Categoría: política

Fiscalizar para gobernar. La evaluación del gasto público como piedra angular del Estado de derecho

Cada año en México se anuncian obras con primeras piedras simbólicas, se cortan listones con discursos solemnes y se difunden cifras multimillonarias como prueba del compromiso gubernamental con el desarrollo. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego del poder público no está en la ceremonia inaugural sino en la revisión posterior de cómo, en qué y con qué resultados se ejercieron los recursos. El más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, dado a conocer en febrero de 2026, vuelve a recordarnos que la política pública no se mide por la espectacularidad del anuncio, sino por la solidez de la comprobación.

Los datos son contundentes. En el universo del gasto federalizado programable auditado, se identificaron 59,363.7 millones de pesos por aclarar, de los cuales 59.5% se concentró en gobiernos municipales. En términos prácticos, aproximadamente seis de cada diez pesos observados correspondieron al ámbito municipal. La cifra no es menor ni anecdótica: revela un patrón estructural de debilidad administrativa en el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. La ASF documentó que una proporción significativa de estos montos no acreditados obedece a falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto, lo que implica que no se pudo demostrar con claridad cómo y en qué se utilizaron los recursos públicos.

El caso de Cuajimalpa, con un posible desfalco o irregularidades por 1,088 millones de pesos, no debe leerse como un episodio aislado, sino como un síntoma de un sistema de control interno insuficiente. Lo mismo ocurre con los 7.3 millones de pesos pendientes de comprobar en el último año de vida del Instituto Nacional de Transparencia, o los 12.1 millones que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe justificar. Estas cifras, que podrían parecer menores frente al tamaño del presupuesto nacional, adquieren otra dimensión cuando se observan desde la óptica de la legalidad y la confianza institucional. No se trata únicamente del monto, sino del mensaje: cada peso sin aclarar erosiona la credibilidad del Estado.

Las herramientas de evaluación del ejercicio presupuestal son, en esencia, mecanismos técnicos de verificación. Incluyen auditorías de cumplimiento financiero, auditorías forenses, revisiones de desempeño y análisis de consistencia normativa. Su función es comprobar que el recurso fue comprometido, devengado, pagado y registrado conforme a la ley. No son instrumentos de persecución política, sino de garantía institucional. Permiten identificar desviaciones, inconsistencias contables, pagos indebidos, ausencia de documentación o incumplimiento de objetivos programáticos. En una democracia funcional, estas herramientas son tan relevantes como el propio presupuesto aprobado.

México ha avanzado en la construcción de un entramado normativo robusto en materia de fiscalización. La ASF cuenta con facultades constitucionales para revisar el uso de los recursos federales y emitir pliegos de observaciones, promover responsabilidades administrativas o dar vista a instancias penales cuando procede. Sin embargo, la cultura política nacional no ha evolucionado al mismo ritmo que el marco jurídico. Seguimos siendo una sociedad más atenta al anuncio que a la evaluación, más pendiente de la obra visible que del expediente contable. El informe de la Cuenta Pública, que debería ocupar un lugar central en la conversación pública, suele quedar relegado a notas especializadas.

Analizar el informe de la ASF implica comprender su dimensión estructural. Cuando se señala que 34,088 millones de pesos no acreditados se vinculan a falta de documentación justificativa, no se está hablando únicamente de papeles faltantes, sino de controles internos débiles, de procesos administrativos mal diseñados y de una cultura organizacional que no prioriza la trazabilidad del gasto. Cuando se detectan pagos en servicios personales sin autorización o discrepancias entre registros contables y estados financieros, el problema no es meramente técnico, es institucional. La ausencia de evidencia documental impide verificar la legalidad del acto administrativo y abre la puerta a la discrecionalidad.

Desde una perspectiva de política pública comparada, los sistemas de evaluación presupuestal cumplen tres funciones esenciales: previenen la corrupción, mejoran la eficiencia y fortalecen la legitimidad democrática. La prevención ocurre porque la posibilidad real de auditoría disuade conductas indebidas. La eficiencia se promueve al detectar duplicidades, sobrecostos o ineficiencias programáticas. La legitimidad se consolida cuando la ciudadanía percibe que existen mecanismos efectivos para exigir cuentas. En este sentido, la fiscalización no es un obstáculo para la acción gubernamental, sino una condición para su sostenibilidad.

La magnitud de los montos observados en 2024 debe analizarse también en relación con el volumen total del gasto federalizado y la dependencia financiera de municipios y entidades respecto de transferencias federales. En muchos municipios, más del 70% de sus ingresos provienen de recursos federales. Esto implica que la calidad del gasto local depende en gran medida de la capacidad administrativa para gestionar fondos etiquetados, cumplir reglas de operación y documentar adecuadamente su ejercicio. Sin profesionalización de tesorerías municipales, sin sistemas contables homologados y sin cultura de control interno, la opacidad se convierte en un riesgo permanente.

