“Ampliar la cobertura de los sistemas de pensiones sin resolver sus problemas estructurales no sólo es insostenible, sino también socialmente injusto para las generaciones futuras.” Robert Holzmann
En el contexto actual de Chihuahua, la discusión sobre incorporar a los elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal al régimen de Pensiones Civiles del Estado (PCE) representa un punto de inflexión crítico en la administración de los derechos sociales. Esta propuesta, pretende reconocer la complejidad y el desgaste de las funciones policiales, permitiendo jubilaciones anticipadas bajo esquemas especiales. Sin embargo, conviene observar que esta intención colisiona de manera directa con una realidad institucional que, a todas luces, se encuentra comprometida por su propia sostenibilidad.
A pesar de lo loable de extender derechos a un sector históricamente vulnerable y expuesto, como lo es el policial, el momento es cuestionable. PCE enfrentan una crisis profunda derivada del crecimiento de su derechohabiencia sin una proporcional base contributiva. Con más de 95 mil afiliados, adeudos que superan los mil 400 millones de pesos por parte de instituciones públicas, y una deuda estructural en el servicio médico de casi mil millones más tan solo en 2020, el sistema se ha visto desbordado. La calidad de la atención ha mermado, las citas son insuficientes, las cirugías se postergan y los medicamentos faltan. El personal jubilado, particularmente del magisterio estatal, ha protestado en múltiples ocasiones ante la indiferencia institucional, señalando una situación insostenible.
A esto se suma una reciente decisión legislativa que permite a jueces y magistrados acogerse a una pensión complementaria vitalicia de entre el 50 y el 72% de su salario, aun sin cumplir los años de servicio requeridos. Esta determinación ha sido fuertemente cuestionada, no solo por el trato preferencial que representa, sino por el impacto presupuestal que inevitablemente supondrá para un sistema ya deficitario.
Resulta paradójico que en un momento en que los propios titulares de Pensiones Civiles reconocen que apenas se cubre una quinta parte del costo real del servicio médico con las aportaciones vigentes, se pretenda seguir ampliando el universo de beneficiarios sin una reforma integral y sostenible del modelo. La incorporación de más sectores sin una revisión estructural de ingresos, cuotas, responsabilidades institucionales y viabilidad actuarial no solo es arriesgada, sino que podría terminar por colapsar por completo el sistema.
La solución no puede ser política antes que técnica. Hace poco más de una década se afirmaba que con las reformas teníamos una Institución para más de cien años y la realidad nos ha alcanzado. Se requiere una revisión profunda del marco legal, financiero y organizacional de PCE, y una decidida exigencia de pago a los deudores institucionales para no seguir desplazando la carga hacia los trabajadores cumplidos. Al mismo tiempo, es necesario generar un sistema de salud eficiente, basado en la transparencia, la equidad, y el principio de no discriminación en el acceso a los servicios.
El reconocimiento a las y los policías estatales debe materializarse en condiciones laborales dignas y un sistema previsional justo. Pero ello no puede darse a costa de seguir deteriorando los servicios que ya están en crisis para decenas de miles de trabajadores del estado. La justicia para unos no puede implicar la injusticia para otros.
La política pública no puede seguir construyéndose en reacción a presiones o intereses particulares. Urge responsabilidad, información técnica transparente y voluntad de reestructurar. De lo contrario, este tipo de propuestas, aunque bien intencionadas, no solo son inviables: son socialmente regresivas.
Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann
Docente y Abogado. Doctor en Gerencia Pública y Política Social
manuelnavarrow@gmail.com
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