciden ni las políticas educativas, no interesa si la comunidad en que enseña se encuentra -como más de la mitad de los mexicanos- en situación de pobreza y menos que, -en el marco del grave repunte de la violencia en nuestro país- de acuerdo con el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), que establece que las escuelas ubicadas en contextos violentos muestran rendimientos inferiores.

Los maestros que se incorporan al servicio, y que la Ley del Servicio Profesional Docente dice que deben de ser acompañados por un Tutor, se encuentran solos y, como sucede con los que ingresaron desde 2014 y que ya fueron evaluados al menos en tres ocasiones, este año no se les permitirá hacer ninguna evaluación ni de desempeño ni de promoción de acuerdo con las convocatorias correspondientes, además de que se les impide el cambio de adscripción si no hacen la evaluación en cuestión.

El punto central y más importante de la reforma, es la evaluación, llegando a tal grado que han florecido por doquier los cursos, talleres, congresos, ejemplos de exámenes y todo tipo de personas que, sin ninguna supervisión ni regulación de la autoridad educativa ni federal, ni estatal, han establecido un verdadero y lucrativo mercado educativo el cual ofrece “soluciones mágicas” para aprobar el examen por “un pequeño costo” que va de los mil a los 3 mil pesos o más por cada “acompañamiento”.

Me apena mucho la situación que se vive en México en el ámbito educativo, el pleno reinado de la “tecnoevaluocracia”, el gobierno de la evaluación en manos de tecnócratas, que no son otros que, como lo define Manuel García Pelayo, una estructura de poder en la que los técnicos condicionan o determinan la toma de decisiones.

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En el México real y no en el que aparece bajo el manto del “milagro de Guadalupe” de los anuncios de la Secretaría de Educación Pública, en donde más allá de reconocer, que de acuerdo con los resultados del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, 1 de cada 3 escuelas en México no tiene su organización completa y los maestros atienden a más de un grupo a la vez, 1 de cada 2 escuelas carece de drenaje, 1 de cada 3 no tiene agua potable, el 11.2% no tiene energía eléctrica y el 12.8% carece de baños, la estrategia va hacia poner maestros de inglés en todas las escuelas y, tomando en consideración que el mismo censo definió que había 207 mil 682 planteles, los 33 mil planteles que se han planteado atender con el programa Escuelas al 100, palidece ante tal realidad.

Si a ello le sumamos que la Secretaría de Educación Pública está en busca de enseñantes del programa y no Maestros en las convocatorias que está haciendo, abriendo la posibilidad de que cualquier profesionista egresado o no de una Institución de una Escuela Normal pueda acceder a impartir clases, el panorama no pinta nada halagüeño. Así, desde el año pasado, se planteó como una novedad hacia el Sistema Educativo, la “Escuela al Centro” como un mecanismo de fortalecimiento de las escuelas en México.

El punto grave de ello y para lo cual se debe de poner especial atención, lo constituye la segunda de las cinco estrategias dadas a conocer por el Secretario Nuño que refiere a la necesidad de colocar como lo dice en las páginas 38 y 39 de la Ruta para la implementación del Modelo Educativo: “es necesario dotar a las escuelas de mayores facultades de decisión, más recursos y mejores condiciones para la prestación del servicio educativo” en el apartado a) Gestión Escolar, en donde, además,  se establece que, para el ciclo 2017 – 2018, la difusión al 100% de las escuelas en donde se debe “Desarrollar, actualizar y difundir el marco normativo que rige el desarrollo y ejercicio de la autonomía de gestión escolar a las autoridades educativas y escolares”.

