“La democracia no puede existir sin opinión pública; y la opinión pública no existe si no está formada.”- Giovanni Sartori

Hay algo profundamente elocuente en la escena cotidiana: no es año electoral, no hay convocatoria formal a campañas, la ley prohíbe actos anticipados; y, sin embargo, basta conducir unos minutos por cualquier avenida para encontrarse con bardas recién pintadas, espectaculares con sonrisas ensayadas, revistas “informativas” que circulan estratégicamente, brigadas juveniles “recorriendo colonias” y mensajes que, sin pedir el voto, construyen presencia, familiaridad y expectativa. La paradoja no es jurídica —porque la frontera legal está llena de matices— sino cultural: vivimos rodeados de campañas que no se llaman campaña, de candidaturas que no son candidatura y de posicionamientos que se presentan como servicio, informe o simple cercanía ciudadana.

El fenómeno no se explica por descuido institucional ni por ingenuidad ciudadana; se explica por la sofisticación de la comunicación política contemporánea. Hoy no es necesario decir “vota por mí” para activar una estrategia electoral. Basta con instalar el nombre, repetir el rostro, asociarlo a valores positivos, recorrer territorio con cámaras encendidas y difundir el material en múltiples plataformas. El mensaje no solicita sufragio; construye identidad. No convoca a la urna; se incrusta en el paisaje urbano. Así, la ciudad se convierte en un tablero de presencia permanente donde la promoción personal navega en la zona gris entre lo permitido y lo cuestionable.

Cuando observamos presidentes municipales, regidores, diputadas, senadores o funcionarios de los tres órdenes de gobierno en espectaculares que celebran “resultados”, “compromiso”, “cercanía” o “transformación”, el debate ya no es si informan —que pueden y deben informar— sino cómo esa información se diseña, se pauta y se distribuye. La comunicación institucional es legítima; la promoción personalizada con fines electorales no lo es. Sin embargo, en la práctica, la distinción se vuelve difusa: un informe puede adoptar estética de campaña; una revista puede operar como vehículo de posicionamiento; una jornada social puede convertirse en acto de proyección política. La ley regula la solicitud explícita del voto y la inequidad probada; la estrategia política aprende a evitar ambas cosas sin renunciar al objetivo central: instalarse en la mente colectiva antes de que el reloj electoral empiece a correr.

El resultado es una saturación visual que normaliza la presencia anticipada. Las bardas pintadas con nombres y consignas ambiguas, los “periódicos” gratuitos que destacan trayectorias, los grupos que “exploran a la ciudadanía para ver qué se ofrece” y documentan cada interacción en redes sociales, forman parte de una misma arquitectura comunicacional. No se trata de improvisación; es una estrategia de baja intensidad y alta constancia. Se construye familiaridad a través de la repetición. Se siembra percepción de liderazgo a través de la omnipresencia. Se proyecta inevitabilidad a través del volumen.

Lo inquietante no es sólo que ocurra, sino que se vuelva paisaje. La ciudadanía termina por mirar y seguir de largo. No necesariamente porque apruebe, sino porque se acostumbra. La repetición erosiona la capacidad de asombro. La ambigüedad reduce la posibilidad de denuncia clara. El cansancio cívico invita a la indiferencia. Y así, la ciudad se tapiza de rostros “encampañados sin querer hacer campaña”, mientras la conversación pública se desplaza del contenido al posicionamiento.

Hay, además, una dimensión simbólica: cuando la política se instala permanentemente en el espacio urbano como promoción personal, el mensaje implícito es que gobernar y promocionarse son actividades indistinguibles. El servicio público se confunde con marketing político. La gestión se comunica con códigos de publicidad. La deliberación democrática se reemplaza por la competencia por visibilidad. En ese entorno, quien logra mayor exposición consolida ventaja cognitiva, incluso antes de que exista competencia formal.

No se trata de negar el derecho a comunicar ni de cancelar la presencia pública de quienes ejercen cargos. Se trata de reflexionar sobre el equilibrio entre libertad de expresión, deber de informar y equidad electoral. Cuando la anticipación se vuelve permanente, la prohibición pierde fuerza simbólica. Cuando la promoción constante precede al periodo legal, el arranque formal de campaña deja de ser un punto de partida y se convierte en un trámite.

Tal vez la pregunta más profunda no sea por qué lo hacen —la lógica del poder busca siempre anticiparse— sino por qué lo toleramos como rutina. La democracia no sólo se sostiene en normas escritas; también en cultura cívica. Si normalizamos la campaña perpetua, convertimos la excepción en regla. Si reducimos la política a presencia y repetición, debilitamos el espacio para el debate sustantivo. Y si dejamos pasar de largo la saturación, terminamos aceptando que la competencia empieza mucho antes de que la ley diga que puede empezar.

En ese sentido, la imagen de ciudades cubiertas de nombres y sonrisas fuera de calendario no es un simple detalle urbano; es un síntoma. Un síntoma de cómo la comunicación política ha aprendido a moverse con precisión quirúrgica en los intersticios normativos, y de cómo la ciudadanía, entre la fatiga y la resignación, ha incorporado esa práctica como parte del paisaje. La reflexión pendiente no es sólo jurídica, sino ética y cultural: qué tipo de convivencia democrática queremos, y qué lugar ocupa en ella la promoción permanente disfrazada de información. Porque comprender la realidad es el primer paso para decidir con responsabilidad…