“En la escuela, todos los niños deben sentirse respetados, aceptados y seguros para que puedan aprender y desarrollarse” Audrey Azoulay
Las amenazas contra planteles, las intimidaciones a docentes y estudiantes y los mensajes en redes sociales que han ido en aumento recientemente, erosionan una certeza fundamental en México: la escuela debe ser un espacio seguro. Cuando el personal directivo y docente acude con temor o cuando una familia duda de que sus hijos estarán protegidos, no enfrentamos solo un problema de disciplina, sino una alerta social que no podemos normalizar.
Los casos registrados en distintas entidades como se reportó recientemente en Coahuila y Aguascalientes no significan que todas las escuelas estén en peligro, pero tampoco permiten desestimar las señales. Es indispensable distinguir entre rumores, amenazas creíbles, conflictos y agresiones consumadas. Cada situación exige una valoración seria, respuesta proporcional y protección de quienes estén en riesgo.
La violencia puede relacionarse con acoso persistente, violencia familiar y comunitaria, discriminación, exposición a contenidos violentos y conflictos sin atender. Ninguno de estos factores determina por sí solo que un estudiante sea agresor. Comprenderlos permite prevenir sin estigmatizar a niñas, niños y adolescentes.
Frente a las amenazas, aparecen propuestas de expulsión, vigilancia y revisión de mochilas. La seguridad exige actuar ante riesgos concretos, pero también respetar derechos y procedimientos legales. Expulsar sin seguimiento puede desplazar el problema; revisar indiscriminadamente no sustituye la construcción de ambientes seguros.
Las maestras y los maestros pueden reconocer aislamiento, humillaciones, cambios de conducta o amenazas reiteradas. Escuchar, documentar y activar protocolos ayuda a prevenir tragedias. No obstante, no deben enfrentar solos situaciones graves ni asumir funciones policiales. Necesitan respaldo directivo, capacitación, atención especializada, pero sobre todo respaldo institucional y coordinado de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Las familias deben conocer lo que sus hijos viven dentro y fuera de internet, escucharlos sin minimizar sus preocupaciones y colaborar con la escuela. Las autoridades educativas deben, por tanto, garantizar rutas de atención eficaces, apoyo psicológico, coordinación con instituciones de protección y condiciones para que los protocolos no queden en el papel.
La violencia deteriora la convivencia, la asistencia y el aprendizaje; también afecta al personal docente. México no puede medir el éxito escolar solo por resultados académicos mientras el miedo se instala en los centros escolares. La pregunta urgente no es únicamente cuántas amenazas se denunciaron, sino cuántas señales se ignoraron antes. Educar también significa proteger la vida, la confianza y la dignidad de toda la comunidad escolar. Porque la educación es el camino…
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