El punto viene a cuentas, en virtud de que la estructura administrativa en que se basa dicho programa alentado desde los noventas del siglo pasado desde los organismos multinacionales en materia económica y se le conoce bajo el nombre de Administración Escolar Descentralizada (AED) y tiene, de acuerdo a diversos estudios al respecto seis aspectos básicos: “En general, los programas de AED devuelven autoridad sobre una o más actividades, que pueden ser cualquiera de las siguientes: 1) asignaciones presupuestarias; 2) contratación y despido de maestros y demás personal de la escuela; 3) desarrollo de planes de estudio; 4) adquisición de textos y otros materiales educativos; 5) mejoramiento de la infraestructura; 6) control y evaluación sobre el desempeño de los maestros y los resultados del aprendizaje estudiantil”.

Efectivamente, si desde la contratación ya se empezó a eliminar a los maestros de formación, en el punto dos del párrafo anterior se refiere precisamente a la posibilidad de que desde la propia escuela se promueva una purga de maestros alentando a las propias instituciones educativas a ello.

Será muy importante estar atentos a la normatividad que se expida para tal efecto desde la propia autoridad educativa y con ello no se vulneren aún más los derechos del magisterio nacional a partir de la tristemente célebre y mal llamada Reforma Educativa.

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“Cuando se presente el nuevo modelo educativo, el lunes 13 de marzo en Palacio Nacional, habrán pasado mil 533 días desde el inicio de la presente administración. Este sexenio cuenta con 2 mil 191 en total, de tal suerte que se dará a conocer una vez trascurrido 70% del tiempo disponible” … Manuel Gil Antón

Finalmente, ya muy tarde en tiempos del sexenio y más preparando el campo para el 2018, este lunes pasado, la Secretaría de Educación Pública presentó a la sociedad mexicana tres documentos en los que se plantea el nuevo modelo educativo, situación que llega después de siete anuncios similares: en 2013 (20 de marzo), 2014 (12 de febrero), 2015 (13 de abril) con el Secretario Chuayffet, y en 2015 (27 de agosto), 2016 (7 de enero, 18 de marzo y 12 de abril) con el actual Secretario Nuño, de tal manera que por fin se devela la incertidumbre para poder analizarlo.

En el documento se habla de terminología de “avanzada” como “educación inclusiva” de la cual se habla ya en Inglaterra, en el Informe Warnock en 1974 y publicado en 1978, el de “aprender a aprender” utilizado en México ya en enero de 1974 por Guillermo Michel, o la terminología “Escuela al centro”, impulsada fuertemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial (BM), que se conoce en el mundo como Administración Escolar Descentralizada (AED), que es la transferencia de mayores decisiones hacia las escuelas, de los cuales existen más de 800 modelos tan sólo en los Estados Unidos y que en diversas partes del mundo se utiliza desde 1991.

Al interior del documento surgen varias inconsistencias como es el caso de que se advierte en la página 129 que “Los maestros que cuentan con conocimientos disciplinares y pedagógicos adecuados, las habilidades para aprender por sí mismos, y las actitudes y valores para comprender las múltiples necesidades y contextos de sus estudiantes, hacen una enorme diferencia en el éxito del aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes y en la 142 se advierte que “por primera vez el sector de formación se abre a profesionistas con vocación docente, pero con una formación universitaria”, pero a lo largo del documento no se explica cómo se llevará a esos docentes de “vocación”, al conocimiento científico que debe de tener para la enseñanza de nuestras niñas y niños.

De igual manera se habla de que en las Escuelas Normales se deben de formar a los estudiantes para tener un dominio de contenidos, habilidades socioemocionales, bases pedagógicas y didácticas, diseñar ambientes de aprendizaje, aprender a aprender, el aprendizaje del inglés, nuevas tecnologías, inclusión, entre otras cosas, pero sin decir qué tipo de apoyos y montos habrá (como si se hace en infraestructura).

Como regularmente se conoce en el ámbito magisterial, el problema no son los modelos o programas que en el papel normalmente utilizan frases “bonitas” como “amor a México”, “vocación”, “generaciones futuras”, “verdaderos maestros” lo que en realidad se necesita es que los mejores perfiles ocupen los puestos de decisión de la política educativa y no, como ya se está haciendo costumbre… los amigos del Presidente.

