“La educación es el punto en el que decidimos si amamos al mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él.” – Hannah Arendt
En una escuela primaria de Martínez de la Torre, Veracruz, una actividad para elaborar un croquis del trayecto entre la casa y el plantel terminó convertida en una denuncia pública, una protesta de madres y padres y un debate que rebasa las paredes del aula. La discusión no puede reducirse a decidir si un croquis es una tarea adecuada o si una madre tuvo razón al cuestionarla. En el centro están la seguridad de niñas y niños, la obligación de investigar cualquier señalamiento, el derecho de las familias a ser escuchadas y la necesidad de que maestras y maestros puedan desarrollar su trabajo sin quedar expuestos a condenas anticipadas.
Los reportes periodísticos indican que tres alumnas de sexto grado señalaron presuntas conductas inapropiadas por parte de un maestro suplente. La actividad del croquis fue parte de la controversia, pero no es el único elemento mencionado: las familias también expresaron preocupación por la manera en que, según su versión, el docente se relacionaba con las estudiantes. El profesor negó haberlas tocado, amenazado o faltado al respeto. Dijo que se acercó para explicarles un tema y que después preguntó a unas alumnas por su ausencia en un ensayo escolar.
El croquis tiene una finalidad pedagógica reconocible: representar espacios, ubicar referencias y comunicar trayectos. El Programa Sintético de la Fase 5 de la Secretaría de Educación Pública contempla para quinto grado elaborar e interpretar croquis para comunicar la ubicación de seres vivos, objetos, trayectos o lugares; para sexto grado plantea leer, interpretar y elaborar planos. Los materiales educativos oficiales también presentan el croquis como una herramienta para representar un sitio y mostrar cómo llegar de un punto a otro. La relación de una actividad con el currículo puede explicar su propósito, pero no confirma por sí sola cómo se aplicó ni resuelve las acusaciones sobre otras conductas.
La misma cautela se necesita en sentido contrario. Que una tarea pida representar el camino de casa a la escuela no demuestra, por sí sola, que el docente pretendiera conocer el domicilio de una alumna con una finalidad indebida. Para sostener esa conclusión se requieren hechos y pruebas que corresponde recabar a las autoridades competentes. Pero reconocer que el ejercicio tiene una utilidad didáctica tampoco obliga a ignorar una inquietud razonable: un trayecto descrito con excesivo detalle puede revelar dónde vive una niña, qué calles recorre o qué puntos frecuenta. La buena enseñanza no consiste únicamente en cumplir una consigna; también supone anticipar riesgos y cuidar la información personal del alumnado.
La actividad pudo haberse diseñado de distintas maneras sin perder su valor: representar una ruta ficticia, partir de un punto público, trabajar con el trayecto entre la escuela y un parque o permitir que cada estudiante eligiera qué referencias incluir. La maestra o el maestro puede explicar qué aprendizaje se busca y aclarar que nadie tiene que escribir su dirección, marcar su casa con exactitud ni compartir datos que le incomoden. Las familias, por su parte, deben contar con un canal accesible para preguntar y recibir una respuesta institucional. Son decisiones sencillas, pero ayudan a impedir que un ejercicio ordinario se convierta en una fuente de desconfianza o exposición.
El caso también revela cómo se entrelazan cuestiones que deben investigarse por separado. Una pregunta es si la tarea tenía un propósito pedagógico y cómo se condujo. Otra, distinta, es si hubo comportamientos que hicieron sentir incómodas o inseguras a las alumnas. Y una tercera es si la escuela y sus autoridades respondieron de manera oportuna y adecuada. Mezclarlas en una sola discusión conduce a conclusiones apresuradas: defender la tarea no desacredita lo que las estudiantes pudieran haber reportado; escuchar a las alumnas tampoco convierte automáticamente al maestro en culpable. La investigación debe considerar cada señalamiento, ubicar fechas y circunstancias y permitir que las partes sean escuchadas, con atención prioritaria a la protección de las menores.
Mientras las autoridades esclarecen los hechos, las redes sociales ya distribuyeron etiquetas, imágenes y versiones que transforman un asunto escolar delicado en espectáculo. La madre denunciante fue llamada “Lady Croquis”; el docente quedó expuesto a señalamientos públicos; y las alumnas corren el riesgo de que su experiencia sea comentada por miles de personas sin que ellas puedan controlar la difusión. Esa dinámica no ayuda a establecer la verdad. Puede intimidar a quien denuncia, causar daños reputacionales irreversibles a quien es señalado y someter a las niñas a una nueva forma de exposición. La protección de su identidad debe ser estricta, y cualquier investigación debe evitar que tengan que repetir innecesariamente su relato.
Para las maestras y los maestros, el peligro no se limita a una denuncia falsa o a un malentendido. También consiste en que el temor a ser grabados, exhibidos o juzgados en redes reduzca su disposición a enseñar contenidos que involucren la vida cotidiana, el cuerpo, la convivencia o la comunidad. Si una actividad curricular se interpreta de inmediato como sospechosa, algunos docentes podrían optar por no proponerla, evitar conversaciones necesarias o limitar su interacción con estudiantes. El resultado sería una enseñanza más cautelosa, menos cercana y empobrecida, donde la autoprotección sustituya al criterio pedagógico. Sin embargo, invocar el currículo tampoco debe convertirse en una defensa automática cuando una conducta concreta merece revisión.
Por eso, la respuesta institucional no puede consistir solamente en separar al docente, emitir un comunicado tardío o dejar que cada escuela enfrente sola la presión pública. Las autoridades educativas deben informar qué medidas preventivas adoptan, cómo garantizan la continuidad del aprendizaje y de qué manera conducen la investigación administrativa, sin interferir con la indagatoria que corresponda a la Fiscalía. La dirección escolar necesita pautas para recibir quejas, proteger a las alumnas, conservar información relevante y comunicarse con las familias sin divulgar datos confidenciales. El docente señalado debe conocer los hechos que se le atribuyen y tener oportunidad de responder por los cauces establecidos. Una medida preventiva puede ser necesaria para proteger a estudiantes, pero debe explicarse con claridad y no presentarse como prueba de culpabilidad.
El croquis que encendió la polémica puede ser una oportunidad para discutir algo más importante que una hoja de tarea: cómo enseñar sin exponer a nadie y cómo proteger sin convertir toda interacción escolar en motivo de sospecha. Las niñas y los niños tienen derecho a aprender y a sentirse seguros; las familias, a ser atendidas; y las maestras y los maestros, a ejercer su profesión con respaldo y con reglas claras. Corresponde a las autoridades hacer posible que esos derechos convivan y que la verdad se establezca mediante una investigación, no mediante el ruido de las redes. Porque la educación es el camino…
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