Cada año en México se anuncian obras con primeras piedras simbólicas, se cortan listones con discursos solemnes y se difunden cifras multimillonarias como prueba del compromiso gubernamental con el desarrollo. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego del poder público no está en la ceremonia inaugural sino en la revisión posterior de cómo, en qué y con qué resultados se ejercieron los recursos. El más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, dado a conocer en febrero de 2026, vuelve a recordarnos que la política pública no se mide por la espectacularidad del anuncio, sino por la solidez de la comprobación.

Los datos son contundentes. En el universo del gasto federalizado programable auditado, se identificaron 59,363.7 millones de pesos por aclarar, de los cuales 59.5% se concentró en gobiernos municipales. En términos prácticos, aproximadamente seis de cada diez pesos observados correspondieron al ámbito municipal. La cifra no es menor ni anecdótica: revela un patrón estructural de debilidad administrativa en el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. La ASF documentó que una proporción significativa de estos montos no acreditados obedece a falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto, lo que implica que no se pudo demostrar con claridad cómo y en qué se utilizaron los recursos públicos.

El caso de Cuajimalpa, con un posible desfalco o irregularidades por 1,088 millones de pesos, no debe leerse como un episodio aislado, sino como un síntoma de un sistema de control interno insuficiente. Lo mismo ocurre con los 7.3 millones de pesos pendientes de comprobar en el último año de vida del Instituto Nacional de Transparencia, o los 12.1 millones que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe justificar. Estas cifras, que podrían parecer menores frente al tamaño del presupuesto nacional, adquieren otra dimensión cuando se observan desde la óptica de la legalidad y la confianza institucional. No se trata únicamente del monto, sino del mensaje: cada peso sin aclarar erosiona la credibilidad del Estado.

Las herramientas de evaluación del ejercicio presupuestal son, en esencia, mecanismos técnicos de verificación. Incluyen auditorías de cumplimiento financiero, auditorías forenses, revisiones de desempeño y análisis de consistencia normativa. Su función es comprobar que el recurso fue comprometido, devengado, pagado y registrado conforme a la ley. No son instrumentos de persecución política, sino de garantía institucional. Permiten identificar desviaciones, inconsistencias contables, pagos indebidos, ausencia de documentación o incumplimiento de objetivos programáticos. En una democracia funcional, estas herramientas son tan relevantes como el propio presupuesto aprobado.

México ha avanzado en la construcción de un entramado normativo robusto en materia de fiscalización. La ASF cuenta con facultades constitucionales para revisar el uso de los recursos federales y emitir pliegos de observaciones, promover responsabilidades administrativas o dar vista a instancias penales cuando procede. Sin embargo, la cultura política nacional no ha evolucionado al mismo ritmo que el marco jurídico. Seguimos siendo una sociedad más atenta al anuncio que a la evaluación, más pendiente de la obra visible que del expediente contable. El informe de la Cuenta Pública, que debería ocupar un lugar central en la conversación pública, suele quedar relegado a notas especializadas.

Analizar el informe de la ASF implica comprender su dimensión estructural. Cuando se señala que 34,088 millones de pesos no acreditados se vinculan a falta de documentación justificativa, no se está hablando únicamente de papeles faltantes, sino de controles internos débiles, de procesos administrativos mal diseñados y de una cultura organizacional que no prioriza la trazabilidad del gasto. Cuando se detectan pagos en servicios personales sin autorización o discrepancias entre registros contables y estados financieros, el problema no es meramente técnico, es institucional. La ausencia de evidencia documental impide verificar la legalidad del acto administrativo y abre la puerta a la discrecionalidad.

Desde una perspectiva de política pública comparada, los sistemas de evaluación presupuestal cumplen tres funciones esenciales: previenen la corrupción, mejoran la eficiencia y fortalecen la legitimidad democrática. La prevención ocurre porque la posibilidad real de auditoría disuade conductas indebidas. La eficiencia se promueve al detectar duplicidades, sobrecostos o ineficiencias programáticas. La legitimidad se consolida cuando la ciudadanía percibe que existen mecanismos efectivos para exigir cuentas. En este sentido, la fiscalización no es un obstáculo para la acción gubernamental, sino una condición para su sostenibilidad.

La magnitud de los montos observados en 2024 debe analizarse también en relación con el volumen total del gasto federalizado y la dependencia financiera de municipios y entidades respecto de transferencias federales. En muchos municipios, más del 70% de sus ingresos provienen de recursos federales. Esto implica que la calidad del gasto local depende en gran medida de la capacidad administrativa para gestionar fondos etiquetados, cumplir reglas de operación y documentar adecuadamente su ejercicio. Sin profesionalización de tesorerías municipales, sin sistemas contables homologados y sin cultura de control interno, la opacidad se convierte en un riesgo permanente.

La discusión pública suele centrarse en la narrativa del escándalo: cuánto se perdió, quién es responsable, si habrá sanciones. Pero el análisis de fondo exige preguntarse por qué persisten las mismas debilidades año tras año. ¿Se trata de insuficiencia normativa, de falta de capacitación, de incentivos perversos o de tolerancia social a la opacidad? La respuesta probablemente combina todos estos factores. Lo que es indiscutible es que el informe de la ASF ofrece una radiografía precisa de las zonas grises del aparato estatal, y esa radiografía debe leerse con rigor técnico y responsabilidad cívica.

Promover una cultura de rendición de cuentas implica ir más allá de la sanción. Significa incorporar la evaluación como parte natural del ciclo presupuestal. Desde la planeación hasta el cierre contable, cada etapa debe estar acompañada de indicadores claros, metas verificables y mecanismos de seguimiento. Significa también que los medios de comunicación, las universidades y la sociedad civil asuman el informe de la Cuenta Pública como un insumo central para el debate nacional. No basta con indignarse ante cifras millonarias; es necesario comprender los procedimientos, las categorías contables y las implicaciones jurídicas.

El fortalecimiento del Estado de derecho pasa necesariamente por la consolidación de la fiscalización superior. Un país que inaugura obras con entusiasmo pero ignora los resultados de sus auditorías corre el riesgo de normalizar la opacidad. En cambio, un país que estudia sus informes, exige aclaraciones y valora la función técnica de sus órganos de control envía un mensaje inequívoco: el poder público está sometido a la ley. La verdadera ceremonia republicana no es el corte de listón, sino la presentación transparente de cuentas claras. Sólo así la administración pública deja de ser espectáculo y se convierte en institución.
Porque comprender la realidad es el primer paso para decidir con responsabilidad…