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“El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la SEP gastaron cerca de mil millones de pesos para evaluar a alumnos y maestros, pero los resultados no se utilizan para mejorar la calidad de la educación” … Auditoría Superior de la Federación.

Uno de los argumentos que de manera permanente se han esgrimido sobre la necesidad de la evaluación como punto de soporte de la Reforma Educativa, tiene que ver con la necesidad de conocer cuáles son las áreas de mejora para poder emprender en consecuencia acciones que permitan generar acciones del Estado Mexicano para su solución.

Más allá de este bonito juego de palabras, en diversas instancias se ha comentado sobre las inconsistencias que se presentan –y demuestran– que la demagogia es la principal razón y la pretensión electoral de 2018 el principal motivo que mueve las acciones de quienes determinan el rumbo educativo en nuestro país, porque se está gastando 5 veces más en la evaluación que en la formación inicial de nuestras Escuelas Normales, con cursos en línea y sin sentido que no utilizan los resultados de la evaluación.

Todavía durante la comparecencia en el marco del análisis del IV Informe de Gobierno Federal, el Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer afirmó que “la evaluación docente permite saber qué hacen los maestros y dónde están las áreas de mejora, para crear programas de formación continua”, sin embargo, sus palabras contrastan con los resultados dados a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados el pasado 8 de febrero de 2017.

Así, en la página 16 del informe de la Cuenta Pública de 2015 se establece que se ejercieron 956,064.8 miles de pesos para las evaluaciones de la calidad de la educación básica, el 36.8% (352,151.3 miles de pesos) correspondió a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y el 63.2% (603,913.5 miles de pesos), al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, sin embargo, a pesar de dichos recursos empleados, los resultados de las evaluaciones no se usaron para la toma de decisiones de las autoridades educativas que incidan en la mejora del aprendizaje de los alumnos de educación básica.

Cuando se toman decisiones en cualquiera de los ámbitos del servicio público que no se encuentran sustentadas en información pertinente y suficiente que la soporte, se puede caer en la discrecionalidad en la toma de decisiones que de acuerdo a la definición de la propia ASF en la página 57 del Informe General de la Cuenta Pública 2015, “Este riesgo engloba, principalmente, aquellas circunstancias que pudieran facilitar que las determinaciones de los servidores públicos no se realicen en un entorno de transparencia y control suficientes”, con la posibilidad de “anteponer su interés individual”, de la “Comisión de errores derivada de dificultades en la interpretación de la normativa existente”, o “Toma de decisiones sin planeación u objetivos claros”, en cuyo caso cualquiera de los supuestos representa un grave problema para la educación del país.

La evaluación en sí misma no es mala, representa una gran oportunidad para encontrar las vetas de mejora del Sistema educativo, pero no cuando el se usa como pretexto para la denostación de un gremio que a lo largo de la historia del Sistema Educativo Nacional siempre ha estado a favor de las grandes causas de nuestro país…

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 «Un gobierno que no apoya el desarrollo de la ciencia y la tecnología genera un país marginado del concierto
mundial, estado en el que lamentablemente se encuentra México» Guadalupe Ortega, investigadora del IPN

Defender la educación pública en México es una situación cada vez más compleja y difícil. Representa el hacer referencia de circunstancias en las que claramente existe un desánimo por parte de quienes tienen en sus manos las decisiones de política pública en materia educativa para poder incidir en la mejora y superación de ésta en el escenario nacional.

Si algo ha hecho la diferencia en los países que en las últimas cuatro o cinco décadas han
trascendido en el logro de un avance sustancial en sus sistemas económicos, educativos y sociales, es precisamente su inversión en educación y, por consiguiente, un avance muy considerable en materia científica.

En nuestro país parece que sucede exactamente lo contrario, las inversiones hasta ahora no han dado frutos consistentes desde la educación básica hasta la superior. En educación básica, de acuerdo con los resultados de la última aplicación del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés) presentados en el reporte «Pisa, América Latina y el Caribe. ¿Cómo le fue a la Región?” señala que alcanzar la meta de 493 puntos en Ciencias, que es el promedio de la OCDE, le llevará a México décadas por el bajo o casi nulo crecimiento registrado en 15 años.

