«La seguridad social no es un lujo, sino un derecho humano básico que debe garantizarse con calidad, eficiencia y equidad.» Amartya Sen

El magisterio en el estado de Chihuahua ha sido una pieza fundamental en la fundación, construcción y consolidación de Pensiones Civiles del Estado (PCE), institución que nació del esfuerzo colectivo y de la visión de proporcionar seguridad social digna a los trabajadores de la educación. Desde sus inicios, PCE representó un avance significativo en la protección de los derechos de los maestros y sus familias, garantizando acceso a servicios médicos, medicamentos y prestaciones sociales que por años fueron ejemplo de solidez y compromiso. Lamentablemente, con los años, la cantidad de organismos afiliados, el que muchos de ellos no tengan cubiertas sus aportaciones, la falta de adecuación legal, el desmerecimiento y desatención de la autoridad estatal para el fortalecimiento de la Institución, hacen que la realidad actual dista mucho de aquel ideal del inicio de PCE.

A pesar de las promesas recurrentes en campañas políticas y las declaraciones en medios de comunicación sobre mejoras en la calidad del servicio, la institución enfrenta una crisis evidente. Este deterioro se manifiesta en cada rincón de su operación, pero es especialmente crítico en el área de urgencias. En este espacio, destinado a brindar atención inmediata y de calidad en situaciones de emergencia, el panorama es desolador.

Ya no digamos el piso que tiene tantos tipos diferentes de cerámica como parches se le han hecho al edificio a lo largo de las últimas décadas al igual que la pintura de sus paredes, lo limitado del cuadro básico de medicamentos, las sábanas, ropa de médicos, falta de espacio, la falta de personal médico, insumos básicos y equipamiento adecuado deja a los derechohabientes en condiciones lamentables, esperando por horas o incluso días, en momentos en los que el tiempo resulta crucial para preservar la vida y la salud.

Sin embargo, el problema no solo radica en las carencias de urgencias, sino también en la cadena de atención que debería garantizar traslados oportunos a hospitales con los que la institución tiene convenios. Lamentablemente, estos espacios son insuficientes o presentan demoras interminables, perpetuando la incertidumbre y el sufrimiento de los pacientes y sus familias. Mientras tanto, el tiempo de espera para una cita con un especialista puede superar el año, una situación inadmisible cuando se trata de enfermedades graves o accidentes que requieren intervención inmediata. Los lamentables servicios de terapia, que solo se brindan una vez, puesto que se tiene a una doctora especialista en decir que ya no habrá más sesiones.

La falta de medicamentos, las largas listas de espera para estudios y la saturación de los servicios generan un triste panorama. Es evidente que PCE carece del fortalecimiento necesario por parte de las autoridades competentes. No se trata de una simple cuestión de percepción; el magisterio y sus familias enfrentan cotidianamente las consecuencias de un sistema que parece estar colapsando. Esto, en una institución que debería ser ejemplo de eficiencia y compromiso social, deja en evidencia el distanciamiento entre las necesidades reales y las prioridades que se asignan.

El magisterio del estado ha demostrado históricamente su inteligencia, formalidad y capacidad propositiva. La solución no debe enfocarse en divisiones partidistas, sino en la unidad y en la elaboración de propuestas que busquen el fortalecimiento de PCE. Es imperativo que se tomen acciones claras y contundentes, no solo para recuperar la dignidad de los servicios médicos, sino también para garantizar un futuro en el que la seguridad social deje de ser un privilegio y vuelva a ser un derecho fundamental. Porque la educación, es el camino…

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann.

Doctor en Gerencia Pública y Política Social

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