En el ejercicio de la dirección educativa, las decisiones no solo implican sentido común o buena voluntad: también deben estar sustentadas en un conocimiento profundo de los marcos legales e institucionales que rigen la vida escolar. Conocer la normativa no se trata de convertirse en un operador técnico de reglas, sino en un referente ético capaz de actuar con firmeza, equidad y responsabilidad ante las situaciones cotidianas que afectan a las comunidades educativas.

Cuando una directora o un director actúa con claridad normativa, transmite confianza, da certeza a su equipo y evita decisiones arbitrarias que podrían derivar en conflictos innecesarios. La legalidad bien comprendida es una aliada del cuidado institucional: protege los derechos de niñas, niños y adolescentes, resguarda al personal docente y administrativo, y fortalece el sentido de justicia al interior de la escuela. Además, permite construir relaciones laborales más transparentes, sostenidas en acuerdos claros y en principios compartidos.

Como señala J. Weinstein (2011), el conocimiento normativo dota al directivo de herramientas para actuar con legalidad, justicia y responsabilidad institucional. Un liderazgo informado no solo cumple con la norma, la honra. Y en ese compromiso ético y legal, también se genera un ambiente más propicio para el aprendizaje y el bienestar colectivo.

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