Lo muy diferente, es que en un país como el nuestro en el que 71 por ciento de la población cree en milagros y 65 por ciento cree en el diablo, tomando en consideración los resultados del examen en cuanto al grado de motivación de los estudiantes para aprender ciencia, la de temas científicos, así como el sentimiento de sentirse capaces de aprender ciencia, los niños en México obtuvieron calificaciones muy por encima del resto de los países que aplicaron el instrumento.

Lo anterior quiere decir que existe interés y gusto, pero algo sucede que no termina de llegar a concretarse en aprendizajes para los estudiantes. En lo personal, pienso que tiene que ver con lo expresado por el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, quien afirmó que México tiene el gasto por alumno más bajo de todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pese a que una educación de alta calidad necesita de un financiamiento sostenible.

Pero no queda ahí, porque en el caso de la educación superior, para 2017 la Cámara de Diputados entregará un presupuesto de 26 mil 965 millones de pesos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 7 mil 45 millones de pesos menos que en 2016, lo que representa un recorte de 23 por ciento que repercutirá directamente en todas las Instituciones de Educación Superior Públicas del País.

Apoyar la Educación Pública en México de palabra es sencillo, lo complejo es convertirlo en
realidad en los hechos.

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“Si un niño llega a la escuela desnutrido, golpeado o con tensión tóxica la pedagogía puede hacer muy poco o nada. Si los niños pobres van todos a escuelas pobres y los ricos a escuelas ricas, las escuelas son fábricas que perpetúan la pobreza y crean segregación. Si los cerebros de los niños en la calle viven o perciben cotidianamente, ambientes o experiencias, pobres, corruptas, inseguras, contaminadas y entre gorrones, la escuela puede hacer muy poco. Por tanto, necesitamos otro tipo de reformas; mucho más profundas, de raíz”… Eduardo Andere

En la actualidad, se han generado, a partir de las modificaciones constitucionales en materia educativa en nuestro país, una reforma educativa que establece como prioridad , la generación de condiciones que permitan una mejora en el logro de los estudiantes de nuestro país, con el establecimiento de algunas acciones que permitan incidir en la apuesta por una mejora sensible de la educación y, sobre todo, para cumplir el derecho a la educación de los millones de niños y niñas que hay en nuestro país.

A cuatro años de la implementación de la Reforma Educativa, se ha querido, a base de un doble lenguaje, que por un lado reconoce la importancia de la participación del magisterio en la calidad de la educación y, por el otro, deja en el mismo, lo culpa y responsabiliza de la actual situación de la calidad de la educación, al ser precisamente el magisterio, el único que debe de evaluarse, sin tomar en consideración una serie de factores que de manera importante influyen en el aprendizaje infantil.

Como una muestra más de lo anterior, se encuentra la aplicación, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE), el cual es es un estudio de logro de aprendizaje, que evalúa el desempeño de estudiantes de tercer y sexto grado de escuela primaria en las áreas de Matemática, Lectura y Escritura (Lenguaje), y Ciencias Naturales en el caso de sexto grado en el cual participa un total de 15 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay) más el estado mexicano de Nuevo León (México).

Por supuesto que el objetivo principal es dar cuenta de la calidad de la educación en la región y guiar la toma de decisiones en políticas públicas educativas. En esta segunda entrega de resultados que se dio en 2015, muestra la relevancia de las características de los estudiantes y sus familias para explicar los logros de aprendizaje, y que el índice de nivel socioeconómico, que considera en conjunto el índice individual del estudiante y el del promedio de su escuela, predice el aprendizaje en todos los países, disciplinas y grados evaluados, lo cual da sentido a los resultados de nuestro país, en función de la grave situación socioeconómica en que se encuentra prácticamente la mitad de la población y las nulas acciones gubernamentales para brindar una solución de fondo y que esto repercuta en los resultados educativos.

