“La alfabetización mediática e informacional no se adquiere de golpe. Es una experiencia y un proceso vividos y dinámicos”. UNESCO — Cinco leyes de la alfabetización mediática e informacional
El mundo comienza a reconocer una paradoja que durante años pasó inadvertida: mientras la tecnología multiplicaba las posibilidades de comunicación, aprendizaje y acceso al conocimiento, también transformaba silenciosamente la atención, las relaciones humanas y las experiencias de la infancia. Hoy, numerosos gobiernos buscan limitar los teléfonos inteligentes en las escuelas, preocupados por sus efectos sobre la concentración, la convivencia y el bienestar emocional. Sin embargo, detrás de esta tendencia internacional aparece una cuestión mucho más profunda: ¿estamos educando a las nuevas generaciones para comprender y transformar el mundo digital o simplemente intentando mantenerlas alejadas de sus riesgos?
La magnitud del cambio resulta significativa. Según información presentada por la UNESCO en octubre de 2026, el 58% de los países cuenta con alguna regulación nacional sobre teléfonos celulares en las escuelas, equivalente a 114 sistemas educativos. Sin embargo, solamente 84 de 194 países han incorporado elementos de alfabetización mediática e informacional en sus planes de estudio, y apenas 17 disponen de políticas integrales en esta materia. La contradicción resulta evidente: avanzamos considerablemente más rápido para restringir los dispositivos que para enseñar a utilizarlos responsablemente.
México participa de esta transformación. El Acuerdo 09/09/26, publicado en septiembre y cuya entrada en vigor está prevista para el 3 de noviembre de 2026, establece restricciones diferenciadas según los niveles educativos. En educación básica limita los dispositivos personales durante la jornada escolar, con excepciones pedagógicas, médicas, de accesibilidad e inclusión. En educación media superior contempla decisiones contextualizadas de las comunidades escolares. Se trata de una disposición relevante, pero su trascendencia dependerá menos de cuántos teléfonos desaparezcan de las aulas que de las capacidades educativas que logremos desarrollar después.
La preocupación tiene fundamentos. Los resultados de PISA 2022 muestran que aproximadamente tres de cada diez estudiantes de países de la OCDE reconocieron distraerse utilizando dispositivos digitales durante las clases de matemáticas. También encontraron asociaciones entre distracción y menores resultados académicos. No obstante, estos datos requieren interpretarse cuidadosamente: la correlación no demuestra que toda utilización tecnológica perjudique el aprendizaje. La naturaleza de las actividades, su intencionalidad pedagógica y la intervención docente modifican sustancialmente sus efectos. El problema no es únicamente la presencia de pantallas, sino las condiciones bajo las cuales participan en la experiencia educativa.
Prohibir puede representar una medida razonable para recuperar espacios de atención, conversación y convivencia. Pero convertir la restricción en el centro de la política educativa supondría confundir una herramienta de regulación con un proyecto formativo. Ninguna disposición administrativa enseña automáticamente a reconocer noticias falsas, proteger información personal, identificar manipulación comercial o enfrentar el acoso digital. Tampoco desarrolla criterios para comprender los algoritmos que seleccionan contenidos e influyen sobre preferencias, aspiraciones y percepciones de la realidad.
Precisamente ahí comienza la ciudadanía digital. No consiste simplemente en saber manejar dispositivos, descargar aplicaciones o utilizar plataformas educativas. Significa ejercer derechos, asumir responsabilidades y participar críticamente en una sociedad donde buena parte de las relaciones económicas, culturales, políticas y personales transcurren mediante tecnologías. Implica comprender que detrás de cada pantalla existen empresas, intereses comerciales, decisiones humanas, estructuras de poder y mecanismos capaces de influir en el comportamiento colectivo.
Esta perspectiva incorpora una dimensión democrática frecuentemente ignorada. Las redes sociales no solamente distribuyen entretenimiento: también condicionan la circulación de información, amplifican determinados discursos y pueden favorecer procesos de polarización. Educar ciudadanos digitales significa enseñar a distinguir hechos de opiniones, contrastar fuentes, reconocer prejuicios y deliberar respetuosamente. En tiempos de inteligencia artificial generativa, estas capacidades adquieren mayor importancia porque producir textos, imágenes y videos aparentemente auténticos resulta cada vez más sencillo.
