“En la escuela, todos los niños deben sentirse respetados, aceptados y seguros para que puedan aprender y desarrollarse”. UNESCO, Violencia y acoso escolar
La lesión sufrida por Mateo, un niño de seis años de Chicoloapan, Estado de México, obliga a mirar más allá de la indignación inmediata. De acuerdo con los testimonios recogidos por diversos medios, un compañero lo hirió con un lápiz en el ojo derecho dentro de una primaria. Su familia sostiene que existían agresiones anteriores y que sus advertencias no fueron atendidas. El menor perdió la visión de ese ojo y, según reportes del 9 de noviembre, esperaba una nueva intervención médica. El sufrimiento es real; las responsabilidades concretas todavía requieren esclarecimiento.
La madre ha señalado posibles omisiones de personal docente y directivo. Su denuncia merece atención seria, acompañamiento y respuestas verificables, no descalificaciones. Pero una acusación pública tampoco equivale a una resolución administrativa o judicial. Falta conocer integralmente los expedientes, las actuaciones escolares, los testimonios y la evidencia médica. Ser rigurosos no significa relativizar el daño; significa impedir que la legítima exigencia de justicia termine sustituida por juicios anticipados.
Conviene distinguir dos preguntas que suelen confundirse. ¿Existió una secuencia de acoso escolar que debió detectarse y detenerse? ¿Qué ocurrió exactamente el día de la lesión y cómo reaccionaron las personas responsables? Una agresión aislada puede ser gravísima sin reunir por sí sola los rasgos de repetición y desequilibrio de poder propios del acoso. Y, a la inversa, una historia de hostigamiento puede convertir un incidente aparentemente repentino en la consecuencia de señales desatendidas. Ambas hipótesis exigen investigación.
La primera obligación institucional es proteger, no esperar a que alguien demuestre jurídicamente cada afirmación. Cuando una niña o un niño manifiesta miedo, evita asistir a clases, presenta lesiones o relata humillaciones, corresponde escuchar, registrar, informar y adoptar medidas preventivas proporcionadas. Ni minimizar como “cosas de niños” ni etiquetar automáticamente a otro menor como agresor son respuestas educativas aceptables. La prudencia en el lenguaje debe coexistir con la rapidez en la protección.
En México, el Acuerdo 14/12/23 de la Secretaría de Educación Pública establece una ruta de detección, notificación, intervención y seguimiento frente al acoso escolar. Su artículo 14 contiene una salvaguarda particularmente importante: ante quejas de negligencia contra figuras educativas, las autoridades deben adoptar medidas de protección e investigar exhaustivamente antes de determinar sanciones. No es un permiso para omitir actuaciones. Es el reconocimiento de que proteger a la infancia y respetar los derechos del personal escolar son obligaciones simultáneas.
Existe, además, una precisión decisiva para este caso. El Estado de México publicó el 18 de diciembre de 2025 su propio protocolo de erradicación del acoso escolar. Ahí se asignan funciones concretas: el profesorado observa, escucha y reporta; la dirección organiza medidas, documenta, convoca al colegiado y notifica; la supervisión verifica que las actuaciones ocurran. También se exige activar los servicios de emergencia cuando peligra la integridad física. Por tanto, la investigación deberá contrastar conductas comprobadas con deberes específicos, no con impresiones o expectativas imposibles de cumplir.
Hay otra pregunta incómoda que las autoridades deberían formularse: ¿cuántas escuelas conocen realmente su protocolo y cuántas lo ensayan antes de enfrentar una emergencia? Un documento guardado en una carpeta no impide lesiones. Harían falta ejercicios de respuesta, contactos médicos actualizados, responsabilidades claras cuando falta el director, comunicación efectiva con supervisión y acompañamiento especializado. Los consejos técnicos escolares pueden revisar incidentes sin exponer identidades, identificar lugares y momentos de mayor riesgo y acordar mejoras concretas. Prevenir también consiste en revisar lo cotidiano.
