De acuerdo con lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas, la mayor amenaza para la buena gobernanza viene de la corrupción, la violencia y la pobreza, todo lo cual debilita la transparencia, la seguridad, la participación y las libertades fundamentales.

En este sentido, una de las banderas que llevaron a obtener el triunfo del actual presidente de la República, fue la promesa de hacer un frente directo y puntual hacia los actos de corrupción que se llevan a cabo en nuestro país, como él ha dicho en innumerables ocasiones, barriendo como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo, y a pesar de que 19 meses que lleva la actual administración puede resultar un tiempo corto para evaluar dichas acciones, siempre es importante no dejar de mostrar lo que existe en cuanto a ello que nos permita apreciar la percepción de la comunidad en el tema.

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, (INEGI), presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) correspondiente al año 2019, cuyo propósito, es dar a conocer a la sociedad en general, la información obtenida sobre la evaluación que la población de 18 años y más otorga a los trámites, pagos, servicios públicos y otros contactos con autoridades, de acuerdo con su experiencia y así, aportar elementos que ayuden a la toma de decisiones de política pública en materia de calidad de los tres niveles de gobierno.

En este instrumento, entre otras, se busca generar estimaciones sobre la prevalencia de actos de corrupción, la percepción sobre el grado de confianza en las instituciones, así como generar estimaciones sobre el grado de interacción de la población con las autoridades gubernamentales a través de medios electrónicos, la cual se aplicó del 4 de noviembre al 20 de diciembre de 2019 en todas las entidades federativas en una muestra nacional de 46,000 viviendas

Como parte de los sectores en los que la población y su porcentaje perciben en mayor medida la corrupción, son, en ese orden: la policía, los partidos políticos, el Ministerio Público, la Cámara de Diputados y Senadores, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales.

En el otro extremo, los sectores que son percibidos con un menor grado de corrupción, son los Organismos Autónomos, el ejército y la Marina, las Escuelas Públicas de nivel básico, la Guardia Nacional y las Organizaciones No Gubernamentales.

No cabe duda de que a pesar de que la Educación Pública, a pesar de ser el de mayor alcance y contacto con la población, con sus más de 25 millones de estudiantes, más de 1’200,000 de docentes, que se distribuyen en 232,876 escuelas en todo el territorio nacional, el estar dentro de los servicios públicos con menor grado de corrupción, es un gran indicador del trabajo que día a día se realiza por parte del magisterio nacional. 

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En días pasados se dio a conocer, por parte del gobierno federal, de la emisión del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2020 – 2024, en el que se dan a conocer, tanto el diagnóstico, como las prioridades de la administración gubernamental en dicho sector.

La propuesta, parte de tres premisas básicas, ciertas a mi juicio, y que coinciden con la perspectiva en general del gobierno para implementar las políticas públicas en otras áreas de la administración pública como son: la corrupción, la corrección de un crecimiento económico que sólo ha beneficiado a pocas personas, el combate a las condiciones socioeconómicas de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y la reconstrucción del tejido social.

En este sentido, se establece que la finalidad del PSE 2020-2024 es contribuir a un nuevo modelo de desarrollo basado en el bienestar de las personas, a partir de garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación como catalizador para el logro de un desarrollo nacional sostenible, el cual intenta dar respuesta a los seis problemas públicos que identifica que se pueden resumir como: falta de oportunidades educativas, equitativas e inclusivas; falta de una educación de calidad para las y los estudiantes; falta de reconocimiento, formación y apoyo para el personal docente y directivo; la carencia de entornos favorables de las instituciones; el sedentarismo y falta de cultura física desde la primera infancia y la verticalidad y desarticulación de las decisiones públicas en materia educativa.

Como suele ser en los ejercicios de planeación estratégica de este tipo, a cada una de las problemáticas identificadas como fundamentales, se les asigna un Objetivo Prioritario (OP) y de ellos, se desprenden Estrategias Prioritarias (EP) y Acciones Puntuales (AP), dentro de los cuales, me gustaría destacar, por su importancia, lo establecido en el OP 3, que cuenta con 4 EP que se subdividen a su vez en 37 AP, ya que se refieren la formación inicial, la continua, los procesos de selección pertinentes para la admisión, promoción y reconocimiento, así como la evaluación diagnóstica que favorezcan el desarrollo profesional, así como el apoyo para la la gestión del personal docente, directivo y de supervisión en los centros educativos.

