La SEP, candil de la calle…

Desde su constitución en Londres, el 16 de noviembre de 1945, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), y bajo la hermosa frase de Gabriela Mistral “puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”, se han organizado desde entonces convenciones y conferencias mediante las cuales los diferentes países que forman parte, establecen metas que se deben de cumplir.

En la última de estas, llevada a cabo en Buenos Aires, Argentina el pasado 25 de enero, los responsables de la educación en América Latina y el Caribe emitieron la Declaración de Buenos Aires, en el marco de la Reunión de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe “E2030: Educación y Habilidades para el siglo 21”, en el cual, reafirman la educación como derecho fundamental, base para la realización de otros derechos, catalizador del desarrollo sostenible e instrumento para el cumplimiento de los otros objetivos de desarrollo sostenible al 2030.

En la “Declaración de Buenos Aires al 2030”, se reconoce el rol central que desempeñan los docentes y demás profesionales del ámbito educativo para alcanzar una educación de cálida y se establece el compromiso fundamental de fortalecer los programas de formación docente inicial y continua, con atención especial en la planificación contextualizada de las ofertas, la revisión de los contenidos y planes de estudio y la preparación permanente de los formadores, a fin de garantizar propuestas formativas innovadoras que preparen, motiven y empoderen a los docentes y directivos para los desafíos y oportunidades que presenta la enseñanza en el siglo 21.

Pero el documento va más allá, más adelante, establece que se deben de sentar las condiciones adecuadas para que la docencia se transforme en una profesión de excelencia, asegurando la participación de los docentes y otros profesionales de la educación en su diseño, implementación, monitoreo y evaluación.

Qué lejos se encuentra México en su realidad de ese texto, tal parece que hacía fuera, nuestro país firma acuerdos que no piensa cumplir en su realidad. Se ha dejado de lado la importancia de las Instituciones de formación inicial de la carrera docente, cuyos planes no se han actualizado, promoviendo implícitamente la oferta desenfrenada de cursos “al vapor”, sin duda acordes a esta Reforma Educativa -realmente laboral- que fue precisamente aprobada en una mesa y sin una discusión de fondo y, contrario a lo que establece la UNESCO, lejos de la voz de un magisterio que reclama la ausencia de espacios en donde pueda manifestarse su inconformidad y el rechazo a una política de un gobierno que finge, o le conviene no escuchar las voces que reclaman precisamente la necesidad -como lo establece la organización internacional-, de participar activamente en la educación, en su diseño, implementación, monitoreo y evaluación.

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Una profesión que exige respeto

Una de las aristas en donde más se ha resentido el peso de los efectos de la Reforma Educativa, tiene que ver con las acciones que han resignificado la carrera docente en nuestro país, la cual, desde finales del siglo XIX, se había considerado como una carrera de Estado, para pasar a una de corte liberal, de lo cual puede darse cuenta con la reducción en más de un 65% de interés de los estudiantes por ingresar a una Escuela Normal, que no puede interpretarse de otra manera que un ataque a las Instituciones Formadoras de Docentes y por ende, de la profesión.

A nivel internacional, existen varios estudios que dan cuenta de los planes de formación docente, de las políticas públicas para el fortalecimiento de la educación, o de las estrategias que han implementado los países para mejorar la educación y sobre el desarrollo profesional docente; de ellos, hay uno titulado “Las carreras docentes en América Latina. La acción meritocrática para el desarrollo profesional”, que emite la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) en el cual se revisaron dieciocho carreras docentes y algunas políticas específicas sobre valoración de la profesión en América Latina y el Caribe.

En el documento se reconoce que resulta fundamental concebir las carreras docentes como instrumentos de desarrollo profesional y no solo como documentos que norman una relación contractual entre el Estado y el magisterio, situación contraria a lo acontecido en México en donde lo principal fue modificar la relación laboral partiendo de la culpa –implícita- del magisterio por la situación educativa en el País.

Se reconoce que el enfoque meritocrátrico –que es el que hoy tiene la educación en México-  y la orientación individualista propia de este tipo de enfoques, además de ir a contracorriente con la cultura docente, puede caer en contradicción con las exigencias que el mismo sistema impone a los profesores para que realicen trabajos en equipo, debilitando poco a poco el futuro de cualquier acción o trabajo colectivo, de ahí los ataques a Instituciones como la Normal de Cañada Honda en Aguascalientes.

Por otra parte, del mismo documento y como afirman Bellei y Valenzuela (2010), el ingreso de otros profesionales al ejercicio docente es un camino de desprofesionalización de la docencia y resulta contraproducente para las políticas de fortalecimiento de valoración social de la carrera, pues se parte del supuesto de que los docentes serían de tan baja calidad que cualquier licenciado los superaría.

No se trata de ver con ojos lastimeros la profunda crisis en que la profesión está cayendo de manera intencional por el actual Gobierno Federal, se trata de exigir en cada espacio y en cada oportunidad, el respeto por la profesión docente que le ha dado a México las más valiosas, representativas y profundas raíces de su historia nacional y de su pueblo.

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