La discusión pública suele centrarse en la narrativa del escándalo: cuánto se perdió, quién es responsable, si habrá sanciones. Pero el análisis de fondo exige preguntarse por qué persisten las mismas debilidades año tras año. ¿Se trata de insuficiencia normativa, de falta de capacitación, de incentivos perversos o de tolerancia social a la opacidad? La respuesta probablemente combina todos estos factores. Lo que es indiscutible es que el informe de la ASF ofrece una radiografía precisa de las zonas grises del aparato estatal, y esa radiografía debe leerse con rigor técnico y responsabilidad cívica.

Promover una cultura de rendición de cuentas implica ir más allá de la sanción. Significa incorporar la evaluación como parte natural del ciclo presupuestal. Desde la planeación hasta el cierre contable, cada etapa debe estar acompañada de indicadores claros, metas verificables y mecanismos de seguimiento. Significa también que los medios de comunicación, las universidades y la sociedad civil asuman el informe de la Cuenta Pública como un insumo central para el debate nacional. No basta con indignarse ante cifras millonarias; es necesario comprender los procedimientos, las categorías contables y las implicaciones jurídicas.

El fortalecimiento del Estado de derecho pasa necesariamente por la consolidación de la fiscalización superior. Un país que inaugura obras con entusiasmo pero ignora los resultados de sus auditorías corre el riesgo de normalizar la opacidad. En cambio, un país que estudia sus informes, exige aclaraciones y valora la función técnica de sus órganos de control envía un mensaje inequívoco: el poder público está sometido a la ley. La verdadera ceremonia republicana no es el corte de listón, sino la presentación transparente de cuentas claras. Sólo así la administración pública deja de ser espectáculo y se convierte en institución.
Porque comprender la realidad es el primer paso para decidir con responsabilidad…

Educación, poder y libros de texto: la disputa silenciosa por el sentido del futuro

“La neutralidad en educación suele ser el nombre elegante de una posición dominante.” — Michael Apple

Durante casi tres décadas —de manera simplificada y con inevitables matices— México vivió bajo una racionalidad pública que suele describirse como “neoliberal”: una forma de entender el Estado y la vida social que privilegiaba la eficiencia económica, la competencia, la medición de resultados, la focalización del gasto y la idea de que lo público debía operar con lógicas cercanas a la empresa. En educación, esa mirada tendió a traducirse en políticas de estandarización, evaluación, rendición de cuentas y reformas orientadas a “modernizar” el sistema, con una narrativa fuerte sobre calidad, eficiencia y desempeño. No es que todo lo anterior haya sido homogéneo o idéntico en cada sexenio, pero sí puede reconocerse un hilo conductor, la educación como plataforma para competitividad y productividad, y la política educativa como un engranaje de reformas estructurales negociadas desde centros de poder político y técnico.

A partir de 2018, sin necesidad de caer en trincheras, la discusión educativa se reconfiguró con claridad. El nuevo enfoque —que se sintetizó después en la Nueva Escuela Mexicana y en un rediseño curricular— buscó colocar en el centro el componente social, comunitario, humanista e identitario, con un giro discursivo y pedagógico que cuestionó abiertamente lo anterior. Ese quiebre, por definición, no podía ser terso: no solo cambiaron instrumentos, también cambió el relato de país que la educación debía acompañar. Y cuando el relato cambia, la escuela deja de ser un tema técnico para convertirse en un terreno de disputa cultural, política y moral. La polémica de los libros de texto fue el síntoma más visible, no se discutía únicamente un material didáctico, sino el tipo de ciudadanía y de nación que se estaba intentando formar.

Por eso no sorprende que la controversia escalara a niveles institucionales y judiciales. El caso de Chihuahua es emblemático: hubo suspensión y litigio que, en la práctica, derivó en retrasos y un escenario de incertidumbre que impactó la llegada de materiales a las aulas durante meses, en un entrampamiento legal que hizo del aula un espacio rehén de la disputa política. En ese punto, el conflicto ya no era “opinión contra opinión”; era Estado contra Estado, y el derecho convertido en arena para contener —o imponer— un rumbo educativo.