Esa delimitación evita dos injusticias frecuentes. La primera consiste en responsabilizar automáticamente a la maestra o al director de cualquier lesión ocurrida en la escuela, como si la vigilancia pudiera eliminar todos los riesgos. La segunda consiste en descargar toda la responsabilidad en el niño involucrado y su familia, ignorando posibles advertencias, fallas de comunicación o respuestas tardías. La responsabilidad debe ser individualizada: quién sabía qué, desde cuándo, qué podía hacer razonablemente, qué hizo y qué dejó documentado.
Quien investiga debe escuchar por separado a las partes, respetar el derecho de defensa del personal señalado y evitar que una medida precautoria sea presentada como castigo definitivo. En paralelo, la protección del alumnado no puede quedar suspendida hasta que concluya una carpeta de investigación. La administración educativa puede disponer acompañamiento, supervisión reforzada o ajustes preventivos compatibles con los derechos de todos. Esa diferencia entre proteger ahora y determinar responsabilidades después es esencial para una actuación justa.
Ante una lesión ocular, la urgencia médica no depende de que el episodio sea clasificado como accidente, violencia o acoso. La orientación oftalmológica aconseja no frotar ni presionar el ojo, no extraer objetos incrustados y buscar atención inmediata. Las escuelas necesitan saber cómo activar servicios médicos, localizar a las familias y dejar constancia cronológica de lo ocurrido. Avisar a los padres es indispensable, pero no sustituye una respuesta de emergencia cuando ésta se requiere.
Documentar tampoco significa producir papeles para defenderse después. Una bitácora útil registra hora, lugar, observaciones directas, relatos diferenciados de los hechos, comunicaciones, decisiones, medidas de protección y seguimiento. Debe distinguir lo visto de lo referido, resguardar datos personales y evitar entrevistas repetitivas que revictimicen. La evidencia preservada oportunamente protege tanto a los niños como al personal que actuó correctamente. Ocultar, modificar o improvisar registros destruye confianza y puede agravar el conflicto.
La prevención comienza mucho antes del incidente. Los maestros pueden observar quién queda sistemáticamente excluido, quién calla cuando otro se acerca, quién deja de participar o inventa razones para no asistir. Pueden enseñar a pedir ayuda, establecer acuerdos de convivencia construidos con el grupo y trabajar con quienes observan agresiones sin intervenir. El aula no necesita una ceremonia ocasional contra el acoso, sino prácticas diarias de escucha, participación y respeto. La inclusión requiere además apoyos diferenciados para estudiantes que enfrentan mayores barreras.
Las familias también son parte de la solución. Sus alertas deben encontrar canales accesibles, respuesta por escrito y fechas de seguimiento; sus preocupaciones no deberían convertirse en enfrentamientos personales. A la vez, corresponde evitar la difusión de nombres, rostros o diagnósticos de menores, así como acusaciones categóricas contra quienes aún no han sido escuchados. La presión pública puede abrir puertas cerradas, pero los expedientes se resuelven con pruebas y garantías, no mediante linchamientos digitales.
La UNESCO advierte que la violencia escolar deteriora los aprendizajes, la asistencia, la salud emocional y la confianza en las instituciones. También afecta al profesorado, que necesita formación, acompañamiento y condiciones reales para supervisar, intervenir y coordinarse. Pedir que una escuela prevenga toda agresión sin personal suficiente, apoyo especializado ni rutas accesibles de atención es una respuesta política incompleta. Las autoridades educativas deben evaluar riesgos, formar equipos y responder cuando una escuela solicita ayuda.
El caso de Mateo no debería terminar en un intercambio de acusaciones, ni en una sanción apresurada que permita declarar cerrado el problema. Exige atención y reparación conforme a lo que se acredite, investigación independiente, derecho de audiencia, medidas para impedir nuevas agresiones y revisión de lo que falló. Una comunidad escolar aprende de una tragedia cuando protege sin tardanza, investiga sin prejuicios y corrige sin encubrir. La justicia para un niño y las garantías para sus maestros no son causas opuestas: ambas sostienen el derecho a una escuela segura. Porque la educación es el camino…
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