Por ello, es necesario revisar el actuar de la política educativa para con el magisterio nacional, aprender que no debe de ser el único en proceso de evaluación y culpa, sino que se han de generar esquemas para la evaluación de quienes toman las decisiones y por supuesto de la política educativa en consecuencia. El magisterio es parte de la solución y no de la causa de lo que sucede actualmente en la educación.

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El Sistema Educativo Nacional opera de manera insuficiente y desigual, que en ninguna modalidad escolar los centros cuentan en su totalidad con las condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje y que las mayores carencias se encuentran en las escuelas ubicadas en los contextos más desfavorables, en las cuales se atiende a la población con mayor grado de vulnerabilidad … Silvia Schmelkes del Valle, Presidenta del INEE 

 De acuerdo con el Maestro Pablo Latapí, no se puede ejercer ninguno de los derechos civiles, polí ticos, sociales, económicos o culturales sin un mínimo de educación, por lo que recibir educación se constituye en un derecho consagrado en nuestra Carta Magna, la cual se encuentra apenas a 17  días de cumplir sus primeros cien años de vida.

Con las reformas a la legislación educativa del año 2013 se le agregó, bajo un estridente mensaje de logro del gobierno federal, el término calidad, el cual, el Secretario de Educación investido a profeta, estableció que dicho término por arte de magia y sin mayores inversiones realmente trascendentales en el ramo, habrían de transformar la educación con el sólo acto de evaluar al magisterio y sin tocar ni los planes y programas y por supuesto sin tocar el tema de llevar a cabo una evaluación a las autoridades educativas. 

Para ser más específico, en el Artículo 3º, señala que la e ha de ser de calidad, entendiendo por ello ͞…que los materiales y métodos educativos, la organización
escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, lo cual, a menos de dos años de que culmine la actual administración federal, resulta complicado el poder observar que las acciones desarrolladas desde la errónea política educativa, puedan detonar en acciones que logren mejorar la ya de por si  deteriorada calidad de la educación en nuestro país. 

Como una muestra más de ello, en días pasados se presentó por parte del Instituto Nacional para la Evaluación de Educación (INEE) el documento que muestra los resultados de «La evaluación de condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje» (ECEA), la cual fue diseñada con el propó sito de conocer la medida en que las escuelas de la educación obligatoria en nuestro país cuentan con condiciones básicas para su operación y funcionamiento.  

La primera aplicación de ECEA inició en el nivel de educación primaria tomando en consideración la evaluación de siete ámbitos que son: Infraestructura para el bienestar y aprendizaje de los estudiantes, mobiliario y equipo básico, materiales de apoyo educativo, personal que labora en las escuelas, gestión del aprendizaje, organización escolar y la convivencia escolar para el desarrollo personal y social.  

El que podamos ver que en pleno siglo XXI más del 44 por ciento de todas las escuelas primarias del país no sean escuelas de organización completa o multigrado, en las cuales son aquellas en las  cuales un profesor enseña a más de un grado educativo al mismo tiempo, es decir, uno, dos o más cursos en un mismo salón de clase, es un síntoma de la gravedad de la situación que priva en
nuestro país, en donde las recientes decisiones de política educativa no han marcado aun diferencia alguna y se afirma, desde el propio INEE, que en nuestro país, ningún centro escolar  cuenta con todas las condiciones básicas para la enseñanza.  

El sistema educativo nacional se asienta sobre la realidad que viven día a día una mitad de la población que sufre al no poder satisfacer sus necesidades más apremiantes generando con ello  condiciones graves de inequidad que, con los recientes incrementos propiciados desde la decisión  de incrementar los precios y los impuestos a los combustibles, se agrava aún más. 

Puede haber miles de evaluaciones más, sin embargo, mientras no se tome en consideración el contexto y el apoyo –no sólo con palabras– a la labor que a diario realiza el magisterio nacional,  pocas podrán ser las consecuencias positivas para la niñez mexicana y con ello a cumplir su  derecho a la educación. 