En ese marco llega el momento actual: el episodio de la remoción de Marx Arriaga, director de Materiales Educativos y figura pública asociada al diseño y defensa de los nuevos libros. La prensa ha documentado que la SEP lo separó del cargo y que la institución argumentó una reorganización o “desaparición” de la dirección, mientras Arriaga sostiene que hubo presiones para modificar materiales y que su salida es injustificada, además de denunciar formas de trato que él considera violatorias. Lo relevante aquí no es solo el hecho administrativo, sino lo que sugiere, cuando la controversia educativa toca el núcleo del proyecto gubernamental, los movimientos internos rara vez son inocentes o meramente operativos; suelen ser, también, mensajes de mando.

En esa lectura aparece un componente decisivo, la conducción política de la SEP bajo Mario Delgado, exdirigente nacional de Morena y secretario desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, cuya confirmación pública como titular ha sido ampliamente reportada. Para ciertos observadores, Delgado carga un antecedente simbólicamente problemático: su respaldo pasado al Pacto por México y a la reforma educativa de aquel ciclo político, punto que ha sido recordado críticamente desde distintos espacios mediáticos. No se trata de dictar sentencia sobre trayectorias —la política es, por naturaleza, tránsito y reacomodo—, pero sí de reconocer que ese antecedente activa sospechas: si una parte del país vivió “el Pacto” como la formalización de acuerdos con élites y poderes fácticos, entonces resulta comprensible que algunos hayan dudado de que su nombramiento fuera la mejor decisión para un periodo que prometía continuidad de un cambio de modelo.

Con esa tensión de fondo, la salida de Arriaga se vuelve interpretable desde dos ángulos opuestos —ambos con pros y contras— que conviene poner sobre la mesa sin caricaturizar al adversario. Por un lado, puede leerse como un acto administrativo para restituir gobernabilidad institucional: si hubo incidentes, desacatos a línea jerárquica, ruptura de canales formales o conflictos internos que escalaron, la conducción de una secretaría puede optar por cortar el nudo y reordenar. La ventaja de esa decisión sería recuperar control, reducir fricción y evitar que la política pública se gestione por confrontación interna. El costo es alto, pues se envía la señal de que una postura técnica o ideológica —defender el “diseño original” de los libros— puede ser penalizada, y se alimenta la narrativa de que el proyecto educativo se mueve por cálculo político más que por deliberación pedagógica.

Por otro lado, puede leerse como una cesión ante presiones, y no necesariamente presiones “de fuera” en forma de una llamada explícita, sino presiones acumuladas del ecosistema. En esa interpretación, remover a la cara más visible del proyecto sería un gesto de “despresurización”, un intento de reabrir negociaciones, o un paso previo a ajustes de contenido que se quieren presentar como “correcciones” y no como claudicación. La ventaja sería bajar el conflicto y facilitar operación en estados, medios y tribunales. El riesgo es desfondar la legitimidad del cambio educativo: si el mensaje que se instala es que el proyecto se sostiene solo mientras no incomode, entonces la reforma se vuelve vulnerable a cada ciclo de presión.

Aquí aparece el punto neurálgico, que es que, incluso si una parte de la sociedad está a favor y otra en contra de Arriaga, el asunto de fondo no es su persona, sino el principio: la educación es la formación del futuro y, por tanto, es el terreno donde se define qué valores, qué relato histórico, qué noción de justicia social y qué comprensión de ciudadanía se transmiten. Si se acepta que los dos grandes modelos —el de la racionalidad neoliberal previa y el del giro post-2018— no son compatibles en su núcleo, entonces la disputa no es un malentendido: es estructural. Y cuando una disputa es estructural, cada decisión administrativa se convierte en una pista del rumbo real.

Por eso resulta difícil sostener que un movimiento de esta magnitud ocurra sin conocimiento del más alto nivel del Ejecutivo. No porque deba existir una instrucción directa, sino porque el sistema político funciona por señales: cuando se toca un símbolo del proyecto educativo, lo razonable es asumir coordinación o, al menos, consentimiento. Desde ahí, la pregunta ya no es únicamente si fue un despido injustificado —como afirma Arriaga— o una reestructuración válida —como sostiene la SEP—, sino qué mensaje político se quiso enviar a los actores dentro y fuera del gobierno. Llegados a este punto, vale la pena cerrar con preguntas que no buscan polarizar, sino obligarnos a pensar con método. ¿Qué entiende realmente el gobierno de Claudia Sheinbaum por “continuidad” en educación: continuidad del proyecto pedagógico original, o continuidad de la gobernabilidad aunque implique ajustes sustantivos? ¿Los cambios que se pretendían en los materiales eran correcciones técnicas y jurídicas inevitables, o una rectificación de enfoque para hacerlos “políticamente viables”? ¿Cuál es la línea roja del gobierno: preservar el núcleo ideológico-pedagógico del rediseño, o garantizar paz política en torno al tema aunque eso diluya el cambio? ¿Qué papel jugará Mario Delgado en los próximos meses: será un operador de consolidación de la Nueva Escuela Mexicana, o un administrador de acuerdos para reducir conflicto con actores que históricamente se opusieron? Porque la educación, es el camino…

Las próximas elecciones del poder judicial

«Las redes digitales se han convertido en nuevas formas de ágora, donde la ciudadanía construye significados, apoya causas y redefine el poder» (Castells, 2012).