La escuela tiene una responsabilidad insustituible, particularmente porque no todas las familias cuentan con conocimientos, tiempo o condiciones suficientes para acompañar estas experiencias. La desigualdad digital tampoco se reduce a disponer de conexión. Existen diferencias profundas entre quienes utilizan internet principalmente para consumir contenidos y quienes poseen herramientas para investigar, crear, programar, verificar información y aprovechar oportunidades académicas. Una regulación sin estrategias compensatorias podría ampliar esas distancias, especialmente entre estudiantes de comunidades rurales, indígenas y sectores económicamente desfavorecidos.
También deben considerarse quienes encuentran en la tecnología una posibilidad extraordinaria de inclusión. Los lectores de pantalla, sistemas aumentativos de comunicación, subtítulos y recursos adaptativos permiten superar barreras que tradicionalmente limitaron la participación escolar. Para estudiantes con discapacidad, problemas de movilidad o necesidades específicas de aprendizaje, determinados dispositivos representan instrumentos indispensables. Restringir indiscriminadamente su utilización podría terminar contradiciendo el propósito protector de las propias políticas educativas.
En este escenario, maestras y maestros adquieren una función decisiva. Su responsabilidad no debería limitarse a vigilar el cumplimiento de las restricciones, sino extenderse hacia experiencias pedagógicas que permitan comprender el entorno digital. Analizar noticias contradictorias, investigar el origen de una fotografía, reconocer publicidad encubierta, discutir situaciones de ciberacoso o evaluar respuestas generadas mediante inteligencia artificial son oportunidades para fortalecer capacidades intelectuales y éticas. No requieren necesariamente teléfonos personales: pueden desarrollarse mediante conversaciones, materiales impresos, ejercicios colectivos y recursos institucionales.
Igualmente importante resulta recuperar experiencias humanas que ninguna pantalla debería sustituir. La lectura profunda, la escritura reflexiva, el razonamiento matemático, el juego, la exploración artística, la actividad física y la resolución presencial de conflictos constituyen dimensiones esenciales del desarrollo. La UNESCO ha insistido en que la tecnología debe fortalecer las relaciones educativas, no reemplazarlas. Por ello, construir ciudadanía digital también significa aprender cuándo conviene desconectarse, reconocer necesidades emocionales y desarrollar autonomía frente a estímulos diseñados para capturar permanentemente nuestra atención.
Sin embargo, sería injusto depositar toda esta responsabilidad sobre el profesorado. Una política seria necesita formación continua, materiales pertinentes, acompañamiento técnico y espacios institucionales para diseñar experiencias interdisciplinarias. También requiere fortalecer el liderazgo pedagógico de directoras y directores, capaces de impulsar acuerdos escolares participativos, involucrar a las familias y evaluar periódicamente sus resultados. La ciudadanía digital debe convertirse en una responsabilidad compartida, no en otra exigencia administrativa añadida a escuelas que ya enfrentan múltiples carencias.
Las familias, por su parte, necesitan transitar de la vigilancia exclusivamente restrictiva hacia el acompañamiento informado. Establecer horarios, conversar sobre experiencias digitales, conocer las plataformas utilizadas y construir acuerdos razonables resulta más educativo que recurrir únicamente al castigo. Pero las empresas tecnológicas tampoco pueden permanecer al margen: deben asumir responsabilidades sobre privacidad, seguridad infantil, publicidad dirigida y sistemas diseñados para prolongar la permanencia de sus usuarios. La protección de la infancia no puede depender exclusivamente del autocontrol infantil.
Corresponde a las autoridades evaluar las medidas mediante evidencias y no solamente mediante indicadores de cumplimiento. Importa conocer si mejoran los aprendizajes, disminuye el acoso, aumenta la convivencia y se fortalecen las competencias digitales. También escuchar a estudiantes y docentes para identificar consecuencias imprevistas y corregir decisiones.
La discusión, entonces, trasciende los teléfonos celulares. Estamos definiendo qué ciudadanía deseamos formar frente a una transformación tecnológica irreversible. Podemos conseguir escuelas temporalmente libres de pantallas y, aun así, entregar a la sociedad generaciones vulnerables frente a la manipulación, la desinformación y la dependencia digital. O podemos aprovechar esta coyuntura para construir una educación que proteja sin excluir, regule sin renunciar a enseñar y desarrolle pensamiento crítico. Porque el verdadero éxito educativo no consistirá en lograr que niñas, niños y adolescentes guarden sus dispositivos, sino en que, cuando vuelvan a utilizarlos, sepan pensar, decidir y actuar libremente frente a ellos. Porque la educación es el camino…

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