En el marco de la adecuación de la legislación en materia educativa de los diferentes niveles, debido a la implementación de la reforma educativa del presente gobierno federal, en estos días, habrán de celebrarse, a lo largo del país, Foros Estatales de Consulta, del Anteproyecto de la Ley General de Educación Superior (LGES) en nuestro país.

Algunos de los aspectos de dicho anteproyecto de la LGES que se analizarán en los foros estatales son: Políticas prioritarias para impulsar el desarrollo de la educación superior con una visión de Estado; Mecanismos de participación y responsabilidad de las IES con la sociedad; Herramientas para garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior; Figuras de coordinación entre los distintos subsistemas de educación superior, así como las Bases de un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior.

Lo anterior, resulta sumamente relevante e importante, en virtud de la revisión y renovación del marco jurídico e institucional en la educación superior, el cual, deberá de ser analizado y confrontado con la realidad por parte de los diferentes actores que le dan vida y que terminan por ejecutar aquello que se dicta en la legislación establecida, de tal manera de que es una estupenda oportunidad para el análisis y establecimiento de situaciones concretas que deben desarrollarse en este importante nivel educativo.

El propio Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha manifestado que la LGES debe centrarse en el aprendizaje de las y los jóvenes, así como en la empleabilidad y la generación de ingresos, con el objetivo de que sirva como un detonante en el desarrollo del país, sin embargo, es claro que el análisis debe de ir al fondo de lo que sucede en realidad en las Instituciones.

Temas como la reducción del presupuesto a las Escuelas Normales Públicas en más del 40 por ciento en los últimos 5 años, la solicitud que realizó la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) al Congreso de la Unión por más de 17 mil millones de pesos, las políticas para el acceso de estudiantes, así como la pretendida gratuidad son aspectos que deberán de tener un espacio en la agenda de discusión.

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Nos encontramos en un momento muy importante para el futuro de nuestro país, pues se están desarrollando acciones específicas en la asignación de montos financieros para los diferentes rubros y programas que son muy importantes, como es el caso de lo que acontece con la reducción del destinado a la Educación Normal desde hace casi un lustro o el “inexplicable” incremento en el gasto, en 2018, del programa U080, destinado para ayudar a los estados a solventar sus gastos de operación y prestar servicios de educación, el cual pasó de 2,592 a 23,189 millones de pesos.

Más allá de la transparencia y orden que se debe de poner en ello, resulta muy importante cuidar que no se siga endeudando a las entidades federativas bajo el pretexto de programas educativos que jamás fueron utilizados para reducir las brechas sociales que existen en nuestro país.

Tal es el caso del programa de infraestructura llevado a cabo el anterior sexenio, en el que, según datos proporcionados por la propia Auditoría Superior de la Federación, que establece que los recursos del programa “Escuelas al CIEN” fueron asignados en un 66.2% a escuelas ubicadas en contextos de bajo o muy bajo rezago educativo y solamente el  4.8% a escuelas ubicadas en zonas de muy alta marginación.

De manera muy clara, el “Informe Especial Programa Escuelas al 100” señala que el Programa Escuelas al CIEN no está sirviendo como palanca de desarrollo, debido a que reproduce las condiciones socioeconomicas de cada entidad, sin promover incentivos a partir de la educación en aquellas que guardan altos niveles de rezago social, y no solo eso, sino que se puede concluir que a nivel estatal, los esfuerzos del Programa Escuelas al CIEN (…) siguen sin estar presentes en las entidades federativas que marcan el mayor rezago.

Para poner un ejemplo claro de la tendencia de lo anterior, la Ciudad de México y Nuevo León, son dos de las entidades federativas que figuran con menores porcentajes de rezago educativo y Oaxaca, por el contrario, ocupa el primer lugar con el mayor número de municipios con mayor rezago educativo, sin embargo, como afirma el documento oficial, es posible hallar graves incongruencias como el hecho de que la Ciudad de México y Nuevo León, las entidades con el menor rezago educativo a nivel nacional, están mejor posicionadas que Oaxaca en cuanto a montos asignados.

Es así como hemos de asumir que no siempre los grandes anuncios de inversión en educación se refleja en un beneficio, al contrario, esos fondos que fueron mal invertidos, se habrán de descontar en un 25% de las participaciones federales a las entidades en las próximas décadas, es decir, deuda pública. Un lento pero inevitable endeudamiento de la educación que pasaba por nuestros ojos sin darnos cuenta.

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