La reciente modificación constitucional que transforma la manera en que se elige a los jueces y magistrados en México ha generado un movimiento sin precedentes en la historia democrática del país. Se trata de un giro radical en la forma de acceder a uno de los poderes más herméticos del Estado: el Poder Judicial. Durante décadas, su integración estuvo reservada a élites jurídicas que operaban bajo esquemas de cooptación, selección cerrada, méritos controlados y mecanismos opacos que alejaban a la ciudadanía del sistema de justicia. 

En ese sentido, la resistencia natural que surgió desde diversos sectores —académicos, políticos, judiciales, empresariales e incluso ciudadanos— no fue extraña ni injustificada. Se argumentó, con insistencia, que el voto popular no debía extenderse a espacios que requieren tecnicismo, experiencia y formación especializada. Que elegir jueces era un riesgo, que la calidad jurídica se vería comprometida, que el populismo judicial podía instaurarse y que la justicia debía preservarse de la voluntad de las masas.

Sin embargo, más allá de los discursos técnicos, del debate constitucional y de los marcos teóricos que advertían sobre la erosión de la división de poderes, lo que ha ocurrido una vez que se han dado inicio a las campañas es un fenómeno profundamente humano y social que exige una lectura desde otra perspectiva. Lo que parecía ser una contienda institucional se ha convertido en una movilización ciudadana inesperada, impulsada no tanto por ideologías políticas sino por vínculos afectivos, personales y comunitarios. Las personas comenzaron a recibir mensajes directos de conocidos, de amistades, de antiguos compañeros de estudio, de familiares cercanos y lejanos, solicitando apoyo, compartiendo biografías, difundiendo logros académicos y profesionales, apelando a la confianza construida a lo largo del tiempo. Una ola de mensajes circula hoy por redes sociales, cadenas de WhatsApp, correos electrónicos y publicaciones en todas las plataformas digitales. Cada mensaje lleva consigo no solo una propuesta, sino una historia, un rostro, una narrativa que busca tocar fibras personales para ganar simpatías y, sobre todo, votos.

Así, el proceso electoral ha generado una especie de «nacionalización del Poder Judicial» desde abajo, desde la calle, desde los hogares, desde las conversaciones íntimas. Personas que hace apenas unas semanas o meses manifestaban su desinterés en la jornada electoral, bajo el argumento de que no comprendían el proceso o que no confiaban en su legitimidad, hoy se encuentran reflexionando seriamente sobre su participación. No porque hayan cambiado repentinamente su postura ideológica, sino porque han sido interpeladas por alguien de su entorno, por alguien que les pide, con nombre y apellido, que le otorguen su confianza. Esta personalización del proceso ha generado una nueva forma de acercamiento a la democracia: ya no desde la abstracción del deber cívico, sino desde la emoción de acompañar a alguien conocido, de sentirse parte de un momento histórico, de creer que su voto puede marcar una diferencia concreta.

Este fenómeno pone sobre la mesa cuestiones complejas. Por un lado, se fortalece la noción de participación ciudadana, tan anhelada en otros procesos; por otro, se cuestiona si el voto estará guiado por criterios de idoneidad profesional o simplemente por cercanía afectiva. Sin embargo, incluso dentro de esa tensión, hay un valor indiscutible: la ciudadanía ha tomado conciencia de que el Poder Judicial ya no es un espacio inaccesible. Por primera vez, se percibe como un espacio en disputa legítima, en el que se puede incidir. Esta democratización del interés, este despertar social, tiene el potencial de transformar las dinámicas del poder en México si se encauza con responsabilidad, crítica y sentido ético.

Es necesario, entonces, reconocer que estamos ante una experiencia inédita a nivel mundial. La elección directa de jueces y magistrados por voto popular no tiene precedente en sistemas comparables al mexicano, lo que convierte este proceso en un laboratorio democrático de enormes implicaciones. México se convierte en pionero de una apuesta que, aunque controvertida, pone en el centro de la reflexión el equilibrio entre la legitimidad democrática y la técnica jurídica. Y en ese tránsito, el país debe cuidar no perder los elementos esenciales que dan sustento a un verdadero Estado de derecho: la independencia judicial, la imparcialidad, la formación rigurosa, la ética pública y el compromiso con el bien común.

