En el ámbito de las políticas públicas, existen tantas definiciones de como actuar, como ejemplos de decisiones adoptadas por los diferentes niveles de gobierno, sin embargo, lo más importante, a fin de poder establecer si una acción fue adecuada o no, es desarrollar el análisis y la evaluación correspondiente.

Hoy nos encontramos en uno de los aspectos medulares de lo que serán las decisiones en el ámbito educativo que habrán de desarrollarse en los próximos años en nuestro país, por lo que bien vale la pena hacer un ejercicio de lo desarrollado anteriormente y con ello, buscar generar las mejores decisiones.

De acuerdo con Salazar (1999, pág. 43), toda política pública involucra tres sistemas: el político, el administrativo y el social. El político porque es donde se toman las decisiones, el social, porque de alguna manera se busca resolver una problemática específica y el administrativo, porque siendo el que va a ejecutarla, resulta en lo que finalmente se hace o no para resolverlo.

En el caso de la educación, muchos son los factores que inciden para que se pueda brindar un servicio de calidad y la infraestructura es uno de los que políticamente se ha lucrado de mayor manera a lo largo del tiempo. Para determinar la gravedad de los problemas, el gobierno federal anterior, en teoría aplicó 29.3 millones de cuestionarios en 273,317 centros de trabajo, censando a casi dos millones de personal al servicio de la educación y más de 23 millones de estudiantes, encontrando, a decir de las autoridades anteriores, las grandes carencias en este aspecto y poder enfocar los recursos de mejor manera. Pocos fueron los usos de dicha información.

De acuerdo con el análisis desarrollado por las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales con motivo de la Reforma Educativa del presente gobierno (pág. 203), establece que, en lo referente a la mejora de la infraestructura física de las escuelas, a través de Programas como “Escuelas Dignas”, “Reforma Educativa” y “Escuelas al CIEN”, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala que […] la falta de un diagnóstico integral y actualizado sobre el estado físico de los planteles, aunado a la ausencia de tramos de control bien definidos y la falta de coordinación entre las instancias federales y estatales, implicó que se careciera de un plan estratégico, que permitiera programar y asignar recursos con una visión sistémica.

Es por ello por lo que, poniendo la vista hacia el futuro, es momento de generar las condiciones para que se desarrolle un mayor enfoque de revisión del actuar de nuestras autoridades de todos los niveles y no perdamos otros seis años en donde en lugar de búsqueda de mejoras, se lleve a cabo una búsqueda de votos, como lo hizo el gobierno federal anterior.

https://manuelnavarrow.com/2019/03/27/las-decisiones-en-la-educacion/

En el debate legislativo, una vez que se ha concretado prácticamente por unanimidad lo relacionado a la Guardia Nacional, todo parece indicar que habrá de darse la discusión en torno a la modificación constitucional en materia educativa, la cual, a decir de la propuesta del Poder Ejecutivo, se trata de una apuesta diametralmente diferente de la que se implementó en el sexenio pasado.

Si algo queda claro, es que una parte mayoritaria del magisterio planteó por muy diversos medios, la cancelación de una reforma que atentó no solo contra sus derechos laborales, sino contra su propia dignidad personal, familiar y profesional, provocando, entre otras cosas, la jubilación de cerca de 150,000 docentes por prácticas intimidatorias de la evaluación punitiva.

Frente a las propuestas antagónicas que se vislumbran en el debate de las ideas, resulta fundamental entender que se debe de apostar por una reforma que, al igual que la anterior, pueda surgir con el mayor consenso posible, pero sin perder la esencia de lo que fue el compromiso de campaña del presidente López Obrador.

De las muchas rutas que se avizoran, es preciso apostar por aquella que permita al magisterio encontrar un camino para que pueda capacitarse, sin tener que invertir el salario de su familia, ni el temor de perder su trabajo por una evaluación diagnóstica.

Por otra parte, es preciso que más allá del discurso de años, se pueda apostar por el fortalecimiento de las Instituciones Formadoras y Actualizadoras de Docentes que a la vez termine con los cientos o tal vez miles de escuelas “patito” formadas al vapor, a la luz del negocio que dejó la anterior reforma.

Algo que no podrá faltar, deberá de ser un mecanismo adecuado, transparente y eficaz, para la selección, promoción y reconocimiento del magisterio, en donde se aleje cualquier duda de la veracidad de quienes ocupen las plazas.

Finalmente, y no menos importante, habrá que apostar por una reforma en la que el derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes se encuentren en el centro, sin afectar los derechos del magisterio.

Para lograrlo, se deberá de llevar a cabo un debate intenso y necesario que refleje la altura de miras y la madurez de los grupos parlamentarios, a la cual le apostará la sociedad mexicana si, al igual como se hizo en la anterior reforma, existe el interés superior de la Nación para superar los desafíos que se presenten.

https://manuelnavarrow.com/2019/03/13/lo-que-esperamos-de-la-reforma-educativa/