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“México tiene el gasto por alumno más bajo de todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pese a que una educación de alta calidad necesita de un financiamiento sostenible” … Enrique Graue Wiechers, Rector de la UNAM

Comienza un nuevo año y con él, se presenta un escenario que es complicado en muchos ámbitos, en donde, desde el discurso gubernamental se dice que se quiere mejorar la educación pública, pero se sigue en la inanición de políticas efectivas que puedan revertir, en el corto y mediano plazos, la grave situación que demerita a cada instante la labor que día a día hace el magisterio nacional para sacar adelante la tarea educativa.

Ninguna de las prioridades de la mal llamada reforma educativa tiene que ver con acciones específicas para sacar a los niños de graves carencias socioeconómicas que provocan que, como lo ha revelado el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) a través de su informe Panorama Educativo en México, al dar a conocer que, en el país, un 26.3 por ciento de los estudiantes de primaria trabajaba en casa y 9.8 por ciento, fuera de ella, en donde 2 millones 450 mil estudiantes de primaria y secundaria, trabajan fuera, además de ir a la escuela, pero sólo a 33.4 por ciento, es decir a 818 mil 511 recibe un salario.

Un escenario en donde, por lo que se refiere al tipo de sostenimiento (públicas y privadas), en 33.5 por ciento de las escuelas públicas se cuenta con al menos una computadora para uso educativo, en tanto que en las escuelas privadas hay 84.4 por ciento; la diferencia es de 50.9 puntos porcentuales, a pesar de que los resultados en el examen PISA no varían significativamente, resaltando el valor de la educación pública de brindar más valor a pesar de la falta de apoyo por parte del gobierno.

Lo anterior da como resultado que más de la mitad de los alumnos de primaria, el 54.5 por ciento dedica una hora o más diarias para estudiar o hacer tarea, pero la otra parte no empleaba ni una hora, por falta, entre otras cosas, de tiempo por las actividades que deben desarrollar para sacar adelante sus actividades económicas para apoyar la economía familiar.

Mientras eso sucede, la SEP presenta los resultados de una consulta pública en la que apenas el 8.5% de las escuelas participaron y en donde, al menos en la presentación de los resultados, se tiene inconsistencias como la falta de un cronograma y plan de ruta con objetivos específicos, no toma en cuenta las necesidades de infraestructura educativa en las escuelas, presta atención insuficiente a las necesidades de las poblaciones más vulnerables del país y no demuestra que haya una disminución en la carga de contenidos para profundizar en los aprendizajes.

Como asevera el propio rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Dr. Enrique Graue Wiechers, México tiene el gasto por alumno más bajo de todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pese a que una educación de alta calidad necesita de un financiamiento sostenible. Esto es, dedicando menos de la tercera parte de lo que dedican el resto de los países de la OCDE, México obtiene los resultados educativos que ahora podemos observar.

Sin embargo y a pesar de la falta de apoyo, seguimos observando el incremento desmedido en la gasolina, en los bonos y aguinaldo de funcionarios públicos y presupuestos desmedidos a los partidos políticos que en poco ayudan a la grave situación económica y social de la mayoría de la población nacional.

Sin embargo, la educación va más allá de un examen preparado por organismos –no educativos sino económicos- internacionales, más allá de una carente visión educativa a nivel nacional y más allá de un grupo de empresarios y gobierno buscando la privatización de la educación para que ésta se convierta en algo que solo responda a la lógica del mercado y no al interés de formar personas en múltiples espacios geográficos que ocupa nuestra patria.

Que este inicio de año nos permita reflexionar en la necesidad de un verdadero respaldo a la educación pública y al magisterio nacional para la generación de oportunidades, no solo en las palabras como lo hace hasta ahora el gobierno, sino en los hechos y con recursos suficientes para mejorar en el mediano plazo la educación en nuestro país.

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