En el PSE, se habla entre otros, de temas que han sido poco más que retórica en los últimos años, del fortalecimiento de las escuelas normales, su autonomía de gestión, actualización de sus mallas curriculares, el diseño de un diagnóstico integral de las necesidades del magisterio, un sistema de promoción horizontal real y eficiente, que esperemos se conviertan -ahora si- en realidad.

Sin embargo, en el punto 3.4.7, se habla específicamente de apoyar el fortalecimiento de redes colaborativas de personal docente, directivo y de supervisión que faciliten el intercambio de experiencias en materia de gestión e innovación para la mejora continua de las escuelas, aspecto sin duda interesante, tomando en consideración de que todas las acciones efectuadas en el pasado, se han tomado a partir de la desconfianza, tomando decisiones verticales sobre sus necesidades y sin tomar consideración los saberes docentes y directivos que se construyen precisamente en el servicio y que son fundamentales para el fortalecimiento de la labor que día a día se realiza en los centros educativos.

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La experiencia generada a partir de las acciones relacionadas con la emergencia sanitaria, ha propiciado diferentes efectos de acuerdo con la actividad que cada persona desarrolle en su vida personal, familiar o profesional, así, la emergencia ha sido un parteaguas muy importante que nos permite visibilizar lo que realmente sucede detrás de lo que hemos denominado como nuestra “normalidad”.

La educación, como un ámbito netamente social, recibe, en todos los sentidos, los efectos de lo que sucede en la comunidad, de tal manera que la emergencia sanitaria no ha sido la excepción, así, como señala el documento de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) “Desigualdades educativas y la brecha digital en tiempos de Covid-19”,  entre los factores que condicionan el acceso a una enseñanza de calidad en línea son: la clase social, la raza, la etnia, el género, la ubicación geográfica y el tipo de institución a la que pertenecen los estudiantes.

De entre estos factores, uno de ellos, en donde se ha visibilizado dicha realidad, tiene que ver con las problemáticas y desequilibrios en materia de género, en donde claramente se ha trasladado el peso de muchas de las acciones dentro del confinamiento a la mujer, quien por “costumbre” y machismo, se constituye en el pilar de las principales acciones que se dan en el hogar.

De acuerdo con Javier Enrique Díez (2004: P.5), toda la historia humana desde sus inicios está marcada profundamente por el patriarcado. Todas las culturas, todas las civilizaciones, todas las organizaciones lo han sufrido de una forma o de otra, sin embargo, al normalizarse se mezcla con otro tipo de actividades y disminuye su aspecto evidente, por lo que, es a raíz de circunstancias especiales como es el caso de la emergencia sanitaria, en el que se hace por demás visible.

A mediados del mes de abril, la doctora Elizabeth Hannon, Directora Asistente en The British Journal for the Philosophy of Science, comentó públicamente en Twitter sobre una dramática disminución en la presencia de artículos enviados por académicas mujeres, el cual fue uno de los primeros llamados de atención sobre el particular, sin embargo, conforme pasa el tiempo, más se hace evidente, como es el caso de las Trabajadoras de la Educación, quienes han visto sobrecargadas sus actividades al intentar desarrollar sus actividades laborales desde el hogar.

Más allá de eso, llama poderosamente la atención en los datos duros que tiene a la vista del público en general la propia UNAM en el sitio “Datos duros sobre la violencia de género”, en donde se incrementó la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averiguaciones previas contra mujeres en más e un 13%, las llamadas de emergencia por violencia contra las mujeres en más de un 22% y en donde de acuerdo con la Red Nacional de Refugios A.C., se ha incrementado más de un 37% la violencia física contra ellas.

Vivimos en una sociedad compleja y en donde impera fuertemente el machismo y las actitudes de violencia y discriminación hacia la mujer, por lo que los tres niveles de gobiernos deben de establecer acciones afirmativas para su protección, es establezcan protocolos especiales para su defensa y sobre todo, cada una y cada uno de nosotros, aportar lo que esté de nuestra parte para visiibilizar el problema.

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