Poco puede quedar de duda sobre el aspecto prioritario que tiene en nuestro país la generación de una ruta que nos permita encauzar la mayor cantidad de recursos económicos y humanos que no sea para la reconstrucción nacional después de los sucesos de los temblores que se dieron en nuestro país los días 7 y 19 de septiembre.

A pesar de la gran suma de esfuerzos desde la sociedad civil en donde el gobierno en cualquiera de sus niveles ha quedado superado, se requiere de continuar con el esfuerzo solidario para que no quede solamente en el momento en que se han dado los acontecimientos, sino que, podamos brindar el mayor acompañamiento solidario ahora que se necesita para la gente que se encuentra en situación de calle con grandes problemáticas que juntos debemos enfrentar.

Una de las grandes exigencias ciudadanas que tienen que ver con dichos acontecimientos, tiene que ver con la necesidad de que, desde el gobierno, los partidos políticos y las instituciones que de ellos se desprenden, se encaucen los recursos hacia lo que ahora ha surgido como prioritario en el ámbito nacional.

Independientemente de las propuestas a modo de competencia que han surgido desde las voces de los partidos políticos, unos con voluntad y otros desde le fantasía de los tiempos electorales, la ciudadanía exige que se reoriente el presupuesto para que aquellos recursos que son destinados a programas no prioritarios, se dirijan a la reconstrucción nacional.

Además de ello, es preciso que la clase política aprenda que se necesita no mentir a la ciudadanía cuando se dice que un recurso está destinado para alguna obra social y, finalmente, resulta utilizado en algo completamente inútil y en beneficio solamente de los gobernantes y no de la ciudadanía.

Caso claro es la información que se obtiene del análisis de la cuenta de la Hacienda Pública Federal en donde se desprende que más de 15.5 billones (millones de millones) de pesos aprobados entre los años 2013 y 2016, 2.8 billones fueron gastados en rubros diferentes a los asignados, es decir, desviados de su destino original.

Para poner algunos ejemplos concretos, en la Secretaría de Salud (SS), para el Instituto de cancerología, se aprobaron 1,607 millones, se le quitaron 200 millones, caso contrario, se aprobó para comunicación social un presupuesto de 72.4 millones, ejerciendo finalmente 1,543 millones.

Otro ejemplo claro, es en la Secretaría de Educación Pública (SEP), en donde, para comunicación social se autorizaron 76.7 millones y, finalmente ejercieron 1,082 millones de pesos, mientras que, quienes vivimos en el ámbito educativo, observamos recortes en áreas tan básicas como Escuelas de Tiempo Completo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) o en las becas de manutención para estudiantes de educación superior.

Es claro el punto en cuestión, mientras el gobierno pueda y quiera seguir destinando los recursos que, aunque sean o no aprobados por el Congreso de la Unión a su libre albedrío, jamás podremos tener la realidad de país que deseamos y tendremos que estar observando a cada momento en la radio y televisión anuncios y comerciales pagados con recursos que no fueron autorizados para ello.

No más mentiras

En días pasado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer, que, con un costo de 480 millones de pesos asignará un contrato abierto para adquirir una plataforma que unificará el control de la nómina y plazas del magisterio en México, a fin de lograr, a decir de la SEP, mejorar la administración de plazas, selección de personal, promoción, permanencia, evaluación, nómina, tesorería y control de gastos.

El monto anterior, se suma a los 573 millones de pesos que se adjudicaron en abril de 2016 directamente a una empresa para manejar el centro de datos de la SEP y operar con ello los servicios de tres áreas de la Secretaría que manejan recursos federales para pago de nómina en el país.

Más allá de la necesidad que se tiene de ir generando la optimización de los servicios y procesos de acuerdo con los nuevos sistemas de información y comunicación como en toda organización gubernamental o privada, a pesar de haber gastado esa cantidad, en las diferentes entidades se siguen presentando fuertes problemas de opacidad de plazas, incapacidad para cubrir en tiempo y forma con las vacantes que se generan provocando la irritación de padres de familia por la carencia de clases al inicio de este ciclo escolar de una cantidad importante de niñas y niños, entre otros problemas más.

Además de ello, la medida sigue generando un problema de centralización de la información, recursos y decisiones, en donde, si a la fecha se tiene una fuerte problemática con todo y que las autoridades educativas se encuentran de manera cercana, no quiero imaginar la manera en que se desarrollarán las acciones a partir de que todo se resuelva única y exclusivamente desde la Ciudad de México.

Más allá de las promesas de lo que puede servir dicha concentración de la nómina, se plantea de manera tajante una homologación de la nómina magisterial, pero tal y como venimos observando las acciones no solo del gobierno federal, sino de las diferentes entidades de la República, no va a ser una homologación a la alza, sino a la baja, como ya ocurrió con otras instituciones de educación superior en años recientes. Parece que hay una decisión del gobierno federal, de dejar de lado las conquistas salariales que marcaron la diferencia de acuerdo con las condiciones con los gobiernos de las Entidades, porque el pretexto de las 40,000 plazas que tenían y solapaban los gobiernos del los Estados, representa poco más del 2% del total de plazas a nivel nacional.

No es que se desconfíe de por si de las intenciones del actual gobierno federal, pero la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer en febrero pasado de irregularidades por más de 165 mil miollones de pesos, o la falta de mecanismos de control y supervisión para verificar la correcta aplicación de los subsidios destinados a mejorar la infraestructura, equipamiento y operación de las escuelas de nivel medio superior por parte de la SEP.

Me parece que esto, al igual que la entrega de la mitad de las tabletas a las escuelas de educación básica que ni siquiera contaban con internet, sigue siendo una forma de generar una cortina de humo ante la falta de resultados concretos en materia educativa.

Homologación magisterial