La movilización actual, sostenida por la tecnología, la comunicación inmediata y las redes de confianza social, es una expresión de que la ciudadanía ha decidido no quedarse al margen. Pero esa energía debe traducirse no solo en participación, sino en discernimiento. Que la emoción no sustituya a la razón, que la simpatía no anule el juicio crítico, que el afecto no desplace la reflexión profunda sobre el perfil y las trayectorias de quienes se postulan. Porque si bien es cierto que todos tenemos derecho a buscar el servicio público, también es cierto que el país necesita, hoy más que nunca, un sistema de justicia fortalecido, con actores capaces de resistir las presiones del poder, de garantizar derechos y de operar con absoluta probidad.

En ese sentido, la reflexión debe centrarse no en si el proceso es perfecto —pues no lo es—, sino en cómo cada persona, desde su espacio, puede contribuir a que esta elección no sea simplemente una contienda de nombres y afectos, sino una oportunidad histórica para transformar la justicia desde una base más representativa, más diversa y, ojalá, más justa. La historia no será indulgente con quienes desperdicien esta oportunidad por apatía o por ligereza. Este momento exige altura de miras, ejercicio ético de la ciudadanía y una firme convicción de que, aún con todas sus imperfecciones, participar críticamente en este proceso puede marcar un parteaguas en la historia de México.

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann.

Doctor en Gerencia Pública y Política Social

https://manuelnavarrow.com

manuelnavarrow@gmail.com

El debate

“El debate es el intercambio de conocimientos; la pelea es el intercambio de ignorancia.” – Robert Quillen

El cierre del primer debate en la contienda para la presidencia de la República en el marco de la elección mas grande de la historia de México ha generado reacciones encontradas, mezclando sensaciones de expectativa y desilusión. La estructura rígida y los limitados tiempos de intervención remiten a una era donde la estética predominaba sobre la esencia, restringiendo las oportunidades para un auténtico diálogo de ideas. Esta metodología tradicional nos condena a enfrentar un dilema donde prevalecen las posturas partidistas sobre las propuestas sustanciales. No obstante, los sondeos indican una tendencia clara, colocando a Claudia en una posición de liderazgo destacado, un escenario que parece consolidarse según análisis de Oraculus/Grupo Fórmula y Polls.mx.

La noche anterior se caracterizó más por un intercambio de ataques personales que por un espacio de debate serio y profundo. Surge, por tanto, la imperiosa necesidad de debates enfocados en temas específicos que permitan una comparativa directa de las distintas opciones políticas. La modernización de los formatos de debate y la inclusión de tecnologías avanzadas podrían ser fundamentales para lograr este objetivo.

Es crucial reflexionar sobre nuestros procesos de pensamiento para reafirmar nuestros puntos de vista de manera consciente, evitando caer en la trampa de la disonancia cognitiva y las cámaras de eco. La disonancia cognitiva, concepto introducido por Leon Festinger en los años 50, describe la tensión que experimentamos al mantener creencias contradictorias o al actuar de forma incongruente con ellas. Este fenómeno motiva a las personas a modificar sus actitudes o comportamientos para aliviar esta tensión, lo que a su vez fomenta el sesgo de confirmación. Este sesgo, exacerbado en las redes sociales, nos empuja hacia una polarización al limitar nuestra exposición a opiniones divergentes, gracias a algoritmos que prefieren mostrarnos contenido que coincide con nuestras interacciones previas.

En este contexto de disonancia cognitiva y cámaras de eco, potenciado por el papel dominante de las redes sociales en la conformación de nuestras opiniones sin ofrecer contrapuntos, los debates deberían servir como foros para la introspección y el análisis crítico. Sin embargo, investigaciones de Vincent Pons y Caroline Le Pennec sobre el impacto de los debates televisados en las elecciones desde 1952 sugieren que su efecto en la intención de voto es limitado, quedando opacado por otras fuentes de información y eventos significativos, como se documenta en www.nber.org/papers/w26572.

Por lo tanto, mientras reflexionamos sobre estas dinámicas, nos aproximamos a la realidad de que, independientemente de quién sea percibido como el ganador o perdedor de estos debates, el verdadero veredicto se emitirá el próximo dos de junio. Será entonces cuando cada elector, armado con sus propias perspectivas y preferencias, decidirá en las urnas. ¿Qué opinas al respecto?

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann. Doctor en Gerencia Pública y Política Social.

https://manuelnavarrow.com

manuelnavarrow@gmail.com