“El orden económico internacional liberal nunca fue automático ni irreversible; dependía de decisiones políticas y de equilibrios de poder.”— G. John Ikenberry, After Victory (2001).

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de frenar la aplicación unilateral de aranceles generales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no es un episodio aislado ni un simple litigio técnico. Es la expresión visible de una tensión estructural que recorre la política estadounidense desde hace casi una década: la disputa entre el poder ejecutivo y los límites institucionales en materia de comercio exterior, en un contexto donde la política comercial se ha convertido en herramienta de presión geopolítica. El fallo no sólo cuestiona la legalidad del mecanismo utilizado para imponer gravámenes amplios, sino que reabre el debate sobre quién define la política comercial en la mayor economía del mundo y bajo qué reglas.

Para entender la magnitud del momento es necesario retroceder a la primera oleada arancelaria de la administración Trump en 2017-2020, cuando la invocación de la “seguridad nacional” —a través de la Sección 232— y posteriormente la utilización expansiva de la IEEPA marcaron un giro respecto del consenso liberalizador que había predominado desde la posguerra. El argumento central fue que el déficit comercial y la dependencia manufacturera constituían amenazas estratégicas. La política arancelaria dejó de ser un instrumento técnico de ajuste y se convirtió en un componente identitario del proyecto político: protección como sinónimo de soberanía.

Sin embargo, la arquitectura constitucional estadounidense reserva al Congreso la facultad de regular el comercio exterior. A lo largo del siglo XX, el Legislativo delegó parcialmente esa atribución al Ejecutivo mediante leyes marco, bajo el entendido de que la flexibilidad era necesaria en un entorno global dinámico. La controversia actual surge cuando esa delegación es interpretada de manera amplia para justificar gravámenes generalizados, no dirigidos a países específicos ni vinculados a emergencias definidas, sino aplicados como política económica estructural. La Corte, al acotar esa interpretación, no sólo invalida un instrumento; redefine el alcance del poder presidencial en comercio internacional.

En términos sencillos, lo que está en juego es si el presidente puede imponer impuestos a las importaciones por decisión propia, amparándose en una emergencia económica, o si requiere respaldo legislativo explícito. La respuesta judicial inclina la balanza hacia el segundo supuesto. No obstante, la reacción de la Casa Blanca —anunciar un arancel del 10% por 150 días bajo otra disposición legal— revela que la disputa no termina con el fallo. Más bien se desplaza hacia otros fundamentos jurídicos, en una carrera contra el tiempo político.

El calendario es determinante. Con meses por delante antes de las elecciones legislativas y con un horizonte de gobierno que se acorta, la política arancelaria se convierte en herramienta de negociación interna y externa. Internamente, busca consolidar una base electoral que percibe la globalización como un factor de pérdida industrial. Externamente, funciona como mensaje de firmeza frente a socios y competidores. Pero la capacidad de sostener medidas amplias sin el aval del Congreso queda debilitada. La Corte introduce incertidumbre en la continuidad de una estrategia comercial basada en decisiones ejecutivas rápidas.

En el plano internacional, el fallo incide en el nuevo orden global en construcción. La tendencia dominante de los últimos años ha sido la fragmentación comercial: regionalización de cadenas de valor, relocalización productiva, subsidios estratégicos y uso de aranceles como instrumento de poder. Estados Unidos, China y la Unión Europea compiten por definir estándares tecnológicos y marcos regulatorios. En ese escenario, un límite judicial a la política arancelaria estadounidense puede interpretarse como un retorno parcial al institucionalismo liberal o, al menos, como una señal de que la política comercial no puede desligarse de los contrapesos internos.

Para México, el efecto es ambivalente. Por un lado, el freno a aranceles generales ofrece un respiro y refuerza la certidumbre jurídica del comercio trilateral bajo el T-MEC. Cerca del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos; la estabilidad normativa es un activo estratégico. Por otro lado, el anuncio de nuevos gravámenes temporales bajo otras secciones legales confirma que la volatilidad persiste. La política comercial estadounidense seguirá siendo un campo de experimentación jurídica y política.

La mención de posibles tratados bilaterales, en el contexto de una Canadá que explora activamente otros mercados y acuerdos paralelos, añade complejidad. Si la integración norteamericana deja de ser percibida como bloque cohesionado, el T-MEC podría enfrentar presiones de reinterpretación o renegociación. La lógica trilateral —que ha permitido a la región competir como plataforma integrada frente a Asia— podría fragmentarse en esquemas más flexibles, donde cada socio busque maximizar su margen de maniobra. Para México, esto implicaría recalibrar su estrategia: diversificar exportaciones sin debilitar el anclaje norteamericano.

En términos geopolíticos, la disputa arancelaria también dialoga con la rivalidad estructural entre Estados Unidos y China. Las restricciones comerciales no son sólo instrumentos económicos; son piezas de una arquitectura de poder que incluye tecnología, seguridad energética y control de cadenas críticas. Si la capacidad del Ejecutivo estadounidense para imponer aranceles amplios se ve acotada, la competencia estratégica podría desplazarse hacia subsidios industriales, controles de exportación y alianzas sectoriales. El comercio deja de ser exclusivamente comercio; se convierte en política industrial y seguridad nacional.

El fallo judicial, entonces, no elimina la lógica proteccionista; la reencuadra. Limita la vía rápida, pero no suprime la voluntad política. Para México, el desafío no es únicamente reaccionar a cada anuncio arancelario, sino anticipar escenarios: ¿qué ocurre si la revisión del T-MEC se contamina con debates internos estadounidenses? ¿Qué pasa si la presión electoral en Estados Unidos incentiva medidas comerciales simbólicas de corto plazo? ¿Está preparada la región para sostener una integración basada en reglas claras o se encamina hacia una negociación permanente?

En el futuro inmediato, la estabilidad dependerá menos de declaraciones y más de la arquitectura institucional. Si el Congreso asume un rol más activo en comercio exterior, podría generarse mayor previsibilidad. Si, por el contrario, la política comercial continúa siendo terreno de confrontación ejecutiva-judicial, la incertidumbre será la norma. Para México y Canadá, la lección es clara: fortalecer la competitividad interna, diversificar mercados y, al mismo tiempo, defender la integridad del acuerdo trilateral.

La geopolítica global atraviesa una fase de transición donde los instrumentos económicos se utilizan como armas estratégicas. El revés judicial a los aranceles de Trump es un episodio dentro de esa transformación mayor. Nos obliga a preguntarnos si asistimos a un ajuste temporal o al inicio de una redefinición más profunda del poder presidencial en materia comercial. ¿Puede Estados Unidos sostener liderazgo global con una política comercial sujeta a vaivenes internos? ¿Qué margen real tienen sus socios para planificar a mediano plazo? ¿Estamos ante el preludio de una regionalización más pragmática o frente a una etapa de fragmentación creciente?

Responder a estas interrogantes exige mirar más allá del titular. Lo ocurrido no es sólo un conflicto legal; es un síntoma de la disputa por el modelo económico del siglo XXI. Y en esa disputa, México no es espectador, sino actor cuyo futuro inmediato depende de la capacidad para leer con claridad las señales de un orden global que aún no termina de definirse. Porque comprender la realidad es el primer paso para decidir con responsabilidad…